Al nuevo gobierno
Libres-Cantabría. LQS. Junio 2018
El gobierno debe decretar una amnistía social inmediata, porque no pueden considerarse delitos las causas que las llevaron a la cárcel o a ser sancionadas y, por tanto, no pueden figurar como antecedentes penales
Exigencias para recuperar condición de Estado Social Democrático de Derecho. Comunicado…
LIBRES, la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión, quiere dirigirse al nuevo Gobierno para dejar constancia de que no nos vamos a olvidar de que el señor Pedro Sánchez abrió su discurso de moción de censura reivindicando el artículo 1 de la Constitución en el que se define a España como un Estado Social Democrático de Derecho, que incluye la Libertad, la Justicia, el Pluralismo político y la Igualdad. Si bien es cierto que LIBRES considera necesaria una reforma constitucional y piensa que ésta se debería hacer por medio de un proceso constituyente con participación de la ciudadanía, reconoce la validez de ese artículo 1 de la actual Constitución, así como su total incumplimiento, sobre todo en los últimos años.
Las últimas legislaturas del PP, además de generalizar la corrupción hasta niveles bochornosos, han conducido a este país al empobrecimiento, al desmantelamiento de servicios sociales y a un recorte de libertades y derechos sin precedentes desde la transición. Hoy decenas de personas cumplen penas de cárcel o permanecen durante mucho tiempo en prisión preventiva en espera de juicio, cientos han sido condenados a penas de prisión aunque no hayan entrado en la cárcel por ser penas inferiores a dos años y miles han sido sancionadas económicamente, siempre por causas políticas, por ejercer la libertad de expresión, reunión o manifestación o por desobedecer leyes injustas.
Se han reformado, además, leyes como la Ley de Seguridad Ciudadana -complementada con la Ley de Seguridad Privada- o el Código Penal (Leyes Mordaza) para reforzar la represión, abrir las puertas a la arbitrariedad e impunidad policial y convertir en terrorismo cualquier acto de subversión y en delito de odio cualquier crítica a los representantes de las instituciones o de los cuerpos de seguridad del Estado.
Leyes como la de Enjuiciamiento Criminal o del Poder Judicial, que han contribuido a reforzar el control político sobre la judicatura con el fin de judicializar la política a su servicio.
Se han desarrollado mafias policiales, favorecido las posiciones más retrógradas de la Iglesia Católica y desenterrado -con la ayuda de Ciudadanos- el chovinismo españolista más burdo.
Lo que hereda, por tanto, este nuevo Gobierno es un Estado autoritario con un rancio sabor “nacional-católico” que se parece bastante al régimen franquista, si obviamos la maltrecha y desprestigiada monarquía y el escaparate institucional cuya sucia cristalera apenas nos deja ver lo que hay detrás.
LIBRES, por tanto, entiende que la recuperación del Estado Social Democrático de Derecho no puede lograrse con medidas maquilladoras que pretendan ser más resultonas que eficaces.
Requiere varias operaciones quirúrgicas agresivas, valientes, que nos convenzan del talante progresista del que presume el PSOE.
Lo más urgente, sin lugar a dudas, es la excarcelación de todos los presos políticos y la supresión de las sanciones impuestas por el ejercicio de la libertad de expresión, reunión, manifestación y huelga, por desobediencia civil y lucha por los derechos básicos.
El gobierno debe decretar una amnistía social inmediata, porque no pueden considerarse delitos las causas que las llevaron a la cárcel o a ser sancionadas y, por tanto, no pueden figurar como antecedentes penales.
En segundo lugar, debe derogar las leyes represoras, principalmente las Leyes Mordaza de la última legislatura (Ley de Seguridad Ciudadana, las reformas del Código Penal, la Ley de Seguridad Privada, la Ley de Enjuiciamiento Criminal), pero sin olvidar el artículo 315 del Código Penal anterior, que a pesar de ser preconstitucional y limitador del derecho de huelga continuó vigente desde 1977.
Debe revisar igualmente aquellos aspectos de las leyes precedentes que limitaban los derechos individuales (Ley de la Patada en la Puerta).
Reforzar la independencia judicial garantizando la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, objetivando el sistema de nombramientos de altos cargos de la judicatura, suprimiendo los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos, tal y como reivindican todas las asociaciones de jueces, juezas y fiscales.
Deberá, además, limpiar las cloacas del Ministerio del Interior, cuya porquería (mafias policiales, brigadas políticas, montajes, listas negras…) salió a la luz tras la caída y encarcelamiento del ex-comisario Villarejo, y que debería incluir la revisión y asunción de responsabilidades por montajes como los de Alfon, condenado a cinco años de los que lleva cumplidos más de tres y cuya prueba principal quedó en entredicho por la ruptura de la cadena de custodia o de Nahuel, que ha pasado un año y cuatro meses de prisión preventiva en régimen FIES (aislamiento), acusado de pertenencia a organización terrorista con pruebas tan ridículas como una supuesta tenencia de explosivos que resultaron ser productos de limpieza y una sopa de lombarda.
Y también la erradicación y exigencia de responsabilidades por los casos de tortura, 1.014 en 2017 según ha denunciado la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, practicados en comisarías, cárceles y centros de internamiento de extranjeros.
Finalmente, resulta imprescindible acabar con la manipulación informativa de RTVE denunciada en numerosas ocasiones por sus trabajadores y que ha convertido durante todos estos años al ente en un servicio de propaganda de las políticas del PP, del catolicismo recalcitrante y del españolismo patriotero.
Sólo así entraríamos en el camino de la recuperación del Estado Social Democrático de Derecho que dicen pretender. ¿Está dispuesto el nuevo Gobierno a recorrer este camino? Las medidas a tomar son urgentes; no admiten demora.
LIBRES considera, sin embargo, que el señor Pedro Sánchez no ha comenzado bien.
El haber otorgado la cartera de Interior al juez que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial con los votos del PP, el señor Grande-Marlaska, no ofrece mucha garantía de querer caminar de verdad por esa senda. No podemos olvidar que hace un par de años el actual ministro declaraba que en los Centros de Internamiento de Extranjeros (ahora bajo su responsabilidad) no se vulneraban los derechos fundamentales de los migrantes, mientras eran calificados en numerosos informes (por ejemplo el último anual elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes-España) de “centros de sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial”. O más grave aún, que haya sido el principal responsable de la condena a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cinco ocasiones por no investigar suficientemente las denuncias de tortura de detenidos custodiados por él. Mala elección para convencernos de su deseo de recuperación del Estado Social Democrático de Derecho. Quizás nuestro nuevo presidente del Gobierno debería empezar -si de verdad desea que confiemos en sus buenas intenciones- por sustituir al titular de esta cartera.
En cualquier caso, tanto el desmantelamiento de los CIEs como el fin de la tortura son exigencias ineludibles para cualquier gobierno progresista que defienda las libertades y los Derechos Humanos.
¡Tome nota señor Pedro Sánchez!
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