Colombia. Caen medidas obstruccionistas emprendidas desde la Procuraduría
Por Pedro Santana Rodríguez*
En medio de un contexto de acusaciones y sanciones selectivas contra funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, el Consejo de Estado revoca medidas cautelares impulsadas por la Procuraduría, evidenciando el uso de estrategias obstruccionistas. La caída de estas medidas saca a la luz el debate sobre la responsabilidad de desabastecimiento de medicamentos en Colombia, un problema de carácter mundial.
El Consejo de Estado tumba las medidas de la Procuradora General, Margarita Cabello, que culpaban al gobierno Petro del desabastecimiento de medicamentos.
Durante los ya casi cuatro años en que Margarita Cabello Blanco ha ocupado el cargo de Procuradora General de la Nación, este organismo ha sido presa del más burdo manejo politiquero. En sus primeros años fue incondicional al gobierno de Duque quien la apoyó para que el Senado de la República la eligiera después de un desastroso paso por el ministerio de Justicia, recuérdese la masacre de los internos de la cárcel modelo de Bogotá en que murieron 32 reclusos y la desastrosa actuación de la entonces ministra de Justicia ocurrida el 27 de abril del año 2000, para poner un solo ejemplo; pero además los torticeros manejos para hacer aprobar una reforma que buscaba incumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció la prohibición que autoridades administrativas -como es el caso de la Procuraduría General de la Nación- puedan sancionar a funcionarios elegidos mediante votación popular. Ese esperpento sigue vivo pues en un fallo también bastante cuestionado la actual Corte Constitucional validó parte de dicha reforma y los choques de trenes entre la Procuraduría y el Consejo de Estado han sido constantes en los últimos años. Con toda razón a mi juicio el Consejo de Estado ha echado abajo fallos sancionatorios contra funcionarios electos popularmente.
Margarita Cabello aguzó su politiquería y su persecución contra funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. La sanción contra el canciller Álvaro Leyva Durán por el caso de la licitación de la producción de los pasaportes, la sanción contra el superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez y su inhabilidad para ocupar cargos públicos durante 12 años, la sanción contra el entonces presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Daniel Rojas, la apertura de innumerables investigaciones disciplinarias contra altos funcionarios del gobierno (a por lo menos cuatro ministros se les abrieron investigaciones disciplinarias preliminares), mientras exonera a la exministra de las TIC, Karen Abudinen, en el famoso caso del robo de 70 mil millones de pesos destinados a dotar de Internet a colegios de las comunidades rurales del país, y ahora de manera un tanto estrambótica ha concluido que el software Pegasus no fue adquirido por el gobierno colombiano contrariando las propias declaraciones del ministro de Defensa de Israel que ha afirmado que dicho software malicioso si fue vendido al gobierno colombiano. Muchas son las arbitrariedades cometidas durante la administración de la Procuradora Cabello Blanco.
Se cae la fábula de la responsabilidad del gobierno en el desabastecimiento de los medicamentos
Los más estrambóticos casos se han venido cayendo cuando otras autoridades judiciales han abordado su resolución. El más reciente la caída de las medidas cautelares de urgencia por el desabastecimiento de algunos medicamentos en el país. En el marco de una Acción Popular que la Procuraduría instauró hace ya varios años y que fue admitida para estudio por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que busca que se establezca una política farmacéutica y dentro de ella el control de precios de los medicamentos, en el mes de octubre del año 2023 la Procuraduría de Cabello Blanco solicitó unas medidas cautelares de urgencia responsabilizando al ministerio de Salud y al INVIMA por el desabastecimiento que se ha presentado en el país de algunos medicamentos. Para la Procuraduría este desabastecimiento era responsabilidad del Ministerio de Salud y del INVIMA y según la solicitud este desabastecimiento tenía directa relación con la ausencia de mecanismos de control de precios de los medicamentos por lo cual en el marco del proceso de la Acción Popular solicitó unas medidas cautelares de Urgencia las cuales fueron concedidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenando diversas medidas tanto al ministerio de Salud como al INVIMA.
El auto mediante el cual se concedieron dichas medidas cautelares fue apelado por el ministerio de Salud y el INVIMA ante el Consejo de Estado que en reciente fallo del 3 de octubre echo abajo dichas medidas cautelares señalando de manera precisa que el desabastecimiento de los medicamentos en Colombia no tenía relación directa con el objetivo central de la Acción Popular que lo que busca es el establecimiento de una política farmacéutica y dentro de ella el control de precios de los medicamentos. Por tal razón el Consejo de Estado tumbó las órdenes del Tribunal y de paso las pretensiones de la Procuraduría que con ello buscaba responsabilizar al gobierno de Petro por ser en parte el responsable del desabastecimiento de los medicamentos en el país. Todo ello se orquestó desde la Procuraduría en medio del trámite de la reforma a la salud. Como se sabe Cabello Blanco y sus padrinos políticos principalmente el clan Char y su partido Cambio Radical, se oponen férreamente a la reforma y son defensores de oficio del manejo privado de los recursos públicos de la salud mientras se han hecho los de la vista gorda frente a los manejos poco transparentes y los evidentes casos de corrupción en el sector de la salud.
Hay que anotar de paso que el problema del desabastecimiento de los medicamentos es un problema mundial. En junio del año 2013 se celebró la Cumbre Internacional sobre Desabastecimiento de Medicamentos, organizada por la Federación Farmacéutica Internacional y por la Organización Farmacéutica Canadiense con el objetivo de “proporcionar un foro para discutir las causas, el impacto y las soluciones para el problema mundial de los desabastecimientos de medicamentos, a través de la óptica de las diferentes partes interesadas, involucrando a los representantes de gobiernos, profesionales sanitarios y sus organizaciones de profesionales, la industria y los pacientes”. En dicho encuentro, y a partir de las aportaciones de diferentes expertos, se llegó a la conclusión de que el origen del desabastecimiento de medicamentos se podría clasificar en factores que afectan a la demanda y a su distribución y dentro de los principales motivos señalaron el aumento puntual en la demanda de un principio activo para el tratamiento de una enfermedad, aprobación de una nueva indicación, vencimiento de patentes, conflictos bélicos, escasez de materias primas, producción monopólica concentrada principalmente en la India, Brasil y China.
Hay que agregar además que el desabastecimiento también se debe al predominio del ánimo de lucro que se ha hecho dominante en la industria farmacéutica desde los años setenta del siglo XX y que llegó a su máxima expresión en la producción y venta de las vacunas contra el Covid19. Muchos medicamentos han dejado de producirse porque no son rentables así sean absolutamente necesarios para el tratamiento de diverso tipo de enfermedades.
En Colombia desde el año 2012 y teniendo en cuenta el problema de desabastecimiento mundial de algunos medicamentos se han establecido mecanismos de seguimiento permanente para adoptar las intervenciones más apropiadas para hacer frente a esta problemática. No se desconocen también factores internos como el represamiento en el procesamiento de las solicitudes de licencias y registros sanitarios que debe realizar el INVIMA. Con corte a primero de octubre de 2024 hay pendientes 7.646 registros sanitarios de los 26.046 represados a noviembre de 2023. Un avance extraordinario de lo cual por supuesto no dan cuenta ni la prensa corporativa ni la Procuraduría. A esta misma fecha existen 13 medicamentos desabastecidos en el país frente a lo cual el INVIMA viene desarrollando diversas medidas para hacer frente a la situación. Si un paciente requiere un medicamento, la entidad promotora de salud puede importarlo bajo la figura de “medicamento vital no disponible” cumpliendo el decreto 481 de 2024.
Cómo se echa de menos la existencia de una oposición seria y responsable y de contera de unos organismos de control que actúen igualmente con apego a la realidad y a los problemas realmente existentes. Una oposición como la colombiana obstruccionista y filibustera no contribuye a la resolución de los reales problemas que tenemos en el país y empobrecen el debate público y la formación de una opinión pública ilustrada.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos
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