Colombia. Fiscalía un instrumento para la impunidad
Por Pedro Santana Rodríguez*. LQSomos.
Llegamos a las actuaciones del actual fiscal general Francisco Barbosa diligente para abrir investigaciones en contra de los líderes de la primera línea de las movilizaciones en el marco del Paro Nacional del 28 de abril del año 2021, pero totalmente servil frente a los intereses de los poderosos a los que no investiga
Desde hace mucho tiempo la fiscalía general de la Nación ha estado en el ojo del huracán. Nunca se sabrá la forma como se eligió al fiscal Mario Iguarán, Salvarote Mancuso, ha afirmado en varias diligencias judiciales que para su elección los grupos paramilitares movieron una suma de cinco mil millones de pesos para su elección y en el entramado de esa elección Mancuso ha señalado la participación del presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie. (El Espectador 28 de marzo de 2012). Por supuesto esta investigación no ha llegado a ninguna conclusión. De vez en cuando el caso vuelve a aparecer en los medios de comunicación como se evidencia de nuevo con los señalamientos del exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, en sus declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, aseguró que presuntamente, José Félix Lafaurie le habría pedido al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que apoyara la campaña de Mario Iguarán para que llegara a ser fiscal general. Osorio dijo en la declaración ante la JEP que Lafaurie le dijo que “yo vengo de parte del Gobierno Nacional, vengo de parte de Sabas Pretelt, ellos consideran que el fiscal general de la Nación debe ser Mario Iguarán y no Jorge Pretelt. Uno de los argumentos que usaron para convencer a Mancuso, según la declaración de Osorio, fue que si Iguarán era elegido “sería mucho más benévolo para ustedes porque el conoce muy bien las leyes de justicia y paz”.
El paso de Néstor Humberto Martínez por la fiscalía general durante el segundo mandato de Santos (2014-2018) colocó de nuevo a la fiscalía general en el ojo del huracán pues se encontraba en pleno desarrollo el escándalo de la corrupta firma brasilera Odebrecht y los sobornos para ganar junto a Corficolombiana de Luis Carlos Sarmiento Ángulo la licitación de la Ruta del Sol II. Martínez no se declaró impedido pese a que había sido abogado de Sarmiento Angulo a quien ahora en su condición de fiscal general debería investigar. Tardíamente tuvo que hacerlo para que la Corte Suprema nombrara a un fiscal ad hoc para que llevara parte de la investigación. Como se sabe Martínez no se declaró impedido en todo el proceso solo en tres de las líneas de investigación, pero eso fue suficiente para que la Corte Suprema estudiara la posibilidad de revocar el mandato de Martínez que fue la verdadera causa de su renuncia y no lo que dijo públicamente que dejaba el cargo por la decisión de la JEP de no conceder la extradición de Santrich a los Estados Unidos. Como se sabe Martínez Neira participó en el entrampamiento de Santrich que urdió en asocio con la DEA, de los Estados Unidos, en contra del proceso de Paz.
El paso de Martínez por la fiscalía fue desastroso para la justicia y para la imagen de la fiscalía general de la Nación no solo fue el caso de Odebrecht sino de la oposición férrea y desleal con el proceso de paz donde al lado de Duque fue el que se puso tras bambalinas a formular las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, el entrampamiento de Santrich ya comentado y la toma de la el Unidad Especial de la Fiscalía para el desmonte de las estructuras paramilitares, así como los nulos avances en las investigaciones sobre el financiamiento ilegal delas campañas de Santos y Zuluaga en el año 2014 en las elecciones presidenciales por parte de la firma Odebrecht así como los nulos resultados de la investigación de la llamada ñeñepolítica por el financiamiento por parte del narcotráfico a través de José Guillermo Hernández de la campaña presidencial de Iván Duque en el año 2018. Inició la investigación por la compra de votos en la campaña al senado de Aida Merlano, pero en su administración no se avanzó hacia los clanes Gerlein y Char que fueron los que financiaron con recursos de la contratación pública dicha campaña.
Y así llegamos a las actuaciones del actual fiscal general Francisco Barbosa diligente para abrir investigaciones en contra de los líderes de la primera línea de las movilizaciones en el marco del Paro Nacional del 28 de abril del año 2021, pero totalmente servil frente a los intereses de los poderosos a los que no investiga. Allí esta, puesto por el uribismo para servir a sus intereses y propósitos y no para investigar de manera proba los delitos de cuello blanco. Esta gestión no se sabe si es peor que la de Martínez Neira. Hasta ahora esta haciendo méritos para superarla. Una de las primeras actuaciones fue la de recibir el proceso de Uribe y poner a la fiscalía al servicio del expresidente a través de su fiscal delegado Gabriel Jaimes que ha operado en el proceso a la vista de todo el mundo para defender a Uribe. Esto se hace sin ningún rubor.
En el caso de la ñeñepolítica sus actuaciones han sido para investigar a los agentes de la dirección de inteligencia que destaparon las actuaciones del ñeñe Hernández y no para investigar el financiamiento ilegal del narcotráfico a la campaña de Duque. Esta investigación en contra de los investigadores de la policía nacional se ha ido cayendo, pero el caso de fondo no se investiga. Esos presuntos delitos van camino a la impunidad.
Ahora se han presentado dos nuevos hechos que serían causales del delito de tráfico de influencias y prevaricato. Por una parte, todo indica que la fiscalía en el caso de la investigación en contra de Sergio Fajardo obra más por razones políticas que por la existencia de un delito. Fajardo es acusado de no haber actuado de manera diligente al sustituir una deuda en pesos por otra en dólares que habría causado un detrimento patrimonial a las finanzas de la gobernación de Antioquia siendo Fajardo el gobernador del departamento. El fiscal que llevaba el caso, Jaime Zetien considero que allí no había ningún delito y el caso debería ser archivado. Zetien fue relevado del caso y como castigo enviado a la región del Catatumbo zona roja a pesar de ser un curtido fiscal de carrera que lleva 27 años en la entidad. Una Comisión de expertos entregó un informe a la fiscalía en la cual señalaron que “la tasa pactada con el préstamo de redescuento es menor que la de los préstamos” sustituidos; que el plazo estipulado para el pago ampliaba el plazo anterior; que se mantuvieron las condiciones de garantías y que los recursos recibidos por concepto de la sustitución …fueron utilizados para hacer pagos de las deudas sustituidas. El informe lo recibió el 4 de mayo de 2021. No obstante, la contundencia del informe la fiscal octava al día siguiente de recibir el informe acusó a Fajardo. No se explica de otra manera que de persecución política desde la fiscalía de Barbosa en contra del candidato de la Coalición Centro Esperanza. (Cecilia Orozco. “Necesidades del servicio” o prevaricato de la Fiscalía. El Espectador. 30.03.2022).
Y más recientemente gracias a una investigación del periodista Daniel Coronell se supo del traslado de la fiscal Angela María Monsalve a la zona roja del Putumayo porque se atrevió a dictar resolución de acusación en contra de dos hermanos de Alberto Ríos Velilla y de uno de sus sobrinos Felipe Ríos que fue Concejal de Bogotá quienes son propietarios de importantes concesiones de las basuras y de distribución de energía y de una empresa que hace el recaudo de los pasajes en Transmilenio en Bogotá. En este tráfico de influencias han intervenido activamente, pues ya se conocen grabaciones sobre los hechos tanto Néstor Humberto Martínez como Rodrigo Noguera el flamante rector de la Universidad Sergio Arboleda. Todas las actuaciones y las presiones contra la fiscal Monsalve iban encaminadas a que no imputara cargos penales a los tres personajes de la poderosa familia Ríos Velilla. El escándalo crece porque se han revelado grabaciones de las conversaciones de estos personajes. El premio que recibió la fiscal como ya indicamos fue su traslado a la zona roja del Putumayo por necesidades del servicio.
Todos estos hechos lo que ponen de manifiesto son las deficiencias del diseño institucional de la fiscalía general de la Nación y específicamente sobre la forma como se elige el fiscal General que es nombrado por la Corte Suprema de Justicia de una terna enviada por el presidente de la República. Así la fiscalía se convierte en un dócil instrumento del poder ejecutivo. Todos los escándalos revelados antes lo que ponen de manifiesto son esas fallas del diseño institucional que deberá ser reformado como hemos insistido de tiempo atrás. La Fiscalía debería pertenecer a la rama judicial y el fiscal debería ser elegido de forma autónoma dentro de la rama o cuanto menos que fuera la Corte Suprema la que ternara para que su elección se diera dentro de la propia rama judicial. Un mal menor sería que la Corte ternara y eligiera el presidente que no es óptimo, pero mejor de lo que tenemos y que ha hecho aguas desde hace ya muchos años. Ojalá este tema fuera abordado por los candidatos presidenciales en la actual coyuntura electoral.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
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