Colombia: el relevo en las negociaciones de paz
Por Pedro Santana Rodríguez*
El miércoles 22 de noviembre el presidente de la República Gustavo Petro comunicó que Danilo Rueda dejaría de ser el Alto Comisionado de Paz y que su lugar sería asumido por Otty Patiño Hormaza, quién se ha venido desempeñando como jefe de la delegación del gobierno en la Mesa de Negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que se apresta a iniciar el quinto ciclo de negociaciones en México
A Danilo Rueda hay que abonarle que deja en marcha dos mesas instaladas de negociación la mencionada con el ELN y la Mesa con las Disidencias de las FARC autodenominadas Estado Mayor Central, así mismo la mesa que negocia con las bandas armadas del Valle del Aburra, las negociaciones con las bandas en Buenaventura y contactos avanzados para procesos con bandas armadas en el Chocó y en la Sierra Nevada de Santa Marta. También líneas de contacto con el grupo paramilitar del Clan del Golfo y contactos con la Disidencia de la segunda Marquetalia que dirige Iván Márquez. Hay que abonarle también que bajo su permanencia en el cargo se expidió la ley 2272 de 2022 que es el marco normativo para adelantar los procesos de acercamiento, exploración y finalmente negociación con los grupos armados al margen de la ley.
Sin embargo, también deja unos vacíos que deben ser enfrentados por Otty Patiño y que seguramente incidieron en la decisión que tomó el presidente Gustavo Petro para reemplazarlo. Veamos algunos de los que a mi juicio son los más importantes.
El primero la conformación y configuración de la estructura de la Alta Consejería que muy lentamente se ha ido completando cuando desde un comienzo Rueda debió conformar un equipo muy completo dada la complejidad de la tarea encomendada. Rueda le dio largas a este aspecto que era una tarea urgente dado que se trataba de iniciar tres procesos complejos, por una parte, la negociación con tres actores armados insurgentes de naturaleza política que como lo señalamos desde un comienzo en documento entregado el 13 de agosto del año 2022, al presidente y al propio Rueda, requería de experticia y de personas con experiencia y capacidad para orientar conjuntamente con el Comisionado Rueda el conjunto del proceso con estos tres actores políticos: El ejército de Liberación Nacional, ELN, las Disidencias de las FARC dirigidas por Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia dirigida por Iván Márquez.
Un segundo proceso el de las negociaciones con los grupos paramilitares dentro de los cuáles el principal es el del Clan del Golfo y en menor medida el grupo heredero de Hernán Giraldo que opera en la Sierra Nevada de Santa Marta y un tercer proceso con bandas armadas ligadas al narcotráfico que actúan principalmente en zonas urbanas como en el Valle del Aburra, en Buenaventura y en Quibdó para mencionar las que han mostrado voluntad de negociación. Todo ello requería un equipo de primer nivel que atendiera además temas complejos como las relaciones con el Congreso de la República para avanzar en el marco normativo necesario para ese proceso complejo y simultáneo de negociaciones. (1)
Un segundo problema que se vio claramente desde un comienzo fue la inexperiencia de Rueda que hizo caer en error al presidente de la República sobre un supuesto cese al fuego que entraría en vigencia el 1 de enero de este año 2023. Evidentemente Rueda no había concretado tal cese al fuego que requiere como lo registra la propia experiencia de negociaciones previas para dotarlo de protocolos, mecanismos de verificación, localización de los actores armados, etc., lo cual no se había negociado. Pronto los actores armados presuntamente comprometidos con el Cese al fuego lo desmintieron, entre ellos el ELN. Como se demostraría luego tampoco este proceso se había surtido con las Disidencias y tampoco con el Clan del Golfo.
Un tercer problema tiene que ver con el carácter incompleto del marco jurídico que requieren esas complejas negociaciones agravadas por la oposición del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, al proceso de paz, principalmente al proceso de sometimiento de las bandas criminales ligadas con el narcotráfico y al sometimiento de los grupos paramilitares. Este marco jurídico está incompleto y se requiere con urgencia, para avanzar en las negociaciones con los grupos ligados al narcotráfico y a la violencia urbana como también a los grupos paramilitares.
Dada la complejidad del proceso de la llamada paz total se requiere de una coordinación interinstitucional muy fluida con el ministerio de la Defensa y con el ministerio de Justicia. Esta coordinación parece que no fluyera de manera eficaz. Este sería entonces un cuarto problema. Esto se ve más complicado si el modelo de negociación como el acordado con el ELN es que los puntos que vayan siendo acordados se deben ir implementando con lo cual la coordinación interinstitucional se hace más compleja pues involucra a otras agencias estatales.
Un quinto problema se relaciona con la implementación de los Acuerdos de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Esta implementación se puso a depender de la oficina del Alto Comisionado de Paz lo que a mi juicio es un error del cual parece ser consciente el propio presidente de la República, por sus declaraciones en las que señaló que debería restablecerse esta Alta Consejería, pero hasta el momento no se han dado los pasos necesarios para que se restituya la Alta Consejería para la implementación del Acuerdo. En esto cabe toda la razón a los excombatientes de las FARC que reclaman por el retraso en la implementación de los Acuerdos. La implementación de dichos acuerdos debe estar bajo una Consejería con independencia y dotada de recursos para que se avance en su implementación que en algunos aspectos está sumamente atrasada.
Estos a mi juicio son aspectos sumamente importantes de los que deberá encargarse el nuevo Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño Hormaza, quién además deberá afrontar la crisis del proceso con el ELN a raíz del secuestro de Luis Manuel Díaz el padre del futbolista Luis Díaz, que puso sobre la Mesa de Negociaciones el tema del secuestro al que se niega a renunciar el ELN. Este es por ahora el principal obstáculo sin olvidar el tema de las víctimas y la justicia transicional frente a los cuáles tampoco hay claridad por parte del ELN, así como sobre la dejación de las armas. Estos temas irán saliendo en la mesa de negociaciones y frente a ellos la delegación gubernamental deberá tener posiciones claras.
Igual sucede en las negociaciones con las Disidencias de las FARC, allí hay indefiniciones sobre Agenda, así como sobre la presencia de la Fuerza Pública en el corregimiento de El Plateado en el cañón del Micay en el municipio de Argelia, departamento del Cauca. Como lo ha señalado el presidente Gustavo Petro la Fuerza Pública deberá permanecer allí para dar inicio a un proceso de sustitución de los cultivos de coca y de reinserción de esta región a las economías lícitas. Este podría ser un primer acuerdo concreto con esta organización.
Así mismo deberá trabajarse en el marco jurídico de sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares y de las bandas armadas ligadas a la violencia urbana y al narcotráfico. Son tareas urgentes que requieren respuesta. Al nuevo Alto Comisionado de Paz…buen viento y buena mar.
Notas:
1.- Consideraciones para el reenfoque de la política de drogas del gobierno 2022-2026. Agosto 13 de 2022. Bogotá.
*.- Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
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