Ni cómplices, ni confidentes

Por Agencia Mp3*. LQSomos.

El caso de Joanna e Isabel es especialmente preocupante al recaer en el juzgado de Instrucción número 29 de Madrid que ocupa Cristina Díaz Márquez. Su historial muestra un escaso respeto a la libertad de prensa…

El derecho a la información no tiene ni cómplices ni confidentes simplemente es la verdad contada, retransmitida, fotografiada.
Reproducimos la nota emitida por la Sección de Prensa y Comunicación Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de Madrid…

Comunicado:
Contra la nueva oleada de represión a periodistas que informan de actos de desobediencia civil

La detención de las periodistas Joanna Giménez e Isabel, acusadas de daños contra el patrimonio por grabar una acción contra la crisis climática en el Museo del Prado, la denuncia policial por desobediencia a la reportera Pilar de la Fuente por informar de un desahucio en Valencia y la orden judicial de investigar un grupo de WhatsApp de periodistas con el abogado de Juana Rivas son los últimos ataques jurídicopolicial en España contra la libertad de expresión y de libertad de recibir información, derechos fundamentales recogidos en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Nos vemos obligados a recordarles a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la judicatura lo que dicta la legislación nacional e internacional: que todo periodista tiene derecho a cubrir libremente un hecho informativo sin sufrir represalias de ningún tipo, incluyendo los actos de desobediencia civil.

En su informe ‘Derecho a la protesta en España: siete años, siete mordazas que restringen y debilitan el derecho a la protesta pacífica en España’, Amnistía Internacional recoge la arbitrariedad policial a la hora de sancionar a periodistas, la presunción de veracidad de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y las contradenuncias frente a periodistas que denuncian actuaciones abusivas. La organización no ha podido ejemplificar con estos casos arriba mencionados las limitaciones al derecho a la información porque se han producido justo tras su publicación.

Porque, como señala El Salto en su editorial, se trata de la persecución del derecho a disentir en público: “Si no se puede protestar, ni contar que se ha protestado, lo que se pretende es crear una sociedad obediente, muerta en vida”.

El caso de Joanna e Isabel es especialmente preocupante al recaer en el juzgado de Instrucción número 29 de Madrid que ocupa Cristina Díaz Márquez. Su historial muestra un escaso respeto a la libertad de prensa. Exigió a un medio de comunicación que rompiera el secreto profesional al pedirle que revelasen sus fuentes tras admitir a trámite una denuncia de la familia Franco que la Audiencia Provincial de Madrid le recordó que debería haber archivado. La misma jueza, ex alto cargo en Gobiernos del Partido Popular, ha imputado por falso testimonio a otros cuatro periodistas por declarar en un juicio haber visto cómo un policía golpeaba al reportero Guillermo Martínez durante el tristemente famoso mitin de Vox en el madrileño barrio de Vallecas. Además, ha pedido sondear a la Brigada de Información de la Policía Nacional si hubieran podido cometer delito de calumnias por sus comentarios en Twitter sobre el caso.

Aprovechamos para exigir de nuevo que se archive este caso de los periodistas de Vallecas.

La cobertura de acciones de desobediencia civil no violenta como el lanzamiento de pintura roja contra el Congreso de los Diputados por parte de Rebelión Científica, protestas de Greenpeace o Rebelión por el Clima o Extinction Rebellion no pueden ser criminalizadas porque, como recuerda el catedrático de Derecho Penal Jacobo Dopico, no existe el delito de impedir un delito contra el patrimonio. Somos periodistas, no cómplices o chivatos. Se lo recordamos a la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). A la APM y la FAPE les preguntamos si consideran también cómplices de un delito económico a los periodistas que cubrieron el lanzamiento en bolsa de Bankia.

Esta escalada represiva sólo evidencia el temor del Estado ante un creciente activismo climático. Mientras se acumulan las evidencias de que no se están tomando medidas para mitigar la crisis climática y ecológica generada por el capitalismo, el Estado muestra su verdadera cara.

Ante todas estos ataques a la libertad de prensa e información, llamamos a todos los sindicatos, asociaciones de prensa y sociedad en general a apoyar sin excusas ni justificaciones a quienes ponen el cuerpo para informar de lo que está pasando: que el planeta va camino a calentarse más de 2 ºC salvo que se tomen medidas drásticas.

Como recordamos cuando Valtonyc, Nacho Carretero y Santiago Sierra sufrieron persecución judicial o a su obra, «el Estado no somos todos, el Estado son ustedes y sus amigos».

* Sección de Prensa y Comunicación CNT- Madrid

Nota relacionada: Asociaciones de periodistas, versión policial

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