16-sep: Macrojuicio al movimiento por los derechos del Colectivo de Pres@s vasc@s
Redacción. LQS. Abril 2019
“Esta causa judicial nacida en las cloacas del Estado es una aberración jurídica y social. Nuestra labor ha sido totalmente pública, y ha tenido unos objetivos claros: que los derechos de los y las presas políticas vascas sean respetados, para consolidar de una vez una situación de paz y justicia en Euskal Herria”
El juicio contra 47 personas ligadas a la defensa de los derechos de los presos arrancará el 16 de setiembre. Será en la Audiencia Nacional donde se juzguen a las 47 personas relacionadas con la defensa de los derechos de los presos, y según lo previsto se prolongará, como mínimo, durante tres meses. La Fiscalía solicita penas de entre 8 y 20 años de prisión para cada uno de los encausados, sumando, en total, 601 años
Los imputados en el sumario 11/13 se encuentran en libertad provisional, a la espera del juicio, a pesar de que hace seis años la Guardia Civil detuvo a algunos de ellos. Desde entonces han comparecido cada 15 días en diferentes sedes judiciales y tal y como han recordado en el comunicado enviado este mismo jueves, en ese tiempo no han podido salir del Estado español.
Entre los procesados están los abogados Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Alfonso Zenon, Kepa Mancisidor, Eukene Jauregi, Ainhoa Baglietto, Arantxa Aparicio, Onintza Ostolaza, Aiert Larrarte, Ane Ituiño, Haizea Ziluaga, Amaia Izko, Jaione Carrera y Atxarte Salvador, arrestados en enero de 2015. De esa misma redada están procesados Fran Balda, Jon Mintegiaga, Javier Carballido y Nagore San Martín. La Audiencia Nacional también juzgará a José Luis Campo, Asier Aranguren, Aitziber Sagarminaga, Egoitz López de Lacalle, Aintzane Orkolaga, José Miguel Almandoz y Naia Zuriarrain, detenidos junto a Enparantza y Zulueta en la operación contra los mediadores de EPPK en enero de 2014.
Amaia Esnal, Eneko Ibarguren, Ekain Zubizarreta, Robeto Noval, Ibon Meñika, José Antonio Fernández, Oscar Sanchez, Gorka González, Jon Garai, Sergio Labayen, Manu Ugartemendia, Eneko Villegas, Nagore García, Jesús Mari Aldunberri, Beñat Zarrabeitia, Ane Zelaia, Imanol Karrera son los procesados detenidos en la redada contra Herrira en setiembre de 2013. La lista la completan Fernando Arburua, Oihana Barrios, Izaskun Abaigar y Nagore López de Luzuriaga.
Fran Balda se enfrenta a la mayor pena, con una petición fisca total de 20 años y medio. El Ministerio fiscal argumenta la acusación en una presunta «participación activa en organización terrorista» (11 años), «continuado de enaltecimiento del terrorismo» (dos años y seis meses), «financiación del terrorismo» (seis años) y «quebrantamiento de medida cautelar» (11 meses). Le siguen, Javier Carballido y Nagore San Martín, que afrontan unas solicitudes de 17 años, 11 por «participación activa» y seis por «financiación del terrorismo». Para el resto de encausados, las solicitudes van desde 8 hasta 15 años.
“Nos juzgan por organizar movilizaciones a favor de los derechos de los presos, por defenderlos en juzgados, por realizar intermediaciones y por ser familiares de ellos”, han denunciado.
“Esta causa judicial nacida en las cloacas del Estado es una aberración jurídica y social. Nuestra labor ha sido totalmente pública, y ha tenido unos objetivos claros: que los derechos de los y las presas políticas vascas sean respetados, para consolidar de una vez una situación de paz y justicia en Euskal Herria”
También han encuadrado la situación actual de los presos políticos vascos en «la terrible involución» que se está produciendo a nivel mundial. En esa línea han hecho mención a los casos de Altsasu y Catalunya. «No permaneceremos inmóviles. Denunciaremos la injusticia que supone este juicio donde y cuando sea necesario». En la misma línea, han reafirmado su compromiso con «una Euskal Herria sin ningún tipo de violencia».
Síguenos en Facebook: LoQueSomos Twitter@LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb
El editorial del diario GARA de hoy, vale la pena leerlo:
Un macrojuicio que nadie entiende ni debe aceptar
2019/04/12
Un nuevo macrojuicio político se anuncia para septiembre de este año. Esta vez serán juzgadas 47 personas para las que la Fiscalía solicita penas de prisión que van desde los 8 hasta los 20,5 años. Un castigo tremendo simplemente por haber realizado una labor relacionada con la defensa de los derechos de los presos políticos vascos. No hay más que ver quiénes son estas personas: abogados, médicos, activistas sociales, familiares de presos…
Se trata de la última macrocausa que se ha instruido al amparo de la doctrina de «todo es ETA». Durante los últimos veinte años, esa ha sido la excusa para atacar al independentismo vasco. Una tesis absurda desde el principio, pero se ha convertido en directamente delirante tras la desaparición de esa organización. No cabe olvidar que todas las detenciones de las personas procesadas en esta causa se produjeron después de que ETA anunciara el fin de su acción armada en 2011, lo que demuestra la voluntad de seguir recreando el pasado. Pero también conviene recordar que el Estado ha demostrado que, cuando hay no ya voluntad política sino puro sentido común, caben soluciones; la reforma del Código Penal que rebajó grados de condena para los «delitos menos graves» ha resuelto algunos de estos macroprocesos sin llenar más las cárceles.
Es evidente que este macrojuicio pretende, una vez más, castigar y criminalizar cualquier muestra de solidaridad con las y los prisioneros vascos. Pero a pesar del titánico esfuerzo que ha dedicado el Estado a esta tarea, los derechos de los presos se han convertido en una de las reivindicaciones más amplias y mayoritarias en la sociedad vasca. Las enormes movilizaciones que durante los últimos años han protagonizado estas demandas así lo atestiguan. También por este motivo, nadie en Euskal Herria entiende que se celebre este juicio anclado en caducos esquemas del pasado. Y todavía menos se entendería que este proceso terminase con nuevos encarcelamientos.
https://www.naiz.eus/eu/iritzia/editorial/un-macrojuicio-que-nadie-entiende-ni-debe-aceptar