México: ofensiva contra los implicados en el caso Ayotzinapa

Ayotzinapa

Por Agencia Mp3. LQSomos.

La justicia mexicana ha ordenado en las últimas horas la detención de 64 policías y militares por la desaparición en 2014 de 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa. Una decisión conocida apenas 24 horas después de conocerse el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que calificó el caso de «crimen de Estado» tras reiniciarse desde cero la investigación con la llegada al poder en 2019 del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La orden fue dictada tras el arresto del exfiscal general del país, Jesús Murillo Karam en su domicilio en la Ciudad de México en el que no opuso resistencia, según ha informado la Fiscalía en un comunicado de prensa. Karam, quien trabajó con el presidente Enrique Peña Nieto entre 2012 y 2018 dirigiendo una controvertida primera investigación sobre estas desapariciones, es un ex peso pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó México durante décadas.

A estos 64 agentes -20 oficiales del Ejército, 44 policías- se les imputan, una vez conocido el informe de la Secretaría de Gobernación (Segob) de México, múltiples cargos incluidos los de «crimen organizado, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia», resume la Fiscalía. Lo que ha causado una gran conmoción en el país.

El informe de la Secretaría de Gobernación (Segob) de México, que fue entregado a los familiares de los estudiantes desaparecidos el 26 de 2014 en el estado de Guerrero, en el Pacífico, establece, como primera conclusión, que los hechos fueron «un crimen de Estado» en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles.

Además, el informe arrojó que en la desaparición de los 43 estudiantes colaboraron criminales del cártel Guerreros Unidos en busca y captura. Y establece que distintas dependencias mexicanas hicieron caso omiso y fueron negligentes en cuanto a la alteración de hechos para establecer la «verdad histórica» pese a tener conocimiento de todo lo sucedido.

«Hay problemas en el poder judicial», corrupción y omisiones dentro de la investigación judicial y de la llamada «verdad histórica», que fue la primera versión dada por la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), señala el escrito.

Aunque los detalles de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) permanecen bajo secreto, fuentes locales han negado que el expresidente Peña Nieto se encuentre entre los funcionarios objetivo de dicha instancia.

Situación diferente es la del extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón, quien se encuentra en Israel, y que desde una reunión de febrero pasado se negó a colaborar con las autoridades mexicanas como testigo, por lo que continúan los trámites para su extradición a México.

Zerón es investigado por autoridades judiciales mexicanas por presuntas torturas para confirmar la entonces «verdad histórica» presentada por el Gobierno mexicano en 2015.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, reconoce que no hay indicios de que los 43 estudiantes estén vivos y sostuvo que «nunca estuvieron juntos», desde que se separaron en la estación de autobuses de Iguala.

«Al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes», se lee en una de las conclusiones del informe de la Segob.

Las conclusiones también confirman una vez más la identificación de restos óseos de tres de los 43 estudiantes.

Por último, se reafirmó que los estudiantes nunca estuvieron en el basurero de Cocula, Jalisco, en el bajío mexicano, explicación sostenida en la «versión histórica» de 2015.

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