Barra libre para las multinacionales
Laura Zamarriego Maestre*. LQSomos. Enero 2015
Los gobiernos europeos han pagado cerca de 3.500 millones de euros a inversores extranjeros privados de acuerdo con una cláusula existente en los tratados de comercio internacional, según la organización Amigos de la Tierra.
Este mecanismo, con el que nuestro sistema capitalista calienta motores para su carrera hacia el “libre” mercado, se traduce en la cesión de soberanía a grandes empresas en detrimento de los Estados. En este contexto se sumarían a la lista dos nuevos tratados: entre la Unión Europea (UE) y Canadá (CETA) y la UE y Estados Unidos (TTIP), que siguen la misma estela encabezada por intereses corporativos y financieros.
En caso de ser aprobados, el CETA y el TTIP proporcionarían a multinacionales y transnacionales el derecho no sólo de demandar a los propios Estados si alguna decisión política perjudica sus intereses, sino de llevarlos a tribunales de arbitraje privados.
La barra libre de que disfrutan las grandes empresas, nos ha dejado casos de litigios por atreverse a aumentar el salario mínimo, llevar a cabo campañas contra el tabaco o abandonar la energía nuclear. Es preciso aclarar que cada “proceso” de esta naturaleza tiene un coste medio de 8 millones de dólares para el Estado demandado, sin incluir la posible multa o compensación exigida.
Además, antes de comenzar las negociaciones oficiales entre Estados Unidos y la UE sobre el TTIP, es sabido que el 92% de las reuniones al respecto tuvieron lugar entre la Comisión Europea y los lobbies privados, y sólo el 4% de los encuentros tuvieron a los representantes de la sociedad civil como protagonistas. Con independencia de la opacidad que lo envuelve, la UE ha llegado a admitir en sus informes la destrucción de entre 430.000 y 1.100.000 puestos de trabajo que supondría la aplicación de estos tratados. Confían, dicen, en que los empleos se recuperarían al reorientar la producción hacia el mercado estadounidense. Pero la débil demanda internacional anula dicha hipótesis, la cual se convierte en mera propaganda neoliberal si la extrapolamos a acuerdos ya aplicados como el NAFTA, firmado en 1992 por Estados Unidos, Canadá y México y de dimensiones muy parecidas a las que ahora se ponen sobre la mesa. La realidad es que, sólo en Estados Unidos, el empleo se redujo en más de 1.000.000 de personas.
La consecuencia fundamental de la implantación de los acuerdos de libre comercio es la obstaculización de los países a la hora de legislar para sus ciudadanos. Los Estados, desprovistos de herramientas legales y de capacidad de acción, dejan así paso al dominio por parte de oligopolios y élites financieras. “Esta desregularización de los mercados agravaría asimismo las posibilidades de crisis. Primero, fruto de la especialización productiva en el territorio, que tendería a intensificarse en contra de la diversidad productiva cuya resistencia a las seculares crisis económicas del capitalismo es más efectiva”, señala Albert Borràs Rius, geógrafo y estudiante en Institut Française de Géopolitique.
Las “reformas estructurales” llevadas a cabo en países afectados por la crisis como España no son sino el caldo de cultivo para el deterioro de la democracia, que es la soberanía del pueblo, y no de un puñado de lobbies que manejan nuestra economía y condicionan nuestros derechos y libertades.
La oposición a los tratados por parte de la sociedad civil no ha tardado en aparecer. Con el apoyo de 320 organizaciones europeas, ya se han presentado más de un millón de firmas en contra del TTIP y del CETA.
“Los mercados nos gobiernan, aunque no los hayamos votado. Estoy buscando mis derechos. ¿Alguien los ha visto?”, ironiza el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano en Los hijos de los días. “Y la indignación se difundió –apunta-. La buena salud resultó más contagiosa que las pestes, y las voces de los indignados atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas”.
* Periodista, @LZamarriego. (CCS)
