“Los precios de la vivienda han truncado los proyectos de futuro”

Por Fátima Martín*

La tasa de emancipación juvenil en el Estado español ha alcanzado su mínimo histórico desde que se tiene registro: solo el 14,8% de la juventud vive fuera del hogar familiar. Son datos del primer semestre del Observatorio de Emancipación que elabora el Consejo de la Juventud de España (CJE) [1]. Este organismo señala la vivienda como una de las principales causas de que la juventud se encuentre sumida en una situación insostenible

La emancipación juvenil alcanza el 14,8%, su mínimo histórico en el estado español

“A pesar de haber visto en las últimas ediciones una tendencia ascendente en la tasa de emancipación y de haber sido testigos de medidas que suponían una mejora en las condiciones laborales de la juventud española, los precios de la vivienda han truncado los proyectos de futuro de buena parte de las personas jóvenes. La reforma laboral o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han resultado insuficientes frente a las condiciones necesarias para acceder actualmente a una vivienda digna, que implican destinar más del 100% del salario a poder vivir en solitario”, apuntan desde el Consejo.

El Observatorio de Emancipación arroja que el 74,5% de la población joven trabajadora aún sigue viviendo en el hogar familiar, mientras que los hogares de quienes logran emanciparse no tienen una mejor perspectiva: el 70,5% se encuentra sobreendeudado, debiendo dedicar más de un 40% de los ingresos a pagar la renta. Además, tres de cada diez jóvenes en España se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social, algo de lo que no exime el tener un empleo, ya que el 22,8% de la juventud trabajadora sigue en situación de pobreza y exclusión social.

Después del último Observatorio de Emancipación, el CJE ha hecho público el informe ‘Un problema como una casa’, que destaca, entre otros datos, que el 70% de las personas jóvenes se emancipan a través del alquiler y el 87% de ellas se ve obligada a compartir vivienda para reducir gastos. Además, alrededor de un 30% de los jóvenes emancipados necesita la ayuda económica de su familia para poder hacer frente al alquiler [2].

La emancipación de la juventud es una arista más de las muchas en la que la situación de la vivienda afecta a la sociedad española, que el pasado mes de diciembre del 2024 ya la considera su principal problema, según el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) [3].

Ante este clamor, los principales partidos en el Gobierno y la oposición cada cierto tiempo anuncian propuestas para abordar el problema de la vivienda que hasta la fecha no han dado resultado. Así lo volvieron a hacer PP y PSOE, con horas de diferencia, a mediados de enero [4]. En respuesta a estos anuncios, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) hizo público un comunicado en el que denunciaban que “Ni PP ni PSOE solucionarán a corto plazo la emergencia habitacional que han creado con sus políticas” [5].

Para la PAH, las propuestas del PP “no solo no solucionarán nada, sino que a corto plazo aumentarán la gravedad del problema, ya que lo basan todo en el modelo de ley del suelo de Aznar: todo es edificable, salvo que esté expresamente prohibido, liberalización de un mercado que ya es libérrimo, regalos fiscales a promotores, casas baratas, seguros de impago, protección antiocupación (en un país con 3,9 millones de viviendas deshabitadas lanzamos una pregunta: ¿Dónde se meten los ocupas?)… En fin, nada que no se esté aplicando ya con los resultados que conocemos sobradamente”.

Sobre las del PSOE, la plataforma reprocha que desperdició la legislatura anterior para haber hecho una ley mucho más ambiciosa y que se permitió tumbar la ley que la PAH y otros 120 movimientos sociales y sindicales presentaron aprobando una ley de vivienda que tildan de “inútil” y valora algunas medidas positivas, como la creación de la Empresa Pública de Vivienda, o el impuesto a los alquileres vacacionales “aunque resulta asombroso que esa actividad no esté tributando como tal todavía”.

Acerca de las SOCIMIS, la PAH siempre ha rechazado sus beneficios fiscales, que “están en el origen del acaparamiento de viviendas, que a su vez son focos de especulación”. Y considera algunas de las propuestas “absolutamente inaceptables”, como la exención total del IRPF a propietarios que alquilen con arreglo a los índices de referencia. Acerca de la limitación de compra de viviendas a extranjeros no comunitarios, la plataforma entiende que llega tarde y es insuficiente. En su opinión, “dada la condición de bien esencial de primera necesidad para satisfacer un derecho fundamental como el de acceso a la vivienda, se debería poner un límite máximo de viviendas en manos de un único propietario, sea persona física o jurídica. No es aceptable que el 8,9% del total del parque de vivienda, 1.046.188 viviendas, estén en manos de solo 27.000 propietarios, que son los que en realidad marcan la tendencia de precios injustificadamente altos” [6].

En lo que respecta al banco malo, la plataforma defiende que “las viviendas y activos de la SAREB no deben servir para pagar deuda, sino para crear ya y con urgencia el necesario parque público (1,5% de las viviendas), ofreciéndose a las Comunidades Autónomas (CCAA) o al SEPES las viviendas en condiciones de habitabilidad (incluyendo las de los proyectos de Arqura y el Plan Viena) y asumiendo el Estado la gestión y rehabilitando las que lo necesiten”. Por otra parte, plantea que se deben paralizar los desahucios de viviendas y bloques y negociar los contratos de alquiler justos, sin cláusulas abusivas. “Es absolutamente necesario un giro radical y que SAREB respete el derecho a la información sobre los 9.440 pisos protegidos que con toda vergüenza (como los vendidos por el PP a Blackstone) ha reconocido que ha vendido a terceros”, asegura.

Ante “un escudo social insuficiente que solo suspende un desahucio de cada cuatro y una ley de vivienda que no ofrece ninguna alternativa ni solución habitacional real en caso de desalojo”, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca sigue exigiendo a todos los niveles la regulación del alquiler social obligatorio en función de ingresos, que dé una respuesta real a quienes ven vulnerado su derecho a la vivienda. En concreto, reivindica: “una regulación estricta de los precios de alquiler, no que simplemente frene las subidas de precios, sino que los baje. Que se exija a la banca la cesión de uso de viviendas de sus parques, destinadas a alquiler aseguible y social y que se movilicen viviendas de los 3,9 millones deshabitadas, todas estas las debería gestionar la empresa pública, y para frenar los desahucios, más allá de las moratorias y escudos temporales, se deberían aplicar medidas contenidas en nuestra ley que el PSOE rechazó, como el alquiler social obligatorio”.

Caso a caso, casa a casa

Por su parte, desde Catalunya, el Sindicat de Llogateres sigue dando la batalla caso a caso, caso a casa. La más reciente victoria ha sido el aplazamiento del desahucio de Josep Torrent en Casa Orsola, gracias a la resistencia vecinal [7]. La Casa Orsola, ubicada en el Eixample de Barcelona, se ha convertido en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda y contra los alquileres de temporada. “El vecindario de este edificio decidió no marcharse de sus casas para evitar que Lioness Inversiones SLU, el fondo buitre que compró la finca, convirtiera sus viviendas en alquileres de temporada a precios de lujo. Su lucha no es solo por sus hogares, sino por todo el barrio y por la ciudad de Barcelona, amenazados por la especulación inmobiliaria y los alquileres desorbitados”, defiende el Sindicat, que hace un llamamiento a toda la sociedad a través del Manifiesto Defendamos la Casa Orsola [8].

Y desde Madrid, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid llama a organizar el poder inquilino a través de la huelga de alquileres: “La legitimidad de las huelgas no depende solo de su base legal, sino sobre todo de su apoyo social y político. Por ello, vamos a seguir extendiendo la desobediencia inquilina bloque a bloque, barrio a barrio, brigada a brigada. Porque sabemos que el poder está en nuestras manos. Si una inquilina se rebela sola, tiene un problema. Si miles de inquilinas nos organizamos, el problema lo tienen los caseros” [9].

Notas:
1.- Consejo de la Juventud de España. (16/01/2025). La tasa de emancipación alcanza el peor dato desde 2006: solo el 14,8% de la juventud española vive fuera del hogar familiar.
2.- Consejo de la Juventud de España. (30/01/2025). El 87% de la juventud emancipada en España comparte vivienda para reducir gastos, según un nuevo informe del Consejo de la Juventud de España.
3.- Europa Press Nacional. (19/12/2024). La vivienda se coloca como primer problema de España en el CIS y sube la inquietud por Gobierno, partidos y corrupción.
4.- EFE. (13/01/2025). Crisis de la vivienda en España: qué medidas propone el Gobierno y cuáles plantea el PP.
5.- La PAH. (16/01/2025). La PAH ante las constantes propuestas políticas sobre vivienda.
6.- Sánchez, R., Oliveres, V., Jara, Y., y Noriega, D. (24/11/2024). España tiene más de un millón de viviendas en manos de grandes propietarios.
7.- Vicente, S. y Rodríguez, P. (31/01/2025). El desahucio de Josep en Casa Orsola, aplazado hasta el martes tras una mañana de resistencia vecinal.
8.- Sindicat de Llogateres. (16/01/2025). Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones y entidades sociales para que firmen el manifiesto en apoyo a la lucha de las vecinas de Casa Orsola.
9.- Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid. (29/01/2025). Organizar el poder inquilino, organizar la huelga de alquileres.

* Fátima Martín es periodista, miembro del CADTM del Estado español. Es coautora, junto con Jérôme Duval, del libro Construcción europea al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016. Actualmente está desarrollando el periódico ’online’ FemeninoRural.com.
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