Colombia. El Estado culpable por el genocidio de 6.000 militantes de la UP
Por Camilo Rengifo Marín*. LQSomos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado colombiano por el “plan de exterminio” del partido Unión Patriótica (UP) implementado por los gobiernos de derecha, las fuerzas armadas y grupos paramilitares, a través de diversas violaciones a los derechos humanos de unos 6.000 integrantes y militantes durante más de dos décadas, entre 1984 y 2002.
El presidente Gustavo Petro recibió el fallo señaló que “dos verdades que deben quedar en el pasado sin olvidar” a los 5.733 militantes de la UP asesinados con complacencia de los gobiernos. 6.402 jóvenes asesinados por el gobierno de la seguridad mafiosa. “Por eso la democracia es hoy, una promesa que será cumplida”, aseveró. El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, hijo de Manuel Cepeda, víctima del genocidio, asesinado el 9 de agosto del 1994, aseguró que la sentencia hace justicia a tres décadas de lucha de las víctimas.
La Corte pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, por más de dos décadas y en la casi totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros.
El debate estaba en demostrar cuál es su verdadera naturaleza. El reconocimiento social e internacional radica en que se admite que ha sido perpetrado un genocidio con móviles ideológicos. Ahora, la CIDH ordenó 19 medidas de reparación, entre las que se encuentra conformar una comisión para constatar la identidad y el parentesco de las víctimas, pues solo se han identificado 676 directas y 771 de sus familiares.
De igual manera, se le ordenó al Estado iniciar, impulsar, reabrir, dirigir y continuar en no más de dos años “las investigaciones amplias y sistemáticas, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos del presente caso”, y se agrega que se debe determinar “las responsabilidades penales que pudieran existir”, y remover “todos los obstáculos de facto y de jure que mantienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso”.
El Estado deberá iniciar una búsqueda rigurosa “en la cual realice todos los esfuerzos para determinar, a la mayor brevedad posible, el paradero de las víctimas desaparecidas cuyo destino aún se desconoce” y brindar “el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten”.
Este genocidio se inscribe en el proceso de exterminio de fuerzas políticas de oposición en el mundo. Se trata de un caso paradigmático de aniquilación de los miembros y líderes de un grupo en razón de sus convicciones ideológicas, así como de la persecución de sus simpatizantes y la destrucción de su entorno social. Ciertamente, éste no es el único caso de criminalidad masiva que se ha practicado en Colombia contra grupos y movimientos de oposición, e incluso contra los partidos políticos que han ejercido tradicionalmente el poder.
La supresión violenta de los adversarios ideológicos ha operado continuamente en la historia contemporánea del país, y ha impedido el surgimiento de opciones pluralistas y de una participación realmente democrática. No obstante, lo sucedido con la UP y el Partido Comunista Colombiano –su componente mayoritario– tiene rasgos sobresalientes y específicos.
Los actos cometidos por el Estado constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad, afirmó el Tribunal.
La Unión Patriótica nació como organización política el 28 de mayo de 1985 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Partido Comunista Colombiano, como parte de una propuesta de paz a partir de los Acuerdos de La Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla.
La propuesta consistía en un armisticio donde se permitiera la participación política de los combatientes a través de un nuevo partido político que pudiera acogerlos. El partido debía ser amplio y permitir la participación de todos los sectores de la sociedad que apoyaran la paz en Colombia.
Desde el mismo proceso de fundación de la UP en 1984, sus militantes empezaron a ser asesinados, llevando a que en 1986 después de su fundación oficial y obtener un resultado exitoso en las elecciones, se asesinara al primer congresista de la UP, y casi dos días después al segundo.
Dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, cinco congresistas en ejercicio (Leonardo Posada, Pedro Jiménez, Octavio Vargas, Pedro Valencia, Manuel Cepeda), 11 diputados, 109 concejales, varios exconcejales, ocho alcaldes en ejercicio, ocho exalcaldes y miles de militantes fueron sometidos a exterminio físico y sistemático por parte de grupos paramilitares.
Estos grupos, estaban aupados por la derecha, los grandes empresarios, parte de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad, así como el Departamento Administrativo de Seguridad y los narcotraficantes. Tras el exterminio, algunos sobrevivientes abandonaron el país y otros se reincorporaron a la guerrilla.
Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales sostenidos también por el narcotráfico, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP, recuerda el fallo.
El tribunal interamericano estableció que el Estado es responsable por la violación a los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de circulación y residencia, a los derechos del niño y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por las ejecuciones, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos y desplazamiento.
Asimismo señaló que se vulneró la libertad de expresión, la libertad de asociación y derechos políticos de las víctimas, ya que su actividad política fue obstaculizada por la violencia tanto física como simbólica en contra del partido que era calificado como un “enemigo interno, detalló la Corte.
Estos asesinatos de los miembros de la UP fueron declarados en 2014 por la Fiscalía General colombiana como delitos de lesa humanidad, al concluir que se trató de un plan por parte de sectores políticos, en alianza con agentes de seguridad del Estado, narcotraficantes y grupos paramilitares, para impedir el ascenso de movimientos de izquierda en la política colombiana
Desde 2013 la Unión Patriótica participa en las elecciones colombianas como parte del proceso de renacimiento del partido y su propuesta política. En 2022 entró por primera vez a ser parte de un gobierno, dentro de la coalición Pacto Histórico, con Gustavo Petro en la presidencia.
* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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