Bárcenas, Trias, Garzón, El País, el carnaval del hundimiento
La devastación social que sufren las clases populares españolas no es sólo, ni aún fundamentalmente, consecuencia de las políticas reaccionarias practicadas desde la transición por los gobiernos que se han ido sucediendo en el poder, a derechas o izquierdas. La principal causa de la corrupción sistémica que nos devora está en el estado de excepción permanente a que nos han sometido las tribus ideológicas hegemónica,s perpetrando fechorías legales con la excusa de defender el sagrado statu quo.
La lista es larga. Va desde aquella imposición a mogollón de la monarquía en la Constitución sin ratificación expresa y previa por los ciudadanos, hasta la implicación en la guerra de Iraq para impedir la proliferación de supuestas armas de destrucción masiva, pasando por el terrorismo de Estado del GAL como respuesta a los crímenes de ETA o la vulneración de derechos fundamentales por el juez Baltasar Garzón en la lucha contra la delincuencia de cuello blanco.
Esta escalada de abusos y atropellos podría tener ahora su último jalón en la publicación de unas fotocopias por un diario de referencia, que demostrarían la financiación ilegal del partido gobernante. Siempre en nombre de la democracia y por nuestro propio bien. De esta forma, nuestros representantes de todos los colores -políticos, mediáticos e institucionales-, nos han conducido de victoria en victoria hasta la derrota total. De ahí la flagrante contradicción que supone el hecho de que, cuando la crisis económica provoca una situación de auténtica emergencia, con millones de parados y niveles de pauperización nunca vistos entre los sectores más vulnerables, el gotha de la España oficial trepe a la cima del ranking de las primeras fortunas del planeta.
El electoralismo de vía estrecha y el pragmatismo cortoplacista que promueven los programas de la izquierda con posibles, convirtiendo su acción política en un continuo giro a la derecha, han conformado una base social culturalmente neutra e ideológicamente conservadora, incapaz de reconocer el cambio entre la oferta de la derecha tradicional y la de su copia, la izquierda por ella clonada. Por eso, los mensajes que llaman retóricamente a la regeneración suelen bascular entre el culto a la personalidad o el burdo dicterio “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. En realidad tratan de encubrir un último y desesperado intento de evitar el colapso del sistema. Temen el avance imparable de quienes se saben ya todos los cuentos y se autoorganizan al grito de “no nos representan”. Otra vez la libertad guiando al pueblo.
Huele a cadáver. Cuando un régimen se encamina a su fin, antes del óbito suele dar lugar a sucesos estrafalarios. Por ello, el último episodio de corrupción en el Partido Popular, el llamado “caso Bárcenas”, se está revelando como un auténtico aquelarre. Un esperpento donde nada es lo que parece y lo que aparece es poco menos que nada. Al conjuro de la más que probable financiación delictiva del PP, extrañamente destapada por derecha e izquierda en deportiva competencia, resucitan ante la opinión pública algunos de los más ilustres golfos que el Estado ha promovido en los últimos años. Estos son algunos de los perfiles que se agitan en tan carnavalesco pudridero:
– Luis Bárcenas, el ex gerente y tesorero del Partido Popular al que las fotocopias de El País acusan de manejar su contabilidad B, sobresueldos en negro incluidos, utilizaba para esos menesteres la oficina del Banco de Vitoria situada enfrente de la sede del PP, en los bajos de Génova 15, una entidad que fue absorbida por el Banesto de Mario Conde.
– Jorge Trias Sagnier, el abogado “testigo de cargo” del diario El País, y sin embrago ex consejero de El Mundo y ABC, que tras declarar ante la Fiscalía Anticorrupción manifestó “he cumplido con mi deber”, fue durante muchos años dirigente del partido conservador e incluso ocupó un escaño en el Congreso por esa formación sin que durante ese tiempo denunciara irregularidades. Como letrado ha defendido al narcotraficante Pablo Vioque y al ex magistrado Javier Gómez de Liaño, en la actualidad notorio asesor jurídico de los principales capos de la droga.
Trias es conocido por su estrecha vinculación con las autoridades del Israel, lo que le ha valido el Premio Dorón de la Fundación Marc Rich, el multimillonario sionista que figuró durante décadas en la lista de criminales más buscados por Estados Unidos. Íntimo amigo del ex juez Garzón, expulsado de la carrera judicial por vulneración de las garantías procesales de los abogados del “caso Gürtel”, es el representante legal de los intereses de la embajada de Israel y estuvo estrechamente vinculado a las empresas de seguridad H Seguridad y ICTS, dos firmas controladas por militares judíos que fueron investigadas por la policía española por sus actividades en España. Precisamente estas empresas formaron al equipo de seguridad privada de Mario Conde durante su etapa al frente de Banesto.
El abogado que avala la credibilidad de los papeles del “caso Bárcenas” comparte con el ex banquero delincuente afinidades con la masonería. Mientras Conde ingresa en la Logia Concordia en 1980, un año más tarde Trias representa al Gran Oriente de España ante la Audiencia Nacional en el contencioso para la devolución de los bienes de la masonería incautados por el franquismo.
Antiguo amigo de Bárcenas durante su larga etapa en el Partido Popular, el ex tesorero le acusa ahora de actuar por venganza al no haber sido contratado por al dirección de Génova para la defensa de la trama Gürtel y ver incumplido su deseo de ser ministro de Justicia con el PP. En mayo de 2009 Jorge Trias mandó una carta al diario El País como representante en España de la Guinea Ecuatorial de Teodoro Obiang, para rectificar una información publicada por el medio sobre el sanguinario dictador. La ruptura con sus antiguos amigos políticos y mediáticos coincide en el tiempo con la decisión del presidente del gobierno Mariano Rajoy de votar en la ONU a favor de la admisión de Palestina como Estado observador.
– Mario Conde, el ex banquero que controló el Banco de Vitoria y utilizó los servicios de la empresa de seguridad israelí vinculada con Jorge Trias, trató de hacerse un hueco en las pasadas elecciones gallegas como líder del partido Sociedad Civil y Democracia (SCD) cooptando a capas clientelares del Partido Popular en la autonomía enfrentadas a la dirección nacional de Mariano Rajoy. Su intento de ser bisagra en la política regional se frustró al no obtener ningún escaño en la consulta.
– Baltasar Garzón, primer instructor el sumario del “caso Gürtel” antes de pasar a manos del juez Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es íntimo amigo del abogado Jorge Trias y persona de la máxima consideración del Grupo Prisa desde que, como instructor del “caso Sogecable” que implicaba a la cúpula del emporio mediático, archivara la causa que llevaba su entonces compañero Javier Gómez de Liaño, más tarde expulsado de la judicatura por las irregularidades cometidas durante dicho procedimiento.
– Interligare, era una “consultoría de inteligencia y seguridad” que tenía su sede en Génova 15, enfrente de la sede del Partido Popular y varios pisos encima de lo que fue el antiguo Banco de Vitoria, con el que operaba el ex tesorero Luis Bárcenas. En 2012 fue objeto de una investigación y denuncia judicial por realizar presuntamente labores de espionaje al Partido Popular. Al frente de la empresa se encontraba un íntimo amigo de Garzón, Antonio Vicent, y el staff policial de Gabriel Fuentes, ex comisario General de Información durante el 11-M y estrecho colaborador del ex magistrado durante su cometido en el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. Baltasar Garzón fue quien medió ante el Ministerio del Interior, en el periodo Rubalcaba, para que se adjudicara a Interligate el proyecto para confeccionar un archivo de desaparecidos de la Guerra Civil con destino al sumario de la Memoria Histórica. Aunque el trabajo nunca fue entregado, Interligare ingresó 100.000 euros de subvención con dinero público por dicho encargo.
Con estos mimbres se cocina la corrupción que ha estallado en las cloacas del Partido Popular. Que cada cual saque sus consecuencias. En 2011 el Informe Greco 2011 del Consejo de Europa ya había suspendido a España por la financiación de los partidos políticos, al señalar que de las quince recomendaciones hechas el gobierno socialista sólo había incorporado cinco en la reforma de la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio.
Nota.
A los aguerridos integrantes del sedicente “comando insurreccionista Mateo Morral”, allí donde se encuentren y sean quienes sean los que mueven sus hilos, decirles también que “no nos representan”. Aquí y ahora, la única dinamita que crea conciencia solidaria y fomenta la emancipación es la “dinamita cerebral”.
Viñeta de Malagón