Colombia. Ineptitudes de la JEP: En servicio de la verdad
Javier Giraldo Moreno, S. J.*.LQS. Julio 2019
Tercera parte del artículo sobre el cada día más cercenado proceso de paz colombiano, publicado en la web del autor: Desde los márgenes. Un claro análisis que describe muy acertadamente lo que esta ocurriendo en Colombia, Javier Giraldo Moreno es una de las mentes más brillantes y progresistas de Colombia
JEP: Jurisdicción Especial para la Paz
Y, como si fuera de poca monta el golpe mortal infligido al principio eje de la responsabilidad de mando, el Acto Legislativo 01/17, como acomodo del “acuerdo” a los intereses de la clase política dominante, moduló atrevidamente la misma tipificación de los más graves crímenes que se perpetraron en Colombia en las décadas del conflicto. El artículo transitorio 12 le prohíbe a los órganos de la JEP “presumir el carácter masivo o sistemático de las conductas punibles investigadas, ni que el hecho ha sido cometido como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes; todo ello deberá acreditarse de conformidad con prueba legalmente producida”. Al condicionar y bloquear de esa manera las denuncias de las víctimas, se recurre a manipular la realidad, sometiéndola a lecturas restrictivas e interesadas que miran a evitar que, en la misma denuncia, las cadenas sistemáticas de crímenes pierdan su entidad característica de sistematicidad y queden sustraídas a la tipificación de crímenes de carácter internacional. Durante muchas décadas, las víctimas han repudiado el hecho de que los aparatos de “justicia” tiendan siempre a individualizar los crímenes y a considerarlos independientes unos de otros, con miras a facilitar lecturas sesgadas e interesadas de los mismos, dándole a cada uno un carácter aislado y fortuito, al mismo tiempo que se rehúsa considerar los factores y circunstancias que los evidencian como parte de planes globales o políticas de Estado. El hecho de exigir “pruebas legalmente producidas” de su sistematicidad, abre un inmenso campo a la desnaturalización de los crímenes, al condicionar su tipicidad al paso por los laberintos más corruptos y putrefactos del sistema judicial colombiano, como es su sistema probatorio.
El mismo Parlamento, dominado por élites político económicas, modificó las atribuciones de la JEP respecto a los “terceros”, o personas civiles que incidieron de una u otra manera en la comisión de los crímenes, la mayoría de ellos empresarios poderosos que financiaron el paramilitarismo o señalaron a las tropas legales e ilegales la identidad de quienes no les eran afectos o estorbaban sus negocios, para que fueran eliminados o procesados. El sometimiento a la JEP de dichos “terceros” se pactó entonces como “voluntario”, a no ser que en la investigación de los crímenes graves incluidos en el Estatuto de Roma aparecieren como responsables, pero en ese caso su participación en los crímenes tendría que caracterizarse como “activa y determinante”, la cual se explica, en el artículo transitorio 16 del Acto Legislativo 01/17, como “aquella acción eficaz y decisiva en la realización de los delitos”, condición que los políticos saben de sobra que es difícil de probar, dado que su participación tuvo ordinariamente el rasgo de la discreción o la clandestinidad y que, como último recurso, sus caudalosas fortunas pueden “arreglar” los testimonios que finalmente resulten incómodos.
El “post acuerdo” ha multiplicado los interrogantes sobre las posibilidades de la JEP en el campo de una justicia transicional. Los incumplimientos del gobierno a lo pactado en materias de amnistías, substitución de cultivos de uso ilícito, proyectos de desarrollo rural, espacios de participación, reincorporación de desmovilizados, garantías de vida para los desmovilizados y sus familias, garantías jurídicas para los desmovilizados y para el nuevo partido político, etc., pero, por encima de todo, la incidencia ganada por la Fiscalía, la Procuraduría y otras instituciones internas durante el “post acuerdo” en orden a controlar las actividades de la JEP, controles a través de los cuales se expresan un Estado y un Establecimiento enemigos de la paz y adversarios empedernidos del “acuerdo”, cuya ideología se expresó descarnadamente en la campaña del Plebiscito de octubre de 2016, apoyada en mitos y falsedades perversamente confeccionadas desde el odio a los movimientos alternativos y desde la defensa de unos intereses económicos y políticos foráneos, antinacionales y excluyentes. Hoy día la Fiscalía le disputa a la JEP muchas facultades y mantiene bajo amenaza de procesamiento ordinario y extradición a líderes desmovilizados, bajo evidentes presiones extranjeras que se articulan con la ideología del nuevo gobierno, en búsqueda de configurar un país sumiso a intereses foráneos y dominado por élites conservadoras en las cuales militan los más tenebrosos personajes del pasado violento.
La comunidad internacional se extraña de que un “fin de conflicto” no incluya al menos una reducción sensible del pie de fuerza y del presupuesto militar
Pero quizás el vacío más escandaloso del “acuerdo” es la ausencia de estrategas efectivas y de mecanismos concretos para asegurar la “no repetición de los crímenes”. La lógica más elemental exige que si se quiere evitar algo en el futuro, hay necesariamente que analizar a fondo cuáles fueron los factores que lo permitieron en el pasado y diseñar métodos de corrección radical. Es evidente que han sido factores determinantes en la multiplicación de crímenes de lesa humanidad y en el genocidio estatal, en primer lugar, la injerencia ideológica militar de los Estados Unidos y las doctrinas impuestas desde allí, tales como las de “seguridad nacional”, “enemigo interno”, “anticomunismo”, “paramilitarismo”, dependencia ideológica de la “Escuela de las Américas”, crecimiento exagerado del presupuesto militar, el diseño de la formación militar y la eliminación del control civil frente a las políticas militares y frente a la presencia de tropas y asesorías extranjeras, sin dejar de lado la privatización de los medios masivos de información y su libertad de subyugación de las conciencias, así como la justificación legal de prácticas altamente violatorias de la dignidad y de los derechos humanos con aquiescencia y obsecuencia de los poderes legislativos y judiciales.
Sin un análisis profundo de estos factores; sin un reconocimiento explícito del papel que han jugado en el conflicto social y en el conflicto armado y sin unas estrategias correctivas convincentes, no existirán, ni de lejos, garantías de no repetición.
La comunidad internacional se extraña de que un “fin de conflicto” no incluya al menos una reducción sensible del pie de fuerza y del presupuesto militar. A quienes conocen la ideología represiva y el influjo en ella de los Estados Unidos, les aterra que no haya un reconocimiento ni una estrategia de poner fin a la presencia militar extranjera ni una declaración de independencia de sus fatales asesorías. La red mundial de organizaciones humanitarias deplora la impunidad negociada con el estamento castrense y se pregunta cómo puede esperarse un futuro más respetuoso del ser humano mientras los represores y perpetradores de crímenes tan horrendos permanecen intocables y con derecho a continuar en sus instituciones, a ocupar puestos públicos y a contratar con el Estado. Todos nos escandalizamos de las declaraciones de la fuerza pública en las que niegan la existencia misma de su doctrina militar, cuando muchos conocemos sus manuales y pactos secretos en los que incorporaron numerosos principios y prácticas criminales.
El reconocimiento de los errores es principio ineludible de un cambio que lleve a no repetir las atrocidades. Negar, silenciar, ocultar o disimular esos errores, revela intenciones implícitas de repetirlos.
Entre la JEP diseñada en las conversaciones de La Habana y la JEP que sale confeccionada tras la incidencia de las élites político económicas en el “post acuerdo”, existen pocas afinidades. Subsisten muchos párrafos y mecanismos comunes pero sus herramientas ejes de justicia fueron invalidadas, algunas de manera sutil y con derroche de hipocresía, otras de manera cínica.
Es triste que un proceso que mantuvo al país y al mundo en expectativa y esperanza durante 5 años cause hoy frustraciones tan hondas. Si bien los medios ocultan todas estas realidades y alimentan polémicas desviadas bajo otros intereses, es necesario analizar a fondo lo ocurrido en servicio a la verdad.
PRIMERA PARTE – El cercenado proceso de paz: Ineptitudes de la JEP
SEGUNDA PARTE – Ineptitudes de la JEP: La guerra moderna
* Jesuita, en 1988 fundó la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, integrada por 45 congregaciones religiosas católicas. Fue secretario por América Latina del Tribunal Permanente de los Pueblos durante la sesión sobre Impunidad y Crímenes contra la Humanidad en América Latina, de 1989 a 1991. Tiene publicados tres libros relatando casos de impunidad en Colombia. En 1997 recibió el Premio John Humphrey a la Libertad, en reconocimiento por su lucha en pro de los Derechos Humanos. Desde los márgenes
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– La sección de Colombia está coordinada por Javier Sáenz Munilla, periodista y analista internacional, fue corresponsal en Colombia. @pepitorias
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