Bélgica dice no a los fondos buitres
Francesco Gesualdi*. LQS. Junio 2018
El número de gobiernos que el NML ha logrado llevar ante la justicia a lo largo de los años es muy grande, siendo el más reciente el de Argentina. Ante una grave crisis económica y social, en 2005, antes y después de 2010, los gobiernos de Kirchner ofrecieron a los acreedores privados un recorte de capital del 60% a cambio de una tasa de interés vinculada al crecimiento del producto interno bruto
Los estadounidenses escribirían NML Capital contra el Estado belga. El juicio se celebró el 31 de mayo y perdió el NML. El procedimiento se inició en marzo de 2016 y se refería a una ley aprobada por el Parlamento belga el 12 de julio de 2015. NML Capital quería que se anulara, pero el Tribunal Constitucional belga dijo que no. Una victoria no sólo para Bélgica, sino para el mundo entero.
Si queremos empezar desde el principio, podemos decir que NML Capital es un fondo de inversión perteneciente a Elliott Management Corporation, el grupo fundado por Paul Singer para ganar dinero en el mercado financiero a través de todas las estrategias que la ingeniería financiera pone a su disposición. La especialidad de NML, estrictamente domiciliada en las Islas Caimán, un paraíso fiscal bien conocido, es la compra a precios de ganga de títulos de deuda pública que todo el mundo vende porque son emitidos por los estados en el olor de la bancarrota. NML los compra para llevar a los estados deudores ante los tribunales y exigirles el pago del valor total declarado en la garantía. Es precisamente por su actitud depredadora que empresas como NML Capital son llamadas “buitres”.
El número de gobiernos que el NML ha logrado llevar ante la justicia a lo largo de los años es muy grande, siendo el más reciente el de Argentina. Ante una grave crisis económica y social, en 2005, antes y después de 2010, los gobiernos de Kirchner ofrecieron a los acreedores privados un recorte de capital del 60% a cambio de una tasa de interés vinculada al crecimiento del producto interno bruto. La oferta fue aceptada por casi todos los acreedores, con excepción de algunos fondos, entre ellos NML Capital, que por poco dinero había comprado títulos de deuda argentinos en 2001, cuando el país estaba cayendo en el caos. Y aunque el crédito en sus manos representaba sólo el 1,6% del valor total de los valores argentinos en circulación, lograron llevar al gobierno sudamericano ante la justicia estadounidense. En 2011, el Juez Thomas Grisea, Presidente de un Tribunal del Estado de Nueva York, confirmó las razones de los fondos y ordenó a Argentina que suspendiera todos los acuerdos con otros acreedores hasta que hubiera reembolsado los fondos disidentes. La Argentina también podría haber hecho caso omiso de la sentencia del juez Grisea si no hubiera sido por el hecho de que la sentencia podría haber sido ejecutiva también en otros países. De hecho, la legislación de muchos países prevé la posibilidad de aceptar las sentencias dictadas por tribunales extranjeros y hacerlas ejecutables mediante la confiscación de bienes que el gobierno condenado posee en su territorio. Por ejemplo, en 2005, el Tribunal Supremo del Reino Unido autorizó a Kensington International Limited a retirar hasta 39 millones de dólares de los ingresos del Gobierno del Congo procedentes de la venta de petróleo en suelo británico.
El caso judicial contra Argentina terminó en 2016 con un desembolso por parte de Argentina de 9.000 millones de dólares, incluidos el capital, los intereses y las costas judiciales. En cuanto a NML Capital, su ganancia fue de 1270%, considerando que había gastado 177 millones de dólares en la compra de títulos por un valor nominal de 617 millones, que al final le valieron 2.000 millones y 426 millones de dólares.
Desafortunadamente, el caso argentino no es una excepción. El informe presentado el 20 de julio de 2016 por Jean Zigler a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas revela que entre 1970 y 2010 se iniciaron 120 procedimientos judiciales en Estados Unidos y Gran Bretaña contra 26 países, muchos de ellos en la lista de los más pobres. El informe indica que las cantidades obtenidas de los buitres representan el 13% del producto bruto de los países africanos. Una vergonzosa transferencia de riqueza que permite a súbditos como Paul Singer, patrón de Elliott, estar a la cabeza de la lista de multimillonarios desarrollada por Forbes. Ese famoso 1% que se enriquece a espaldas de millones de seres humanos, incluidos muchos niños condenados a vivir sin escuela, sin hospitales, sin electricidad, sin retretes.
Ya en 2009, el Consejo de Europa, a través de la recomendación 1870, había condenado las actividades de los fondos buitres e instado a todos los gobiernos a adoptar normas que “impidan que los fondos buitres incurran en prácticas agresivas e inadecuadas”. Este llamamiento fue aceptado por el Parlamento belga, que aprobó una ley el 12 de julio de 2015 para evitar que las compañías financieras reclamen a sus gobiernos más que los costes reales de la compra de sus valores. Y, considerando que todas las demás reclamaciones son ilegítimas, declara que “en Bélgica no puede llevarse a cabo ningún acto ejecutivo que confiera una ventaja ilegítima al acreedor”. El 1 de marzo de 2016, NML Capital, y por lo tanto Elliott, habían dado a sus abogados el mandato de apelar ante el Tribunal Constitucional belga para que la ley fuera anulada. Pero el Tribunal desestimó la apelación y finalmente salvó una ley que todos los demás Estados europeos deberían adoptar. En particular, Italia, que habla tanto de ayudar a los inmigrantes en casa. Nuestro primer deber es impedir que continúen los robos a los pueblos africanos. La capacidad de tomar medidas como estas, a coste cero, entre otras cosas, demuestra si realmente queremos detener la inmigración porque nos preocupamos por la situación de estas personas desesperadas o si nuestro único objetivo es defender nuestras posesiones, como las llama Mazzarò, dejando a los desgraciados fuera de nuestra vista.
* Publicado en Pressenza. Francesco Gesualdi, fundador y coordinador del Centro Nuovo di Sviluppo di Vecchiano (Pisa), cuyo objetivo es investigar nuevas fórmulas económicas capaces de garantizar a todos la satisfacción de las necesidades básicas. Coordinador de numerosas campañas de presión, se encuentra entre los fundadores junto con Alex Zanotelli de Rete Lilliput
