A 40 Años de la movilización solidaria internacional por la Revolución Sandinista
Por Agencia LQSomos
Nicaragua se encuentra nuevamente atenazada por una feroz y corrupta dictadura familiar, pero las voces de condena a este régimen, que se presenta
ante el mundo como “revolucionario”, siguen siendo débiles y carentes de efectividad…
Comunicado del 2º Encuentro de internacionalistas y cooperantes del Estado Español en la Nicaragua de los años 80 y 90 – Gaspar García Laviana
En memoria del cura guerrillero Gaspar García Laviana,
que hoy cumpliría 83 años
Quienes nos hemos reunido hoy aquí, que acudimos solidariamente a Nicaragua en los años 80 y 90 en apoyo de una revolución que ilusionó al mundo y que sembró un cambio profundo a favor del pueblo en una tierra asolada por el somocismo y su aliado el imperialismo norteamericano, reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense, al tiempo que, desde nuestras mismas convicciones progresistas, denunciamos la actual deriva represiva y totalitaria del régimen orteguista.
Tras cuatro períodos consecutivos de abusos y fraudes electorales, desde 2007 se ha instalado una nueva edición de autoritarismo, soberbia desmedida y aferramiento al poder, similar al oscuro período de la dictadura somocista. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha llegado incluso a la desfachatez de encarcelar a los principales candidatos de la oposición antes de las últimas elecciones presidenciales (2021).
En medio de una corrupción generalizada y una represión sin precedentes, todos los derechos humanos fundamentales han sido conculcados. A partir del levantamiento popular pacífico de 2018, las fuerzas represivas (formales e informales), asesinaron a más de 350 personas y cientos de miles de nicaragüenses se han visto forzados a emigrar y exiliarse, en muchos casos para salvar sus vidas.
El destierro y el despojo de la nacionalidad a más de 451 ex presos/as políticos/as, destacados opositores y personalidades académicas e intelectuales, defensores de DDHH, colectivos de mujeres, religiosos, miembros de todos los estamentos de la sociedad civil, a los que además se les confiscan sus bienes, se cancelan sus pensiones de jubilación y se les condena a padecer toda clase de calamidades económicas, es parte del arsenal represivo de la dictadura.
No existe en Nicaragua libertad de expresión, de asociación, de prensa y de movilización. Tampoco hay ningún medio escrito independiente; la educación superior ha sido severamente atacada con la confiscación de la UCA en agosto de 2023 y de docenas de otras instituciones superiores privadas. El Estado de Derecho es inexistente y se carece de institucionalidad y separación de poderes.
Más de 5.000 ONGs, todas las que no se someten al control de la pareja presidencial, han sido ilegalizadas y clausuradas, lo que afecta gravemente el desarrollo de programas que beneficiaban a la sociedad civil, en particular a mujeres, jóvenes y niños. La cooperación internacional es prácticamente inexistente.
Es de resaltar la política represiva contra las mujeres, especialmente reflejada en la criminalización del aborto en todas sus formas; los elevados índices de feminicidios y violaciones; la falta de recursos y programas de protección de las niñas y adolescentes. La tortura sistemática a las presas políticas merece un capítulo aparte.
El endeudamiento, la falta de oportunidades de empleo y el condicionamiento de este a la fidelidad política, marcan el panorama económico en el que la economía sumergida y el empleo informal constituyen el 80% de la actividad laboral. Las remesas alcanzan un 27% del PIB (según el Banco Mundial), lo que paradójicamente se ha convertido en un balón de oxígeno para el régimen. Mientras tanto los raquíticos salarios no cubren más que 1/3 de la canasta básica y la pobreza aumenta a pasos agigantados.
Paralelamente, la casta en el poder sigue enriqueciéndose y apropiándose de los bienes públicos y de los expoliados a los opositores, lo que beneficia particularmente al entorno familiar inmediato de la pareja Ortega-Murillo.
Hay que subrayar que la represión política no perdona tampoco ninguna opinión o crítica dentro de su propio partido. La reciente muerte del Gral. Humberto Ortega, fundador del Ejército Popular Sandinista y hermano de Daniel Ortega, fallecido en absoluta soledad con el hospital como cárcel, ilustra claramente que nadie está a salvo de los abusos y desmanes de un régimen sin escrúpulos.
Nicaragua se encuentra, en suma, nuevamente atenazada por una feroz y corrupta dictadura familiar, pero las voces de condena a este régimen, que se presenta ante el mundo como “revolucionario”, siguen siendo débiles y carentes de efectividad. Urge una acción decidida de pueblos y gobiernos que respalden a la población nicaragüense víctima de tantos desmanes y abusos y que lleve al desmantelamiento del régimen; la liberación de todos los presos políticos, así como la vuelta de las personas exiliadas y desnacionalizadas con la recuperación de su plena ciudadanía; la refundación de un Estado de Derecho y el enjuiciamiento y castigo a los culpables por crímenes de lesa humanidad.
Dado en la parroquia de San Carlos Borromeo en Vallecas (Madrid), a 8 de noviembre de 2024.
Firmas:
Javier Amor, Javier Arjona, Pep Centelles, Carles Comas, Mercedes de Castro, Manuel de La Iglesia-Caruncho, Montserrat Fernández, Montserrat Figuerola, Rosa García Cubero, José Ramón González Parada, Pilar Jaime, Ángel Marcos, Juan Martínez de Velasco, Jordi Mena, Elvira Mensat, Luis Nieto Pereira, Antonio Pérez, Montserrat Rafanell, Manuel Rodríguez, Adolfo Rodríguez Gil, Luz Romero, Roser Solá, Luis Suárez-Carreño, Raquel Vega, Catalina Victory.
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