Fiasco de la marcha del ‘Santismo’ para avalar el exterminio
Fiasco de la marcha con que el gobierno quería avalar su política del exterminio, ni los conversos Petro y Garzón pudieron engañar al pueblo colombiano. ¡No salieron ni 10 mil personas en Bogotá y querían sacar 10 millones!
La marcha por la guerra del 6 de diciembre de 2011, convocada por el estado colombiano y para la cual se dispuso todo el arsenal, dinero, logística y presiones que puede ejercer el estado y la gran empresa, fue un fiasco total en Colombia: no salieron ni 10 mil personas en Bogotá, aunque pretendían convocar a diez millones; fueron muy ilusos al imaginar que, pese a toda la ofensiva mediática, el pueblo colombiano iba a caminar a favor del terrorismo de Estado, a favor de los bombardeos, a favor de los encarcelamientos masivos, a favor de la continuidad de la herramienta paramilitar que sigue asesinando con la sistemática complicidad del Estado, como lo denuncian reiteradamente las comunidades. Como por ejemplo en el caso de la niña indígena de Sibundoy violada y asesinada por la herramienta paramilitar para inyectar terror y desplazar a la comunidad. Y los casos de decenas y decenas de jóvenes que son asesinados a manos de la herramienta paramilitar y la fuerza pública, por todo Colombia (denuncias en Guapi, Cauca (1), en Antioquia, en Arauca, en el Caquetá, en el Putumayo (2), en el Magdalena, etc.). Claro, estos crímenes, para la oligarquía y su aparato de propaganda, no ameritan siquiera un titular en la prensa, siquiera una reseña, menos una marcha.
Continuidad del genocidio perpetrado por la herramienta paramilitar funcional al gran capital y articulada desde el mismo Estado
Las comunidades del Putumayo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denuncian: “Más de 10 jóvenes han sido asesinados en las últimas dos semanas por paramilitares en puerto Caicedo y Puerto Asís. Paramilitares anunciaron a los pobladores que iban a ‘limpiar’ lo barrios (…). El 9 de noviembre fue secuestrada una niña indígena en Sibundoy, dos días después su cuerpo fue hallado sin vida, con signos de tortura y de haber sido agredida sexualmente, fue denunciado por los pobladores (…). En este municipio dos jóvenes indígenas fueron abordados por paramilitares. Jhon Ríos fue asesinado, mientras David Trochez logró salvarse. Los paramilitares y agentes de la policía manifestaron a los pobladores que se habían ‘equivocado’, que el que debía ser asesinado era David. De acuerdo con testigos el plan de estos crímenes se realiza desde una hacienda ubicada a 5 minutos del fuerte militar que se encuentra en Santa Ana. Las autoridades no reaccionan y son cómplices, denuncian sus habitantes: ellos son la ley no hay nada que hacer" (2).
Evidentemente, Colombia vive una situación de terrorismo de Estado y la herramienta paramilitar, rebautizada por Santos -para confundir- como BACRIM, sigue en crecimiento: según el informe de noviembre de 2011 del Indepaz, ahora la herramienta paramilitar del estado y multinacionales ejerce el ‘control social’ en 347 municipios de Colombia, en claro aumento con relación al año anterior (3).
El conflicto en Colombia es social antes que armado, por lo que la solución a la desigualdad social es el verdadero camino de paz
El pueblo no salió a la marcha del 6 de diciembre que el gobierno quería erigir en aval a la continuidad de su política genocida, de eliminar no solamente a la insurgencia sino toda reivindicación social o política mediante el exterminio, sin entrar en discusión sobre las necesidades que clama el pueblo colombiano. El pueblo quiere una solución política integral que acabe con la raíz de la guerra: la aberrante desigualdad social que hace que Colombia sea el tercer país más desigual del mundo, justo tras Haití. Porque el conflicto en Colombia, antes de ser armado es social.
Como bien lo señaló Piedad Córdoba, la marcha de Santos era una gran operación de propaganda que buscaba imponerse como plebiscito a la continuidad del guerrerismo del gobierno, a la par que busca criminalizar la búsqueda real de la paz, el pensamiento crítico, la reivindicación social: "La marcha es contra todos los que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en el país. Contra los que nos levantamos y somos capaces de decir: hay que escuchar a las FARC, hay que escuchar al ELN" (4).
Acerca de la naturaleza de la guerra en Colombia, que muchos buscan obviar, Piedad expresó: "Esta no es una pelea de ángeles y arcángeles. Esta es una pelea del establishment económico del país y del mundo por lograr hacerse con un país, sus recursos y sus gentes y no le importan las cifras de miseria, de pobreza, de exclusión o una democracia tan frágil como la que se da en Colombia. Precisamente ese afán se ve reflejado en la nula voluntad política que tienen los estamentos de poder en el país de que realmente se pueda avanzar" (íbid.).
Ni los conversos Petro y Garzón pudieron engañar a un pueblo
Ni siquiera las fichas del “Uribo-Santismo", como el vicepresidente Angelino Garzón o el oportunista Gustavo Petro, lograron engañar a la gente, porque en Colombia ya está muy claro que quiénes votan por el TLC (Tratado de Libre Comercio con EE.UU.) no son "de izquierda", falta aún clarificar a nivel internacional, donde aún hay un amplio espectro de desinformación al respecto (incluso en la izquierda) y aún cuela la guerra mediática que plantea que Garzón y Petro son "izquierdistas" en el gobierno… Sólo unos datos: ambos avalan la “solución del exterminio" de Santos, ‘solución’ que rechaza la izquierda y que ambos apoyaron el TLC, son adalides de la privatización. Petro eligió nada más y nada menos que al procurador Ordóñez, quién ha instaurado la inquisición en Colombia. Ordóñez encarcela a miles de defensores de DD.HH., sindicalistas, estudiantes, sociólogos, maestros, presos políticos y cada día aumentan los apresamientos arbitrarios; se trata del mismo procurador que se ensaña contra Piedad Córdoba.
En Colombia hay 7.500 presos y presas políticas que son testimonio vivo de la intolerancia política que impera en el país: en esa pantomima de democracia que es el estado colombiano, hay un nivel de persecución incluso superior a las dictaduras militares abiertamente asumidas como tales.
Angelino Garzóny Gustavo Petro son fichas “Santistas”, son parte medular de la batalla mediática del régimen para confundir a la población sobre la cuestión fundamental de la falta de libertades políticas en Colombia. Así el régimen aduce que tiene enorme “tolerancia política” ya que “hasta Angelino Garzón, un ex-sindicalista es hoy vicepresidente”, claro, lo que no dice es que la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) y sus antiguos compañeros, todos, lo denuncian por sus políticas contra los trabajadores, es decir por traición política, privatización, recortes de derechos laborales, funcionalidad al régimen del cual oportunistamente forma parte. Lo que no dice el régimen es que Colombia, hoy por hoy, es el país del mundo en que son liquidados más sindicalistas, el 60% de los asesinados en el mundo son colombianos, abatidos por la fuerza pública y las herramientas paramilitares del régimen y multinacionales, como consta incluso en las confesiones de los mismos paramilitares y en los juicios adelantados contra Coca Cola, BP, Drummond, etc.
En cuanto a Petro, es otra pieza medular en la batalla mediática del régimen contra la percepción de la realidad: con Petro el régimen aduce que "hasta un izquierdista, ex-guerrillero es alcalde de Bogotá": claro, lo que no dice el régimen y la propaganda es que Petro no es de izquierda, como bien es denunciado; la propaganda no dice que Petro destruyó lo que pudo en el Polo, que Petro votó por el TLC, por el Procurador Ordóñez, por la escalada represiva, etc. Tampoco dice que fue parte de una guerrilla llamada M-19, que se desmovilizó en Colombia y que fue víctima de exterminio de sus miembros una vez desmovilizados: hombres y mujeres desarmados y reinsertados fueron asesinados por las herramientas de exterminio del Estado (las legales y las paramilitares). Sobrevivieron unos pocos, los que se exiliaron, los que volvieron a la clandestinidad y también los que se edulcoraron lo suficientemente en las ideas y abandonaron la reivindicación política y, sobretodo los conversos, es decir aquellos Petro's, o Navarro's Wolf funcionales al régimen.
Pues bien, ni con la ayuda de los conversos, la marcha pudo ser el plebiscito a la política guerrerista del gobierno que planeaba el “Uribo-Santismo”. No salieron ni 10 mil personas a marchar en Bogotá. Más clara no podía ser la respuesta del pueblo colombiano ante la política de exterminio que pretende imponer Santos.
Notas:
(1) "Fue un asesinato premeditado (…) La gente indignada por el atroz crimen salió espontáneamente a protestar contra las permanentes amenazas de muerte de parte de la policía contra los jóvenes de Guapi, sobre todo a los que no se han dejado reclutar por las bandas paramilitares (…) manifiestan que es sabido en Guapi que el teniente Pino se reúne con los paramilitares en el sitio conocido como la Ele, ubicado en el barrio las Flores. Como se ha denunciado de manera constante, sectores de la policía y el ejército de Guapi, tienen una alianza con paramilitares de los Rastrojos y las Águilas Negras que actúan en la impunidad en la cabecera municipal, organizaciones que controlan el negocio del narcotráfico en la región".
(2)Informe Putumayo: Las autoridades no reaccionan y son cómplices, denuncian sus habitantes: "ellos son la ley no hay nada que hacer".
