Al Ministerio de Defensa no le gusta lo público, apuesta por lo privado
Por Agencia LQS
En los pliegos publicados además no se establecen los servicios que la concesionaria podrá subcontratar ni los términos en los que deberá hacerlo; se establece una disposición “en blanco” que deja manos libres para realizar y disponer del edificio con plena libertad y sin sujeción real a ningún control durante 75 años…
Ayer martes, 17 de diciembre, la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en defensa de la Sanidad Pública y la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad han presentado la DENUNCIA ante los JUZGADOS DE LO PENAL sobre la concesión demanial realizada por el Ministerio de Defensa a la Fundación Jiménez Díaz por un período de 75 años.
Nota de prensa:
Presentamos denuncia ante los juzgados de instrucción de Madrid por la cesión por parte del Ministerio de Defensa de un edificio público a la Fundación Jiménez Díaz, perteneciente al grupo Quironsalud
Desde la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad y la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad Pública hemos presentado este 17 de diciembre de 2024 una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid por la cesión por parte del Ministerio de Defensa de un complejo hospitalario de más de 24.000 metros cuadrados a la Fundación Jiménez Díaz, perteneciente al Grupo Quirónsalud, absorbido en marzo de 2016 por la empresa alemana Helios Kliniken GmbH, perteneciente al grupo alemán Fresenius SE & Co KgaA.
El Ministerio de Defensa, titular del inmueble que ocupa una manzana completa entre las madrileñas calles Joaquín María López, Isaac Peral, Donoso Cortés e Hilarión Eslava, y que se mantenía en desuso en su mayor parte desde hace más de 20 años, ha adjudicado a la Fundación Jiménez Díaz, único concursante, una concesión demanial por un periodo de 75 años.
Son varios los elementos que rodean esta cesión de una propiedad pública a la empresa privada que podrían ser indicios de la comisión de delitos y por los cuales hemos querido poner en conocimiento de los Juzgados la operación de cara a que se desarrolle una efectiva investigación sobre lo ocurrido y las implicaciones sobre el erario público.
Por un lado, la contraprestación que tendrá que satisfacer la Fundación perteneciente al grupo Quirónsalud por la explotación del edificio público asciende a 170 millones de euros, que será abonado de forma periódica en cuotas anuales durante todo el periodo de concesión. Esta contraprestación es inusualmente baja con un coste medio mensual de 8€/m2 y no prevé ningún coeficiente de actualización con el paso de los años. Por ello, una cesión en estas condiciones podría representar una pérdida para el erario público del 80,1% en los próximos 25 años sobre el precio anual, y sucesivamente mayores pérdidas aún durante los restantes 50 años del contrato.
Por otro lado, la justificación que hace el concurso público es vaga y genérica, recogiendo únicamente la necesidad de dar uso al inmueble vacío. Siendo un Hospital, y estando en el centro de Madrid, muy cerca del Clínico San Carlos, ¿No habría sido más lógico mantenerlo como infraestructura para el saturado y deteriorado sistema público de Salud Madrileño, por ejemplo? ¿Por qué a una fundación privada y no a una administración pública? La falta de justificación y la ausencia de un estudio de necesidades y posibles usos del edificio, convierten esta concesión en un acto presuntamente arbitrario.
Además, denunciamos que sólo acudió un único licitador, la UTE Jiménez Díaz, de la cual no se ha hecho público ni tan siquiera qué empresas conforman este Unión Temporal de Empresas, además de la Fundación dependiente del grupo Quirónsalud. Por otra parte, el máximo legal de duración de una UTE es de 25 años, lo cual choca con el hecho de que a ésta se le ha concedido la concesión por 75 años.
En los pliegos publicados además no se establecen los servicios que la concesionaria podrá subcontratar ni los términos en los que deberá hacerlo; se establece una disposición “en blanco” que deja manos libres para realizar y disponer del edificio con plena libertad y sin sujeción real a ningún control durante 75 años.
Por todo ello, entendemos que con esta denuncia ciudadana debe abrirse una investigación con apoyo del Ministerio Público que aclare los términos de esta concesión de un enorme trozo de patrimonio público, y si ésta ha cumplido con todas las exigencias legales y se ha respetado los principios de la contratación pública y el interés general o si, por el contrario, puede haber supuesto la comisión de delitos de ámbito económico para satisfacer intereses privados.
Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad / Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad Pública
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