Colombia: Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz
Por Pedro Santana Rodríguez*
Después de siete años de su creación como producto de los acuerdos de Paz del Estado colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, finalmente con una novedosa teoría jurídica aterriza en la JEP uno de los jefes paramilitares más sanguinarios de dichos grupos que han operado en Colombia desde mediados de los años ochenta del siglo XX
Los dos argumentos centrales esgrimidos por la JEP para admitir a Mancuso son el primero la necesidad de hacer posible la construcción de una verdad más amplia sobre el conflicto armado que padecemos desde hace más de sesenta años, en esta fase que aún no termina, y el segundo es que Mancuso desempeñaba un rol de “bisagra” entre el Estado y los paramilitares, o dicho de otra manera que Mancuso era un agente del Estado sin vinculación legal sino un agente del Estado de facto, lo que significa que es un “sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública”.
Para llegar a esta jurisprudencia la JEP tuvo que sortear un primer obstáculo que fue el que en los acuerdos de La Habana se excluyó expresamente a los paramilitares con el argumento que para ellos se había creado mediante la Ley 975 de 2005 un mecanismo de justicia transicional, la jurisdicción de Justicia y Paz, cuyo principal escollo fue y sigue siendo que se prescindió del tratamiento de sujetos organizados de tal forma que las investigaciones y los castigos contemplados en esta ley y en este sistema de justicia transicional, es de carácter individual. Parte de las limitaciones de esta jurisdicción nacen justamente de este diseño institucional donde no se contempló que los paramilitares incurren en crímenes de sistema, es decir, las acciones criminales dependen para su realización de unas estructuras organizativas y la investigación y juzgamiento deben corresponder al examen de estas estructuras organizadas así las responsabilidades penales finalmente sean individuales de acuerdo al rol que hayan desempeñado en dichas organizaciones. La JEP por el contrario parte de esta noción de crimen de sistema y por tanto sus macrocasos corresponden en su investigación y eventual juzgamiento a esta característica.
Una dificultad advertida en la aclaración de voto del fallo que admitió a Mancuso en la JEP, de la magistrada María del Pilar Valencia, consistió en que la Sala de la JEP que lo admitió mantuvo las competencias para investigarlo y juzgarlo por su pertenencia a los grupos paramilitares en la jurisdicción de Justicia y Paz y la JEP solo se encargará de su rol como agente de facto del Estado en sus actuaciones. Es decir, en su rol de coordinación con los mandos militares y de la Fuerza Pública. Valencia en su aclaración de voto consideró que todas las competencias en el caso de Mancuso deberían quedar centralizadas en le JEP para no fragmentar la investigación y no limitar las posibilidades de otorgar beneficios a la persona sometida.
Hay que recordar que Mancuso un hacendado de Córdoba convertido en jefe paramilitar, está acusado, de dirigir 139 masacres en las que fueron asesinadas 800 personas. Actualmente sigue detenido en Estados Unidos donde ya cumplió su condena por narcotráfico y espera una decisión para ser devuelto a Colombia o a Italia dado que tiene también esa nacionalidad. Desde el mes de mayo para acceder a la JEP Mancuso profundizó sobre los nexos entre los paramilitares y el Estado como parte de su estrategia para acceder a los beneficios judiciales de la JEP. Mancuso patéticamente señalo en una de sus intervenciones en la JEP que los mandos militares “Nos entregaban los listados y entonces íbamos y golpeábamos en las casas y los matábamos porque nos decían que eran guerrilleros”.
Álvaro Uribe incriminado directamente por Mancuso en Masacres y asesinatos
En su comparecencia en diversos estrados judiciales y en las audiencias de la Comisión de la Verdad, durante los últimos dieciocho años, Salvatore Mancuso se negó a señalar los nexos y las responsabilidades del expresidente Álvaro Uribe con múltiples crímenes en investigaciones que la justicia colombiana no ha desarrollado de manera oportuna y eficaz. Los procesos por las Masacres del Aro y de la Granja en el municipio de Ituango, cuando Uribe era gobernador del departamento de Antioquia, se pasean por los juzgados y van de la Corte Suprema a la fiscalía y de allí a la Corte y ningún organismo judicial en estos casos, así como en la presunta responsabilidad de Uribe en el asesinato del abogado y presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, Jesús María Valle Jaramillo, toman ninguna decisión de fondo, se mantienen estancados. La única decisión valiosa la tomó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el año 2018 en que los declaró crímenes de lesa humanidad y en tal condición son crímenes imprescriptibles, es decir, cuyas investigaciones no podrán cerrarse ni precluirse por vencimiento de los términos.
En los tres días de sesiones reservadas ante la JEP Mancuso dio un giro a sus habituales silencios frente a la presunta responsabilidad de Uribe en estos crímenes. Por primera vez vinculó de manera directa al expresidente en la masacre del Aro y en el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, pero además dio detalles sobre el apoyo de los grupos paramilitares a las campañas presidenciales de Uribe y reveló los nombres de militares, policías, fiscales y empresarios que estuvieron al servicio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Mancuso justificó su silencio en sus comparecencias anteriores respecto a señalar la presunta responsabilidad de Uribe en estos crímenes a que quienes se han atrevido a responsabilizar a Uribe en su calidad de testigos contra él han sido asesinados. En el tercer día de la Audiencia ante la JEP Mancuso dijo que estaba nervioso por lo que iba a revelar ese día ante los jueces de la JEP y era justamente la presunta responsabilidad de Uribe en estos crímenes. Dijo que hasta el momento 15 testigos que habían responsabilizado de estos crímenes al expresidente habían sido asesinados y que temía por la seguridad de sus familiares concretamente de su exesposa y sus hijos. La JEP dada esta advertencia haría bien en ordenar medidas de protección para estas personas.
Pero además de Uribe, Mancuso involucro al general ® del Ejército Iván Ramírez, quien llegó a ser el director de inteligencia del ejército hasta el año 1992. Mancuso dijo que Ramírez lo había amenazado dos semanas atrás de estas Audiencias que se realizaron en el mes de mayo del presente año. Ramírez según Mancuso era colaborador de los paramilitares y era uno de los que les señalaba las acciones que deberían realizar. Durante los tres días de la Audiencia Mancuso señaló a 16 generales de la Policía y del Ejército y a 18 coroneles y a un sin número de mayores y capitanes de ser colaboradores de las AUC, dentro de los cuales señaló entre otros a los exdirectores de la policía Rosso José Serrano y Oscar Naranjo, que además fue vicepresidente de la República. Y dentro de los generales del ejército Mancuso señaló por su estrecha relación con los paramilitares a Iván Ramírez Quintero, Rito Alejo del Río, Leonardo Barrero y Harold Bedoya.
En sus extensas declaraciones Mancuso relacionó a más de 300 personas con nombre propio tanto de las Fuerzas Armadas y de Policía como empresarios y funcionarios del Estado, así como políticos que colaboraron con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La JEP compulso copias para que sean investigadas tanto a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para los que tienen fuero y a la fiscalía General de la Nación donde duermen el sueño de los justos cerca de 5 mil imputados por Justicia y Paz contra terceros responsables de todos estos crímenes.
Finalmente quiero señalar que Mancuso deberá presentar pruebas de todas estas acusaciones y el Estado colombiano debe garantizarle a él como a su familia condiciones de seguridad adecuadas. A la JEP y a la Jurisdicción de Justicia y Paz les corresponde, de manera urgente, coordinar sus respectivos roles en las investigaciones en curso contra Mancuso y ponerse de acuerdo, y a la próxima fiscal general de la Nación corresponde el enorme reto de investigar no solo a los nuevos denunciados por Mancuso sino también a los cerca de 5 mil ya denunciados como terceros civiles responsables del financiamiento y colaboración con los horrores que cometieron los grupos paramilitares en el país. Es la mejor contribución de la justicia para que esto no vuelva a ocurrir.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos
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