“Las autoridades españolas no se toman en serio la gravedad de la tortura”

“Las autoridades españolas no se toman en serio la gravedad de la tortura”

“Las autoridades españolas no se toman en serio la gravedad de la tortura. Siguen sin reconocer que se trata de un problema persistente y se niegan a considerar la tortura como crimen de derecho internacional. Mientras tanto, las víctimas de tortura siguen desprotegidas”

Amnistía Internacional  ha presentado una nueva campaña en la que denuncia prácticas de tortura en 141 países, según a presentado este martes 13 en su informe“La tortura en 2014: 30 años de promesas incumplidas" en el que critica la falta de voluntad política para prevenir este crimen de derecho internacional.

Establecer salvaguardias efectivas" para los afectados y garantizar el "castigo" de quienes perpetran la tortura son algunos de los objetivos de la campaña, que también llega a las redes sociales bajo el hashtag #StopTortura

El 45% de los españoles consultados por AI teme sufrir torturas o malos tratos si es detenido mientras que casi el 20% justifica este tipo de prácticas en algunos casos, un porcentaje inferior a la media (36%) en el resto del mundo. Eva Suárez-Llanos, la directora adjunta de la ONG, no se ha mostrado sorprendida ante el alto porcentaje de españoles que temen ser torturados según esta encuesta, basada en más de 21.000 testimonios de 21 países: "¿Quién no piensa que podría sufrir malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad en una manifestación?"

Según la portavoz, el "uso excesivo de la fuerza" a la hora de reprimir las protestas coincide con un momento en el que el Gobierno pretende "cambiar las reglas del juego para hacer más difícil el derecho de manifestación en España", ha dicho en referencia a la reforma de la ley de seguridad ciudadana.

Este dato se debe a los abusos policiales "que todo el mundo puede ver en televisión", según Suárez-Llanos, quien también ha criticado la "falta de compromiso y voluntad política" contra la tortura en este país.

Uno de los casos denunciados por AI es el de AlíAarras, un ciudadano belga-marroquí nacido en Melilla que fue detenido por cargos relacionados con terrorismo en España y extraditado a Marruecos, donde ha sido sometido a varias formas de torturas, que van desde las amenazas a la violación, pasando por descargas eléctricas en las orejas y los genitales, quemaduras y palizas.

Su hermana, FaridaAarras, ha relatado en la rueda de prensa de Amnistía que en diciembre de 2010, Alí estuvo doce días en régimen de incomunicación en un "centro secreto" de la Dirección General para la Vigilancia del Territorio, donde comenzaron las torturas.Ha asegurado que 16 guardias torturaron a su hermano en el centro secreto de detención hasta que firmó una confesión en árabe, en la que se basó su posterior condena a prisión, y que su hermano está decidido a denunciar los abusos a pesar de las agresiones que ya ha afrontado y que teme lo que le pueda pasar. "No tiene intención de callarse", ha subrayado.

"Los gobiernos no se toman en serio que la tortura sea un crimen de derecho internacional",pues no está definida de forma acorde a la Convención de la ONU, ratificada por 155 Estados desde 1884, pero no respetada por 79 de ellos, ha informado AI.

Otro ejemplo en España, según ha indicado Suárez-Llanos, es el caso de Billy el Niño, y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, acusados de torturas en los años 70 alos que las autoridades españolas "niegan" extraditar a Argentina bajo el argumento de que su delito, en caso de haberse producido, ya ha prescrito.

Para la portavoz, el Gobierno además "ignora las recomendaciones por parte de organismos internacionales" que proponen "abolir el régimen de incomunicación" entre otros "aspectos opacos que propician la tortura".

Por otra parte, el 86% de los encuestados en España desea unas leyes "enérgicas" para prevenir la tortura, una tasa superior a la media a nivel global (80 %).

"No basta con prohibirla" a través de leyes, pues es necesario interponerse entre el torturador y el torturado, vigilar que no se admitan con confesiones bajo tortura o asegurarse de que los torturadores son castigados por sus actos, ha citado Maribel Tellado, responsable de campañas de AI.

Medidas como la penalización de la tortura en la legislación nacional, la apertura de los centros de detención a observadores independientes, y la grabación en vídeo de los interrogatorios han llevado a una disminución del uso de la tortura en los países que se toman en serio sus compromisos contraídos en virtud de la Convención contra la Tortura.

La tortura en España: impunidad y negación por parte de las autoridades…

Desde que España ratificó en 1987 la Convención contra la Tortura, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo denuncias sobre casos de tortura y malos tratos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

– En las últimas reformas del Código Penal, los sucesivos gobiernos no han tipificado correctamente la tortura adecuando su definición a lo que marca la Convención, por ejemplo, incluyendo la violación sexual bajo custodia como forma de tortura.

– El Gobierno acaba de restringir por Ley el ejercicio de la jurisdicción universal en España hasta el punto de hacerlo casi inaplicable. La tortura es uno de los crímenes de derecho internacional que los jueces españoles apenas podrán perseguir en nuestro territorio.

– Los sucesivos gobiernos no han establecido de manera suficiente las medidas y mecanismos necesarios para prevenir la tortura bajo custodia de los cuerpos y fuerzas de seguridad (como, por ejemplo, la introducción de videocámaras en todos los lugares donde las personas están detenidas), ni para investigarla de manera exhaustiva, independiente e imparcial cuando ocurre. Cuando las investigaciones llegan a producirse, muchos casos terminan en impunidad, al no poder identificarse a los responsables.

– Recientemente, Amnistía Internacional ha denunciado abusos policiales que pueden constituir torturas y malos tratos (y falta de rendición de cuentas por esos abusos) en el contexto de manifestaciones celebradas contra las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno.

– España extradita a personas a países donde existe el peligro de que sean torturadas, como en el caso del marroquí AliAarrass. El kazajo AleksandrPavlov, encarcelado en España y reclamado por su país, está en peligro inminente de sufrir el mismo destino, si no prospera el recurso sobre su solicitud de asilo presentado en la Audiencia Nacional. Su extradición ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros.

– Sin embargo, hace pocas semanas, la Audiencia Nacional sí ha negado la extradición del exinspector de policía, Juan Antonio González, Billy el Niño, y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, reclamados por la justicia argentina por su presunta implicación en casos de tortura durante el franquismo, alegando que los delitos ya han “prescrito”. Las normas internacionales indican claramente que los delitos de tortura son imprescriptibles.

Más información:

Hashtag #StopTortura

LQSomos en Twitter: @loquesomosLQS

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