Sobre el delito de solidaridad. El secuestro de Juana Ruiz como advertencia
Isaías Barreñada. LQS. Mayo 2021
Desde hace años el gobierno israelí ha venido promoviendo una campaña de persecución y de criminalización de las organizaciones palestinas, especialmente de aquellas que prestan servicios en lugares sensibles y denuncian la situación a nivel internacional
Si Israel no mueve ficha, España debería tomar urgentemente medidas diplomáticas firmes y contundentes.
Palestina ha vuelto a las portadas de los periódicos y a los telediarios. Nos llega de nuevo imágenes de los bombardeos Gaza, de la violencia de los colonos israelíes para desalojar a los habitantes del barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén, del asalto policial a la mezquita Al Aqsa, de las manifestaciones provocadoras de radicales sionistas por la Ciudad vieja de Jerusalén… Y en todo ese maremágnum de provocaciones y violencia, sigue interpelándonos muy directamente el caso de una conciudadana española secuestrada desde hace un mes por las fuerzas israelíes de ocupación. En la madrugada del 13 de abril una veintena de soldados israelíes entraron en una casa de Beit Sahur, una pequeña ciudad palestina al sur de Jerusalén, y se llevaron detenida a la ciudadana española Juana Ruiz Sánchez.
Nuestra amiga Juani vive en Palestina desde hace más de 30 años donde ha formado una familia hispano-palestina. Trabaja para una organización popular palestina llamada Comités de Trabajo de la Salud (Health Work Committees) que es sin duda una de las principales redes de salud primaria en los territorios ocupados, complementando la labor del Ministerio palestino de Salud. En la HWC Juani es, desde mediados de los noventa, la encargada de la gestión de proyectos y la búsqueda de financiación externa, en particular en España. La conocen decenas de ONG españolas, comités de solidaridad y agencias regionales de cooperación. Durante más de veinte años sus frecuentes visitas a España han sido la ocasión para que diera charlas y entrevistas. Por la casa de Juana y Elías Rishmawi en Beit Sahur, han desfilado decenas de delegaciones españolas que han visitado los territorios ocupados palestinos.
Juana fue llevada a una cárcel en territorio israelí. Sus abogados y el propio Consulado General de España en Jerusalén tardaron varios días en poder comunicar con ella. Ha comparecido varias veces antes el juez de un tribunal militar y sólo veinte días después de su detención se le comunicaron los cargos: “participar en actividades de una organización ilegal”, “formar parte de la junta directiva de una organización ilegal”, “recibir e introducir dinero en los territorios palestinos” y “recibir dinero con falso propósito”. No deja ser paradójico que una fuerza ilegal de ocupación califique de “organización ilegal” a una organización popular palestina, en territorio palestino y con estatus palestino. Además Beit Sahur es territorio supuestamente bajo autoridad palestina; los israelíes no deberían penetrar en esas localidades, no tienen competencia; la detención fue una violación de los acuerdos. Obviamente su caso ha generado una vasta ola de protesta; miles de personas y centenares de organizaciones e instituciones han suscrito llamamientos por su liberación.
Esto ilustra la realidad cotidiana de los palestinos bajo ocupación y las políticas del ocupante israelí. Estas detenciones arbitrarias, la aplicación de ordenes militares a civiles y la persecución de los activistas palestinos son habituales. Israel ocupa ilegalmente Cisjordania y Gaza desde 1967 y a pesar de haber suscrito la Cuarta Convención de Ginebra, no asume su obligación de aplicarla en los territorios palestinos. Este es un caso totalmente anómalo y extraordinario de ocupación de larga duración, en el que se viola sistemáticamente el derecho internacional humanitario, dando lugar a numerosas formas de violencia diaria.
Las embajadas israelíes tienen instrucciones concretas para actuar. En este marco la campaña popular global por el Boicot, las Sanciones y las Desinversiones (BDS), inspirada en la lucha pacífica antirracista en Sudáfrica, se ha convertido en un peligro estratégico para Israel
Al igual que otros colegas detenidos las semanas previas, se acusa a Juana de captar fondos en el exterior para una organización (HWC) que estaría ligada a un grupo político, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que Israel considera terrorista. Para Israel, la organización de salud serviría para desviar recursos al partido. Cualquiera que conozca un poco la cuestión palestina sabe que, desde la primer Intifada, a finales de los años ochenta, en Cisjordania y Gaza se crearon centenares de organizaciones de salud, desarrollo agrícola, educación… a modo de estrategia de resistencia no violenta y de desconexión de la ocupación. La labor de estas organizaciones populares fue esencial en esos años para prestar servicios a la población palestina bajo ocupación. La mayor parte de ellas, y de manera especial las más grandes, estaban ligadas a las principales fuerzas políticas palestinas. Y nunca fue un problema. Los donantes internacionales, y el gobierno español a partir de 1991, financiaron a esas organizaciones de manera directa o través de ONG. Con la puesta en marcha del proceso de Oslo (1993) y la creación de la Autoridad Palestina a modo de proto-estado, una parte de esa ayuda internacional se reorientó a la cooperación oficial bilateral, pero el sector asociativo siguió siendo muy importante. De esas organizaciones provienen muchos de los actuales dirigentes políticos palestinos y miembros del gobierno.
La HWC ha sido probablemente una de las organizaciones palestinas que más ayuda española han recibido en los últimos 25 años. Decenas de ONG españolas, de todo color y orientación, han trabajado con esta entidad, utilizando fondos del gobierno central, comunidades autónomas y municipios de todo el país [véanse las memorias anuales de la HWC, disponibles en la red]. Numerosos programas de salud primaria, centros de salud en aldeas, dispensarios móviles, programas en la ciudad vieja de Jerusalén, el hospital Al Awda en Gaza… se hicieron realidad y siguen funcionando hasta hoy gracias a la cooperación procedente de España. En gran medida fue el resultado del trabajo de hormiguita de Juana y otros compañeros palestinos. ¿Acaso en 25 años los donantes españoles no sabían las afinidades políticas de las ONG palestinas? ¿Es creíble que el seguimiento y control de los recursos de la cooperación española haya sido incapaz de detectar el desvío de fondos para otros fines? El problema no es ese. Israel busca que la comunidad de donantes (agencia multilaterales y nacionales, Unión Europea, ONG internacionales) dejen de apoyar a las organizaciones populares palestinas porque son una pieza central en la resistencia civil al ocupante que evita el éxodo y combate la desarabización. Y nada más fácil que acusar a las ONG palestinas de apoyo a organizaciones terroristas, y de cómplices a sus financiadores y socios en el exterior.
Desde hace años el gobierno israelí ha venido promoviendo una campaña de persecución y de criminalización de las organizaciones palestinas, especialmente de aquellas que prestan servicios en lugares sensibles y denuncian la situación a nivel internacional. La entidad israelí NGO-MONITOR se dedica desde 2002 a recopilar información sobre quienes financian a organizaciones palestinas e israelíes progresistas, y a publicar unos infumables informes que difunde a nivel internacional. Para ellos cualquier proyecto con palestinos es supuestamente una financiación dirigida a fomentar el antisemitismo y apoyar a grupos anti israelíes y terroristas. En España hemos tenido nuestra porción. En 2013 NGO-MONITOR publicó un primer informe titulado Spanish government funding for NGOs: 2009-2011. Assessing transparency, accountability and impact on Israel, elaborado por Soeren Kern [miembro del neoconservador Grupo de Estudios Estratégicos -GEES-, dirigido por Rafael Bardají, entonces en el PP y hoy en VOX]. Un segundo informe, igual de parcial e incompleto, fue publicado por NGO-MONITOR y ACOM en inglés y español en 2017, titulado Financiación española a ONGs en el conflicto árabe israelí, en el que se denunciaba a toda la cooperación española y ya se apuntaba una identificación entre la HWC y la izquierda palestina. ACOM, una pseudo asociación furibundamente pro-israelí, ha sido la caja de resonancia en España de estos informes y ha organizado sesiones de denuncia a través del Intergrupo parlamentario de Amistad Hispano-Israelí. Afortunadamente, dado su escasa rigurosidad, pasaron sin pena ni gloria y no tuvieron éxito en torpedear la cooperación no gubernamental con Palestina.
El gobierno de Israel se encuentra en una situación delicada, nunca ha tenido peor imagen a nivel internacional. La amenaza existencial al proyecto sionista ya no proviene sólo de enemigos vecinos o del movimiento de liberación palestino sino también de las redes transnacionales que denuncian sus políticas, ponen en evidencia el sistema de apartheid y recuerdan el carácter colonial del proyecto sionista. El Ministerio israelí de Asuntos Estratégicos es el encargado de promover las operaciones de propaganda y de presión contra los grupos que, a nivel internacional, cuestionan las políticas israelíes. Las embajadas israelíes tienen instrucciones concretas para actuar. En este marco la campaña popular global por el Boicot, las Sanciones y las Desinversiones (BDS), inspirada en la lucha pacífica antirracista en Sudáfrica, se ha convertido en un peligro estratégico para Israel.
Por eso vincular a las organizaciones sociales palestinas con grupos político-militares de la resistencia palestina es un recurso fácil y de alto impacto. Israel etiqueta como organización terrorista al Frente Popular para la Liberación de Palestina y a otras organizaciones políticas palestinas. A su vez, el Consejo de la Unión Europea, en su más que discutible lista de organizaciones terroristas, también incluye a FPLP, dando lugar a una situación surrealista e incoherente: el Frente es un integrante de la OLP, con quién la Unión Europea tienen relaciones plenas.
Palestina es un país prioritario en la política exterior de España, tanto en materia político-diplomática como en cooperación. Enormes montos de ayuda han sido canalizados al gobierno palestino y a las organizaciones populares. España apoya el establecimiento de un Estado palestino en Cisjordania y Gaza aunque, hasta el día de hoy no se haya atrevido a dar el paso del reconocimiento oficial [en noviembre de 2015 Pedro Sánchez declaraba: “Reconoceremos al Estado palestino cuando sea presidente del Gobierno”]. Confiemos en que el Ministerio español de Asuntos Exteriores y la Unión Europea sean conscientes de que el caso de Juana Ruiz es un ataque por parte de Israel a la cooperación española y europea con el pueblo palestino, en particular a través de Organizaciones No Gubernamentales europeas y palestinas.
Israel quiere torpedear la solidaridad, impedir las visitas a los territorios ocupados, amedrentar a los activistas, acabar con las flotillas de la libertad que rompen el cerco a Gaza, acallar las campañas de denuncia contra las empresas que actúan bajo ocupación…. y a la postre, provocar que los gobiernos y la UE suspendan la financiación a las organizaciones sociales palestinas. Con el trabajo comunitario, de educación, de salud o de defensa de los derechos humanos, los palestinos resisten día a día la ocupación y la limpieza étnica. No podemos aceptar que se imponga el delito de solidaridad con la resistencia civil y pacífica a la ocupación.
El caso de Juana Ruiz es tan importante como el de sus compañeros del HWC u otros activistas detenidos arbitrariamente. Pero para la ciudadanía española es la ocasión de exigir un cambio radical en las relaciones bilaterales entre España e Israel. Juana debe ser liberada de inmediato porque el ocupante israelí no tiene legitimidad para detenerla ni juzgarla. Estas prácticas corresponden aun régimen que claramente puede ser calificado de apartheid, como han recordado recientemente las organizaciones de derechos humanos B’tselem y Human Rights Watch. La gran catástrofe palestina (nakba) ocurrida hace 73 años, y que se conmemora dentro de unos días, no concluyó, sigue día a día ante la pasividad de la comunidad internacional.
Basta de contemplaciones. Si Israel no mueve ficha, España debería tomar urgentemente medidas diplomáticas firmes y contundentes. Y recordemos que la solidaridad no sólo es un derecho de los ciudadanos sino también una obligación de los estados, establecida en declaraciones internacionales, resoluciones de Naciones Unidas y dictámenes de la Corte Internacional de Justicia, para contener e impedir la violación del derecho internacional por un régimen colonial y ocupante.
* Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Es coautor del libro Entre España y Palestina. Revisión crítica de unas relaciones. Barcelona, Bellaterra, 2018. @IBarrenada. Nota original de Nueva Tribuna
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