Coaliciones y coyuntura política en Colombia
Por Pedro Santana Rodríguez*. LQSomos.
Colombia requiere poner en marcha un conjunto de reformas que enfrenten los grandes problemas sociales y políticos que no han sido adecuadamente resueltos por las políticas públicas neoliberales en temas altamente sensibles como los ingresos, renta básica como derecho de ciudadanía y herramienta inmediata para derrotar el hambre, la legislación laboral o las pensiones así mismo temas como el medio ambiente, la educación o la salud para hablar de los más urgentes
La coyuntura colombiana está atravesada por un conjunto de factores que la hacen muy compleja. Hay aspectos estructurales que se han manifestado en la coyuntura agravados por las secuelas de la pandemia que ha golpeado inmisericordemente sobre todo a los sectores populares y que se ha traducido en muertos que de acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, que lleva la cuenta del subregistro superan ya los 170 mil muertos mientras las cifras del Ministerio de Salud a la fecha registran 135.992 una de las tasas de mortalidad más altas en el mundo por millón de habitantes. Un manejo desastroso del gobierno y la incapacidad de un sistema de salud privatizado y en profunda crisis, han agravado la situación. El hambre por falta de recursos y por los elevados precios de los alimentos de acuerdo con las cifras del propio DANE en su encuesta de Pulso País muestra que 17 millones de colombianos no consume las tres comidas al día y que cerca de 6 millones solo lo hace una vez por día. Por eso la discusión y la airada respuesta del gobierno al informe de la FAO y la retractación vergonzante de este organismo ocultan o pretenden hacerlo, que Colombia si tiene un serio riesgo de que el hambre cubra a más habitantes del territorio porque como producto de la apertura económica hemos perdido nuestra soberanía alimentaria.
Hoy Colombia importa más de 14 millones de toneladas sobre todo de trigo, maíz y frijol. Estos productos son importados y se han encarecido por dos razones, la primera, por la acelerada devaluación del peso colombiano que es una de las monedas más devaluadas del mundo hoy y en segundo lugar por el encarecimiento de los transportes y la crisis de los contenedores que golpea las importaciones. Y en el plano interno por la subida de precios de los insumos agrícolas como fungicidas, abonos y demás insumos para la producción que se han encarecido mucho por las mismas razones. Los productos importados son más baratos y los neoliberales defienden que se deben seguir importando pues según ellos, los consumidores los adquieren mucho más baratos. Esto es verdad. Ocultan nuestros neoliberales, sin embargo, los altos subsidios que reciben los productores agrícolas en los Estados Unidos y en Europa que en el caso de un granjero norteamericano es de 29 mil dólares al año mientras estos subsidios en Colombia no llegan a mil dólares al año.
La discusión, como lo hemos planteado desde el grupo que formuló la propuesta para una transformación del campo en Colombia, es el de si Colombia requiere o no transitar hacia la recuperación de su soberanía alimentaria. Desde este grupo hemos planteado que sí. Por ello una propuesta como la subida de los aranceles a la importación de los alimentos es adecuada siempre y cuando esta medida se acompañe de una nueva política agropecuaria que, entre otras medidas, resuelva el problema del crédito de fomento con créditos subsidiados sobre todo al pequeño y mediano productor, que proveen cerca del 70% de los alimentos; que revierta la potrerización de nuestros campos incorporando una buena parte de las tierras hoy dedicadas a la ganadería extensiva y que tienen vocación agrícola y no son aptas para la ganadería, que según cálculos son unas 16 millones de hectáreas. Hoy según el censo agrícola de 2014 solo empleamos en la agricultura unos 7.5 millones de hectáreas. Redistribuir la propiedad agraria que es una de las más concentradas del mundo. Hay que financiar el Fondo de Tierras para la paz para distribuir de forma gratuita los 3 millones de hectáreas que se contemplaron en los acuerdos de paz y la formalización de la propiedad agraria. Al mismo tiempo hay que resolver el problema del mercadeo interno, y en ello es crucial un plan financiado y de largo plazo de pavimentación de las vías terciarias. Esto tiene un costo según cálculos de este informe de 114 billones de pesos, luego debe ser un plan de largo plazo, al tiempo que la conectividad del campo a internet no da espera y tiene un costo de 8.6 billones de pesos. Todo esto es lo que estamos proponiendo como política integral hacia el campo. Pero hay que invertir en el campo. Todo lo contrario, a lo que han hecho los gobiernos neoliberales que han estado en el poder en los últimos treinta años y que han dejado de invertir. En estos años los recursos para el campo han disminuido en pesos constantes 10.5% en los presupuestos públicos para el sector agropecuario. Lo que hay que hacer para recuperar la soberanía alimentaria entonces es todo lo que no se ha hecho por estos gobiernos.
Un acuerdo con el liberalismo deber ser alrededor de la agenda de transición democrática concreto que comprenda temas como los que hemos mencionado antes
Lo propio podríamos decir de la desindustrialización del país que golpeo y destruyó una parte muy importante de nuestra industria y nos arrojó a la reprimarización de la economía hacia el extractivismo y las actividades mineras y de exportación de materias primas y de algunos productos sin agregar valor como el café, las flores y el banano. Esta coyuntura acentuó la crisis de este modelo y por ello uno de los temas de este debate presidencial debe ser ese. Hay que replantear de fondo el modelo económico que nos trajo en dónde estamos hoy. Una sociedad en que el 42.5% de los colombianos esta en la pobreza monetaria con ingresos inferiores a 331.800 pesos mensuales, 85 dólares, y otro 30% en riesgo de caer en la pobreza. El modelo ha creado una sociedad de pobres y excluidos.
Las coaliciones y los debates en curso
Colombia requiere poner en marcha un conjunto de reformas que enfrenten los grandes problemas sociales y políticos que no han sido adecuadamente resueltos por las políticas públicas neoliberales en temas altamente sensibles como los ingresos, renta básica como derecho de ciudadanía y herramienta inmediata para derrotar el hambre, la legislación laboral o las pensiones así mismo temas como el medio ambiente, la educación o la salud para hablar de los más urgentes. Pero hay otros problemas que son estructurales y que demandan una ambiciosa agenda reformista como el problema de la infiltración de las mafias y los corruptos en la política.
Con el uribismo, que ha dominado la política en Colombia durante los últimos veinte años, las mafias están coadministrando la institucionalidad pública ya no solo en amplios territorios en donde a través de los clanes regionales ponen y controlan alcaldías y gobernaciones y por esa vía la contratación pública, sino en entes nacionales como ministerios y entidades como la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría y ahora también la Defensoría del Pueblo. Las denuncias de Aida Merlano lo que muestran es como operan esas mafias en este caso los clanes Gerlein y Char, que están involucrados en todo tipo de corruptelas. Ella explica muy bien como operan estos clanes, como saquean el erario público y como compran los votos. Para su elección los dos clanes pusieron 11 mil millones de pesos. Es lo que dicen que cuesta una elección al senado por los partidos tradicionales en Córdoba, Bolívar, Sucre, Cesar, Guajira, Antioquia, Magdalena o Santander. Lo que dijo Aida Merlano es lo que sucede en todas esas regiones y las investigaciones de la justicia no operan porque esas mafias tienen tomadas estas instituciones en el nivel regional y con el uribismo han llegado hasta los más altos cargos nacionales. Barbosa al frente de la Fiscalía echo tierra a la investigación de la ñeñepolítica y nada ha hecho en la investigación sobre estos clanes, por el contrario, se alía con ellos, por ejemplo, en el Magdalena para acorralar al gobernador Carlos Caicedo y así en otras regiones del país.
Las reformas en el aparato judicial como en el régimen electoral no dan espera. La lucha contra la corrupción no tiene ninguna posibilidad con la forma como se ejerce y financia la política en el país y como se elige al fiscal general o al procurador general. Esas son reformas urgentes. Pero para ello hay que ganar las elecciones al Congreso y a la presidencia de la República.
Y lo que se ha puesto en el centro del debate hoy es hasta dónde deben llegar las alianzas y los acuerdos. Es lícito y legítimo que, para llevar esa agenda de transición a la práctica, a la política pública, se conforme un pacto o una coalición con fuerzas que hasta ayer han sido las impulsoras de este modelo depredador y antisocial que es el neoliberalismo. Esa es la discusión hoy en Colombia. Ingrid Betancourt le reprochó a Alejandro Gaviria el respaldo de parlamentarios de cambio Radical y de liberales que han llegado a apoyarlo y Gustavo Petro con su propuesta de alianza con el liberalismo de César Gaviria, es decir, el partido Liberal, han puesto el tema en el centro de la discusión política. Nadie puede negar que el liberalismo y César Gaviria fueron y han sido los principales impulsores con el uribismo y los conservadores del neoliberalismo y del modelo fracasado de desarrollo que nos rige. De la mano de Uribe, Gaviria privatizó la salud, las pensiones, arruino el campo colombiano como ya señalamos. Nos reprimarizó y destruyó la industria nacional. Impulsaron de común acuerdo una legislación laboral que precarizo a los trabajadores y a los pensionados suprimiendo la mesada catorce y el pago de dominicales y horas extras con falacias como que todo esto se hacía para generar empleo. En ninguna parte del mundo donde se han aplicado esas políticas se ha generado empleo. A Gaviria hay que abonarle que impulso la Constitución del 91 aunque en ella favoreció el modelo privatizador y no presentó ninguna propuesta de reforma social ni de profunda reforma a las Fuerzas Armadas los tres lunares más grandes de la progresista Constitución de 1991, que es una carta en lo fundamental democrática.
Mi punto de vista es que la agenda de transición requiere como lo he defendido desde estas páginas desde los años pasados y en las elecciones del año 2018 y lo he defendido para estas elecciones que lo mejor para el país sería que en la consulta del 13 de marzo el centro y la izquierda deberían ir a una sola consulta previo el diseño y acuerdo público de un programa común. Consulta única con programa. Eso no se pudo, aunque era lo más conveniente para el país. Así se pudiera ganar en primera vuelta.
Pero si no se pudo para las consultas es inevitable que entre el centro y la izquierda haya un acuerdo para la segunda vuelta. El centro se compromete a respaldar al candidato de la izquierda que será sin duda Petro si no logra pasar a segunda vuelta y a su vez Petro se compromete a apoyar al candidato del centro si él es el que no pasa a la segunda vuelta. Eso aún no ha sido acordado y debería serlo porque la tarea superior en esta coyuntura es derrotar a las mafias y al poder corruptor de las mismas que han penetrado profundamente en el aparato de Estado, en la institucionalidad.
Cualquier acuerdo como el que plantea Petro con César Gaviria y el partido Liberal debería ser alrededor de un programa concreto y específico. No puede ser para profundizar el neoliberalismo sino para desmantelarlo, para derogarlo, ese es un modelo antisocial fracasado. Por ello no puede ser un acuerdo burocrático. Y no puede ser un sartal de generalidades. Un acuerdo con el liberalismo deber ser alrededor de la agenda de transición democrática concreto que comprenda temas como los que hemos mencionado antes. Y además debe tener un código mínimo de ética en el manejo de los recursos públicos. Pero además debe ser hecho de forma pública y debe ser publicado y difundido ampliamente.
Se solía decir que López el viejo, es decir, Alfonso López Pumarejo decía que el partido Comunista era su partido Liberal chiquito para explicar que los comunistas de manera acertada a mi juicio hubiesen apoyado la agenda reformista de López Pumarejo en los años treinta del siglo XX. La realidad hoy, que hay que tener en cuenta, es que una alianza o coalición con los liberales tendrá como socio mayoritario a la izquierda y que eventualmente quien estaría en la presidencia si tal alianza se diera sería Petro. Hoy la correlación de fuerzas favorece a la izquierda no al liberalismo que fue hegemónico hasta que entregó su alma a los grandes conglomerados económicos y financieros y dio la espalda a los intereses populares. Hay que ser claros un acuerdo político con los liberales oficialistas debe ser de cara al país, público, concreto y debe tener un código mínimo de ética. La política como diría Bobbio es el arte de las alianzas, pero con proyectos que beneficien a la gente y que en Colombia en esta coyuntura derrote a la mafia incrustada en las instituciones, eso es lo que no han entendido algunos integrantes del Centro Político que en aras de no polarizar ni nos dicen qué quieren ni que es lo que están proponiendo para enfrentar a las mafias presentes hoy en sectores muy amplios del poder público.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
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