Las pensiones públicas: viables, sostenibles e imprescindibles
Por Vicent Maurí Genovés*
¿Son sostenibles las pensiones? Esta pregunta, recurrente en los medios, suele plantearse desde ámbitos vinculados a la banca, las grandes empresas o ciertos sectores políticos con interés en privatizar el sistema. La respuesta, casi siempre negativa, pretende consolidar un relato de crisis que no resiste un análisis riguroso y que busca, en última instancia, favorecer a los fondos privados de pensiones y desmantelar el sistema público.
Los argumentos de envejecimiento demográfico, baja natalidad o precariedad laboral se emplean como coartada para impulsar reformas regresivas: elevar la edad de jubilación, recortar las cuantías y promover mecanismos privados de capitalización. Pero lo que verdaderamente amenaza la sostenibilidad no es la demografía, sino la precarización del trabajo, la devaluación salarial y un modelo productivo injusto que empobrece a la mayoría.
En el Estado español esta realidad se agrava con especial severidad: salarios y pensiones que, en demasiados casos, resultan insuficientes para garantizar condiciones de vida dignas a amplios sectores de la población activa y a las personas jubiladas. Décadas de diálogo social han demostrado ser insuficientes para revertir la situación. Para lograr pensiones que cubran las necesidades básicas, es imprescindible acometer una reforma profunda del mercado laboral: erradicar la precariedad, garantizar la estabilidad contractual y elevar de forma sustancial los salarios. Sin estas transformaciones estructurales, cualquier discurso sobre la sostenibilidad resulta vacío.
Además, asistimos a una ofensiva ideológica y legislativa que impulsa los planes privados de pensiones —especialmente los de empleo—. Lejos de servir de complemento al sistema público, lo socavan: desvían recursos de la Seguridad Social, dependen de la volatilidad financiera y amplían la desigualdad entre quienes pueden acceder a ellos y quienes no. Mujeres y jóvenes, con trayectorias laborales más inestables, son los más perjudicados.
Paralelamente, existe una contradicción flagrante entre el debate sobre la reducción de la jornada laboral y la propuesta de elevar la edad de jubilación a 67 e incluso 72 años. Estas medidas obedecen a una lógica productivista que ignora la salud, las condiciones de trabajo y el derecho a un retiro digno. En países como Francia, Bélgica o Argentina, los sindicatos han reaccionado con contundencia. La movilización sigue siendo la herramienta más eficaz para defender los derechos laborales y sociales, incluidas las pensiones presentes y futuras.
También presenciamos una campaña de criminalización de las personas pensionistas, a quienes se responsabiliza injustamente de la precariedad juvenil, las dificultades de acceso a la vivienda o el supuesto colapso del sistema. Este discurso, además de falso, es profundamente injusto: el verdadero problema es un modelo económico basado en la especulación, la desigualdad y la desregulación laboral.
La sostenibilidad del sistema público de pensiones no depende de la edad de jubilación ni de la natalidad, sino de la voluntad política. Hacen falta una reforma fiscal justa —con aportaciones crecientes de quienes más tienen—, una mejora sustancial de los salarios y la creación de empleo estable. Es urgente también revertir las reformas de 2011 y 2013, que empeoraron las condiciones de jubilación, e impulsar medidas efectivas para reducir la brecha de género en las pensiones. El Estado debe asumir su responsabilidad y realizar las aportaciones necesarias para garantizar las pensiones actuales y futuras, al margen de ciclos económicos o fluctuaciones del mercado laboral.
Una reivindicación central del movimiento pensionista es una auditoría pública e independiente de la Seguridad Social. Solo así podremos conocer con precisión el destino de los recursos y detectar posibles desviaciones. La transparencia es esencial para desmontar el alarmismo que alimenta las políticas privatizadoras.
Gracias a la movilización constante del movimiento pensionista —con la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones a la cabeza—, se ha logrado preservar un sistema público que, pese a las amenazas, resiste. Esta lucha no solo beneficia a quienes hoy cobran una pensión, sino, sobre todo, a las generaciones futuras.
Como afirma la economista Miren Etxezarreta: “La supuesta crisis de las pensiones no existe; es un concepto fabricado para hacer creer que está en peligro”. En realidad, lo que está en juego no es la viabilidad del sistema, sino su control y su función social.
Por ello, debemos seguir organizándonos, movilizándonos y defendiendo con determinación el derecho a una jubilación digna. Las pensiones públicas son viables, sostenibles e imprescindibles. No aceptemos su privatización ni trabajar hasta que el cuerpo no dé más de sí. El futuro será nuestro si lo construimos desde la lucha colectiva.
* Activista social, pensionista, sindicalista, País Valenciá.
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