La República es necesaria para España

El art. 1.1 de la Constitución española comienza diciendo que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
 
Vale, como la última palabra que puso Cervantes en boca del hidalgo Quijote. Y eso, ¿en que se ha traducido o se traduce?. En nada positivo, como debiera prevalecer en cualquier norma constitutiva de Derecho. Agua de borrajas. Pura palabrería. Mera retórica. 
 
Son ya muchos años, y algunos somos viejos en el lugar, los que el pueblo español ha perdido en estos y otros lances demagógicos, para darnos cumplida cuenta de que las cosas importantes, las que pueden llevar al pueblo, a las gentes más humildes y necesitadas, a cualquier atisbo de libertad, justicia, igualdad e, incluso, verdadero pluralismo político, nos han sido vetadas. Hoy, por este partido político, mañana por aquel otro.
 
La alternancia o dualismo torticero con que se prefabricó esta norma básica escrita, transgresora de cualquier justicia real, solidaria y social llamada Constitución, nos ha llevado al lugar donde finalmente teníamos que llegar. Muchos sabíamos de antemano que el camino elegido no era el correcto y que, tarde o temprano, el acomodo y el poltroneo de los dos grupos que fraguaron el futuro político de la nueva sociedad española nos remitiría de nuevo al pretérito antaño tan odiado, pero, eso sí, con algún que otro retoque amañado y conquistador de estrechas mentes y cuatro derechos individuales concedidos -o conseguidos- con mucha sangre, sudor y lágrimas.
 
El tiempo, al fin y al cabo verdadero evaluador de las hazañas humanas, ha ido poniendo a cada uno en su sitio. Los dos partidos alternantes del mantenimiento de un sistema y un modelo de Estado ilegítimo y antinatural nos han conducido al lugar donde ningún pueblo digno y normal le gusta estar. Han sido ellos, con alguna ayuda determinante de las minorías expectantes, cuando no colaboracionistas, del Parlamento, los que no han sabido ver y reconocer la mayoría de edad política en millones de españoles y han seguido basando sus principios de gobernabilidad en pantomimas y parafernalias propias de aquellos que acudían, brazo en alto, a la llamada del dictador a la Plaza de Oriente.
Es cierto que el “reino” español sigue teniendo millones de vasallos y súbditos entre los miembros que componen su maltrecha y paupérrima sociedad que aceptan de buen grado cuantas vejaciones pueda consentir un ser humano libre, siendo incapaces de apreciar el daño que, con su apatía y su acomodada vulgaridad, pueden hacer al resto de sus semejantes. Pero, también es real que cada día son más los españoles que empiezan a comprender el sueño en que el país entero ha estado sumido por más de treinta y cinco años.
 
Los poderes, leyes e instituciones “constituyentes”, todos ellos, surgidos de esa ignominia llamada transición, han de ser desmantelados por vía de urgencia. No sólo no cumplen los preceptos básicos otorgados en la carta magna por ellos confeccionada a su espuria conveniencia, sino que nos retrotraen a épocas que ningún ser decente quiere volver a vivir, manejando y manipulando dicha norma, para beneficio de ellos mismos y, sobre todo, de su “amo y patrón”, el gran capital, ya sea el nacional o el extranjero.
 
Los españoles aún dormidos y sesteando en la debacle estatal han de despertar rápidamente si no quieren que el futuro de sus hijos sea mucho peor que el que ellos padecen, aunque muchos no se hayan enterado todavía.
 
El tiempo, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político real, apremian.
 
 * Publicado en “Pulso Digital”
 

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