Colombia. Desmontar los sistemas de perfilamiento y persecución en las redes
Por Colombia Informa*. LQSomos.
Con la llegada del nuevo gobierno hay, sin lugar a dudas, un panorama distinto para las organizaciones populares. Pero la estigmatización, la criminalización y la persecución que por décadas se ha ejecutado desde las instituciones del Estado, no se va a transformar de un día para otro. La construcción de una paz real, con justicia social, pasa también por desmontar las estructuras y herramientas, cada vez más sofisticadas, que se utilizan para atacar al movimiento social
Durante el Estallido Social de 2021, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional desplegaron una campaña publicitaria en sus sitios web y perfiles de redes sociales, titulada #ColombiaEsMiVerdad. La campaña consistió en simular un bloqueo web, producto de un ataque cibernético, acompañado del silencio por parte de todos los funcionarios de esas instituciones, entre las 6 y las 9 de la mañana del 6 de mayo de 2021.
Esta campaña se publicó pocas horas después de denunciarse una masacre en el sector de Siloé, en Cali, y en medio de cientos de denuncias de abuso policial, en lo que fue calificado por la Misión de verificación SOS Colombia (integrada por 12 países) como un tratamiento de guerra a la movilización social. Luego de ese bloqueo simulado, vinieron los mensajes y la explicación de la campaña: que las redes sociales se estaban llenando de mentiras para desprestigiar al Ejército y a la Policía, y que esas mentiras eran una forma de “terrorismo digital”.
Para identificar estas “mentiras” se dedicaron más de 21 mil horas al denominado ciberpatrullaje, una práctica que aunque no se sabe qué es o en qué consiste, desde 2015 habilita al Centro Cibernético Policial -CCP- a “identificar amenazas (…) en contra de la ciberseguridad ciudadana”, como lo señaló La Silla Vacía.
En el contexto del Estallido Social y de la campaña #ColombiaEsMiVerdad, se trata de vigilar el comportamiento en redes sociales, e indagar a fondo en los perfiles que publiquen comentarios que puedan afectar la imagen favorable de la Fuerza Pública
La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- denunció que, según datos del mismo Ministerio de Defensa, entre el 28 de abril y el 27 de junio de 2021 identificaron 157 “noticias falsas” a través de acciones de ciberpatrullaje. Sin embargo, no hay información sobre qué se hace con la información recolectada en estos procedimientos, o si esta información puede haber sido utilizada como insumo en investigaciones penales o disciplinarias. En cualquier caso, como señaló Óscar Parra del proyecto Rutas del Conflicto, a finales de 2021 la Fiscalía capturó a más de 200 personas acusándolas de terrorismo dentro de las jornadas de protesta entre abril y junio de ese año, y no es posible establecer en cuántos de ellos se utilizaron como prueba lo encontrado durante los ciberpatrullajes.
No es nuevo que se abran procesos por terrorismo que no llevan a ninguna parte, montajes judiciales que le significan a los acusados un par de años de cárcel, y luego salir por vencimiento de términos o falta de pruebas concluyentes. Según datos de la Fiscalía General de la Nación, en esa entidad existen 5472 investigaciones por hechos ocurridos en el marco de las manifestaciones durante los años 2019, 2020 y 2021, y 691 personas han sido capturadas por hechos cometidos durante las protestas de 2020 y 2021.
Pero los ciberpatrullajes son solo una muestra de las capacidades de vigilancia y monitoreo que se han venido instalando desde hace tiempo dentro del Ejército y la Policía. Recordemos que en 2011 se disolvió el DAS –Departamento Administrativo de Seguridad– luego del escándalo de espionaje a funcionarios de la rama judicial, defensores y defensoras de derechos humanos, y líderes políticos y periodistas, para estigmatizarles y abrir procesos judiciales en su contra.
Además, desde 2013 la Policía Nacional cuenta con la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (PUMA), para supuestamente perseguir la delincuencia común en el país. Con las filtraciones de la empresa italiana Hacking Team en 2015 se conoció el alcance de PUMA, un sistema de monitoreo y control remoto de dispositivos, que no solo permitía a la Policía interceptar comunicaciones, sino apropiarse del dispositivo, es decir que les permitía hacer seguimientos sin ningún tipo de control legal, y dejaba la puerta abierta a la instalación de evidencia dentro de los dispositivos vigilados.
Recordemos también que a comienzos de 2014 se conoció de la operación “Andrómeda”, que consistía en actividades de inteligencia militar en medios digitales, realizada desde un local comercial de nombre Buggly en el barrio Galerías de Bogotá, que servía de fachada, pues se presentaba como un espacio para aprender de hacking ético, pero servía para reclutar civiles y hacer interceptación ilegal de comunicaciones a negociadores del acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, y también a periodistas de medios independientes.
En los años más recientes se ha extendido el uso de herramientas de “inteligencia en fuentes abiertas” –OSINT, por sus siglas en inglés– por parte de los gobiernos, para definir sus estrategias de comunicación institucional con base en los perfiles “afines”, “neutros” y de “oposición” a sus líneas políticas.
En Colombia, se ha denunciado que el gobierno nacional y varios gobiernos departamentales y locales del periodo anterior invirtieron en el monitoreo y perfilamiento en redes sociales, con estos fines. Y eso es precisamente lo que hizo el Ejército con su campaña #ColombiaEsMiVerdad
Poco conocemos en detalle sobre cómo funcionan y el alcance que tienen las herramientas utilizadas por el gobierno y el Ejército para hacer monitoreo en Internet, pero cada vez aumentan más las listas de periodistas y personas del movimiento social cuyas redes sociales (y las de sus contactos) han sido monitoreadas para estigmatizarlas y criminalizarlas. En los primeros meses de la pandemia, entre finales de 2019 y mediados de 2020 se supo de las “carpetas secretas”, una oficina del Ejército desde donde se hizo perfilamiento a más de 130 personas, principalmente periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, y sindicalistas.
Como explicó en su momento la Revista Semana, la información recogida por el Ejército incluía árboles de contactos, datos de sus familiares, amigos, fuentes o direcciones de domicilio, así como “conclusiones” estigmatizantes y tendenciosas, realizadas por los analistas militares, respecto de las orientaciones políticas de las personas monitoreadas. En algunos casos, incluso, incluía información de ubicación georeferenciada que había sido registrada durante varios meses.
En el caso de algunos periodistas, como ha señalado la FLIP, “el perfilamiento incluía la construcción de una red de contactos con los que se relacionaba el periodista, a quienes también se les construía un perfil, con lo cual se puede inferir que el Ejército tiene información de las fuentes periodísticas que les brindan información a los comunicadores”.
Este espionaje se hizo con una plataforma tecnológica llamada Hombre Invisible, que costó alrededor de tres mil millones de pesos, la cual permite, según dicen, acceder a cualquier computador, a llamadas y conversaciones de WhatsApp y Telegram Web, así como descargar conversaciones de chat archivadas o borradas, fotos y en general lo que se encuentre en el almacenamiento de una máquina infectada
Esto, como se ve, va mucho más allá del simple perfilamiento en redes sociales, o el análisis de fuentes abiertas. A mediados de 2020 también se denunció la intención de compra de otro sistema similar, pero por parte de la policía, el cual costaría alrededor de cuatro mil quinientos millones de pesos, para monitorear sitios web, redes sociales, redes de navegación anónima como Tor, I2p o Freenet, y sistemas de mensajería instantánea como Telegram. Aunque este contrato de compra fue cancelado a finales de agosto de 2020, es una muestra de las capacidades de vigilancia que, o están instaladas, o son de interés para la Fuerza Pública que, como se ha visto en el pasado, trabaja de la mano con la Fiscalía y el gobierno, así como con grupos civiles encargados de ejecutar tareas de vigilancia por fuera de los marcos legales.
En este contexto, ¿Qué podemos esperar ahora que se retoman los diálogos con el ELN? ¿Y en el contexto de la llamada “Paz Total”?
* Corporación Colombia Informa
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