Colombia: clanes familiares, mafias y poder político
Por Pedro Santana Rodríguez*. LQSomos.
Hay aquí un problema de moral pública, de valores, que los grandes medios de comunicación cohonestan al no denunciar a estas candidaturas y por el contrario a ayudar a su presentación pública sin cuestionamientos
Estamos en plena campaña electoral y las fuerzas políticas y sus intereses se despliegan para tratar de configurar las alianzas que les permita a algunos tratar de mantenerse en el poder y a los otros tratar de acceder al mismo. Es el momento de las decisiones, de la configuración de los acuerdos y de las alianzas.
Uno de los factores más codiciados por el establecimiento político tradicional en esta coyuntura como lo fue en las elecciones presidenciales del año 2018, pero que han sido decisivos en los últimos treinta años en las contiendas electorales, lo constituyen los 25 clanes familiares regionales que ejercen poder territorial en por lo menos 17 departamentos del país. Estos clanes regionales resultan decisivos en los resultados electorales tanto para la elección del Congreso de la República como para la elección presidencial. Estos clanes regionales son la parte más regresiva de la política en Colombia. Se estructuran alrededor de familias con fuertes intereses ligados al latifundio y a la ganadería extensiva, mantienen nexos con las mafias ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo en sus regiones y controlan los poderes municipales y departamentales no solo en el poder ejecutivo de las gobernaciones y las alcaldías sino que extienden su poder al controlar el poder judicial, ejercen dominio en las fiscalías regionales, controlan las procuradurías y contralorías territoriales y además controlan las entidades nacionales con presencia en sus territorios como digamos por caso el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF; la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, para poner casos muy significativos, pero, la verdad es que controlan todas las entidades nacionales que tienen presencia en su territorio.
Estos poderes regionales negocian con los poderes nacionales no solo cuotas de poder a nivel central sino cuotas de poder en los territorios en los que ejercen su dominio y por esta vía afianzan su poder garantizando de paso la impunidad para sus fechorías. Compran votos, hacen fraude electoral, mantienen relaciones privilegiadas con las Fuerzas Armadas y de Policía en sus territorios, persiguen a la oposición, y manejan la contratación pública. Roban y malgastan de manera descarada los recursos públicos. Son la fuerza más regresiva de la política colombiana y son enemigos acérrimos de la Constitución de 1991.
El triunfo de un proyecto democrático, de un proyecto de cambio real para el país, supone la derrota de estos clanes electorales y ello no será posible sin una confrontación no solo programática sino ética y política. Es lo que han hecho clanes como los de la Familia Elías en Córdoba, o los Guerra en Sucre, los Char y los Gerlein en el Atlántico, los Turcos Hilsaca y los Araujo en Bolívar o los Genecco en el departamento del Cesar desde donde se dirigió una gran operación de compra de votos para Duque en la segunda vuelta presidencial de lo cual dan buena cuenta los audios del Ñeñe Hernández y la compra masiva en Atlántico que da cuenta la exparlamentaria conservadora, Aida Merlano, es el clan familiar de los Aguilar en Santander o el de Dilian francisca Toro en el Valle del Cauca o los clanes de los Cote, los Diaz Granados y los Vives en el Magdalena.
La dirección intelectual y moral, parte esencial de un proyecto de cambio para Colombia
En su libro El Poder Político en Colombia, de obligatoria lectura para entender cómo se estructura el poder político en el Colombia, Fernando Guillén Martínez, describe muy bien la forma como los poderes clientelistas mantienen y estructuran el ejercicio del poder. Herederos de la Mita y de la Encomienda que no solo eran formas de producción y apropiación de las tierras sino formas de organización social, éstas formas y sus beneficiarios, se hacen valer en la estructuración del Estado y resultan decisivas para su ejercicio. Ello explica la sobre representación de los terratenientes y latifundistas que han resistido con éxito a todos los intentos de reforma agraria que se han intentado en el país. Siempre los que se agrupan alrededor de la defensa del latifundio improductivo como lo hicieron con éxito en 1972 en contra de la tímida propuesta reformista de Carlos Lleras Restrepo y la organización de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, como se han opuesto a la puesta en marcha de la ley 160 de 1994 y a los sucesivos informes de las Misiones Rurales que siempre recomiendan procesos de reforma rural integral.
Seguimos hablando y reivindicando una reforma agraria porque ésta jamás se ha hecho en el país. Todos estos clanes regionales se oponen a los acuerdos de Paz del Estado con las FARC-EP, y sobre todo a la puesta en marcha de los puntos 1 y 2 de los acuerdos, que refieren a la creación de un fondo de tierras de tres millones de hectáreas para ser distribuidas entre las víctimas y los campesinos sin tierra y la formalización de siete millones de hectáreas para pequeños y medianos colonos que no tienen títulos de propiedad, a estas reformas resisten por todos los medios como también a las reformas políticas que buscan democratizar el poder en los territorios precisamente en dónde estas mafias familiares ejercen el poder político. Estas mafias y los clanes familiares alrededor de las cuales se organiza el poder pervirtieron el proceso de la descentralización, lo instrumentalizaron para su beneficio y lo ejercen sin tregua. Sus territorios nadan en la miseria, en la desesperanza. Sin una vigorosa reacción de la sociedad civil que cree proyectos contrahegemónicos de base regional y territorial local no será posible recuperar la descentralización como parte del proyecto democrático que requiere el país.
Pero para ello habrá que levantar la bandera de la ética y de la moral pública, de la lucha contra la corrupción y la necesidad de crear proyectos políticos que reivindiquen el interés público sobre los mezquinos intereses ligados a las mafias, a la corrupción en la contratación pública y la forma impúdica y antidemocrática como estas familias enrocadas con las mafias ejercen el poder en sus territorios. Es una lucha que viene de lejos, pero que no ha logrado la derrota de los intereses patrimonialistas que se hicieron con el control del Estado. Es la bandera que en el año de 1946 después de la derrota del liberalismo levanto Gaitán bajo la figura o el eslogan de ¡Por la Restauración Moral de la República! ¡A la Carga!. Gaitán fue asesinado y con ello se derrotó transitoriamente el proyecto reformista popular de modernización y democratización del país que él encarnaba. En cambio, se afianzaron en el poder las tendencias reaccionarias y antidemocráticas que nos condujeron a la guerra civil denominada eufemísticamente como el período de la Violencia. Más de 200 mil asesinados, 196 mil fincas despojadas, más de 2 millones de desplazados, sin verdad, sin justicia y sin reparación para los millones de víctimas de este infame conflicto. Sobre sus cadáveres se levantó el proyecto del Frente Nacional, proyecto bipartidista, antidemocrático. Y en su contra se levantaron las guerrillas de las FARC-EP, del EPL, del ELN y demás formas de resistencia armada al proyecto antidemocrático. Esas guerrillas fracasaron y se convirtieron en obstáculo para los proyectos de transformación democrática. Es la tragedia que significan hoy el Ejército de Liberación Nacional, ELN y los reductos armados de las disidencias del proceso de Paz. Son obstáculos que habrá que remover mediante procesos de negociación política para construir una paz completa.
Un proyecto de transformación social de largo aliento como lo señaló Antonio Gramsci requiere de la conformación de un nuevo bloque histórico, de una confluencia no solo alrededor de un programa de transformaciones democráticas, sino de un proyecto de reforma intelectual y moral, que se materialice en un mensaje de protección de los intereses públicos, de la defensa de los recursos públicos, de la convivencia, del pluralismo democrático y de la paz con justicia social.
Los movimientos de los clanes familiares y mafiosos en la coyuntura
Como lo advierte el más reciente informe de la Corporación Pares estas mafias se mueven rápido. En este momento sus movimientos se encaminan a garantizar la presencia de sus candidatos en las listas electorales de los partidos políticos tradicionales, en algunos casos, para seguir gobernando en cuerpo ajeno a través de familiares o de allegados, simplemente se valen de testaferros como sus representantes en la política para mantenerse o perpetuarse en el poder. El informe de cuenta que en una muestra de 438 precandidatos registrados en los distintos partidos políticos en 26 departamentos del país registrados hasta el 6 de octubre del presente año, se registran 127 candidatos cuestionados o bien por que tienen investigaciones abiertas en materia penal o disciplinaria por hechos ligados con la corrupción o porque son parlamentarios ya en ejercicio que están siendo investigados por los organismos de control o son herederos de clanes políticos y de estructuras asociadas con graves escándalos de corrupción.
De los 127 candidatos cuestionados 126 ya están acomodados en las listas de los partidos principalmente tradicionales, solo Hugo Aguilar Villa del clan de los Aguilar de Santander aún no tiene el aval, recuérdese que su padre Hugo Aguilar, está condenado y actualmente paga cárcel por sus nexos probados con los grupos paramilitares y su hermano, Richard Aguilar esta detenido por acusaciones de corrupción cuando ejerció la gobernación de Santander, su hermano Mauricio Aguilar es actualmente el gobernador de Santander y se encuentra en investigación por aparentemente desaparecer documentos que implicaban a su hermano Richard Aguilar, así se mueven impúdicamente estos traficantes de la política y de los intereses mafiosos y corruptos.
Estos 126 candidatos cuestionados se han avalado en 8 partidos, en dos movimientos políticos y en un Consejo Comunitario. El Partido Conservador ha avalado 26, el Partido de la U ha avalado 24, el Partido Liberal 24, Cambio Radical 24 y el Centro Democrático 17. Estos cinco partidos han avalado entonces el 90% de los precandidatos cuestionados. Esta es una conducta recurrente de estos partidos que ya lo habían hecho, avalar estos precandidatos en las elecciones parlamentarias de 2014 y 2018. En el año 2014 estos partidos mayoritariamente avalaron 131 candidatos cuestionados que eligieron 70 Congresistas, esto es, el 26 % de todo el Congreso. En el año 2018 estos partidos avalaron 70 candidatos cuestionados que eligieron 68 congresistas, es decir, el 25% del Congreso.
Territorialmente estos 127 candidatos cuestionados se concentran en Antioquia, Córdoba, Tolima, Risaralda y Valle del Cauca, en estos cinco departamentos se concentra el 45% de los candidatos cuestionados.
En la base de toda esta realidad, hay un problema de cultura política, que involucra a un sector muy grande de la población que sigue votando por estos candidatos, y que, llegados a los cargos de representación popular, en este caso al Congreso de la República, siempre votan en contra de los intereses de la gente que les vendió el voto o que los apoyo por recibir beneficios como materiales de construcción para sus viviendas o cualquier otra dádiva. Hay aquí un problema de moral pública, de valores, que los grandes medios de comunicación cohonestan al no denunciar a estas candidaturas y por el contrario a ayudar a su presentación pública sin cuestionamientos. Allí hay un arduo trabajo que desarrollar por parte de los nuevos liderazgos sociales y políticos. A esto era a lo que se refería Gaitán cuando lanzo es eslogan por la Restauración Moral de la República sobre la cual hay que volver y trabajar en esta coyuntura.
Y en el proyecto nacional estos clanes regionales se vienen juntando en la llamada Coalición de la Experiencia donde intentan construir un proyecto de derecha con Federico Gutiérrez, Dilian Francisco Toro, Alex Char, Juan Carlos Echeverry y Enrique Peñalosa, buscan valorizarse y eventualmente llenar el vacío que deja la debacle del Uribismo. Estas son las jugadas nacionales de los clanes regionales.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
– Imagen de portada de AL Punto
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