Argentina: Aborto no punible, una cuestión de clase, género y poder
Mucha información, quizá demasiada, sobre todo de manera superficial y sin el necesario análisis se ha vertido en estos días respecto al caso de la niña de 11 años que resultó embarazada luego de una violación en el Departamento de San Salvador.
Se ha desnudado en el caso una trama de complicidades, silencios, presiones y operaciones mediáticas con un solo objetivo: impedir que se realice un aborto no punible (ANP); y en segundo lugar sesgar y si es posible impedir el debate público acerca de la necesidad de un aborto seguro, legal, público y gratuito; y mucho menos que se vaya a transformar en ley. Lo primero lo han logrado; lo segundo dependerá de una batalla que debemos librar un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas.
En esta historia intervinieron médicos, jueces, periodistas, comunicadores, políticos, grupos religiosos de presión que responden a la Iglesia Católica; una serie de corporaciones que aglutinan a estos y el mismo gobierno de Entre Ríos, impulsado por el silencio del gobierno nacional, reproduciendo lógicas conservadoras, patriarcales y reaccionarias.
No faltaron expresiones trogloditas hasta llegar a lo grotesco, recubiertas de una notable impunidad; la manipulación de los sentimientos y la malversación de la palabra.
Son inaceptables las expresiones del ministro de Salud alegando que un embarazo se reduce a las condiciones físicas, hablando de paparruchadas tales como “la naturaleza es sabia”, tan inaceptables como el informe clínico del hospital Masvernat que siguiendo la misma línea se redujo a que “está en condiciones físicas aptas”, manipulando la sensibilidad al hablar de “feto en perfectas condiciones”, enviando el mismo a todos los medios para que hagan la tarea.
Allí, fue cuando del Director Orlando Elordi hacia abajo debieron informar a la familia sobre los métodos de interrupción de un embarazo no deseado y ponerse a disposición de los mismos, sin ninguna necesidad de judicializar la decisión. Así está planteado en los protocolos y la ley.
Habida cuenta de la manipulación desplegada en estos días, debemos alertar a la comunidad que todos los estudios y manuales de salud, desde los más progresistas hasta los más conservadores, hasta llegar a la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) definen a la Salud como “el estado físico, anímico y psíquico de la persona”. Pues bien, el citado informe pasó olímpicamente por alto los dos últimos, por lo tanto resulta inválido como diagnóstico integral de la niña. A la Justicia no le importó y sobre el mismo se basó.
El ministro Hugo Cettour y el Dr. Elordi deben presentar la renuncia, ante un grave incumplimiento como funcionarios públicos, teniendo en cuenta el art. 86 del Código Penal y la guía técnica sobre Aborto No Punible y los pactos y convenciones que al respecto rigen en la Argentina. Sometieron a la niña y su familia a la desinformación, la presión y el abandono, con la gravedad de los condicionantes culturales que ya tenían por su origen humilde.
No es soslayable el rol del gobierno provincial, quien se desentendió del tema justo cuando había tomado estado público, las expresiones conservadoras y las presiones arreciaban sobre la familia y su abogada, una joven letrada de San Salvador que se vio superada por la situación. El gobierno dejó todo en manos de la Justicia argumentando textualmente que no es de su competencia “abrir juicios de valor, intervenir, decidir o tomar posición respecto del complejo suceso y a lo que indica la ley vigente”. Sobre tan falaz argumento nos preguntamos ¿a qué quedaría reducida la función de un gobierno sino puede “abrir juicios de valor, intervenir, decidir o tomar posición”? ¿Qué pasaría con el conjunto de temas sociales, políticos e institucionales que debe definir? ¿Quién tomaría decisiones? Decide el poder real: una compleja trama institucional e ideológica, estructural, que define la conducta de muchos, mediante la coacción, la mentira, la represión y el terror.
Estuvieron en tensión en estos días de verano las contradicciones entre la sociedad que tenemos y la que queremos; entre un país y una provincia regidos aún por nociones de exclusión, machismo y tributarios de que las reformas no lleguen más allá de la superficie para que todo sea como siempre; y por otro lado el país que tantos millones queremos, con igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, sean de la condición social que fueren, con la vigencia plena de los derechos humanos en toda su dimensión y nada mas y nada menos que con libertad sobre sí mismos y su proyecto de vida. Ni más ni menos que eso.
Salvo honrosas excepciones, persiste el silencio del movimiento nacional y popular -en particular en Entre Ríos- respecto a la necesidad de implementar un aborto seguro, legal y gratuito. Silencio que avala la violación, el ultraje y la humillación a las mujeres que están siendo violadas o lo serán en el futuro, de la mano de la naturalización de lo intolerable y la aceptación en nombre de hipócritas invocaciones que malversan y prostituyen palabras tales como “amor” y “vida” -nada menos-.
Silencio también del arco opositor, que avala una concepción de clase que somete a las mujeres jóvenes, pobres e ignoradas; otorga derechos a las ricas y favorece el enriquecimiento de sectores privados de la salud. Silencio que expropia la palabra de las víctimas, cuando la Justicia dice lo que “la familia quería” y muchísimos medios de comunicación se encargan del resto.
Urge dejar de lado la obsecuencia con el status quo patriarcal y religioso y plantear en serio educación sexual masiva sin presiones de la Iglesia ni de ningún grupo de poder, anticonceptivos gratis para todos y un aborto seguro, legal, gratuito y público para todas.
La Corriente Sindical Agustín Tosco definió en su Congreso Nacional incorporar a su programa el apoyo a la Campaña Nacional por un Aborto Seguro, Legal y Gratuito; y por lo tanto participará, estimulará y accionará todo aquello que vaya en esa dirección y le reclama al gobierno provincial, su Ministerio de Salud y sus legisladores que se pongan a la altura de las circunstancias y no refuercen una sociedad clasista, sexista y discriminadora. Llamamos al conjunto de las organizaciones de trabajadores que se pronuncien en esa dirección.
La profundización de los cambios que ganó en las urnas con el voto de millones de trabajadores así lo reclama.
Lo contrario, en verdad, se contradice con un proyecto que se ganó apoyó popular con medidas igualitarias, democráticas y de derechos humanos y que reivindica la confrontación con “las corporaciones”.
Esas corporaciones que arrinconaron y quebraron la voluntad de una humilde familia y ultrajaron, social, institucional y mediáticamente, a una nena de 11 años.
Porque se trata de una cuestión de clase, género y poder.
* Publicado en Info Alternativa. Leandro Pozzi, Corriente Sindical Agustin Tosco- Entre Ríos. Secretario Gremial de la CTA Mesa Local Concordia. Delegado de AGMER Concordia
