Chile: Prisión preventiva para el “poderoso” penalista Luis Hermosilla
Por Cecilia Vergara Mattei*
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ha decretado prisión preventiva para el influyente abogado penalista Luis Hermosilla y la abogada María Leonarda Villalobos, implicados en delitos de lavado de activos, soborno y fraude fiscal en el llamado “Caso audios”. El escándalo ha destapado una amplia red de corrupción que involucra a abogados, jueces y políticos, revelando las profundas fallas en el sistema judicial chileno.
Hermosilla, considerado un “todopoderoso” en la esfera legal chilena marca un hito en la lucha contra la corrupción en Chile, exponiendo los vínculos oscuros entre el poder judicial, político y empresarial.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este martes acoger una medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía en contra del influyente penalista Luis Hermosilla y la abogada María Leonarda Villalobos, por los delitos tributarios que provocaron un perjuicio a las arcas fiscales de Chile de más de 1,1 millones de dólares, lavado de activos y sobornos en el marco del llamado “Caso audios”.
Tras nueve meses desde el destape del caso y cinco jornadas de audiencias, la jueza Mariana Leyton determinó que Hermosilla deberá permanecer en la cárcel Santiago 1 y Villalobos en un centro penitenciario femenino. La defensa de los imputados adelantó que va a apelar la decisión. Para Luis Ángulo, esposo de la abogada Villalobos, el juzgado determinó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
El escándalo estalló en noviembre de 2023, cuando la grabación de una reunión privada realizada en junio de ese año –más tarde se supo que quien grabó fue Villalobos– fue revelada por el medio de comunicación Ciper Chile: en ella se les escucha hablar de pagos a funcionarios públicos, junto al excliente de ambos, el empresario Daniel Sauer, detenido desde abril por el caso Factop, otra causa relacionada.
La fiscal Lorena Parra indicó que Villalobos, Angulo y Hermosilla, quienes tenían “conocimiento que el dinero de Factop y STF Capital provenía directamente de actividades ilícitas”, recibieron grandes montos desde estas empresas, los que fueron usados con “ánimo de lucro”.
A raíz de esta trama judicial se ha abierto una caja de pandora que ha salpicado a abogados, jueces y políticos, pues la Fiscalía tienen en sus manos los mensajes de WhatsApp de Hermosilla. Por ejemplo, en marzo, Sergio Muñoz Yáñez fue destituido como Director General de la Policía de Investigaciones (PDI) –estuvo en prisión preventiva y con con arresto domiciliario– dado que en el ejercicio de su cargo habría filtrado información reservada al penalista sobre causas policiales desde 2021. También se han conocido conversaciones del abogado con senadores, jueces y gestiones para influir nombramientos en el Poder Judicial.
El caso Hermosilla ha desatado un escándalo de corrupción de magnitudes inéditas en Chile, revelando una compleja red que involucra a poderosas figuras políticas, judiciales y económicas. En un país donde la confianza en las instituciones es por demás frágil, este escándalo ha generado una ola de indignación y un llamado urgente a la justicia por parte de los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini.
El caso ha puesto en evidencia no solo la corrupción en altas esferas, sino también las debilidades estructurales del sistema judicial chileno. Los diputados han sido enfáticos en señalar que este proceso debe llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar quiénes sean los implicados. Cicardini hizo un llamado a no permitir que Hermosilla, a quien calificó como un “peligro para la sociedad”, eluda la justicia, y reiteró la necesidad de una investigación exhaustiva.
La magistrada Leyton señaló que a Hermoseilla, “se incautó el teléfono móvil de aquel, que permitió encontrar conversaciones con el exdirector de la Policía de Investigaciones, siendo este uno de los múltiples contactos que les permitía obtener favores conforme a sus propios intereses. Por su parte, la imputada Villalobos fue quien de manera directa contactó a funcionarios de servicios públicos, instaurando una cadena de solicitudes y favores a cambio de dádivas”.
En tanto, Luis Angulo tiene calidad de imputado por delito tributario y lavado activo. De esta manera, el tribunal decretó la cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
Boric: a la cárcel un “todopoderoso”
Tras decretarse la prisión preventiva para Luis Hermosilla, el presidente Gabriel Boric se refirió al caso, sosteniendo que “no hay ciudadanos de primera y segunda clase. Acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla”. Con estas palabras el mandatario valoró la sentencia del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que acogió la cautelar solicitada por el Ministerio Público y pidió el ingreso de Hermosilla a la cárcel Capitán Yáber.
“Yo creo que es importante decirle a todo el pueblo de Chile, que tal como estamos enfrentando con firmeza la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, al tráfico de influencias también hay que enfrentarlo con mucha dureza. Acá no puede haber ciudadanos de primera y segunda clase, y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos“, sentenció Boric, quien reiteró que “es bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”.
Previo a la decisión de la jueza Mariana Leyton, tanto el Ministerio Público como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitaron la medida cautelar más gravosa. La magistrada estableció que el plazo de investigación por este caso será de 180 días, tal como demandara la Fiscalía.
Además de exigir la prisión preventiva para Hermosilla, los diputados han planteado la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus. Según Manouchehri, Matus ha incurrido en conductas graves, como mentir sobre sus contactos con Hermosilla y adoptar los argumentos de la defensa del abogado.
«En cualquier país serio, la mentira de una alta autoridad es una situación grave que incluso amerita la renuncia al cargo», sostuvo Manouchehri, quien considera que estos hechos podrían justificar la acción constitucional.
El escándalo Hermosilla, con sus ramificaciones en múltiples niveles del poder, se perfila como uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente de Chile. A medida que el proceso avanza, los ojos de la ciudadanía están puestos en cómo responderán las instituciones, en un momento en que la confianza en el sistema político y judicial está en juego.
* Cecilia Vergara Mattei es periodista chilena, asociada al CLAE
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