Amnistía
Iñaki Egaña*. LQSomos. Junio 2017
El carácter político del preso no lo da ni el gobierno, ni el indulto, ni siquiera la amnistía, sino la naturaleza del proyecto político en el que militan los propios cautivos… Antes y ahora.
No acabo de entender que un concepto tan amplio e indefinido como el de la amnistía sea capaz de generar diferencias que supuestamente alcanzan a espacios ideológicos. Otras serán las razones del desencuentro, escondidas bajo capas artificiales, discrepancias estratégicas o incluso digresiones semánticas. Amnistía es una palabra manoseada, con decenas de interpretaciones. El abogado y amigo Miguel Castells, experto en las incursiones que hizo en la naturaleza del concepto, esbozó definiciones muy acertadas: «La amnistía constituye uno de los efectos producidos por un desplazamiento en el poder. Supone un cambio en el equilibrio de fuerzas».
En nuestra historia cercana, la amnistía puede ser valorada por relaciones de necesidad. Desde ciertos sectores fueron promulgadas de forma que pareciesen concesiones de gracia. En los tiempos de De Gaulle, Mitterrand o Adolfo Suárez. Desde nuestras trincheras, las lecturas las deslizamos como las consecuencias de movimientos populares extraordinarios, en cambios de gobierno, en la Segunda República y en la Transición. No han sido pocas las alusiones a conceptos restrictivos: «amnistía limitada», «amnistía parcial», «amnistía demagógica»… Puesto que han tenido un recorrido político, su uso también está normalizado.
En mi opinión, la amnistía es la anulación penal de ciertos hechos cometidos, después de considerarlos estrictamente políticos, tras la reflexión sobre las causas y el contexto que los produjeron. El indulto, en cambio, es la conmutación de la pena, también por razones políticas u otras. Es en ese terreno, y no quiero entrar en vaguedades recurrentes, donde se producen las diferencias notables en la interpretación. Anulación o conmutación. Como decía Castells, «la amnistía la obtiene el bando que ha estado descartado del poder, es decir, el bando oprimido».
Cuando nos referimos a la amnistía como objetivo político, nos fijamos habitualmente en la que fue otorgada por el Gobierno de España en 1977, después de cuatro semanas reivindicativas, dispersadas en el año. Hemos recordado en su 40 aniversario, la sangrienta de mayo: 7 muertos, decenas de detenidos y torturados. En diciembre de 1976 Madrid había concedido otra «amnistía» a la que los agentes políticos aplicaron el adjetivo de «limitada». En realidad fue un indulto. Llegó un segundo y un tercer indulto. Más adelante comparecería el decreto de amnistía de octubre de 1977 y, como recoge la historia, la salida del último preso Fran Aldanondo, ya en diciembre. Una semana después fue detenido David Álvarez Peña, tras un atentado contra la central nuclear de Lemoniz.
Pero ese hito de nuestra historia no lo hemos ubicado acertadamente. Para quienes tenemos una visión nacional y quienes consideramos que la amnistía llegará únicamente el día en el que se cumplan los objetivos políticos al completo, la salida de Aldanondo no fue la última. Aquella llamada amnistía también fue un indulto. En la cárcel de Baiona estaban presos Alberto Mendiguren, un refugiado polimili, y Xan Margirault, militante de Herri Taldeak, al que luego reivindicó para sí Iparretarrak. Había vascos de Hego Euskal Herria que continuaban en prisión, aunque tuvieran una concepción integradora de la causa vasca dentro de una revolución española. Presos del PCE(r) y de los GRAPO: Pedro Mari Martínez Ilarduya (Araia), Elvira Diéguez (Gallarta), Francisco Javier Martin Izagirre (Erandio), que al salir de prisión se refugiaría en París, donde un comando paramilitar español acabaría con su vida. Y centenares de iheslariak tampoco pudieron volver.
Salvando estas puntualizaciones, tampoco hubo gesto alguno por parte del nuevo Gobierno «democrático» en incidir en la filosofía del punto y aparte. Fue un punto y seguido manifestado con grilletes y picanas. A los días de la salida de Fran Aldanondo, a quien la Guardia Civil mataría 21 meses más tarde, la Policía practicó una espectacular redada en Orereta, precisamente la población más castigada en la reivindicación de la amnistía. Como si fuera una filmación con guionista y actores, los detenidos fueron acusados de «intentar reconstruir las Gestoras pro-Amnistía» cuyo núcleo fundador se había disuelto con el decreto de octubre. Un conato de delimitar el concepto a palos.
Desde 1959 hasta 1977, las campañas por la amnistía fueron una de las principales actividades de las fuerzas de oposición franquista. Jamás en el siglo XX hubo una tarea sistemática tan prolongada y con tantos apoyos internacionales como la que dirigieron republicanos, socialistas, comunistas, abertzales, anarquistas. Foros internacionales, debates, visitas diplomáticas, manifestaciones. El régimen negó sistemáticamente que hubiera presos políticos. Los centenares de presos que se apiñaban en los penales de Burgos al Puerto de Santa María lo eran por «terrorismo» o «actividades contra la seguridad del Estado». Pero el carácter político del preso no lo da ni el gobierno, ni el indulto, ni siquiera la amnistía, sino la naturaleza del proyecto político en el que militan los propios cautivos… Antes y ahora.
Cuando en 1931 se proclamó la Segunda República española, los nuevos dirigentes concedieron una amnistía a «todos los delitos políticos, sociales y de imprenta», con la excepción de los funcionarios públicos. En 1934, la derecha, ganadora de las elecciones, proclamaba «su» amnistía, indultando a los evasores de capitales, agentes de la Guardia Civil y militares, dejando sin efecto las expropiaciones anteriores. En 1936, el Frente Popular vació las cárceles tras su triunfo electoral. Un texto breve: «Se concede la amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales. Se incluye en esta amnistía a los concejales de los Ayuntamientos del País Vasco condenados por sentencia firme». Luego llegaron las de septiembre de 1936 y 1939. Únicamente para los seguidores del dictador, incluidos los homicidas (genocidas).
A principios de la década de 1960, Francia amnistió a sus torturadores y soldados que participaron en la guerra de Argelia. Al final de la misma, a los mercenarios de la OAS, la organización paramilitar que se había opuesto a la independencia del país norteafricano y que por cierto, afectó a militares establecidos anteriormente en Lapurdi y Gipuzkoa. Mitterrand amnistió en la década de 1980 a independentistas kanakos y corsos y, para «compensar», a todos los funcionarios públicos, políticos también, incluidos en procesos de corrupción, financiación ilegal o nepotismo. Parte de la derecha le apoyó entusiasmada.
De todo este collage de indultos y amnistías ha ido quedando un poso mixturizado que nos ha contaminado conceptos o nos ha hecho entender de diversa manera los mismos. En casa y en el barrio. La primera Alternativa KAS (1976) recogía el término amnistía, a secas, en su segundo punto. La definitiva (1978), añadía «entendida tácticamente como liberación de todos los presos políticos vascos». La Alternativa Democrática (1995) demandaba una «amnistía general sin condiciones», hecho que avalaba la idea de que se podían ejecutar amnistías «parciales». Hoy el colectivo de presos políticos vascos, EPPK, concluye sus comunicados con la coletilla «amnistía, autodeterminazioa». Creo que seguimos caminando sobre el eco de la amnistía de octubre de 1977 que a su vez tenía como referencia las cinco del periodo 1931-1939.
Amnistía viene del griego amnesia. Un origen relevante. Amnistía, al parecer y dependiendo de quien la reivindique, tiene un significado o una comprensión desigual. Mi percepción la he desgranado en las líneas anteriores. La amnesia me es ajena, las comparaciones me sirven cuando miro para atrás, no hacia el futuro. Por eso, con el mayor respeto a quienes la entienden de otra manera, el lema más acertado, el que entiendo para cerrar una fase, es tanto en Palestina, en Colombia o Euskal Herria aquel que contemple el derecho al retorno de los desmovilizados, los presos y los exiliados. Y eso, hoy y aquí pasa por el «presoak kalera eta iheslariak etxera».
* Presidente de la Fundación Euskal Memoria, escritor e historiador. Nota publicado en el diario GARA.
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