Autonómicas anticipadas en Castilla y León
Por Acacio Puig. LQSomos.
Forzoso será estar atentos en lo institucional, a la relación de fuerzas propia en cada provincia para favorecer el ascenso de las candidaturas menos nocivas (mientras que el impulso de la acción social sigue siendo nuestro específico reto proyectado hacia el futuro)
Elementos para las hipótesis de resultados
El pasado 20 de diciembre el PP liquidó el gobierno de la autonomía poniendo en práctica el despido libre de sus socios de Ciudadanos. Los argumentos dados han sido confusos y contradictorios, sin entidad y propios de una mala serie de Netflix; solo responden al intento de cocinar otro plato de callos a la madrileña e incorporarlo a la dieta política de esta sufrida comunidad.
El PP fabula, soñando con el gran éxito y C’s ahueca, malherido y cabreado por la falta de consideración de los capos populares ante quienes les ayudaron a salvar los muebles tras la pérdida de hegemonía en las autonómicas de 2019, configurando el bipartito gobierno de la Junta; el próximo 13 de febrero volverá a haber elecciones en estos territorios de la España Vacía, tras dos años largos de pandemia y una profunda crisis generalizada. Convocatoria que debería facilitar un ajuste de cuentas con todas las fuerzas conservadoras. Veremos.
Son muchos los grandes medios de comunicación que pronostican la victoria del PP, el ascenso (¿arrollador?) de Vox y la cuasi extinción de Ciudadanos. Otros especulan con el declive del PSOE y con las posibilidades abiertas a las candidaturas emergentes en la España Vacía. Conviene, sin embargo, tener en cuenta acontecimientos que han tenido lugar aquí durante estos años enfermos y que pueden incidir en la configuración del futuro institucional inmediato.
Los cierres de los centros de Salud Primaria
Cupo a la Consejería de Sanidad ocupada por Ciudadanos dar la peregrina explicación en medios de que la pandemia de Covid 19 obligaba a cerrar los centros de primaria por necesidad imperativa de limitar los contagios. Lo cierto es que la pandemia brindó la oportunidad de poner en marcha la contrarreforma sanitaria con la que la Junta inauguró su acción de desgobierno en 2019 (sobre ello nos extendimos en el apartado sobre sanidad en este artículo: Las políticas de derecha vacían y esquilman Castilla y León)
Y lo significativo es contar con la repercusión electoral de esos cierres dada la calamitosa situación en miles de pequeños pueblos habitados por una población de avanzada edad a la que se han negado las mínimas condiciones de digno acceso a la salud durante este largo período de cierre, forzándola a acudir a urgencias y zonas básicas de salud mediante el recurso al apoyo familiar o a sus propios vehículos (más gasto de combustible que desplazando los sanitarios a los consultorios de cada pueblo y más riesgo de contagios…sin ninguna previsión de seguimiento). Resulta sintomático que Castilla y León ni siquiera sea citada en el artículo “Las comunidades improvisan mecanismos para gestionar las bajas ante la avalancha de contagios” (Diario.es del 8 de enero.2022).
Sin embargo ese descontento no ha tenido correspondencia en una acción generalizada y permanente en favor de restablecer la reapertura de centros de salud primaria y necesarias contrataciones de sanitarios. A las iniciales expresiones de protesta han seguido escasas contestaciones de envergadura, tales como la manifestación en Segovia del 26 de septiembre y las protestas en toda Soria durante la jornada del 18 de diciembre.
En dos años largos de anomalías sanitarias hubiera sido necesario el impulso de acciones conjuntas de todas las provincias con repercusión en los centros de poder de la Junta de Castilla y León, pero no ha sido así. De modo que está por constatar si el malestar social tiene, o no tiene expresión en la próxima convocatoria electoral autonómica, máxime en un ámbito en que las competencias sanitarias están plenamente transferidas y no cabe el recurso a desplazar la responsabilidad al gobierno central.
La fragilidad del estratégico sector primario
Agricultura y ganadería se presentan como claves productivas en Castilla y León y el gobierno de la comunidad subraya “la positiva evolución” hacia explotaciones agrícolas de tamaño grande: (¡a la fuerza ahorcan!). No podía ser de otro modo cuando domina el cultivo de cereal y cuando la deserción forzada de pequeños agricultores a otras actividades viene de muy atrás. Sin embargo, el malestar entre las organizaciones agrarias progresistas (UCCL, COAG, UPA) es patente.
Las tractoradas de 2019 solo las frenó la pandemia y las críticas a una PAC que subvenciona para eliminar explotaciones y que no vela por precios justos para productos y combustibles es constante, a pesar de la reducción de acciones de protesta durante la pandemia y las carencias propias de una acción no unitaria entre esas mismas organizaciones agrarias. El gobierno castellano y leonés no ha mediado a favor de las causas del descontento creciente del sector y eso debiera tener un coste político institucional.
En lo referente a ganadería, la expansión sin freno de macrogranjas de porcino, vacuno y pollo (su defensa a saco es el eje de la campaña del PP que maquilla como “ganaderos” a grandes industrias “fabricantes de carne”). Esa política permisiva y estimulante de las macrogranjas pone en riesgo de extinción la ganadería extensiva que es la que fija población y equilibra cuidado del medio ambiente y bienestar animal, como subrayaba el reciente manifiesto: Nosotras defendemos la ganadería extensiva. Como resumía hace meses desde Zamora una representante del combate social contra las macrogranjas: “¿tienen basura?… ¡tráiganla a Castilla y León!”.
Pero hay que subrayar que se trata de un combate desigual, intermitente y en la mayoría de las provincias escasamente organizado, aunque haya tenido repercusión en posicionamientos municipales impulsados por alcaldes y concejales progresistas que han definido ordenanzas restrictivas respecto a esas instalaciones de la industria ganadera. Las macrogranjas laminan los derechos de ganaderos a la sobrevivencia y los derechos cívicos y de la tierra a la salud, completan las peores medidas de la PAC.
Veremos si ese malestar de agricultores, de ganaderos y de población tiene expresión electoral el próximo 13 de febrero. Lo coherente es que la tuviera, pero no es evidente que sea así.
Pymes, servicios y otras carencias
El peso de pymes minúsculas y sin capacidad financiera es enorme en esta comunidad y el destrozo generado por la pandemia es muy significativo máxime cuando las escasas empresas grandes con posibilidad de dinamizarlas – incluso vía subcontratas- es muy limitado. Además, en ausencia de ayudas directas a tiempo (y súper-dependencia de los programas Leader de la UE) la situación se ha agravado y tiene pocas vías de solución en el corto-medio plazo más allá de retórica (estatal y comunitaria) sobre ayudas y fondos para la “digitalización” y otros que se activan ahora, precisamente en vísperas de confrontación electoral con objeto de parchear la catástrofe estructural.
Sin embargo la ingeniería estadística hace milagros y detecta en CyL una tasa de paro aceptable e inferior a la media nacional… cierto es que en contexto de un descenso significativo y constante de población activa, entre otras causas porque aquí la emigración juvenil es forzada por las circunstancias y tiende cada vez más a producirse “poco después del destete”. ¿Debería esa situación pasar factura a las fuerzas conservadoras? Seguro que sí… pero veremos qué ocurre.
Vía libre a las macro-renovables
Aunque aludimos al contexto general de esa siniestra opción en el apartado correspondiente del artículo citado más arriba (Las políticas de derecha vacían y esquilman Castilla y León) constatamos que durante los últimos meses la entrega de tierras –con frecuencia comunales- a macro renovables se acelera y cuenta con el estímulo de Junta y Ayuntamientos conservadores. La situación es muy palpable en zonas como La Montaña Palentina, donde las plataformas desarrollan –con dificultades- su actividad crítica aunque los proyectos y acuerdos se ocultan para evitar alegaciones vecinales y se despachan con el criterio de que las macro renovables “dan más dinero a pueblos” … que sin embargo siguen vaciándose. En provincias como Soria la colonización de tierras por transnacionales energéticas ya es brutal.
También esos destrozos de biodiversidad, de proyectos de otro calado, modestos pero capaces de fijar población y de perpetuación de un modelo energético oligopólico, deberían ser considerado en las elecciones de febrero ¿será así o continuará “el trágala perro”? Veremos.
Algún apunte sobre las fuerzas políticas del tablero
El PP parte de 29 diputados en 2019 (13 menos que en las autonómicas de 2015) y confía en una jugada a lo Ayuso. Las encuestas le sitúan próximo a la mayoría absoluta de 41 diputados, pero ese pronóstico por lo expuesto anteriormente parece cuando menos, dudoso. En cualquier caso no es deseable y vale la pena recordar la errónea asesoría a Sánchez durante las elecciones de 2019: le pronosticaban “barrer” pero perdió diputados. Esperemos que el PP regional se rompa los dientes.
El PSOE logró 35 diputados es 2019 (10 más que en 2015) y en su haber autonómico está su contundente defensa de la sanidad pública en la comunidad. Sin embargo su ambigüedad respecto a las macrogranjas (“Noviercas, no es nuestro modelo, pero bueno… ¡si crea empleo!”) no le favorece en absoluto. Además, su política estatal defendiendo las macro-renovables choca con las posiciones críticas de movimientos sociales y de sus propios aliados. Está por ver el efecto de sus medidas tímidas en salarios, pensiones, reforma laboral, etc. y de sus fiascos como el Ingreso Mínimo Vital, o el descontrol de los oligopolios energéticos. Veremos
Ciudadanos parece estar en caída libre y las “autocríticas” de Arrimadas llegan muy tarde, de modo que sus 12 diputados actuales van a esfumarse en gran medida. Ni su pregonada lucha contra la corrupción –bien arrinconada estos dos años largos- ni su política sanitaria liquidadora de lo público, van a hacer olvidar que solo ha sido una muleta para aliviar la cojera del PP. Lo más sugerente es que logró algo más de 200.000 votos para una política conservadora pero no franquista (“ni rojos, ni azules”) y eso es un dato que sugiere relativizar el actual peso del neo franquismo en Castilla y León y el pronosticado “irresistible ascenso de Vox” que obtuvo unos 75.000 apoyos en 2019.
En Castilla y León que fue territorio de matanzas, encarcelamientos, pánico y represión feroz a partir de 1936, no debiera prosperar la añoranza de aquellos tiempos criminales; por eso la ideología conservadora se refugió en el PP y en 2019 un sector significativo, en el centro derecha pregonado por Ciudadanos. Sin embargo, la desmemoria planificada durante décadas, y la presunción de súper-machos de sus apoyos, pueden tener efectos muy perversos en esta “era Covid”. Veremos.
Tardíamente Podemos e IU y sus aliados de antaño presentan candidatura conjunta en 2022. Han perdido dos años durante los que construir organizaciones territoriales asentadas y más activas en los movimientos sociales de la comunidad y eso, junto a otros desgastes (y aciertos a escala estatal) hace difícil que superen apoyos del 2019 (sumaron juntos casi 100.000) y los 2 diputados logrados por Podemos en 2019 aparecen más bien como un punto de llegada, ciertamente deseable.
En cuanto a las candidaturas provinciales acuñadas en torno a vindicaciones de la España Vacía, la convocatoria no solo les llegó inesperadamente sino que su soporte social es muy desigual por provincias y no parece factible por el momento “replicar” a gran escala algo similar a Teruel Existe. Quizá provincias socialmente más activas como Soria, presenten más posibilidades, pero parece dudoso que en otras como Burgos, Salamanca, Palencia se pueda aspirar a algo más que a seguir difundiendo los graves problemas que aquejan al mundo rural castellano y leonés. En cualquier caso, no surgen nuevos partidos milagrosamente de la nada y tampoco de la mera acumulación de noticias en medios sobre la España Vacía: hace falta más autoorganización social y lograr victorias… y eso no se ha dado por el momento.
Castilla y León es una comunidad muy conservadora en la que el franquismo nacional católico se instaló desde 1936. Las lecciones se aprenden aquí con mucha lentitud. La juventud emigra y los núcleos de resistencias alternativas son débiles. Todo está por hacer y no sobran razones para ser optimistas. Veremos qué campañas electorales se hacen y que resultados se obtienen el 13 de febrero. Forzoso será estar atentos en lo institucional, a la relación de fuerzas propia en cada provincia para favorecer el ascenso de las candidaturas menos nocivas (mientras que el impulso de la acción social sigue siendo nuestro específico reto proyectado hacia el futuro). En cualquier caso, los resultados de las nuevas autonómicas configurarán el nuevo punto de partida… para tirar pá lante.
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