Birmania: rohinyás luchar o morir
Guadi Calvo*. LQSomos. Diciembre 2017
Según la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) serían más de 6.700 los rohingya muertos, solo entre en el primer mes, 25 de agosto al 25de septiembre de este año, tras la represión, del Tatmadaw (ejército birmano) otras fuerzas de seguridad, y organizaciones para estatales, en el Estado de Rakhine, donde habitan la minoría musulmana perseguida desde siempre en Birmania. De esa cifra 730 serían menores de cinco años. Otras fuentes hablan de entre 9 y 14.000 muertos en ese mismo tiempo, de los que mil serían menores.
En el recuento de la MSF se especifica que un 69% de las víctimas fueron ejecutadas por disparos de armas de fuego, mientras el resto habían sido quemadas vivas, apaleadas, decapitadas o torturadas hasta la muerte. Para las masacres, el Tatmadaw ha llegado a utilizar en los ataques a las aldeas rohingyas, granadas propulsadas por cohetes y fósforo blanco.
En recientes declaraciones del director médico de MSF, Sidney Wong, dice: “Es probable que el número de muertos sea mayor, ya que en todos los campos de refugiados establecidos en Bangladesh, hemos recibido información acerca de familias enteras que nunca pudieron salir de Birmania. Muchas de ellas, según las denuncias recogidas por la MSF, fueron encerradas en sus casas al tiempo que se las incendiaban”.
Ya son casi 700.000 los rohingya, sumándose al millón que ya vivían en Bangladesh desde antes de la crisis, que han logrado escapar de la limpieza étnica que ha profundizado el Tatmadaw, desde agosto último, aunque es una práctica, que se prolonga en el tiempo este tipo de acciones contra la etnia musulmana.
La campaña de terror no solo incluye el incendio de cientos de aldeas rohingyas, la persecución de los sobrevivientes, la violación sistemática de miles de mujeres, sino también el minado de importantes sectores cercanos al río Naf, límite entre Birmania y Bangladesh, por donde las caravanas de perseguidos deben cruzar en su huída.
Más allá de la condena internacional, encabezada por la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, todavía no existen sanciones efectivas contra el gobierno de Nay Pyi Taw. Éste no solo ha negado sistemáticamente todos los cargos, sino que se niega a reconocer los hechos y ni siquiera se permite pronunciar el término rohingya en público, argumentando que sólo son 400 los muertos en diferentes ataques que realizados por un incierto Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA) o Harakah al-Yaqin (Movimiento de la Fe), sospechado de su cercanía al Daesh o al-Qaeda, contra puestos de la policía y el ejército en la provincia de Rakhine.
El conflicto entre los musulmanes (4,3%), cerca de un millón 300 mil, a los que ni siquiera se les da el estatus de ciudadanos y siguen siendo considerados como inmigrantes bangladesís y a pesar de haber llegado al país entre el siglo VIII y el XII, y los budistas (87,9 %) de los 53 millones de habitantes, ha existido desde siempre. La situación se profundizó desde los enfrentamientos en 2009 y 2012 entre los rohingyas, musulmanes sunitas, y los fundamentalistas budista del grupo 969 y el ultranacionalista e islam fóbico Ma Ba Tha (asociación patriótica de Myanmar), incentivadas a lo largo de la tenebrosa dictadura militar que gobernó al país durante los últimos 50 años, y que a pesar de haber entregado el gobierno en 2016, sigue teniendo una gravitación fundamental en los mecanismos internos del poder real.
La más clara muestra del genocidio de la que es víctima el pueblo rohingya se produjo en lo que se conoce como la matanza de Tula-Toli, una aldea del el municipio de Maungdaw, en el Estado de Rakhine, cuyos habitantes habían sido víctimas de un ataque de las fuerzas de seguridad el 30 de agosto último. Tras la fuga de los sobrevivientes, un grupo de unos noventa efectivos se lanzó en su persecución, y fueron alcanzados en la orilla del río Dual-Toli, cuya su corriente encabritada, detuvo a los rohingyas en la playa, donde fueron acribillados por la partidas armadas del ejército, mientras otros se lanzaban a las aguas para morir ahogados. En ese hecho se cree murieron más de 500 aldeanos, de ellos 300 niños.
Las autoridades birmanas intentan ocultar el genocidio, vedando el acceso de la prensa a los territorios en conflicto, la agencia Reuters, denunció la detención de Wa Lone y Kyaw Soe Oo, dos de sus hombres, que investigaban las matanzas, a principios de esta semana. En el momento del arresto los periodistas tenían mapas y documentación relacionada con los crímenes sucedidos en esa región, por lo que la embajada norteamericana calificó la detención de irregulares. Las autoridades locales, amparándose en una ley de secretos oficiales, han levantado cargos contra los periodistas, por los que podrían ser condenados a un máximo de 14 años de prisión.
Son varios los casos de periodistas locales que trabajan en el estado Rakhine, desaparecidos, dando toda la apariencia de haber caído en manos del Tatmadaw. Muchos voluntarios rohingyas que estaban informando en secreto, sobre las masacres, enviando fotos, videos y audios desde sus 
teléfonos móviles, también han desaparecido.
La solución final
Dada la endeble situación de los casi 700.000 rohingyas llegados a Bangladesh, desde finales de agosto último, que deben ser alojados en improvisados campamentos en la región de Cox’s Bazar, junto a la frontera con Birmania, las autoridades de Dacca, acordaron con Nay Pyi Taw, relocalizarlos otra vez a Rakhine, sin que nada garantice la seguridad de los refugiados.
El temor de las autoridades bangladesís es que se produzcan epidemias, por lo que al finales de noviembre, casi 300 mil niños y adolescentes, fueron vacunados contra el sarampión. Al tiempo que una fiebre de origen indeterminado afecta a un 30%, seguida de infección respiratoria aguda un 26% y diarrea acuosa aguda un 22%. También se han encontrado casos de síndrome de ictericia aguda (AJS).
La posibilidad de volver a Birmania, no solo afecta a los rohingyas refugiados en Bangladesh, sino también a los que se encuentran en India.
Un plan del gobierno del ultra nacionalista Narendra Modi, pretende deportar a decenas de miles rohingyas, en el marco de sus políticas contra la población musulmanas que representan un 16,5 %, que ya ha provocado decenas en enfrentamientos entre los propios ciudadanos de fe hinduista un 73,7%.
Ni bien estallada la última crisis migratoria de los rohingyas en Birmania, el Ministerio del Interior hindú, envió una notificación a todas las gobernaciones del país, para que se identifique y se deporte a todos los inmigrantes ilegales, incluidos los 50.000 rohingyas. Tareas a la que se han abocado tanto las policías, como las diferentes agencias de seguridad estatal. Ya que la medida se justifica, alentado una posible amenaza para la seguridad y en segunda instancia una cuestión de utilización de recursos económicos del estado indio.
El sentimiento anti-rohingya ha aumentado en India, al punto que en la ciudad norteña de Jammu, donde viven cerca de 6.000 refugiados, los líderes religiosos de varios grupos hindúes, han iniciado una campaña para expulsarlos de la región. Jefes locales del partido del Primer Ministro Narendra Modi, el Bharatiya Janata (Partido Popular Hindú), han despertado el fantasma de que la presencia de musulmanes extranjeros podrían utilizarse por Pakistán o el Daesh, para operar contra el país.
De retorno a Birmania, los miles de rohingyas no tendrán más opciones que luchar o morir. Por lo que la opción de ingresar al Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán, sería la única posibilidad de sobrevivencia.
* Escritor y periodista argentino. Publicado en Línea Internacional
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