Bolivia: Gobierno de facto busca excluir al MAS
Agencia Mp3*. LQS. Julio 2020
Luis Arce denuncia que el gobierno de facto quiere proscribir al MAS.
Arce Catacora denuncia intento de «proscribir» su candidatura
El exministro de Economía y candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, rechazó la denuncia interpuesta en su contra por daño económico al Estado en contratos para la compra de un software para la Gestora Pública y advirtió que este es un nuevo intento de proscribir su candidatura y al partido que representa para las elecciones del 6 de septiembre.
“Cómo es de conocimiento público el día de ayer (30 de junio) el Gobierno ‘de facto’ realizó otra denuncia penal contra mi persona. Nosotros queremos denunciar ante la opinión pública la intencionalidad que tiene el gobierno de proscribir al Movimiento al Socialismo para que no participe en estas elecciones, de proscribir al candidato del MAS-IPSP. Han intentado amedrentarme, perseguirme desde mi llegada al país”, expresó.
El candidato también denunció que la acusación en su contra es una cortina de humo del Gobierno transitorio para tapar un nuevo escándalo sobre un daño económico al Estado de 9,9 milllones de bolivianos en la Gestora Pública por la venta de unos bonos.
“Lo que nosotros hemos venido observando es una denuncia de un daño económico que hubo en la Gestora de 9,9 millones de bolivianos, donde al amparo de la compra-venta y la intencionalidad de hacer más líquido el fondo para pagar la Renta Dignidad, este Gobierno a través de la Gestora Pública ha hecho un daño vendiendo unos bonos de 9,9 millones de bolivianos. (La denuncia en mi contra) es otra cortina de humo para tapar otro hecho de corrupción, otro desfalco al Estado”, apuntó.
El candidato reiteró que el MAS denunciará el intentó de proscripción ante instancias democráticas internacionales y dijo que las acusaciones del Gobierno en su contra se enmarcan en la campaña electoral que emprendió Juntos, la alianza que postula a la presidenta Jeanine Añez, porque el MAS lidera las encuestas de intención de votos.
El Gobierno dio a conocer que hubo al menos dos contratos irregulares para la compra de un software de la Gestora involucran a Arce. El primero con la empresa panameña SYSDE por un monto de 5.15 millones de dólares en 2017, el cual fue incumplido pese al desembolso de más de tres millones de dólares por concepto de licencia y otros productos menores.
El segundo contrato por el cual se acusa a Arce por daño económico en la Gestora se firmó el 23 de octubre con la empresa colombiana Heinsohn por 10.9 millones de dólares, el cual fue observado por el Gobierno porque se establece que la Gestora sólo tiene derecho de uso del producto y que adicionalmente se debe pagar 1.6 millones de dólares por el mantenimiento del sistema y el código fuente.
“El contrato con Heinsohn no era para la compra de un software, era un derecho de uso, era un alquiler con un pago anual extra. Aparte del pago por la adquisición de 10.4 millones de dólares de una supuesta compra del Estado se tenía que pagar 1.6 millones de dólares por el concepto de licencia y código fuente, eso nos han tratado de engañar”, denunció el martes el representante legal de la Gestora Pública, Sergio Flores.
Arce señaló que aún no conoce el tenor de la denuncia presentada ante a Fiscalía en su contra, pero aseguró que en el primer caso se iniciaron procesos judiciales contra la empresa por el incumplimiento. Indicó que luego se contrató a otra empresa para la adquisición de un software pero que este avance fue interrumpido por el Gobierno.
“No se está haciendo absolutamente nada por el avance de la Gestora, porque detrás de esto están los intereses de la AFP’s que quieren seguir trabajando en el país, qué quieren seguir usufructuando los recursos los trabajadores que aportan (…). Por qué se interrumpió el contrato que hice con otra empresa que estaba haciendo el sortware que necesita la gestora. Eso se paralizó como las obras en la inversión pública, como todo lo que hacíamos en favor del pueblo”, expresó.
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Gobierno procesa por presunta corrupción a Arce y él responde que es una cortina de humo
El Gobierno presentó una denuncia penal en contra del candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, y otras ocho personas por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, por supuestas irregularidades en la compra de dos plataformas para administrar el Sistema Integrado de Pensiones, con un daño de más de $us 15 millones.
En una conferencia de prensa, Arce respondió que con la nueva denuncia por supuestos hechos en la Gestora Pública, el gobierno transitorio de Jeanine Áñeztrata de crear una nueva cortina de humo “para encubrir sus actos de corrupción”. Además, inhabilitar su candidatura, porque “las encuestas muestran que existe una alta tendencia a favor del MAS para las elecciones de septiembre”.
En la misma línea, Evo Morales se pronunció a través de su cuenta de Twitter: “Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que, a dos meses de elecciones en #Bolivia, el gobierno de facto inició una estrategia judicial con fines políticos para inhabilitar a nuestro candidato Luis Arce y al MAS-IPSP e impedir nuestra participación electoral”.
La denuncia
El actual gerente de la Gestora Pública, Sergio Flores, presentó una denuncia contra Arce Catacora por la supuesta compra irregular de dos programas informáticos cuando fue presidente del directorio de la Gestora Pública. Una a la empresa canadiense Sysde, por $us 5,15 millones; y otra a Heinsohn, por $us 10,98 millones.
La empresa Sysde ofreció el software de AFP Futuro, pero esta AFP no dio su aval para utilizar su tecnología y complicó la operación.Se pagó el 59% del monto del contrato, $us 3.05 Millones (por concepto de licencia y otros productos menores no relevantes) y el software nunca fue entregado de acuerdo al contrato.
La denuncia señala que un mes después del inicio del proceso previo de contratación, el directorio dirigido por Arce, como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), autorizó el proceso de contratación directa de la empresa seleccionada:Sysde Internacional Inc., aceptando un descuento del 7% del pago parcial, en lugar de la Boleta de Garantía.
Por ello, la Unidad de Auditoría Interna identificó a nueve personas, entre ellos el actual candidato presidencial por el MAS, Luis Arce Catacora, en la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Otro software
Resuelto el contrato con Sysde, el directorio autorizó nuevamente la compra de un software, esta vez con la empresa colombiana Heinsohn. La empresa ofreció la venta de un bien, pero el contrato establece que ésta es propietaria del mismo y la Gestora adquiere únicamente el derecho al uso (es decir, no era venta sino un alquiler del bien).
El contrato además del valor del software, incluía el pago anual por uso y mantenimiento del sistema y el código fuente ($us 1.68 millones). Este contrato fue firmado en medio de un conflicto social, el 23 de octubre de 2019 y se resolvió luego por las irregularidades manifiestas.
Según la actual administración de la gestora, el daño económico tiene el siguiente detalle. Sysde, 5,15 millones de dólares; Heinsohn: 10,98 millones, por lo tanto, 114% más de sobreprecio.
El contrato establecía que la gestora no compró el software y prohibía cualquier tipo de modificación, préstamo, comercialización o venta. Al tener estas restricciones, la acusación sostiene que Bolivia no compró un software, solamente lo alquiló.
Un mes después del inicio del proceso previo de contratación, el directorio de la gestora, como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), autorizó la contratación directa de la empresa Heinsohn Business Technology, “teniendo conocimiento de los antecedentes y el contrato”, sustenta la denuncia. Este documento está firmado por Luis Arce Catacora, como representante legal de la gestora.
En este caso, la unidad de auditoría interna también detectó los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, que involucra a Luis Arce y a otras ocho personas.
La arremetida de Arce
Ante los medios, Arce respondió que se enteró por redes sociales, lo desmintió y pasó al ataque: “Este Gobierno, a través de la Gestora Pública ha hecho un daño vendiendo unos bonos de 9,9 millones de bolivianos”, dijo el candidato masista a los periodistas.
Complementó que existe desesperación en el Gobierno y por ello le echan barro. “El MAS se convierte en el único instrumento que viabilizará la recuperación de la democracia para los bolivianos. Queremos denunciar ante la opinión publica la intencionalidad que tiene el Gobierno de proscribirnos para que no participemos en estas elecciones, quiere proscribir al candidato del instrumento político”, denunció.
Oficinas edificio Gundlach
Mientras tanto, otra denuncia contra Arce también madura. Resulta que la infraestructura adquirida a SAFI Unión por un valor de $us 2.5 millones incluye un ala que originalmente era un parqueo descubierto. Esta área fue cubierta y adecuada para oficinas. El área descrita no se encuentra registrada en el catastro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, originando un riesgo de su demolición. Además, en el contrato de compra y venta, el área descrita figura como área libre, sin registro en Derechos Reales.
Arce aseguró que “se inventan y tratan de forzar figuras para acusar a quien lo único que hizo en 14 años fue acompañar al proceso de cambio y trabajar por el país mejorando la calidad de vida de los bolivianos, colocando a Bolivia en el primer lugar de la tasa de crecimiento por 6 años consecutivos y haber reducido los índices de pobreza extrema del país, mejorar la distribución del ingreso, aumentar la esperanza de vida de la gente, y haber reducido la brecha entre ricos y pobres”, matizó.
El MAS presentará una denuncia internacional para que los organismos que defienden la democracia verifiquen que “existen abusos en contra de los derechos políticos del MAS”. “Así vengan 50 juicios, seguiremos trabajando. Este es el fruto de la ausencia de ideas que combatan con las del MAS y menos propuestas que compitan con las del partido de los humildes”, subrayó Arce Catacora.
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Arce sobre la denuncia de la Gestora: “Seguiremos trabajando así vengan 50 juicios”
El candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, respondió hoy a la denuncia penal que interpuso la Gestora Pública contra la exautoridad de la entidad sobre presuntos daños económicos al Estado. En respuesta, dijo que seguirá trabajando aunque tenga en su contra unos 50 juicios.
“Lamentamos una vez más este tipo de hechos que no nos amedrentan. Nosotros seguiremos trabajando así vengan 2, 3, 4, 50 juicios. Van a tener que hacerlo porque no les queda de otra, porque no hay ideas que combatan con las nuestras”, manifestó Arce en conferencia de prensa.
Los presuntos delitos económicos de los que se acusa a Arce, cuando fue presidente del directorio de la Gestora Pública, están relacionados con la contratación de dos empresas extranjeras que deberían proveer un software para el manejo de las pensiones de jubilación.
Al respecto, el candidato respondió que actualmente no conoce el tenor de la denuncia que presentó ayer ante el Ministerio Público el actual gerente de la Gestora Pública, Sergio Flores. Sin embargo, rechazó enfáticamente el hecho porque considera que es una similar situación a la del caso del Fondo Indígena.
“Se inventan y tratan de forzar figuras para acusar a quien ha trabajado, a quien lo único que ha hecho durante 14 años, que acompaña al proceso de cambio, es trabajar por el país”, sostuvo.
Asimismo, explicó que durante su gestión en la Gestora Pública se contrató una empresa para que instale un software, pero no se pudo concretar porque la misma falló y le iniciaron un proceso por tal razón. Indicó que posteriormente se contrató a otra empresa que estaba haciendo realidad el sistema, pero que el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez paró el contrato.
“Yo quisiera también que como buenos periodistas trasladen la pregunta de por qué no se ha hecho absolutamente nada, por qué se ha interrumpido el contrato que yo hice con otra empresa”, afirmó Arce.
Sin embargo, la conclusión del candidato sobre las denuncias que presenta y anuncia el Gobierno actual es que se realizan para proscribir la personería jurídica del partido azul y de esa manera evitar que participe en las elecciones generales previstas para el próximo 6 de septiembre.
En este sentido, Arce denunció el hecho ante la comunidad internacional para que vengan al país organismos internacionales entendidos en la democracia “y vean el abuso que se está haciendo”.
* Con información de “Página Siete”, “El Deber”, “Lo Tiempos”, NODAL
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