Colombia: Drogas, guerra y el ELN

Gearóid Ó Loingsigh. LQS. Diciembre 2020

El tema de las drogas es uno que nunca está lejos en el discurso público sobre el conflicto colombiano. Periodistas sesgados y/o simplemente perezosos usan el tema para describir los motivos detrás de un sinfín de hechos, masacres y asesinatos. Es cierto que el narcotráfico ha permeado a toda la sociedad colombiana, y no existe sector alguno que no haya sido impactado por ello. Pero no todos en Colombia somos narcotraficantes. Sin embargo, una vez más se vuelve a jugar con el naipe, el Rey de Bastos, para describir el conflicto en términos de un problema de narcotráfico.

Varios periódicos colombianos sacaron artículos recientes sobre la supuesta relación de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el narcotráfico y ya hay 11 comandantes del ELN que tienen procesos abiertos por dicha actividad y están pedidos en extradición[1]. Hablan del ELN como si dominara el narcotráfico, hablan de ajustes de cuentas internas por dinero de narcotráfico, como si fueran una pandilla, en vez de que el ELN toma medidas drásticas contra sus miembros que se metan en el narcotráfico, y esas ejecuciones internas responden a la indisciplina y traición de principios de unas personas y no son una pelea interna por dinero[2]. Por supuesto el ELN en una carta abierta, ampliamente difundida en redes sociales y prensa alternativa, respondió negando cualquier vínculo con el narcotráfico[3]. Pero ¿cuán cierto es este nuevo relato?

Antes de mirar a las acusaciones dirigidas contra el ELN vale la pena repasar un poquito la historia del narcotráfico en Colombia y la realidad del negocio en términos internacionales.

Comenzando con lo obvio cuando fundaron las FARC y también el ELN en 1964 el narcotráfico no era un problema en el país y no existían grandes cultivos tampoco, es decir, la existencia de las guerrillas es anterior a la existencia del narcotráfico. Luego, en los 70, el país vivió una bonanza de la marihuana en la costa, pero es el surgimiento de los grandes carteles de drogas en los 80, alrededor de la producción de la cocaína que define para siempre la forma que toma el narcotráfico en el país. Hasta los 90 el país no era autosuficiente en hoja de coca, aun siendo el principal fabricante del producto final, cocaína. Escobar ya estaba muerto cuando Colombia logra la autosuficiencia y es en ese contexto que toma fuerza un discurso de echar la culpa del narcotráfico a las FARC, ignorando por completo que los principales narcos eran fundadores de grupos paramilitares. Uno de los grupos paramilitares más notorios en los ochenta fue el MAS (Muerte A Secuestradores) fundado por el Cartel de Cali y otros narcotraficantes como respuesta al secuestro de Marta Nieves Ochoa, familiar de los narcos Ochoa, por el M-19.

El discurso, sin embargo, sirvió para justificar el Plan Colombia y tenía algo de verdad, pero no mucho en ese entonces. La relación de las FARC con el narcotráfico no ha sido constante y con el tiempo ha evolucionado. Casi todo el mundo acepta que ellos comenzaron imponiendo un impuesto sobre la producción de coca, base de coca o cocaína en los territorios que controlaban. Esa relación inicial cambió y las FARC pasaron de simplemente cobrar un impuesto revolucionario a promover el cultivo, proteger laboratorios y hasta tener laboratorios propios y en el caso de algunos comandantes como el fallecido Negro Acacio, se metieron directamente en el tráfico de drogas. No hay duda al respecto. Pero tampoco fueron los grandes narcotraficantes que intentaron hacernos creer, estos narcos son del entorno no sólo del Centro Democrático sino del Partido Liberal y el Partido Conservador. Se olvida que la excusa de Samper frente al ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña fue y sigue siendo que se hizo a sus espaldas, pero nadie niega que el narcotráfico en algún grado financia todas las campañas electorales en el país, aunque empresas como Odebrecht juegan un papel a nivel nacional, a nivel local y regional, el narcotráfico quita y pone a más de un alcalde, gobernador, representantes y hasta senadores. Hasta el hermano de la actual vicepresidente del país Marta Lucía Ramírez fue narcotraficante y abundan fotos de muchos políticos con el Ñeñe Hernández y Uribe aparece en fotos también con el hijo del narcotraficante y paramilitar Cuco Vanoy. Es de conocimiento público que varios altos mandos de la Policía cercanos a Uribe como su exjefe de seguridad Mauricio Santoyo fueron extraditados a los EE.UU. por delitos relacionados con el narcotráfico y la excusa de Uribe fue la misma que Samper, todo ue a sus espaldas.

Pero cuando miramos a la extensión de los cultivos ilícitos en Colombia, vemos claramente la razón por la que los relacionaron con las FARC durante tanto tiempo y no con el ELN. La razón es sencilla, la mayoría de las grandes extensiones de coca y amapola se encontraban en zonas de influencia de las FARC. Si miramos al monitoreo de cultivos que hace la Oficina del Delito y la Droga de las Naciones Unidas (UNODC) vemos que en 2001 los principales departamentos donde había cultivos eran casi exclusivamente feudos farianos.

En 2001, la coca ya se encontraba en 22 departamentos del país, comparado con apenas 12 en 1999 (p4). Sin embargo, a pesar de esa expansión dos zonas concentraban la mayor parte de los cultivos: Putumayo-Caquetá tenía 45% del total de coca (aproximadamente 65.000 ha.) y Meta-Guaviare-Vaupés con 34% de la área de coca (unas 49.000ha.); es decir, el 79% de toda la área sembrada con coca[4]. Eran zonas completamente dominadas por las FARC, ni un solo eleno caminaba por esos territorios, o si lo hacía, lo hacía encubierto so pena de ejecución a manos de las FARC en caso de que lo encontraran, pues las FARC no toleraban competencia política en sus feudos. Cuando uno mira al mapa de los cultivos en ese entonces, uno ve no sólo esa concentración en esas zonas sino que casi todos los demás departamentos eran dominados por las FARC, y en los que había cultivos significativos y también una presencia del ELN, uno encuentra a Cauca, con 3.139 ha., Nariño con 7.494 ha. y Norte de Santander con 9.145 ha. Pero en esas zonas existía cierto equilibrio territorial entre las distintas guerrillas y uno de los pocos departamentos donde el ELN era claramente la guerrilla dominante era Arauca con 2.749 ha[5]. Pero cuando miramos a los municipios vemos que no es tan claro, pues en el Norte de Santander, 83%de los cultivos se encontraban en un solo municipio: Tibú, feudo fariano durante mucho tiempo antes de la llegada de los paramilitares en 1999[6]. En Arauca, el municipio de Araquita representaba más de 60% de los cultivos en el departamento y también era un feudo fariano dentro de un territorio dominado por el ELN. Así es obvio porque se hablaba casi exclusivamente del papel de las FARC en el narcotráfico y no del ELN en ese entonces.

Años más tarde la situación no había cambiado mucho, los principales departamentos productores eran los feudos farianos. El estudio de la UNODC sobre los cultivos en el país en el año 2013, sigue representando una concentración en los feudos farianos, con un desplazamiento desde Putumayo hacía Nariño debido a la fumigación y la persecución de las FARC en ese departamento por parte del Estado. En 2013, existían apenas 48.000 hectáreas de coca en todo el país, con significativas reducciones en algunas partes. Nariño, Putumayo, Guaviare y Caquetá sumaban 62% de las hectáreas de coca, con el Norte de Santander con 13% y Cauca con apenas 9%.[7] Hubo una reducción y un desplazamiento de los cultivos hacia nuevas zonas con Nariño representando el aumento más dramático de todos los departamentos.

En 2019, ya había 154.000 ha de coca en todo el país, algo más del triple de la cantidad sembrada en 2013, aunque representaba una leve reducción frente a 2018 cuando había 169.000 ha.[8] La producción de coca se recuperó a partir de 2014 en pleno proceso de paz con las FARC. Es de anotar que en 2019, Arauca un departamento donde domina el ELN la UNODC no reportó cultivos de coca.[9] Una vez más el Norte de Santander es un departamento con una amplia producción de hoja de coca casi cuadruplicando la cantidad reportada en 2001. Tenía 41.749 ha. de coca pero solo el municipio de Tibú tiene 20.000 ha y el mismo informe de la UNODC indica que no son áreas nuevas e indican un arraigo del cultivo en la zona.[10]

Sin embargo, no obstante el papel de las FARC en las drogas, no eran los grandes narcotraficantes que nos hacían creer. ¿Cómo lo sabemos? Su desmovilización no cambió para nada el flujo de cocaína hacía los EE.UU. y Europa. Los grandes capos del narcotráfico, en las empresas, en el Congreso de la República, en los bancos internacionales no pararon ni un segundo. Tampoco pararon por un instante personajes como Ñeñe Hernández ni demás asociados de los partidos políticos de la derecha en Colombia.

La producción de cocaína no paró, como tampoco paró el consumo. El Informe Global de Drogas de la UNODC da fe de ambos fenómenos. Según la UNODC el consumo de cocaína en los EE.UU. cayó de 2.5% de la población en 2002 a 1.5% en 2011, pero desde ese año volvió a aumentar y en 2018 se situaba en 2.0%, además existen indicios de un aumento en la venta de cocaína de alta pureza a precios más bajos entre 2013 y 2017. El precio de un gramo puro cayó 29% y la pureza aumentó 32%[11]. También el informe indica que en Europa hubo un aumento significativo en varias partes como Holanda, Noruega, Dinamarca, Estonia y Alemania. No obstante algunos de esos países habían experimentado reducciones en el consumo en los primeros años del siglo[12]. Todo esto indica que existe una mayor oferta de la droga. Eso no solo lo podemos ver en las cifras antes citadas de un aumento en la producción de hoja de coca en Colombia (o en otros países como Perú y Bolivia), sino que se ve en las incautaciones de drogas. Un aumento en incautaciones puede indicar una mayor eficacia por parte de las fuerzas policiales, pero combinado con una estabilidad o aumento en consumo y una reducción en el precio, indican, más bien, un aumento en la producción y la disponibilidad.

Según la UNODC las incautaciones de cocaína han aumentado dramáticamente desde el comienzo del Plan Colombia, indicando, aunque no reconocen el fracaso de su estrategia anti-drogas y la táctica de fumigaciones áreas con glifosato

En 1998, incautaron globalmente 400 toneladas, y esa cifra se mantenía relativamente estable hasta 2003, superando los 750 toneladas en 2005 y pasando el umbral de 900 toneladas en 2015 para terminar en 1.300 toneladas en 2018[13]. Es decir, no hubo reducción ni en el consumo ni en la producción de cocaína. A lo largo de los años con o sin las FARC hay producción de hoja de coca y por supuesto los narcotraficantes principales nunca se desmovilizaron, los jefes de los bancos siguen en sus puestos.

Los verdaderos narcotraficantes lucen corbata, tienen fincas grandes, se reúnen con el presidente Duque, no es el ELN quienes mueven centenares de toneladas de cocaína en el mundo. En 2012, el banco suizo, HSBC, acordó con las autoridades de los EE.UU. pagar una especie de multa de 1,920 millones de dólares por haber lavado la suma de 881 millones de dólares del cartel de Sinaloa y el cartel de Norte del Valle. El banco, a pesar de todo, clasificó a México como un país de bajo riesgo, excluyendo de esta forma 670.000 millones de dólares en transacciones de los sistemas de monitoreo y, además, el banco recibió notificaciones de las autoridades y las ignoró[14]. Nadie paró en la cárcel, de hecho, no persiguieron judicialmente a nadie. Como la senadora Warren señaló en una sesión del Comité Bancario del Senado, nadie iba a parar a la cárcel por ese delito masivo. Es más, en esa sesión el Sub Secretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, David S. Cohen, se negó a recomendar una investigación criminal contra el banco. Sobra decir que ningún comandante del ELN es directivo de ese u otros bancos. Se suele acusar al ELN de infiltrar a las universidades, pero hasta el momento no les han acusado de haber infiltrado las juntas directivas de los bancos.

No es el único banco implicado en el lavado de activos, en 2015 se describió a Londres como uno de los centros principales del lavado de activos provenientes del narcotráfico[15]. Un informe de la Agencia Nacional del Delito del Reino Unido (NCA) afirma, con base en un cálculo de la ONU, que entre 2 y 5% del PIB global son fondos lavados, que existe la “posibilidad realista [entre 40-50%] que anualmente se lavan centenares de millardos (un millardo = 1000 millones) de libras inglesas [en Londres]”[16] y que la mayor parte proviene de delitos cometidos fuera del Reino Unido. También sobra decir que ningún comandante del ELN es directivo de esas empresas, que esas empresas siguen funcionando y sus directivos andan libres y, según el mismo informe, apenas pudieron extinguir el dominio sobre 132 millones de
libras[17]. La NCA cita favorablemente a los informes de Transparencia Internacional. Según esta organización 1.201 empresas operando en los Territorios Británicos de Ultramar infligieron 250 mil millones de daño en corrupción en las últimas décadas. Ellos analizaron 237 casos de corrupción de los últimos 30 años. La mayoría de las empresas están registradas en las Islas Vírgenes Británicas (92%) y la mayoría (90%) de los casos ocurrieron allá[18] en la sede preferida de muchas empresas que operan en Colombia, ni hablar de personas que financian campañas electorales. De nuevo, el ELN no opera en esos territorios, aunque muchas empresas mineras en Colombia sí tienen registro allá. El informe señala que, debido a cambios legislativos, existen menos razones para la compra de propiedades en el Reino Unido a través de esas empresas registradas en los Territorios de Ultramar y sin embargo, el número de propiedades permanece relativamente estable en unas 28.000[19]. Claro, no todos serán el producto de dinero ilícito empero… Hasta donde sabemos el Comando Central del ELN no es dueño de ninguna de esas propiedades.

Transparencia Internacional siguió con sus investigaciones y en su último informe señala el número de empresas británicas involucradas en el lavado de activos o transacciones dudosas. Señala a 86 bancos e instituciones financieras, 81 bufetes de abogados y 62 empresas de contaduría pública incluyendo las cuatro grandes que dominan el mercado. Según esta ONG

Estas empresas, conscientes o no, ayudaron a adquirir los siguientes bienes usados para obtener, mover o defender riquezas corruptas o dudosas: 2.225 empresas inscritas en el Reino Unido, sus Territorios en Ultramar y las Dependencias de la Corona involucrados directamente en pagos; 17.000 más empresas inscritas en el Reino Unido sobre las cuales existen pruebas razonables de haber facilitado actividades parecidas; 421 propiedades en el Reino Unido por un valor de más de 5 mil millones de libras; 7 aviones de lujo con un valor de unas 170 millones de libras y 3 yates de lujo con un valor de unas 237 millones de libras[20].

Claro, no todos los fondos lavados provienen de drogas, pero todos son ilícitos en su origen. Sin embargo, EE.UU. no ha pedido en extradición a los capos de los bancos, bufetes de abogados y mucho menos a las cuatro grandes empresas de contaduría a nivel mundial. Simplemente colapsarían el sistema financiero si lo hicieran.

La extradición de delincuentes desde Colombia siempre ha sido problemático en términos políticos y legales. Hoy en día la mayoría de los extraditados son por narcotráfico. EE.UU. recibió el 73% de todos los extraditados de Colombia y de ellos 60% enfrentan procesos por narcotráfico y el lavado de activos.[21] Aunque no todos los extraditados resultan ser culpables y existen casos de varias personas devueltas a Colombia, luego de su extradición u otros más afortunados que lograron comprobar su inocencia antes de ser extraditados, tal es el caso de Ariel Josué, un carpintero de San Vicente del Caguán quien ni siquiera sabía manejar un computador pero para Estados Unidos, y luego para la misma justicia colombiana, Ariel Josué era el responsable de una red electrónica de lavado de activos, y debía pagar su delito en una cárcel norteamericana.

Sin hacer una investigación independiente ni verificación de identidad, la Corte Suprema de Justicia terminó dando concepto favorable a su extradición y hasta el presidente Juan Manuel Santos firmó la orden para que se lo llevaran[22].

No obstante, que los extraditados cuando no son inocentes, son personas pobres o aquellos que tengan alguna relación con los partidos políticos de la derecha y las élites económicas del país, en los medios y para los gobiernos de Colombia y EE.UU. el problema siempre tiene el mismo enfoque: la guerrilla y no los bancos ni los empresarios. De hecho, uno de los más famosos extraditados es Simón Trinidad, un comandante de las FARC y parte del equipo negociador en el Caguán. A Trinidad lo extraditaron a EE.UU. por narcotráfico, y aun siendo un comandante fariano, no lograron comprobar sus nexos con dicha actividad, así recurrieron a la detención y cautiverio de tres mercenarios norteamericanos contratados por la empresa Dyncorp, una empresa denunciada por delitos como el tráfico de menores, prostitución, abuso sexual entre otros[23]. Así debemos tener mucha cautela a la hora de aceptar las nuevas sindicaciones contra el ELN.

El ELN en su carta abierta reconoce que ellos sí cobran impuestos a los compradores de base y cocaína que llegan a sus zonas de influencia, tal como hacen con las demás actividades económicas. Entonces, si el ELN no está involucrado en el narcotráfico ¿Cómo se puede explicar la presencia de cultivos ilícitos[24] en sus zonas? Los comandantes del ELN explican la presencia de dichos cultivos de la misma forma y la misma dinámica que describen se vio en todas las regiones donde ellos tenían que tratar con las FARC. Existía una disputa entre ambas organizaciones sobre qué hacer frente a los cultivos y el narcotráfico en sí. Inicialmente el ELN se opuso a la siembra de coca y amapola en las regiones, pero las FARC dijeron que sí y autorizaban a los campesinos a sembrarlos y además decía en muchas partes que estaban dispuestas a comprar la base o la cocaína como tal, según la región. Ante esa realidad el ELN sentía que no tenía más opción que permitir la siembra, pues de lo contrario tendría que enfrentar militarmente a las FARC y además a las comunidades. Es por eso que el ELN se encuentra en zonas con tradición cocalera y además que ellos, como reconoce su carta abierta, cobran un impuesto a compradores de base y cocaína, tal como hacen con otras actividades económicas. Sin embargo, valga decir que las FARC inicialmente vivían esa misma realidad de cobrar impuestos pero con la larga tradición elena frente a las drogas es poco probable, mas no imposible, que haga lo mismo.

Su carta abierta no sólo niega las sindicaciones en su contra sino hace propuestas frente a qué hacer con la problemática de los cultivos y el consumo de drogas. Invita a distintos organismos a hacer visitas e inspecciones sobre el terreno para ver la realidad de su relación con el narcotráfico, pero van más allá de un deseo de esclarecer la cuestión de sus vínculos o no y hacen propuestas frente al problema de drogas como tal.

Retomar las propuestas expuestas en distintas oportunidades por el ELN, con el propósito de llegar a un Acuerdo que supere el fenómeno del narcotráfico que cuente con la participación de la comunidad internacional, las comunidades de las regiones que padecen este flagelo y los diversos sectores de la sociedad colombiana.[25]

El tema del narcotráfico no es uno que Colombia puede resolver solo, es un tema de orden internacional, no solo en cuánto a la distribución y consumo de los productos finales, como la cocaína y la heroína o el éxtasis y demás drogas producidas generalmente en los países del norte, sino porque las obligaciones de Colombia en la materia están sujetas a diversos tratados internacionales de la ONU. El ELN plantea varios puntos.

1. Solo la legalización de las sustancias psicoactivas acabará con las ganancias extraordinarias del narcotráfico y su razón de ser
Esta postura ha sido discutida mil y una veces en diversos foros y escenarios internacionales. Es parcialmente cierta. Sin duda alguna la legalización exigida por diversas organizaciones sociales, incluyendo organizaciones de salud, acabaría con las ganancias de las mafias, mas no con las ganancias en sí. Los usos medicinales de la coca, el opio, nunca han sido prohibidos, sino que la Jefatura Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) regula y controla su producción y uso final. La UNODC calcula que en 2018 hubo poco menos de 12.000 millones de dosis diarias de opiáceos disponibles en el mercado legal duplicando la cantidad disponible en 1998[26]. La cocaína y los opiáceos medicinales, incluyendo heroína siempre se han usado en un contexto médico y el uso y regulación de cannabis es un mercado creciente. La legalización del consumo recreacional es otro asunto, el estado de Colorado en EE.UU. y Uruguay son dos lugares donde legalizaron el consumo recreacional, con varios beneficios en cuánto a la criminalidad, salud e impuestos. Las ganancias son menores en esos mercados lícitos pero siguen siendo cuantiosos, como lo son para las drogas legalizadas como el alcohol y el tabaco y los productos son controlados en términos de su calidad y el impacto sobre la salud del consumidor. El mercado de marihuana legal en Colorado sumó 1.750 millones de dólares en 2019 con 65.960.024 transacciones con un valor promedio por transacción de USD 51,89, pero el precio para el consumidor sigue cayendo y la calidad está garantizada[27]. Sin embargo, tanto Colorado como Uruguay han experimentado problemas legales dentro del sistema bancario, pues la legalización que hicieron no tiene reconocimiento internacional. La propuesta del ELN sólo se puede dar en el marco de debate internacional y un cambio de paradigma en los estados y las entidades regulatorias a nivel internacional como la UNODC y la JIFE, entre otras y la reciente decisión de la OMS respecto al uso medicinal de cannabis es un buen comienzo[28].

2. Se necesita un pacto de responsabilidad compartida entre países productores y consumidores de narcóticos
Ese pacto ya existe. Son varios los pactos de la ONU en la materia, comenzando con la Convención Única de 1961, la Convención Sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

Este último tratado aborda temas relacionados con el crimen organizado, las sustancias precursoras y demás. Lo que falta es una voluntad política, no otro pacto. No se bombardea a las fábricas de ácidos usados para fabricar cocaína pero sí se bombardea y se ataca a comunidades productoras y tampoco se bombardea las fábricas de drogas ilegales como éxtasis en Holanda. Ese no es un problema de una ausencia de pactos, sino que como se dice en Colombia, la ley es para los de
ruana, y en términos geopolíticos Colombia lleva una ruana bien grande.

3. Los narco dependientes son enfermos que deben atender los Estados y no deben ser perseguidos como delincuentes
Este punto es uno que se pierde siempre en las discusiones sobre los cultivos ilícitos y no obstante el tono belicista de los EE.UU. tanto el sistema de salud norteamericano como el sistema de salud en la mayoría de los países europeos lo tratan así, incluso algunos países no persiguen el consumo como tal, reconociendo su carácter de problema de salud y sólo persiguen los delitos conexos. La ONU reconoce la
necesidad de tratamiento para los toxicómanos y calcula en su Informe Global de Drogas que 35,6 millones de personas abusan de drogas en el mundo y apenas 12.5% de los que necesitan tratamiento lo reciben, es decir unas 4.45 millones de personas[29].

4. Los campesinos que trabajan en cultivos de uso ilícito, deben tener planes alternativos de producción alimentaria o de materias primas industriales, financiados por los Estados, para que puedan resolver su subsistencia sin recurrir a los cultivos de uso ilícito
Este punto, aunque bien intencionado cae en el mismo error de las FARC, las ONG, la cooperación internacional y demás. Si bien es cierto que los campesinos deben tener planes alternativos y apoyo económico de los estados, el problema es uno de fondo y no se resuelve mediante proyectos ni créditos: la apertura económica arruinó la producción agrícola del país y los campesinos no pueden competir contra las importaciones subsidiadas por los gobiernos de EE.UU. y Europa. El problema de
fondo no es ni agrícola, ni económico sino político y requiere cambios nacionales e internacionales. Los tratados de libre comercio, el monopolio ejercido en el sector agrícola y de alimentos por multinacionales como Cargill, Nestlé, Barry Callebaut entre otras, no se resuelven con subsidios ni proyectos[30].

5. Además de perseguir los Carteles de los países que producen narcóticos, también se debe perseguir los Carteles de distribución en los países industrializados consumidores; así mismo, a los Carteles de precursores químicos y de lavadores de los narcodineros en el sistema financiero internacional, y en los paraísos fiscales
Este último punto es clave. Mientras las drogas sean ilegales, se debe perseguir a los eslabones de la cadena de producción allá, tanto en los bancos, las empresas que lavan activos y las empresas cuyos químicos son usados para la fabricación de cocaína. Nada de eso se hace por supuesto, o se hace poco. Mientras EE.UU. piden en extradición a cualquiera en Colombia, nunca ha pedido ni pretende pedir a los directivos de bancos como HSBC.

Existen motivos para creerle al ELN frente al tema de las drogas, también nos sobran razones para aceptar el debate sobre las drogas y qué hacer con ellas. Es un debate que nunca se dio en el marco de las negociaciones con las FARC. Los farianos optaron por negociar prebendas para ellos, su base social y nunca tocaron la estructura de la economía agrícola del país ni el derecho internacional que rige en materia de drogas[31].

Las sindicaciones contra el ELN caen por su propio peso, pero realmente los medios no se proponen que las tomemos como verdad, sino que sirvan como una excusa a deslegitimar a dicha organización ante el pueblo colombiano y en el ámbito internacional que sirvan como excusa para seguir apoyando militarmente al Estado colombiano y en un momento dado se pueden usar como pretexto para intervenciones más directas contra el ELN y quizás Venezuela.

Fotografía: Human Rights Watch

Notas:
1.- El Tiempo (05/10/2020) Los 11 elenos que EE.UU. pide en extradición por narcotráfico
2.- El Tiempo (16/10/2020) Confirman vendetta por coca en las entrañas del ELN
3.- ELN (12/10/2020) Carta abierta al Departamento de Estado, a la Fiscalía Federal de los Estados Unidos y al gobierno colombiano
4.- UNODC (2002) Annual Coca Cultivation Survey 2001, SIMCI Project AD/COL/99/E67 p.4
5.- Ibíd., p.6
6.- Cálculos hechos con base en el Censo de Coca noviembre 01 de noviembre 2001. Proyecto SIMCI
7.- UNODC (2014) Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2013. Colombia. UNODC p. 17
8.- UNODC (2020) Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2019. Colombia. UNODC p.15
9.- Ibíd., p.22
10.- Ibíd., p.81
11.- UNODC (2020) World Drug Report Vol. 2 Drug Use and Health Consequences. UNODC. Vienna, p. 26
12.- Ibíd., p.29
13.- UNODC (2020) World Drug Report Vol. 3 Drug Supply. UNODC. Vienna. p.28
14.- Reuters (11/12/2020) HSBC to pay $1.9 billion U.S. fine in money laundering case
– The Independent (25/12/2015) London is now the globa money-laundering centre for the drug trade, says crime expert.
16.- NCA (2020) National Strategic Assessment of Serious and Organised Crime. NCA. London p.54
17.- Ibíd., 55
18.- Transparency International UK (2018) The Cost of Secrecy: The role played by companies registered in the UK’s Overseas Territories in money launderin and corruption. TIUK. London. p.2
19.- Ibíd., p4
20.- Transparency International (2019) At Your Service: Investigating how UK businesses and institutions help corrupt individuals and regimes launder their money and reputations p.13
https://www.transparency.org.uk/sites/default/files/pdf/publications/TIUK_AtYourService_WEB.pdf
21.- Rojas Castañeda, D. (16/07/2020) Estados Unidos recibió 73% de extraditados desde Colombia en los últimos tres años
22.- Vean esta y otras historias en el enlace, clic aquí
23.- La descripción de Dyncorp como una empresa de mercenarios puede parecer controversial, pero la misma página de la empresa no deja ninguna duda respecto al tema. Tiene 15.000 empleados y contratistas en 36 países del mundo y que ellos ofrecen sus servicios a todas las ramas de las fuerzas armadas de EE.UU., agencias federales y otros “clientes internacionales”. véase https://www.dyn-intl.com Además la empresa ha sido denunciada públicamente por varias de sus actividades entre ellas el maltrato a sus empleados y el tráfico de niñas y prostitución en Bosnia y Afganistán además del abuso sexual de menores en Colombia. Véase
https://www.mintpressnews.com/lawsuit-military-contractor-enslaved-american-employees-sewage-flooded-barracks-tent-cities/250994/
La página web https://trello.com/b/KdjpFSGS/dyncorp-crimes-by-country da una lista de crímenes de la empresa por país.
24.- Algunas ONG prefieren usar la frase cultivos de uso ilícito pero es una frase equivocada. Los tratados internacionales en la materia no dejan ninguna duda al respecto, es el cultivo en sí que es ilícito. La Convención Única de 1961, convención que rige en la materia, en su Artículo 22 No 1 exige la erradicación total, se prohíbe la hoja de coca y sus derivados. El tratado exige arrancar hasta las matas de los pueblos indígenas.
25.- ELN (12/10/2020) Op. Cit.
26.- UNODC (2020) World Drug Report Vol 6. Other Drug Policy Issues. Vienna. UNODC p.9
27.- MPG (2020) 2019 Regulated Marijuana Market Update
28.- Para más información sobre el tema de la decisión de la OMS véase Jelsma, M. (2020) Potential fall-out from the vote on the WHO cannabis recommendations
29.- Véase UNODC (2020) World Drug Report Vol 5. Socioeconomic Characteristics and Drug Use Disorders. Vienna. UNODC.
30.- Para una crítica al modelo agrícola colombiana en la sub región del Sur de Bolívar, Nordeste de Antioquia y el Bajo Cauca véase Ó Loingsigh, G. (27/07/2014) El Modelo Agro-Exportador y las Comunidades Campesinas y Ó Loingsigh, G. (2019) Extractivismo y muerte en el nororiente. Bogotá. Equipo Jurídico Pueblos
31.- Ó Loingsigh, G. (2016) Las Drogas y la Paz. El Salmón. No.27 Ibagué pp. 42 – 46