Colombia: el ocaso del clan Char
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Por Pedro Santana Rodríguez*.
Uno de los mayores problemas políticos y sociales por los que atraviesa el país tiene que ver con la existencia de poderosos clanes regionales que son determinantes en la composición tanto de los poderes económicos como de los poderes políticos en diversas regiones del país
En una muy documentada investigación de la fundación PARES, Paz y Reconciliación, el actual senador por la Alianza Verde, Ariel Ávila, estudió este fenómeno y encontró la existencia de 54 clanes regionales que determinan el poder político en gobernaciones y alcaldías en diversos departamentos del país.
Así se habla del Clan Genecco en el Cesar, pero que tuvo su origen en la Guajira con el llamado clan Genecco Cerchar que ha dominado la política regional en estos dos departamentos de la Costa Caribe, como se habla también de los clanes de los Cote y los Vives en el Magdalena, el clan de los Elías en Córdoba, o el clan de los Guerra, los Tulena, García Romero y Acuña en el departamento de Sucre o el clan de los Blel Saad y los García, en Bolívar, o el Clan de Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca, pero de todos ellos el más poderoso es el Clan de los Char en Barranquilla y en el departamento del Atlántico que se fue extendiendo a los siete departamentos de la Costa Caribe.
En las elecciones de 2018 el Clan Char obtuvo 11 congresistas y en las elecciones de 2019 obtuvo la Alcaldía de la ciudad de Barranquilla con Jaime Pumarejo y la gobernación del Atlántico con Elsa Noguera. Este clan no es solo un clan político sino un emporio económico el más importante del Atlántico con una cadena de supermercados, una cadena de emisoras y un equipo de fútbol, de modo que, al clientelismo y la compra de votos, suma la gestión de los recursos económicos de la ciudad y del Departamento. Muchas denuncias sobre manejo corrupto de los recursos públicos se han hecho sobre el Clan Char, pero ninguna ha progresado toda vez que una característica de estos Clanes regionales es que han tomado bajo su control las sedes regionales de los organismos de control. Ellos son los que nombran a los fiscales regionales, los delegados departamentales de la procuraduría General de la Nación, así como de la Defensoría del Pueblo y controlan también los tribunales de justicia regional, por eso pueden actuar en la más completa impunidad. El Clan Char logró poner como procuradora General de la Nación a Margarita Cabello Blanco quien se posesionó el 15 de enero de 2021.
Este Clan ha sido denunciado además por presuntas relaciones con los grupos paramilitares, uno de los sobrinos del patriarca del Clan, el dos veces senador de la República Fuad Char, David Char Navas quien fue senador y representante a la Cámara por el Clan Char y actualmente se ha sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, donde se ha comprometido a esclarecer las conductas que realizo como congresista para favorecer y defender los intereses de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, entre el año 2002 y el 29 de octubre de 2008 fecha en la cual renunció al Congreso de la República. De modo que las fechorías del Clan no son meras especulaciones, sino que tanto la Corte Suprema de Justicia como la JEP están investigando las relaciones de este excongresista con varios asesinatos, despojos y demás vejámenes cometidos por los grupos paramilitares en el departamento del Atlántico y en la Costa Caribe.
Arturo Char investigado por concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados
El miércoles seis de septiembre la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención preventiva intramural contra el exsenador Arturo Char Chaljub, investigado por presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados. En su decisión, la Sala libró orden de captura internacional con el propósito de hacer efectiva la medida contra Char Chaljub, y circular roja ante la Secretaría General de la Interpol, debido a que actualmente el procesado fijo su lugar de residencia en los Estados Unidos, de donde tiene la respectiva nacionalidad.
Los hechos por los cuales se libra la orden de medida de aseguramiento se remontan al mes de octubre del año 2017 por compra de votos en el departamento del Atlántico en el que presumiblemente actuó en compañía de Aida Merlano ya condenada por estos mismos hechos a quince años de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia. En esa investigación se ha vinculado a Julio Gerleín quien habría suministrado parte del dinero para cometer este delito. Los votos tenían como destino asegurar la elección de Aida Merlano y Arturo Char al Senado y de Lilibeth Llinás Delgado a la Cámara de Representantes. De esta forma dice el comunicado de la Sala de Instrucción de la Corte, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática, a través de la compra de votos para estos tres candidatos.
Las pruebas, agrega el comunicado de la Corte Suprema, recaudadas hasta el momento en la investigación proveen el estándar mínimo para sustentar de manera adecuada la razonabilidad de la medida de aseguramiento contra Arturo Char Chaljub, por lo cual esta es idónea, necesaria y urgente, sin que resulte procedente sustituirla por una detención domiciliaria, ni por medidas no privativas de la libertad. La determinación también obedece al comportamiento del investigado que pone en duda su normal comparecencia al proceso, así como a riesgos advertidos en la práctica probatoria y en la actividad investigativa.
La vida y vigencia de los Clanes regionales obedece a dinámicas regionales y nacionales. En el plano regional a la estructuración de redes clientelares con los recursos públicos que se usan para fidelizar apoyos políticos a cambio de empleos públicos y/o privados como el Clan Char en sus empresas, subsidios y demás prebendas a los electores, a la compra masiva de votos y a las alianzas con grupos ligados a las economías ilícitas sobre todo a las actividades ligadas con el narcotráfico y los grupos paramilitares. De esta forma se estructuran verdaderas redes regionales de corrupción donde se roban parte de los recursos públicos ligados a la contratación de las obras que se ejecutan con dichos recursos. Es todo un entramado regional de corrupción.
En el plano nacional los partidos tradicionales se ligan a los Clanes Regionales para garantizar su apoyo en el Congreso de la República y el respaldo a sus políticas gubernamentales, a cambio reciben del gobierno nacional la dirección de los institutos descentralizados como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, el Sena, la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, las partidas regionales, y los clanes desde los poderes regionales saquean en contubernio con las EPS los recursos de la salud como ocurrió en Córdoba con el llamado cartel de la hemofilia o el cartel de enfermos mentales en Sucre, solo para mencionar dos casos recientes o se entrega el manejo de programas como el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en los departamentos para que sean administrados por estos Clanes Regionales. Como ya indicamos se entregan además a estos clanes regionales el manejo de los organismos de control y el poder judicial regional con lo cual tienen garantizada la impunidad para sus conductas ilícitas. Es un verdadero negocio en que a cambio de respaldo político a los gobiernos nacionales de turno se entrega el poder a estos clanes que de esta manera se hacen hegemónicos en sus regiones.
Será tal el poder de estos clanes regionales que los procesos de investigación sobre fenómenos como la parapolítica no llegó a afectarlos de manera significativa a pesar que fueron condenados 62 parlamentarios sin que las investigaciones llegaran a afectarlos de manera importante. La labor de una nueva fiscalía será precisamente la de actuar sobre estas organizaciones criminales y corruptas. Por lo demás es el temor que tienen con la terna presentada por el presidente Gustavo Petro para la elección de una nueva fiscal general de la Nación.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
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