Colombia: la corrupción y la reforma a la salud

Por Pedro Santana Rodríguez*

La investigación del Contralor General de la República sobre el uso indebido de recursos por parte de las EPS en Colombia durante la pandemia de 2020 revela una preocupante red de corrupción. En medio de este escándalo, la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud se vuelve más urgente que nunca.

El desvío de más de 6 billones de pesos por parte de las EPS durante la pandemia expone la corrupción y opacidad en el sistema de salud colombiano

El pasado lunes 5 de agosto el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, presentó un informe sobre la investigación realizada a 24 Entidades Promotoras de Salud, EPS, sobre los recursos recibidos y gastados durante el año 2020, año de la pandemia

El informe contempla dos hallazgos el primero que va a juicio fiscal detalla que estas 24 entidades gastaron 6.08 billones de pesos para cubrir deudas viejas de estas entidades que debieron ser reembolsados a la Administradora de los Recursos de la Salud, ADRES, toda vez que estos recursos estaban destinados a la atención a población que por motivo de la cuarentena no demandaron servicios de salud. Estos recursos destinados a la atención que no se prestó a la población deberían ser reintegrados a la ADRES y no podían ser destinados a otras actividades pues correspondían a la anualidad del año 2020. En el mes de febrero el Contralor encargado Carlos Mario Zuluaga había presentado un informe sobre este mismo tema y en un informe preliminar daba cuenta de recursos gastados para pagos a deudas viejas y otros gastos por 9.3 billones de pesos para el año 2020. Las EPS respondieron a los requerimientos de la Contraloría y esa cifra bajó a 6.08 billones. Agotada la fase preliminar ahora estas 24 EPS deberán responder en un juicio fiscal que deberá iniciarse en unos dos meses según señaló el Contralor General. La fase preliminar ya se surtió y ahora con las pruebas y soportes de la denuncia deberán ir esas 24 EPS a juicio fiscal.

Un segundo hallazgo corresponde a gastos sin soportes de estas 24 EPS por un total de 5.3 billones de pesos. Esta investigación se encuentra en una fase preliminar y las EPS deberán responder por esta suma de dinero de la salud que a ciencia cierta no se sabe en qué se gastó. Una investigación realizada por el proyecto ciudadano dónde esta la plata con el respaldo de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T760/2008 encontró que durante cuatro años y de acuerdo con los reportes de las propias EPS a la Superintendencia de Salud correspondientes a los años 2020, 2021, 2022 y 2023, en 8 EPS había un faltante para estos cuatro años de 13.2 billones de pesos de gastos sin soportes. Lo que ha encontrado la Contraloría son unos gastos por 5.3 billones de pesos para el año 2020 que no tienen soportes. Esto para un solo año, el año 2020, con lo cual la Contraloría le da la razón a la investigación realizada de forma independiente por estas organizaciones de la sociedad civil. La investigación de la sociedad civil solo cubrió 8 EPS durante cuatro años que es la que arroja una diferencia de recursos girados a estas 8 EPS por un aproximado de 165 billones y unos gastos soportados solo por 151.8 billones. Los resultados de esta investigación fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República, a la Superintendencia Nacional de Salud y al Congreso de la República.

La Fiscalía General de la Nación abrió por estos hechos desde el pasado mes de abril una indagación preliminar sobre estos hechos sin que hasta ahora haya anunciado resultados, la investigación avanza y es de esperar que en los próximos meses de a conocer el resultado de esta indagación preliminar. Estamos a la espera de que la Fiscalía se pronuncie.

La necesidad de la reforma a la salud

Durante los dos largos años en que se ha debatido la reforma a la salud varias cosas han quedado claras. La primera que las EPS no son aseguradoras. Esto quedo demostrado de nuevo por un estudio de la sociedad civil que demostró que las EPS no tienen reservas técnicas para responder por los riesgos y la siniestralidad que se presenta en el sistema de salud. El 23 de octubre del año 2023 la Superintendencia de Salud presento un informe, de nuevo sobre información de las propias EPS, que daba cuenta que el déficit de reservas técnicas sobre 22 de las EPS existentes era de 12.4 billones de pesos. Estas reservas técnicas deberían estar en 18 billones de pesos y solo tenían 5.6 billones. De acuerdo a las cifras de la propia Superintendencia de Salud a 31 de diciembre de 2023 este déficit en las reservas técnicas había llegado ya a 16 billones de pesos.

Como se sabe las reservas técnicas son los recursos que las EPS deben guardar para responder por la siniestralidad que se presente en la salud de los afiliados que deben estar de acuerdo con la norma en inversiones a la vista, es decir, que puedan ser monetizadas cuando se requiera. El 12 de diciembre del año 2023 la Contraloría General de la Nación publicó un informe sobre 17 EPS encontrando que tenían un déficit de 12.4 billones de pesos en reservas técnicas. La conclusión entonces es evidente: las EPS no son aseguradoras por cuanto no tienen reservas técnicas que les permita responder por la salud de sus pacientes afiliados.

El manejo opaco y la corrupción que se presenta en el sistema de salud lo han venido a poner de manifiesto tanto los estudios e investigaciones realizados por organismos de la sociedad civil y que ahora son corroborados por los informes de la Contraloría General de la República y a la espera de las investigaciones que en este momento adelanta la Fiscalía General de la Nación. Lo que queda en claro es que el dogma neoliberal de que los privados son mejores y más honestos administrando los recursos públicos es una falacia, es una mentira. La ley 100 entregó el manejo de los billonarios recursos públicos de la salud a las entidades privadas que los han manejado de manera turbia, poco transparente y de forma corrupta. El desfalco de 1.5 billones de pesos por parte de la EPS Saludcoop que tiene en la cárcel a su presidente Carlos Palacino, no era una manzana podrida sino parte de un sistema opaco, sin controles, donde ingentes recursos de la salud de los colombianos son desviados para el financiamiento de campañas políticas de los corruptos partidos tradicionales, para construir con los recursos públicos de la salud infraestructura de clínicas para actores privados que de esta forma se apropian de los recursos públicos, se desvían al pago de coimas, pilates, yoga, regalos o pauta publicitaria como lo manifiesta el informe de la Contraloría para el caso de la Nueva EPS.

La reforma que ha propuesto este gobierno y que irresponsablemente fue hundida por nueve senadores de la Comisión Séptima plantea una reforma estructural que garantice la administración pública de los recursos de la salud hoy en manos privadas. La ADRES sería el pagador único y el ordenador del gasto, los recursos irían directamente sin intermediarios a clínicas y hospitales y a los demás proveedores de servicios de salud, se organizarán redes integradas e integrales de las clínicas públicas y privadas y los Centros de Atención Primaria en salud, se proveerá un sistema único de información que en parte ya esta funcionando en la ADRES de tal forma que se conozcan los contratos y todos los pagos que se realicen dentro del sistema, se elimina la administración privada de los recursos públicos y se establece un sistema preventivo y predictivo de salud que es la base de todos los mejores sistemas de salud en el mundo. Se establece un manual tarifario para acabar con la integración vertical donde las EPS remiten a sus afiliados a sus propias clínicas y ellas mismas fijan los precios de los procedimientos y de los medicamentos, esto ha desangrado las finanzas públicas de la salud. Así mismo se establece un sistema de auditorías sobre los prestadores de servicios de salud que la realizarían las EPS que decidan y tengan las condiciones para transformarse en Gestoras de Salud y Vida y sobre estas auditorias de forma aleatoria la ADRES realizaría una auditoria para de esta forma controlar el gasto en salud. Todo ello acompañado de una importante participación ciudadana en los Consejos Territoriales y el Consejo Nacional de Salud que deberán hacer veeduría al sistema de salud, pero al mismo tiempo deberán evaluar periódicamente el funcionamiento del sistema y deberán proponer las reformas a que haya lugar para crear un sistema de salud transparente y eficiente en nuestro país.

Ahora de nuevo se presentará el proyecto y esperamos que el Congreso de la República este a la altura para enfrentar la profunda crisis por la que atraviesa el sistema de salud. ¡Amanecerá y veremos!

* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos

Comparte este artículo, tus amig@s lo leerán gratis…
Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Telegram: LoQueSomosWeb
Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos