¡Socorro, auxilio!

Por Cristina Ridruejo*. LQSomos.

La necesaria intervención del Estado en Madrid por omisión de atención médica

Ante la catástrofe sanitaria que vivimos, las ciudadanas y ciudadanos de Madrid nos sentimos desamparados. Impotencia, frustración, desesperación es lo que sentimos no ya frente a las noticias, sino frente a la vida real con la que nos topamos dolorosamente una y otra vez.

Vivimos en nuestras carnes los recortes sanitarios que el Partido Popular ha llevado a cabo en nuestra comunidad durante años y años, y que la sádica que por desgracia y por voto popular nos está gobernando durante la pandemia, no solo no ha frenado, atendiendo a la emergencia sanitaria, sino que ha multiplicado.

Soy consciente de que la mayor parte de la población madrileña ha votado a quien nos gobierna. Pero eso no es excusa. Las y los responsables políticos tienen obligaciones constitucionales, independientemente de su programa político. Y garantizar la salud de la población es una de ellas:

Artículo 43 de la Constitución:
1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

El programa electoral de Ayuso no decía: “cerraré los ambulatorios”, “cancelaré la atención presencial”, “prolongaré las listas de espera”. No es eso lo que la gente ha votado, e incluso si lo fuera así, sería anticonstitucional. Ciertos medios de manipulación nos cuentan que la Comunidad de Madrid es la que más ha gastado en sanidad desde el inicio de la pandemia. Pero entregar cientos de millones de euros a amigotes del ladrillo para construir hospitales pastiche, sin quirófano ni laboratorio, o para infladas contratas de cátering, eso NO es gasto en sanidad. Así se ganan las elecciones. Mintiendo.

Aprovechando los cierres y adaptaciones impuestos por la primera fase de la pandemia, la sanidad en Madrid ha quedado tiritando cuando más la necesitamos. El personal que fue trasladado en situación de emergencia no ha vuelto a sus puestos, los refuerzos contratados no han permanecido, la Atención Primaria está funcionando bajo mínimos, las urgencias de barrio no han vuelto a abrir… ¡casi dos años después!

Según la Plataforma Atención Primaria se Mueve, en la Comunidad de Madrid hay unas 600.000 personas sin médico de cabecera o profesional de enfermería asignado, lo cual significa que cada vez que piden cita se la dan con otro médico que ya tiene su cupo de pacientes completo, sobrecargando su agenda e impidiendo que un mismo profesional haga un seguimiento al paciente.

La lista de espera para pruebas diagnósticas es de meses y meses.

La lista de espera para intervenciones quirúrgicas es inconcebible.

La lista de espera para obtener plaza en una residencia es de entre un año y medio y dos años. Las personas mayores reciben plaza en residencias a 40 km de sus hogares, sus familias, sus vecinas, su vida. Los servicios de atención a la dependencia, con carencias abismales.

La mayoría de los centros de salud de barrio no tienen suficientes médicos o médicas de cabecera, pediatras o personal de enfermería para toda la población que tienen que atender; hay bajas que no se cubren, jubilaciones o traslados que no se reemplazan, etc. Las condiciones laborales del personal sanitario en Madrid son tan penosas que muchos prefieren irse a otra comunidad.

El sistema sanitario madrileño está casi completamente privatizado (“externalizado”, lo llaman). La parte pública que queda, la están dejando morir en una estrategia maquiavélica, en la que los pacientes que no pueden ser bien atendidos porque no hay medios, se quejan a las propias personas que trabajan en los centros sanitarios (tanto al personal sanitario como al administrativo) que en realidad son también víctimas del desmantelamiento del sistema, haciendo horas extra con sueldos de explotación. Prueba de que se trata de una estrategia meditada son las declaraciones de la presidenta denostando al personal sanitario.

Todo esto ocurre en medio de una pandemia mundial que nos asola. La sensación de desamparo es brutal.

El gobierno de España debe auxiliar a la población madrileña. Debe rescatarnos porque nos estamos muriendo, porque estamos padeciendo enfermedades curables que no nos curan, porque tenemos dolencias pero no nos hacen las pruebas diagnósticas y no nos tratan, porque sufrimos desatención a personas con discapacidad y tercera edad, porque ya no hay pediatra en el centro de salud de nuestro barrio, porque los hospitales tienen plantas enteras cerradas ya que su personal fue trasladado al Zendal, mientras que las plantas abiertas están sobresaturadas, porque nuestros profesionales sanitarios hacen triple turno para atender pacientes de las bajas que no se cubren y no pueden más, porque a los bomberos les obligan a trabajar con PCR positiva.

El gobierno debe intervenir la sanidad madrileña hasta que se garantice que se respeta el derecho a la salud de la ciudadanía recogido en la Constitución, mediante la suspensión temporal de la transferencia de la competencia en sanidad. Es urgente, es una cuestión de vida o muerte.

* Miembro de Mujeres x la República. Forma parte del colectivo LoQueSomos
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