Colombia, Cauca: violencia desbordada

Por Agencia Mp3

“El movimiento social caucano es de los más activos en las protestas de jóvenes y en los barrios, de los indígenas y los afrodescendientes que se ven reflejadas en distintas formas de lucha que incluyen los frecuentes bloqueos de la Carretera Panamericana y ocupaciones de tierras en disputa con los terratenientes que no están teniendo soluciones satisfactorias por parte del Gobierno del Cambio…”

El departamento del Cauca sigue atravesando una grave situación, la violencia y la guerra han generado desplazamientos forzados, miedo, muertes y amenazas constantes hacia la comunidad y las autoridades tradicionales. Estos hechos restringen la movilidad y declaran a la comunidad como objetivo militar. El pueblo sigue aspirando a la concreción de la salida política al conflicto.

Reproducimos el comunicado emitido por el Comité Coordinador Nacional Movimiento por la Constituyente Popular -MCP-, en el que se analiza diversas cusas y se pide apostar por la convocatoria de la Constituyente y la realización de la reforma agraria prometida en la campaña presidencial.

Misión Cauca:
Estrategia contrainsurgente que amenaza la unidad popular

La desbordada violencia en el departamento del Cauca hay que mirarla con lupa. En cada región, en cada municipio, existen múltiples conflictos con actores armados y en medio de los choques militares están las comunidades afrodescendientes, indígenas o campesinas y sectores urbanos.

Hay tensiones alrededor de factores como la posesión de la tierra, el control militar territorial, de la explotación de los recursos naturales y del aprovechamiento de la plusvalía que emerge del procesamiento de los cultivos de uso ilícito. Hay ejercicios de la Guardia Campesina, de Guardia Cimarrona, de Guardia Indígena; ellos son colectivos de base que protegen, hacen control territorial y esto en ocasiones, de manera indistinta, ha generado una rencilla directa con ciertos grupos armados. En muchos lugares del Cauca está alterada la situación por la violencia y victimización de las comunidades, aunque lo que sucede en cada zona del departamento hay que analizarlo en detalle porque tiene sus particularidades: no se puede comparar lo que sucede, por ejemplo, en Corinto, Caloto y Toribío, con el cultivo de la marihuana, con lo que pasa en la cordillera occidental -el cañón de Micay y la Costa Pacífica caucana con la hoja de coca; mucho menos puede compararse lo que sucede en Puerto Tejada, Guachené y Padilla con el pandillismo, con lo que pasa en los municipios del macizo colombiano con la minería ilegal.

Es necesario recordar que aunque buena parte del pueblo del Cauca, históricamente, le ha apostado a los procesos que lleven a una salida política al conflicto, en particular, le dieron importancia a lo firmado en 2016 en La Habana, entre el gobierno Santos y las FARC-EP, la no implementación de los acuerdos, especialmente, el incumplimiento de aquellos referidos a la supresión de la concentración de la tierra productiva y la carencia de una política adecuada para el manejo de todo lo concerniente al tráfico de drogas ilícitas, han hecho que las crisis y las diferentes disputas terminen en confrontaciones violentas porque exacerban antagonismos de clase propios del campo y las existentes entre campo y ciudad. Vale anotar que el movimiento social caucano es de los más activos en las protestas de jóvenes y en los barrios, de los indígenas y los afrodescendientes que se ven reflejadas en distintas formas de lucha que incluyen los frecuentes bloqueos de la Carretera Panamericana y ocupaciones de tierras en disputa con los terratenientes que no están teniendo soluciones satisfactorias por parte del Gobierno del Cambio.

Es un hecho notorio que en el Cauca hay presencia de tres grandes grupos guerrilleros: ELN, Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia; estructuras que no solo participan en el conflicto armado, sino que controlan significativas economías ilegales en la región. Desde que el presidente Petro puso fin al cese al fuego con las estructuras del Estado Mayor Central, EMC, en el suroccidente colombiano, una oleada de violencia ha azotado al Cauca. Atentados con carrobombas, drones con explosivos, hostigamientos y tomas armadas en cabeceras municipales han sido la respuesta a las ofensivas militares en contra de las disidencias de las FARC en el Cauca. El pie de fuerza ha sido reforzado en varias ocasiones en varios municipios del departamento y hoy cuenta con más de 15 mil miembros de las Fuerzas Militares y de policía contraguerrillas, en su suelo, ellos han concentrado el accionar de una división del Ejército y un batallón de Aviación; también operan
una brigada de infantería de Marina y un batallón fluvial de la Armada. Así mismo, actúan un comando de combate de la Fuerza Aérea, un grupo de vehículos blindados livianos, artillería tipo spike, una flota de helicópteros y un avión fantasma, según datos disponibles en los medios de comunicación y las páginas del ministerio de defensa.

Sin embargo, la acción de la fuerza pública no ha sido suficiente para ganar la guerra a los grupos armados, que inferiores en número han sabido ralentizar el accionar militar del Estado y establecer una sólida relación con los miles de familias que viven de los cultivos de uso ilícito. Según el general Rodríguez (comandante militar en la zona), al 21 de junio la fuerza pública ha enfrentado 31 asonadas de población
civil en Valle, Cauca y Nariño, durante este año.

En medio de este complejo escenario el Presidente Petro lanzó la Misión Cauca. Un plan militar y social, financiado por los EEUU a través de la USAID, destinado a recuperar la seguridad y a transformar el territorio en una región que ha puesto en evidencia las limitaciones de la política de seguridad y “paz total” del Gobierno del Cambio que, si bien saludamos la suspensión de bombardeos y fumigaciones, no ha logrado marcar una clara diferencia con las políticas de gobiernos anteriores que tienen armas letales contra la vida, la libertad política y la soberanía nacional, sigue pegado a los dictados doctrinarios del Comando Sur de la general Laura Richardson y, por ende, a la matriz OTAN que dirigen el Pentágono, así lo demuestran los recientes ejercicios de fuerzas de América Latina para el control del Océano Pacífico por los gringos, gastos gigantescos que no coinciden con el llamado a la austeridad del ministro de hacienda.

Este Plan Cauca, en esencia, no logra marcar una clara diferencia del diseñado en el segundo gobierno Uribe, es en lo fundamental una reedición del Plan de Consolidación Integral de la Macarena (PCIM); la estrategia contrainsurgente diseñada en 2007 para intervenir la Serranía de la Macarena, el corazón del entonces Bloque Oriental de las FARC-EP. En el PCIM, la intervención integral del Estado consistía en
que la acción articulada y conjunta de las distintas armas y especialidades de la fuerza pública fuera complementada, escalonadamente, por transformaciones territoriales sostenibles en el tiempo; exactamente lo mismo que se plantea con Misión Cauca.

No obstante lo anterior, Misión Cauca matiza en algunos aspectos al PCIM: la estigmatización y criminalización de las comunidades en el marco del PCIM era protuberante, algo que parece ausente en la “contrainsurgencia humana” que ha inaugurado Petro; pero no por ello deja de constituirse en una amenaza a la unidad de los procesos y movimientos sociales del Cauca, tal como en su tiempo ocurrió con el Plan Colombia.

Otro matiz es que en el plan militar de los nefastos tiempos del gobierno de Uribe los militares no tenían tanto poder como lo tienen en la Misión Cauca de Petro: obras públicas sin licitación, dineros administrados por militares, programas sociales liderados por militares. Todo ello en una suerte de “departamento social de las Fuerzas Militares” que concentra aún más poder en las FFMM y da roles especiales a la policía aumentando la militarización del territorio caucano, de ahí que haya un batallón del Ejército para la Acción Integral formado por militares sin fusiles encargados de tareas sociales.

Así las cosas, el movimiento popular seguirá demandando resultados del Gobierno del Cambio, lo anunciado hace más de dos años en la campaña presidencial: un plan de choque en materia económica y social que de salida a la emergencia en estos aspectos.

El pueblo sigue aspirando a la concreción de la salida política al conflicto sin ser obstaculizada con medidas militaristas en nombre de una “seguridad humana” cuyo diseño toma por sorpresa a muchos sectores del Pacto Histórico por no marcar diferencia sustancial con la seguridad de gobiernos anteriores guiados por, como ha dicho el Presidente Petro, la fallida “guerra antidrogas” y el distractor propagandístico del “combate al narcoterrorismo” que oculta intereses de dominación de mercados y control geopolítico desde Washington y así pretende justificar el incremento de bases de la mano del ministerio de defensa Velásquez, como ocurre con recién creada base militar en la Isla Gorgona; porque tampoco es una seguridad del todo ciudadana pues obedece a presiones de distintos sectores oligárquicos y sus líderes políticos que tienen la mira puesta en mezquinos intereses como los de Fedegan y en el recorte de derechos políticos con ideas como frenar la convocatoria de la Constituyente y bloquear cambios importantes como la reforma agraria prometida en la campaña presidencial.

En cambio, la rectificación, que desde los sectores democráticos y de izquierda se pide al presidente que elegimos en dura lid en junio del 2022, a Gustavo Petro, es que tenga presente que la seguridad exigida por el pueblo debe nacer de cambios en sus condiciones de vida y trabajo, de la inversión económica del Estado que desestimule la vinculación de los jóvenes a las actividades delictivas al tener oportunidades de estudio y empleo para proyectar un futuro para las familias que anhelan conformar.