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Varios medios de comunicación. LQS. Mayo 2018
La periodista del medio Izquierda Diario, Verónica Landa, ha sido denunciada por el Jefe Superior de la Policía Nacional en Catalunya, Sebastián Trapote, y ha sido llamada a declarar el próximo 2 de julio en el juzgado de Instrucción 32 de Barcelona. El motivo de la denuncia es una acusación de “calumnias” por un artículo en el que la periodista denuncia el clima de impunidad del que gozan las distintas policías del Estado español a través de varios casos que han terminado en archivos, sobreseimientos o indultos.
Hoy somos varios los medios de comunicación que reproducimos dicho artículo. Lo hacemos por solidaridad con la compañera, pero también en denuncia de todo lo que está ocurriendo alrededor de la Libertad de Expresión, que ha sido derogada de facto. Día a día estamos viendo cómo cantantes, periodistas, twitteros, titíriteros y cualquiera que muestre una visión crítica puede ser el próximo objetivo de gobierno, fuerzas de seguridad y judicatura, ayudados siempre por sus grandes medios de comunicación.
Además, lo compartimos porque estamos convencidos de que si la compañera es una delincuente nosotrxs también lo somos, si informar es delito nos declaramos delincuentes y orgullosos de serlo.
#AmordazanAlaPrensa
El artículo: Impunidad para torturadores ¿novedad o práctica común?
El caso de Moreno García no es excepcional. El número de indultos concedidos por el PP y el PSOE, así como informes de organismos de derechos humanos muestran cómo en el Estado español la impunidad por torturas es habitual
Verónica Landa. Barcelona | @lierolaliero
Héctor Moreno García, nuevo jefe de la Policía Nacional de Cantabria, fue condenado por torturas y detención ilegal en 1994. En 1998 fue indultado por el gobierno de José María Aznar junto a otros policías condenados en el mismo caso.
Otro ejemplo es el de Félix Antolín, nombrado en febrero de este año jefe superior de Policía en Castilla-La Mancha. Antolín está denunciado por vejaciones y acoso laboral a un subinspector.
El nombramiento, en ambos casos, corresponde al ministerio del Interior y, por lo tanto, al ministro Juan Ignacio Zoido. Este declaró el pasado 6 de abril que tiene «muchísima confianza» en Héctor Moreno García. A la vez, remarcaba el compromiso del Gobierno con la «seguridad y la libertad».
El ministro también destacó que tanto la Policía como la Guardia Civil figuran entra las instituciones «más valoradas» por la sociedad y que actúan «con escrupuloso respeto a la legalidad en el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales».
Por su parte Ramón Cossío, portavoz del SUP (Sindicato Unificado de Policía), cree que el asunto de Moreno García se ha «magnificado» y respecto a la condena de 1994 que «era joven y se vería involucrado en algún altercado».
Los informes de entidades como la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, integrada por organizaciones contra la tortura y por los derechos humanos, contabiliza 7.500 casos de denuncias por torturas, trato inhumano o degradante por parte de funcionarios públicos.
Por su parte, Amnistía Internacional denunció casos de abusos
policiales, malos tratos y/o torturas. Todos ellos, sin consecuencia para los puestos de los acusados.
Indultos e impunidad
Otro de los ejemplos de indultos a torturadores es el de Manuel Sánchez Corbi, guardia civil condenado en 1997 a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por las torturas a Kepa Urra en 1992.
Fue indultado en 1999 y llegó a coronel jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El SUP en 2012 lo calificaba como «sucesor del general (Enrique) Rodríguez Galindo en la defensa del espíritu militar de la Guardia Civil, de su consideración como un Cuerpo esencia de la Patria por encima de todas las instituciones». En 2015, Corbi recibió la Legión de Honor del Estado francés en “premio” a su actividad contra ETA.
También está el caso de Sebastián Trapote Gutiérrez, jefe de la Policía Nacional en Cataluña, indultado por la muerte de un sospechoso en 1974. La declaración de Trapote fue considerada inverosímil por la familia del fallecido y lo llevaron a juicio. En 1977 la Audiencia Provincial de Barcelona sobreseía el caso al considerar que los hechos quedaban acogidos a los indultos de 1975 y 1977.
Desde 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en ocho ocasiones por no investigar casos de tortura. Siete de estas condenas se relacionan con casos de torturas y malos tratos durante el régimen de incomunicación a personas acusadas de pertenencia a banda armada y terrorismo. Recordamos también los casos del 4F o Juan Andrés Benítez. En ambos casos, los policías implicados fueron absueltos o su condena reducida.
El Gobierno señala que si en el período 2008-2013 6.903 agentes de Policía y Guardia Civil estuvieron implicados en casos de malos tratos y torturas, solo hay 47 condenas en firme, lo que les lleva a afrimar que el resto se trata de denuncias falsas.
En este sentido, Patricia Goicochea, directora adjunta de Rights International Spain, señala «Que una denuncia sea archivada no significa que sea falsa. Significa que el denunciante no ha podido probar su versión, por lo que en esa afirmación el Gobierno se equivoca. Más todavía con el elevado número de casos en los que se ha demostrado que los juzgados españoles no investigan suficientemente este tipo de denuncias. Por lo tanto, lo que sí se puede decir es que en España se ha torturado porque ahí están las sentencias judiciales».
La reacción del PSOE ante toda la polémica de Moreno García ha sido pedir la comparecencia en el Congreso de Zoido y de Ignacio Coisidó, director general de la Policía, para explicar los criterios por los que se ha producido el nombramiento.
No dicen nada sobre el indulto a Moreno García. Sería irónico, puesto que el PSOE ha indultado desde 1991 al menos a 13 agentes de Policía, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra condenados por torturas, según recoge el diario ‘Público’.
Como observamos, no se puede afirmar que este tipo de “perdón” o impunidad sea puntual o novedoso, al contrario, viene de lejos, y es común. Las fuerzas represivas del Estado siguien siendo el primer grupo de choque a la hora de cortar las libertades de las luchadoras y los luchadores. Y para este fin cuentan con total legitimidad.
El Estado burgués se guarda para sí el monopolio de la violencia y la ejecuta a través de los diferentes cuerpos; Guardia Civil, Policía Nacional, policías autonómicas, etc, que actúan con la total tranquilidad de que se sus actos no serán condenados.
Si el rol represivo de estas instituciones es una constanción diaria en cualquier Estado burgués, en el caso del Estado español añade un punto más detestable, y es su relación con la dictuadura franquista.
La transición pácifica, vendida y bombo y platillo, tan solo fue así para las grandes familias y para las instituciones franquistas que mudaron a “demócratas”, como es el caso de la Policia Nacional, la Guardia Civil, la Audiciencia Nacional… y un sin fin de instituciones que siguen con las mismas estructuras y personalidades que en tiempos de Franco.
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