Borbones: una alta traición continuada

Por Arturo del Villar.

En la mañana del 13 de setiembre de 1923 se hizo público el manifiesto titulado “Al país y al Ejército españoles”, que anunciaba el comienzo de la primera dictadura militar del siglo XX en España

Centenario de la mayor traición borbónica a España

A su frente estaba el capitán general de Catalunya, general Miguel Primo de Rivera, pero todos los ciudadanos sabían que era una simple marioneta del rey Alfonso XIII. En Barcelona se declaró el estado de guerra, y en Madrid tomó el poder un Directorio militar. No se disparó ni un solo tiro, precisamente por el convencimiento común de que se trataba de un golpe de Estado palatino. El general Primo tuvo la desfachatez de declarar: “Nos adelantamos a hacer esta revolución para que no la haga el pueblo.”

El rey estaba de veraneo en San Sebastián, y regresó a Madrid el 14, con lo que parecía que se hallaba al margen de lo sucedido en Barcelona. No tomó ninguna medida contra los golpistas. Aceptó la dimisión del Gobierno y convocó a Primo para celebrar una reunión. Llegó el 15 a la capital, cuando el rey firmó un real decreto otorgando a Primo “el cargo de presidente del Directorio militar, encargado de la gobernación el Estado”. Así Alfonso XIII se puso al frente del golpe de Estado, cometiendo la mayor traición a España: suspendió la Constitución que en 1902 juró guardar y hacer guardar, y cerró las Cortes para anular el poder popular.

En Madrid solamente el minoritario pero muy activo Partido Comunista y la CNT hicieron un llamamiento a la huelga general que no fue secundado. El Partido Socialista y la UGT recomendaron prudencia en espera de ver lo que hacía el Directorio: fue un anticipo de la colaboración que enseguida le prestarían, lo que también constituye una traición a España.

Rasgos de una dictadura

Los medios de comunicación de derechas no solamente aplaudieron el golpe, sino que azuzaron a los militares para que actuasen con mano dura contra quienes, en su opinión, alteraban el orden público. Nada extraño, como siempre las dos españas enfrentadas.

Algunos tratadistas juzgan con gran benevolencia esta dictadura militar, por comparación con la instaurada tras la guerra en 1939, que fue sanguinaria y causó un genocidio de los republicanos de varias clases. Pero eso no pude hacer olvidar que el régimen dirigido por el genera Primo fue una terrible dictadura, que encarceló a muchos ciudadanos honrados, desterró a otros, impuso una férrea censura, cerró medios de comunicación, persiguió a los partidos políticos y sindicatos izquierdistas, consideró perniciosos y cerró universidades, ateneos y centros obreros, y en resumen, abolió las libertades públicas. El que fuera más perniciosa la dictadura fascista iniciada en 1939 no elimina la fiereza de la organizada por Primo.

El interés de Alfonso XIII por impulsar el golpe de Estado de su marioneta militar se debía a su propia pervivencia. El 1 de octubre de 1923 el Congreso iba a discutir el dictamen de una comisión de 21 miembros que analizó la catastrófica actuación del Ejército colonial en Marruecos.

Aunque el rey no participó en las operaciones bélicas, dio órdenes desde la comodidad de su palacio que resultaron derrotas. El general Juan Picasso fue encargado de redactar un informe sobre el conocido como desastre de Annual, ocurrido en julio y agosto de 1921, que acusaba directamente al rey. Por eso Alfonso de Borbon quiso disolver las Cortes para impedir su lectura con la conclusión inevitable de culpabilidad.

Fue tan eficiente el dictador en la protección del rey, que el 6 de octubre de 1929 la Gaceta de Madrid insertó un real decreto por el que se concedía al general Primo el collar de la Real Orden de Isabel la Católica. Hasta que el monarca pensó que el dictador tenía demasiado poder, y se había convertido en una amenaza, por lo que decidió librarse de él.

Para el rey sus vasallos, incluidos los ministros, eran objetos sin valor de usar y tirar. Se hizo célebre la frase con la que Primo devaluó el poder del rey: “A mí no me borbonea éste”, pero es claro que lo borboneó, hasta hacerle dimitir el 28 de enero de 1930. Culminada la traición deja de ser útil el traidor. Se fue a morir a París, lejos del Borbón.

Condenado el gran traidor

El mayor traidor en esta tragedia fue Alfonso de Borbón, el urdidor del golpe de Estado cumplido por su fiel marioneta. No puede sorprendernos, conocida la trayectoria de la dinastía borbónica. Está comprobado que los borbones juran todo lo que les proponen para ocupar el trono, y después hacen su real gana sin temor a un perjurio. Así lo valoraron las Cortes Constituyentes de la República al crear una Comisión de Responsabilidades el 27 de agosto de 1931, para examinar las posiciones del monarca en relación con la guerra en Marruecos, la política social en Catalunya, el proceso de Jaca con ejecuciones de militares, el golpe de Estado de 1923 y la intervención en las actividades de la dictadura.

Comenzó la sesión el 19 de noviembre de 1931 y terminó a las 3,45 de la madrugada del viernes día 20. Por aclamación fue aprobado el dictamen que en su parte fundamental prescribe:

Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico de su país, y, en su consecuencia, el Tribunal soberano de la Nación declara solemnemente fuera de la Ley a D. Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional.
Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar legalmente ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declara decaído, sin que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores.

Esta sentencia fue publicada en el diario oficial, la Gaceta de Madrid, el 28 de noviembre, página 1250. Está ajustada a Derecho, fue aprobada por las Cortes legítimamente constituidas, y no ha sido derogada por otra sentencia del mismo rango, por lo que todavía está vigente. En consecuencia, el llamado rey Felipe VI no lo es legalmente. Pero han cometido tantas ilegalidades los borbones que no puede sorprendernos una más.

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