La reducción de la jornada laboral
Por Vicent Maurí*
“En clave valenciana, no podemos seguir aceptando salarios y pensiones por debajo de la media estatal, ni un mercado laboral caracterizado por la precariedad y la temporalidad”
En los últimos meses, hemos presenciado una creciente controversia entre las dos fuerzas políticas que integran el gobierno español sobre la propuesta de reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales. Este debate se ha intensificado recientemente, protagonizado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. La disputa ha adquirido especial relevancia tras el acuerdo firmado el 20 de diciembre de 2024 entre el gobierno español y los sindicatos UGT y CCOO para reducir la jornada laboral sin reducción salarial, una medida que debería entrar en vigor antes del 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el acuerdo no ha contado con el apoyo de la CEOE ni la CEPYME, que se han mostrado firmemente opuestas y beligerantes. No es sorprendente que las patronales sigan negándose a mejorar las condiciones laborales, como ya han hecho en otras cuestiones, como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, los salarios y las pensiones, la reforma del subsidio por desempleo o la derogación de aspectos lesivos de las reformas laborales y de pensiones de la década pasada, que todavía están vigentes.
Este escenario, marcado por el acuerdo entre el gobierno o parte de éste y los sindicatos, las tensiones internas dentro de la coalición gubernamental, la oposición de algunos socios de investidura y la fuerte resistencia de la patronal, la derecha y la extrema derecha españolas, genera gran incertidumbre sobre el resultado final de la tramitación parlamentaria de la propuesta.
Aunque la reducción de la jornada laboral acordada representa un avance, se trata de un paso limitado y mínimos hacia la mejora de las condiciones de vida y laborales de millones de trabajadores y trabajadoras. El gobierno estima que esta medida beneficiará a unos 12 millones de personas, especialmente mujeres que trabajan en sectores vulnerables como la limpieza, el comercio y los servicios. Aunque esta mejora no se puede despreciar, es evidente que muchos esperaban una propuesta mucho más ambiciosa de un gobierno progresista, con una reducción de jornada más profunda, una racionalización de los horarios laborales y nuevas medidas que impactaran realmente en la calidad y estabilidad del trabajo.
En este contexto, existe un amplio consenso sobre la necesidad de acompañar a estas negociaciones con una organización sindical fuerte y la movilización tanto del mundo del trabajo como de la sociedad en general para garantizar, no sólo la reducción de la jornada laboral, sino también otros medidas que aseguren condiciones laborales dignas, estables y saludables, con salarios y pensiones suficientes para garantizar una vida digna. Es evidente que intervenir en el mercado de la vivienda y controlar los precios de los alquileres no será suficiente si los salarios siguen siendo bajos o no existe trabajo estable.
La movilización de la clase trabajadora es imprescindible para garantizar la aplicación efectiva de la reducción de la jornada laboral, especialmente ante las divisiones internas en el gobierno, sus socios y la oposición de la patronal. También es clave para ir más allá de una agenda gubernamental que se ha mostrado excesivamente moderada. Las reivindicaciones históricas del movimiento obrero, como la semana laboral de 35 horas como paso previo a las 32, o la jornada de 4 días semanales, deben ser asumidas por un gobierno que se quiera verdaderamente transformador. Asimismo, es necesario avanzar hacia una racionalización de los horarios y del calendario laboral, así como mejorar salarios y pensiones, reducir la edad de jubilación, incrementar las indemnizaciones por despido, combatir la precariedad y la temporalidad, y eliminar la brecha salarial y las discriminaciones por razón de sexo, identidad de género, edad u origen. Esta es la agenda laboral y social necesaria para transformar el mundo del trabajo.
En clave valenciana, no podemos seguir aceptando salarios y pensiones por debajo de la media estatal, ni un mercado laboral caracterizado por la precariedad y la temporalidad. Por ello, es imprescindible una agenda laboral y social valenciana que aborde las necesidades específicas de los trabajadores y trabajadoras del País Valenciá, así como la creación de un Marco Valenciano de Relaciones Laborales y Prestaciones Sociales, superando el llamado “diálogo social”, que no ha hecho más que perpetuar la situación laboral que sufrimos.
* Activista social, pensionista, sindicalista, País Valenciá.
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