Pensiones ¿Vive o está muerto el ‘Factor de Sostenibilidad’?
Por Juan Antonio Fernández Cordón*
El título de este artículo reproduce la pregunta que fue objeto de debate en un acto presencial organizado por FIDE y la fundación AGE el 16 de noviembre de 2023, en el que participó el autor
Como los famosos “ruidos de sable” que anunciaban guerras inminentes, surge ahora un tema que ya creíamos olvidado. La pregunta que sirve de título a este artículo es, a primera vista, una pregunta extraña. El «Factor de Sostenibilidad» (FS) fue uno de los dos instrumentos principales de recorte de las pensiones que introdujo la reforma de 2013, impuesta sin negociación por la mayoría absoluta de la que entonces gozaba, y abusaba, el Partido Popular. El otro era el “Índice de Revalorización de las Pensiones” (IRP), creado para hacer justo lo contrario de lo que anunciaba su nombre: recortar las pensiones existentes todos los años durante varias décadas, hasta reducir en aproximadamente un 40% su valor de 2013, porque siempre daba negativo. En lo que debió creer un acto de prudencia suficiente, el gobierno Rajoy fijó un límite mínimo de revalorización: el famoso 0,25% que, tal como estaba construido el IRP, se convertía en una constante perenne del sistema. Sin embargo, la presión de los pensionistas, que se echaron a la calle, y el alud de críticas que recibió el Índice, incluso desde círculos ideológicamente próximos a los autores, llevó finalmente a derogar este ominoso intento de recortar brutalmente las pensiones que ya estaban cobrando los jubilados. La otra pata de la reforma de 2013 era el Factor que nos ocupa ahora, el FS. Mientras el IRP reducía las pensiones existentes, o limitaba seriamente su capacidad adquisitiva, el FS se encargaba de recortar la pensión inicial de los que se jubilaran a partir de entonces, amparándose en el aumento previsto de su esperanza de vida. Una operación planteada en nombre de la equidad intergeneracional, que tampoco tuvo ningún futuro: su aplicación fue retrasada dos veces y al final fue derogada. En la reforma más reciente, puesta en marcha por el anterior gobierno de coalición, se ha introducido un mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), cuyo objetivo es un mejor reparto entre las generaciones, que modifica los ingresos en vez de reducir el gasto, y no perjudica a los jóvenes, como el extinto FS. ¿A qué viene, entonces, esta pregunta?
En realidad, lo que subyace es si se debe “resucitar” el FS, es decir si persisten las razones que se dieron para imponerlo. Y eso es lo que puede recordar los “ruidos de sable”. A medida que se van agotando los efectos del retraso de la edad de jubilación de la reforma de 2011, se anticipa la necesidad de volver a introducir recortes para evitar los efectos del probable (aunque no seguro) incremento de la esperanza de vida de los jubilados.
Estoy convencido de que no necesitamos más factores, u otros pretextos, para reducir las pensiones. Por ello voy a intentar mostrar por qué es deseable dejar que el FS descanse en paz y por qué, si es cierto que el probable incremento de la esperanza de vida de los jubilados hará aumentar el gasto en pensiones, el como se distribuye ese sobrecoste es una cuestión abierta, que debe ser objeto de debate democrático y no resuelta mediante mecanismos automáticos importados del sector privado.
¿Qué era y como se calculaba el Factor de Sostenibilidad?
La ley que lo instituye, (Ley 23/2013) fijaba dos objetivos a este factor: primero, asegurar el riesgo asociado al incremento de la longevidad y, segundo, garantizar la equidad intergeneracional frente al desigual impacto del aumento de la esperanza de vida en las generaciones sucesivas.
La longevidad como riesgo
En la modalidad de ahorro privado llamada por los bancos “plan de pensión”, el capital acumulado se transforma, cuando llega la jubilación, en anualidades, cuyo importe depende del capital ahorrado y del número de años durante los cuales se van a percibir. De ahí que exista el riesgo de quedarse sin ingresos si se vive más de lo previsto. El beneficiario podría asegurar ese riesgo, pero, en un contexto de aumento de la esperanza de vida, le supondría un coste elevado, que disminuye sus percepciones. En resumen, a medida que pasa el tiempo y aumenta la esperanza de vida, será necesario ahorrar más o reducir el importe de las anualidades.
Mediante el Factor de Sostenibilidad se pretende mimetizar la modalidad anterior en el sistema público de pensiones. El FS debe conseguir: “…que el importe total que perciba a lo largo de su vida un pensionista que acceda al sistema de pensiones dentro de un cierto número de años, y que previsiblemente tendrá mayor esperanza de vida, sea equivalente al que perciba el que se jubile en un momento anterior.” (Ley 23/2013).
La reducción de la pensión inicial mediante la aplicación del factor de sostenibilidad equivale a congelar la esperanza de vida en el valor que tenía en el año de referencia.
La operativa del Factor de Sostenibilidad propuesto en 2013
El mecanismo diseñado por los autores de la reforma de 2013 consiste en reducir la pensión inicial aplicando la misma tasa de crecimiento de la esperanza de vida a los 67 años en los 5 años anteriores al inicio del periodo quinquenal[1]. Se calcula cada año “multiplicando el factor del año anterior (el anterior al año inicial será igual a 1) por el del año en curso”. Esta formulación es muy imprecisa y, tomada literalmente, errónea. En realidad, se multiplica el FS del año anterior por el crecimiento estimado de la esperanza de vida para el año en curso. Al cabo de 5 años, se calcula un nuevo FS, basado en los cinco años anteriores al nuevo periodo. Y así sucesivamente.
El FS aplicado es una proyección del crecimiento anual de la esperanza de vida del nuevo jubilado. Como cualquier proyección, esta puede no verificarse. Sin embargo, la aplicación del FS no prevé ningún mecanismo para corregir la modificación de la pensión inicial, en caso de que el crecimiento real de la esperanza de vida no sea el proyectado. Por otra parte, tampoco se prevé un procedimiento en caso de que, durante el período tomado para calcular el crecimiento aplicable se hayan producido acontecimientos que alteren la esperanza de vida en algunos de los años. Un ejemplo muy reciente es el efecto de la pandemia COVID que hizo disminuir sensiblemente la esperanza de vida a las edades de jubilación. Es evidente que utilizar un FS calculado según lo previsto hubiera distorsionado el efecto sobre las pensiones.
Otra cuestión es ¿por qué se toma la esperanza de vida a lo 67 años? Con la reforma de 2011, se retrasa la edad legal de jubilación, de forma progresiva, hasta alcanzar 67años en 2027. Esta medida tiene como finalidad, según la Ley que la instauró, compensar (anular para el pensionista) el aumento de la esperanza de vida. Al agotarse su efecto, en 2027, tomaría el relevo un mecanismo automático, el FS, que permitiría seguir anulando los efectos sobre el gasto de la mayor longevidad de los jubilados. A partir de 2027, la edad legal de jubilación permanecería igual a 67 años. Como tanto el retraso de la edad de jubilación como la aplicación del FS tienen la misma finalidad, su aplicación conjunta supondría gravar dos veces el aumento de la esperanza de vida y puede considerarse como una de las formas más burdas de recortar las pensiones.
Finalmente, aunque la introducción del FS es simple imitación de los sistemas de ahorro privado, solo contempla una de las dos posibilidades que existen en el caso de los planes privados, descartando la de aumentar los ingresos. Así, el riesgo de vida se carga íntegramente sobre el pensionista. Si este vive más años que un jubilado anterior, se tendrá que conformar con una pensión más exigua, de manera que no cueste más al sistema que el jubilado que le precede.
Creo que conviene analizar con algún detalle el FS de 2013, aunque haya sido derogado, porque no hay que descartar que, en un futuro próximo, se vuelva a proponer una fórmula parecida. La idea de implantar un mecanismo automático que anule los efectos del aumento de la esperanza de vida sigue viva, sobre todo porque existe ya en algunos países de la Unión Europea.
Resumen de algunas observaciones sobre la operativa del FS propuesto en 2013
He llevado a cabo algunas simulaciones, basadas en los datos de esperanza de vida conocidos, observados cuando estaban disponibles o proyectados para años futuros, mediante las cuales es posible comparar el resultado de aplicar el FS tal como lo prescriben sus autores con la aplicación, distinguiendo sexo y edad de jubilación, de la variación “real”[2] que solo puede conocerse a posteriori. Aquí van, resumidas, algunas conclusiones:
– No se contempla rectificar el recorte de la pensión inicial si la estimación proyectada del FS no se verifica.
– El FS se calcula sobre el conjunto de la población. Sobrestima la reducción de la pensión inicial de las mujeres y subestima la de los hombres.
– El FS se basa en la esperanza de vida a los 67 años. Sobrestima el recorte de la pensión inicial de los que se jubilan antes de esa edad y subestima la de los que lo hacen después.
El efecto conjunto de las tres deficiencias anteriores se ha representado en el Gráfico 1, en el que se ilustran los porcentajes de reducción de la pensión inicial del 100% cuando se aplica el FS, según su definición operativa, y cuando se calcula teniendo en cuenta el sexo y la edad efectiva de jubilación. La importancia de las desviaciones aparece en un ejemplo extremo. A una mujer que se jubile con 60 años en 2070, se le aplicaría un recorte del 15,9% en el importe de su pensión inicial. Si el FS se calcula por sexo y edad y se anula a desviación debida a la proyección, utilizando datos reales, el recorte sería de solo el 9,8%.
La eventual introducción de un mecanismo que anule el efecto del crecimiento de la esperanza de vida sobre el gasto en pensiones afectaría negativamente a millones de personas. Es necesario, es exigible, que, cualquiera que sea la dificultad técnica, el factor correctivo refleje debidamente las circunstancias de cada uno y además que se introduzcan correcciones a posteriori, con efectos retroactivos, para compensar a los pensionistas en caso de error en la estimación del crecimiento previsto de la esperanza de vida. Cuando se analiza lo propuesto en 2013, se observa un cierto descuido en las formulaciones (tanto del FS como del IRP) atribuibles probablemente a la falsa convicción de que se puede implementar cualquier reforma si se cuenta con mayoría absoluta en el Congreso y por otra parte a la también falsa creencia de que existe un consenso social sobre la necesidad de recortar las pensiones cuando, en realidad, solo estamos ante un discurso ideológico dominante, al servicio de los intereses de instituciones financieras privadas (bancos y compañías de seguros) propagado y defendido por “expertos” a su servicio o cuyas propuestas coinciden con las que interesan al sector financiero.
Esta situación esta cambiando actualmente, por la actitud de rechazo de los pensionistas y por la acción del gobierno progresista de coalición, que ha emprendido una reforma de las pensiones que, por primera vez, no se basa en recortar prestaciones y considera imperativo mantener la suficiencia social de las pensiones. También porque un mayor número de expertos no ligados a intereses privados se dedica a analizar nuestro sistema público de pensiones y a proponer soluciones diferentes, que no perjudiquen sistemáticamente a los pensionistas, actuales o futuros. Entre ellos se encuentra nuestra asociación, Economistas Frente a la Crisis[3].
¿Sirve este Factor para mejorar la equidad intergeneracional?
Hay que recordar que el FS empezó llamándose “Factor de Equidad Intergeneracional”. Pero también hay que recordar que existen innumerables otros casos de falta de equidad (entre categorías sociales, entre hombres y mujeres, etc.) que no parecen preocupar a los defensores del FS y del recorte de las pensiones[4] En particular la equidad intergeneracional que, en un sistema de pensiones, se rompe por las diferencias de longevidad, asociadas a características socioeconómicas de los pensionistas, como veremos más adelante. Ya hemos explicado que el FS se pretendía implantar en 2027, año en el que los que se jubilan con 67 años tienen la misma esperanza de vida (20,67 años) que los que se jubilaron con 65 años en 2011 (20,43 años). Con la introducción del FS a partir de 2027, se pretendía congelar sine-die la esperanza de vida de los pensionistas a su nivel de 2011 para el cálculo de la pensión. Además, la citada reforma incluía también un aumento de los años cotizados exigidos para obtener una pensión del 100% de la base reguladora: en 2011 se obtenía ese 100% con 65 años y 35 años cotizados y en 2027 será necesario tener 67 años y haber cotizado 37 años. De manera que a las generaciones jóvenes se les iba a exigir un esfuerzo mayor (más años cotizados) para obtener una pensión calculada para un número de años cada vez más alejado, por debajo, del que le quedaría por vivir como jubilado.
¿Puede realmente considerarse más equitativo impedir que las generaciones más jóvenes dejen de beneficiarse del alargamiento de la vida, retrasando la edad de jubilación, reduciéndoles la pensión y exigiéndoles un esfuerzo mayor para obtener una pensión del 100%?
Bajo esta aparente búsqueda de la equidad, se esconde simplemente la lógica de los sistemas privados de ahorro: el riesgo de vivir más es soportado íntegramente por el ahorrador, de acuerdo con la definición de lo que es actualmente justo: contribuciones equivalentes deben dar derecho a prestaciones equivalentes. Lo que implica que el jubilado soporta todo el coste del alargamiento de la vida. Que esto sea equitativo es lo que pretendo cuestionar, pero antes, veamos la disparidad que introduce el conjunto Reforma de 2011 más FS a partir de 2027, entre hombres y mujeres.
Para ello calculamos el número de años cotizados exigidos para obtener la pensión del 100% por cada año de jubilación (ACAJ) para las generaciones que van de 1946 (se jubilaron en 2011, a la entonces edad legal de 65 años, con 35 años cotizados, el mínimo exigible en aquel año, a la de 2003, que se jubilarán con 67 años (edad legal) con 37 años cotizados.
En los dos gráficos siguientes se ha representado el valor de este indicador para cada generación, en diversos supuestos:
En los gráficos anteriores, observamos una diferencia fundamental entre hombres y mujeres. El número de años cotizados necesarios para obtener un año de jubilación (con 100% de la pensión) en el caso de las mujeres es netamente inferior al exigido a los hombres. Esto se debe a que la esperanza de vida de las mujeres es superior a la de los hombres y a que no se distingue por sexo a la hora de aplicar las reglas de cálculo de la pensión en el sistema público. Sí se hace en los llamados “planes de pensión” privados, en los que impera la contributividad estricta y las mujeres deben ahorrar más para recibir la misma pensión que un hombre, o reciben una pensión inferior, ahorrando lo mismo. Esta diferencia con los sistemas privados basados en la capitalización es una excepción a la contributividad que invocan los economistas neoliberales para recortar las pensiones. Me limito a señalar esta excepción ahora, pero volveré más adelante sobre este tema, que considero de gran importancia.
Volviendo a los gráficos, podemos ver como la reforma de 2011 y, más aún, la aplicación del FS a partir de 2027 anulan los efectos del incremento de esperanza de vida de los jubilados. Primero, mediante el retraso de la edad de jubilación (de 65 a 67 años), cuyo efecto se agota, en los hombres, a partir de la generación 1973 (que se jubilará en 2040) y, en el caso de las mujeres, a partir de la generación 1989 (que se jubilará en 2056). La introducción del FS, pensado para tomar el relevo del retraso de la edad de jubilación, no debería por tanto producirse antes del año 2040 para los hombres o 2056 para las mujeres, cuando el número de años cotizados por año de esperanza de vida pasa a ser inferior a su valor de 2011. De haberse introducido en 2027, como estaba previsto, hubiera consolidado, de forma indefinida a partir de esa fecha, el máximo recorte de las pensiones obtenido con el retraso de la edad de jubilación. Lo que se podría llamar “eficacia recortadora” del FS es mucho mayor que la de un simple retraso de la edad de jubilación al tratarse de un mecanismo automático que reduce anualmente la pensión inicial para anular el aumento de esperanza de vida. Mantener constante la ratio años cotizados/años jubilados supone, mientras la esperanza de vida siga aumentando, reducir la pensión inicial año tras año, indefinidamente. Es improbable que una solución de este tipo, que carga sobre el jubilado todo el coste de la mayor longevidad, pueda ser socialmente viable. La pretensión de que el aumento de la esperanza de vida, resultado de un conjunto de factores, ajenos a la voluntad de los que se benefician de él, sea enteramente absorbido por una disminución del bienestar individual de los jubilados es absolutamente inviable, además de ser éticamente rechazable.
¿Cómo afrontar, entonces, el aumento del gasto en pensiones que, necesariamente, provoca el aumento de la esperanza de vida de los que se jubilan?
La esperanza de vida no es un buen instrumento para recortar las pensiones.
Como hemos visto, en el ahorro privado (“planes de pensión”), las generaciones más jóvenes deberán ahorrar más o conformarse con menos pensión, si la esperanza de vida aumenta. También las mujeres deben ahorrar más que los hombres, o recibir anualidades menores, ya que su esperanza de vida es superior a la de los hombres. El afán de trasladar las características del sistema de ahorro privado a nuestro sistema público de pensiones conduciría, en buena lógica, a penalizar a las mujeres con una pensión menor porque vivirán más años como jubiladas. Hasta ahora nadie se ha atrevido siquiera a proponerlo, sin duda porque se asume que la diferencia de longevidad entre hombres y mujeres es un dato social, no achacable a cada individuo concreto y, por tanto, debe ser “socializada”, no distinguiendo el sexo de los jubilados a la hora de calcular la pensión inicial. Pero también es un dato social el aumento de la esperanza de vida de una generación a otra. En promedio, los jóvenes de hoy vivirán, probablemente, más años que los jubilados actuales. Es, principalmente, el resultado de un sistema de salud que, al menos hasta muy recientemente, ha funcionado muy bien, gracias a que se han construido y mantenido hospitales y centros de salud, se han formado adecuadamente profesionales de la medicina y, sobre todo, porque tenemos un sistema de seguridad social que cubre íntegramente las necesidades médicas de todos[5]. Existen también otras causas, como hábitos de vida más saludables o mejor alimentación, por ejemplo, fruto también de normas sociales. La esperanza de vida media depende de la sociedad en la que vivimos y no de nuestro empeño personal. ¿Por qué plantear que el coste que supone el tiempo adicional como jubilado, porque vivimos más, recaiga exclusivamente sobre los propios jubilados? El coste de las políticas sanitarias y sociales que favorecen la mayor longevidad es asumido por todos, según los mecanismos generales de reparto de los gastos comunes (impuesto progresivo, sobre todo) y no hay razón para que no se plantee repartir de la misma manera otros costes derivados, como el aumento del gasto en pensiones debido a que vivimos más tiempo. Pretender descargar todo el coste en las espaldas menos robustas de los pensionistas es simplemente querer asimilar nuestro sistema público a un simple sistema de ahorro privado, y aprovechar un buen pretexto para recortar pensiones públicas. En todo caso, la respuesta al incremento de gasto provocado por el aumento de la longevidad de los jubilados no puede ser resuelto mediante un mecanismo automático que lo haga recaer únicamente sobre los jubilados, sino que debe ser objeto de debate democrático en el que se puedan examinar, de forma argumentada, todas las soluciones posibles para hacer frente a este particular coste del alargamiento de la vida.
Otra característica de la esperanza de vida que incita a manejar este indicador con extrema prudencia es que existen grandes diferencias según el nivel socioeconómico, por ejemplo, según la raza o el nivel de estudios. EUROSTAT publica regularmente la esperanza de vida por sexo según tres niveles de estudios alcanzados. Las diferencias varían mucho de un país a otro, pero van todas en el mismo sentido: la esperanza de vida a los 65 años es siempre inferior a la media entre los que tienen solo estudios primarios, o menos, y siempre superior a la media entre los que han realizado estudios secundarios o superiores. Hay que deplorar que España no esté incluida en esta estadística. Dentro de la Unión Europea, las mayores diferencias las encontramos en los países del Este. En 2017 (último año con información), en Hungría, la diferencia entre extremos es de 8,6 años en los hombres y 5,4 en las mujeres, en Bulgaria de 6,4 y 0,6 respectivamente. En Italia, la diferencia para los hombres es de 1,2 años y de 0,8 para las mujeres y en Grecia de 1,8 y 1,0 respectivamente. Las desigualdades se observan a todas las edades, siendo, en términos relativos, algo mayores en las edades altas.[6] El efecto de estas disparidades sobre el sistema de pensiones es doble. Por una parte, la mortalidad de los más desfavorecidos es mayor antes de la jubilación, por lo que una fracción más importante cotiza sin llegar a la edad de jubilarse y disfrutar de una pensión. Este efecto disminuye en los países más desarrollados, a medida que tiende prácticamente a desaparecer la mortalidad en las edades jóvenes y adultas, pero sigue siendo importante, por ejemplo, en los Estados Unidos, perjudicando a los negros con escaso nivel de estudio[7]. Por otra parte, las personas menos favorecidas viven menos años después de jubilarse. Son personas con menos nivel de estudios y peores empleos por lo que, además, reciben una pensión menor que la que reciben los que tienen más estudios y mejores salarios. De ahí que se produzca una redistribución regresiva (de los pobres hacia los ricos) tanto más importante cuanto más se retrase la edad de jubilación o se recorte en función de la esperanza de vida media.
Un último elemento que desaconseja utilizar la esperanza de vida a la ligera para recortar las pensiones es que solo una parte de los años vividos a partir de la jubilación lo son en buena salud o libre de discapacidades. Para este indicador, la diferencia de esperanza de vida según el sexo se anula: hombres y mujeres viven, a partir de 65 años, los mismos años en buena salud. Por ejemplo, en 2020, representaban el 63,2% de la esperanza de vida a los 65 años, en el caso de los hombres, y solo el 51,5%, en el caso de las mujeres[8].
Algunos estudios muestran que existen grandes diferencias de esperanza de vida libre de discapacidades, relacionadas con factores socioeconómicos. En Francia, por ejemplo, un estudio publicado en 2021 observa diferencias entre departamentos (provincias) de 5,4 años, en el caso de los hombres, y de 6,7 años en las mujeres y concluye que están significativamente relacionadas con el estatus socioeconómico, con la oferta sanitaria y con la ayuda a las personas mayores[9].
Como el retraso de la edad de jubilación disminuye sobre todo la parte en buena salud de la vida del jubilado y más todavía la de la jubilada, se introduce una distorsión también desfavorable a las mujeres y a los que tienen pensiones más bajas, por las mismas razones que en el caso de las desigualdades de esperanza de vida.
Resumen y conclusiones
– Tal como fue diseñado el FS es confuso, está basado en proyecciones de la esperanza de vida, que pueden no realizarse, sin que se prevea una eventual corrección posterior, y discrimina a las mujeres y a las personas que se jubilan anticipadamente
– No solo no favorece la equidad, sino que perjudica a los jóvenes, reduciendo su expectativa de pensión, haciéndoles pagar por un progreso del que todos nos beneficiamos
– Si se distingue entre dos generaciones en función de su esperanza de vida, se corre el peligro de acabar teniendo en cuenta también las diferencias entre hombres y mujeres, haciendo pagar a las mujeres por su mayor esperanza de vida
– La Reforma de 2011 no agota sus efectos en 2027. Si incluimos el aumento de la exigencia de años cotizados, el esfuerzo de cotización por año de jubilación de los hombres, sin incluir el FS, es superior al de 2011 hasta 2039 (generación de 1972). Las mujeres deberán esperar hasta 2056 (generación1989).
– Si, a la Reforma de 2011, se añade el FS, el esfuerzo exigido será siempre mayor al de las generaciones anteriores a partir de la de 1960 (al menos hasta 2071, año final de la proyección)
– Los recortes a las pensiones basados en la edad de jubilación o en la esperanza de vida son especialmente regresivos. No tienen en cuenta las grandes diferencias de mortalidad según el monto de la pensión y contribuyen a acentuar la redistribución regresiva que ya se produce. Tampoco tienen en cuenta la desigual distribución de la esperanza de vida entre vida en buena salud y vida con enfermedades o discapacidades
¿Qué hacer?
La evolución de la esperanza de vida es el resultado tal vez más valioso de toda nuestra civilización. Hasta ahora las consecuencias de su aumento continuo han sido muy positivas en todos los ámbitos, especialmente en el de nuestra productividad y nuestra capacidad productiva. El aumento del coste de mantenimiento de la población mayor debe ser considerado como una pequeña contrapartida de las inmensas ventajas anteriores y debe ser distribuido, equitativamente, entre todos.
Una tarea para los economistas especialistas en pensiones podría ser el buscar modalidades de llevar a cabo esta redistribución de la forma más equitativa y adecuada, de manera que contribuya también a mejorar la distribución actual de la renta.
Notas:
1.- Un importante defecto de esta operativa es que utiliza la esperanza calculada para un período (un año dado) y no la correspondiente a la cohorte a la que pertenece el jubilado, lo que, en las circunstancias actuales, sobrestima la pensión inicial. Ver: Ayuso Gutiérrez, Mercedes (2019) “Demografía y pensiones: una relación no convencional”, Economiaz Nº 96, 2º semestre, p. 216, que denomina “tasa de subsidio” a esta diferencia.
2.- Entrecomillado porque hemos considerados reales, además de las observadas, las proyectadas por el INE.
3.- Ver las entradas en su blog dedicadas a las pensiones.
4.- Ver Ayuso Gutiérrez, M. op.cit. Ver también la tesis de Alaminos, E. (2017) Heterogeneidad en la mortalidad y su impacto en el Estado de Bienestar: pensiones y Dependencia. Universitat de Barcelona, en la que se centra en las diferencias según el estado civil.
5.- Lo que no ocurre en países tan avanzados como Estados Unidos que tiene una esperanza de vida inferior a la nuestra. Ver, por ejemplo: National Academies of Sciences, Engineering, Medicine., Tara Becker, Malay Kiran Majmundar, and Kathleen Mullan Harris. High and Rising Mortality Rates among Working-age Adults. 2021. Consensus Study Report Web.
6.- EUROSTAT: consultado 9/11/2023.
7.- Brown, Jeffrey R., 2002. Differential Mortality and the Value of Individual Account Retirement Annuities, in. Distributional Aspects of Social Security and Social Security Reform, edited by Martin. Feldstein, and Jeffrey B. Liebman, University of Chicago Press, 2002. ProQuest Ebook Central.
8.- Ver INE.
9.- Laborde C., Crouzet M., Carrère A., Cambois E (2021) “Contextual factors underpinning geographical inequalities in disability-free life expectancy in 100 French départements”, European Journal of Ageing (2021) 18:381-392.
* Nota original de Economistas Frente a la Crisis. Juan Antonio Fernández Cordón es Doctor en Ciencias Económicas y Experto-Demógrafo por la Universidad de París. Ha sido Profesor de las Universidades de Argel y de Montreal e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el que fue Director del Instituto de Demografía. Ha ejercido también como Director de Estudios y Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid y Director del Instituto de Estadística de la Junta de Andalucía. Ha sido miembro, como experto independiente del Grupo de Expertos sobre demografía y familia de la Comisión Europea y miembro del Consejo Científico del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia.
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