Colombia. La inaplazable reforma a las Fuerzas Armadas y la Policía
Por Pedro Santana Rodríguez*. LQSomos.
Durante la pasada semana se conocieron dos informes sobre las actuaciones de la Fuerza Pública en Colombia frente a las protestas sociales. El primero fue un informe relacionado con los graves hechos de violencia registrados en la ciudad de Bogotá los días 9 y 10 de septiembre del año 2020 en el marco de las protestas desencadenas tras el asesinato del abogado Javier Ordoñez a manos de la Policía en un Comando de Atención Inmediata, CAI, y que dieron origen a una protesta masiva en contra de esta institución, este informe fue preparado por una Comisión Independiente que contó con la asesoría de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas y fue coordinado por Carlos Alfonso Negret exdefensor del Pueblo y un equipo de investigadores independientes. El segundo informe lo presentó la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos que dirige Juliette de Rivero y se centró en el tratamiento que el gobierno y la Fuerza Pública le dieron a la protesta desencadenada alrededor del Paro Nacional realizado en Colombia desde el 28 de abril y hasta el 31 de julio del 2021.
Ambos informes dan cuenta, como ya lo había señalado el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el mes de junio del año 2021, de graves violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública y la responsabilidad en dichas violaciones de altos funcionarios del gobierno nacional y en este caso también del gobierno de la Ciudad de Bogotá en cabeza de la alcaldesa Claudia López que en gesto digno de aplauso reconoció su responsabilidad en las desbordadas protestas que fueron sofocados a sangre y fuego por la Policía Nacional, acantonada en Bogotá, mientras que la reacción del gobierno nacional fue de rechazo frontal al informe sobre Bogotá al cual tachó de politiquero e interesado, pues, justo el día lunes en que se presentó a la opinión pública se dio a conocer que Carlos Alfonso Negret se inscribió en la lista al senado por el Nuevo Liberalismo. Este hecho sirvió al gobierno y concretamente a la Canciller y vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, para descalificar de un tajo el informe y arremeter en contra de la directora de la oficina de la Alta Comisionada, Juliette de Rivero que estuvo presente y avaló el informe.
Ahora bien el informe lejos de lo que dijo el gobierno nacional es equilibrado y reseña y concluye lo que pudo comprobar como resultado de recoger el testimonio de las víctimas, examinar los videos de las cámaras de seguridad, videos de los ciudadanos publicados en las redes sociales pero también según reseña en el informe videos inéditos así como numerosas entrevistas a agentes gubernamentales y exfuncionarios policiales, a funcionarios de la fiscalía y de los organismos de control y examinar hasta donde se lo permitieron las fuentes los procesos penales en la Fiscalía y los procesos disciplinarios en la Procuraduría, el informe registra la baja colaboración de estos organismos.
“Los eventos de violencia, abuso y brutalidad policial iniciados en la madrugada del 9 de septiembre con el asesinato de Javier Ordoñez a manos de miembros efectivos de la Policía Nacional (PONAL), desencadenaron uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos acontecidos en la historia de la ciudad de Bogotá”. “La relatoría documento la muerte de 14 personas en este contexto de violencia, incluido el caso de Javier Ordoñez, por quien se inicio la manifestación. De las 14 victimas mortales, 11 habrían sido como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de la PONAL”. “Lo anterior le permite a esta relatoría llegar a la conclusión de que en el marco de las protestas del 9 y el 10 de septiembre ocurrió una masacre cuya responsabilidad recae en la PONAL”.
“Dichas prácticas explican, además de los 14 asesinatos, las lesiones de al menos 75 personas por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante, 187 por otro tipo de lesiones y las heridas provocadas a al menos 216 miembros de la PONAL. Así mismo dan cuenta de los daños provocados a 78 buses del componente troncal (nueve de ellos incinerados), 51 buses del componente zonal (cinco incinerados) y 76 CAI (17 de ellos incendiados y destruidos)”.
El informe da cuenta además de cientos de detenciones arbitrarias, abusos sexuales contra los manifestantes por parte de la Policía Nacional y de la estigmatización y macartización de la protesta social por parte de los funcionarios del gobierno nacional comenzando por el propio presidente de la República, Iván Duque Márquez y por el fallecido ministro de la Defensa Carlos Holmes Trujillo así como por el Consejero Nacional de la Seguridad, Rafael Guarín, quienes acusaron a la protesta de estar infiltrada por las Disidencias de las FARC y el ELN sin que presentaran ninguna prueba añado yo al informe. Finalmente cabe destacar que el informe señala los pocos avances en las investigaciones penales por una fiscalía que adolece de una estrategia clara de investigación con el pírrico resultado de apenas haber imputado cargos a 4 policías que siguen en servicio activo. Señala el informe que de no aplicarse correcciones en las investigaciones estos crímenes marchan a la impunidad.
Masivas violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional
Por su parte el informe de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los derechos humanos ratifica esencialmente las conclusiones de las graves violaciones a los derechos humanos registradas por la Policía Nacional y en este caso por particulares que actuaron a sus anchas y en presencia de policías dispararon contra civiles como ya lo había denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su informe de la visita realizada en el mes de junio al país. A mi juicio es más contundente y crítico el informe de la Comisión que este de la Oficina de la Alta Comisionada no obstante también es contundente, como debe serlo, por la gravedad de los hechos de represión puestos en marcha para enfrentar la protesta.
“Del 28 de abril al 31 de julio de 2021, la oficina identificó un conjunto de situaciones, acciones y/u omisiones de agentes del Estado, en particular integrantes de la Fuerza Pública en el transcurso de la protesta, incompatibles con el derecho a la reunión pacífica y otros derechos humanos. Así mismo, algunos casos documentados ilustran acciones y/u omisiones del Estado frente a la actuación violenta de personas vestidas de civil contra manifestantes”. “En particular, entre el 28 de abril y el 31 de julio, la oficina recibió información sobre alegaciones de muertes de 63 personas en el contexto de las protestas. Del total de las alegaciones, la oficina verificó 46 casos, 4 casos se encuentran aún en proceso de verificación y en 13 casos la Oficina consideró que no había información concluyente para determinar si las muertes tuvieran lugar en el contexto de las protestas. De la información recopilada y analizada por la Oficina, existen motivos razonables para afirmar que, de los 46 casos verificados en al menos 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la Fuerza Pública, 10 habrían sido actores no estatales, mientras que en ocho casos la Oficina no obtuvo información suficiente para identificar al presunto perpetrador”. “Adicionalmente, la Oficina recibió alegaciones de violencia sexual en contra de 60 personas, de los cuales 48 son mujeres y 12 hombres, en el marco de las manifestaciones del Paro Nacional, presuntamente cometidas por miembros de la Policía Nacional. De estos, la Oficina verificó los casos de 16 víctimas de violencia sexual que habrían sido cometidas por la Policía Nacional”.
El informe da cuenta con base en la información de la Fiscalía General de la Nación de 63 casos de violencia ocular contra los manifestantes, así como la desaparición de 27 personas que aún no han sido ubicadas según cifras de la misma Fiscalía. Múltiples violaciones a la libertad personal con cientos de detenciones arbitrarias, en sitios no adecuados y restricciones a la libertad de información.
Por supuesto que el informe también detalla la violencia contra los miembros de la Fuerza Pública. 1.712 personas uniformadas resultaron lesionadas durante las manifestaciones. Una mujer policía fue agredida sexualmente en la ciudad de Cali. Del 28 de abril al 10 de septiembre se reportaron 2.049 bienes privados destruidos, 2.492 bienes públicos destruidos, 179 infraestructuras gubernamentales afectadas y 787 bienes policiales destruidos.
Para el informe no hay duda de la extralimitación en el uso de la fuerza, así como de la estigmatización de la misma por parte de altos funcionarios del Estado. “El Estado colombiano debe tomar todas las medidas y acciones necesarias para asegurar que las autoridades encargadas de la gestión de las manifestaciones, en particular la Fuerza Pública, solo recurran a la dispersión de las manifestaciones en estricta observancia de las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos. El diálogo debe convertirse en la base de la gestión de las manifestaciones y se debe evitar la estigmatización de la protesta. Esto requiere un cambio profundo de la cultura institucional de gestión de las manifestaciones en Colombia”.
Quizás la recomendación más importante sea esta: “Impulsar un debate amplio en la sociedad sobre la reforma a la Policía Nacional, incluyendo los mecanismos de control y de rendición de cuentas, así como valorar la pertinencia de transferir la policía del Ministerio de Defensa a un Ministerio de autoridad civil, para reforzar el carácter civilista de la institución y el enfoque sobre seguridad ciudadana”. Agrega que la gestión de las manifestaciones, esté reservado a los cuerpos policiales civiles y que toda asistencia militar sea excepcional y conforme con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, recordando que su participación debe ser temporal y limitada, subordinada a la autoridad civil y fiscalizada por órganos civiles competentes.
Es evidente que los dos informes coinciden en señalar muchos rasgos autoritarios, militaristas, violadores de los derechos humanos de las actuaciones de la Fuerza Pública y en este caso concreto de la Policía Nacional. Hay problemas estructurales que los dos informes señalan y que se refieren al diseño institucional. La Policía debe ser desmilitarizada y un paso fundamental es sacarla del Ministerio de la Defensa o bien al Ministerio del Interior o a un nuevo ministerio de la Seguridad Ciudadana. La semana pasada en la Comisión segunda del Senado de la República se aprobó el ascenso de nueve altos oficiales con investigaciones abiertas sobre graves violaciones a los derechos humanos, inclusive algunos de ellos con investigaciones abiertas por ejecuciones extrajudiciales, mientras esta sea la realidad será muy difícil que se pueda construir una fuerza de policía y una Fuerza Pública para la defensa y el fortalecimiento de la democracia. Esta reforma y la depuración de la Fuerza Pública es inevitable y tendrá que hacerse no solo en contra de las cúpulas de la policía y del ejército sino de las fuerzas de la extrema derecha política.
Los dos informes pese a su diplomacia señalan otro de los problemas que es el de la impunidad y en ese nefasto resultado el papel de la Fiscalía General de la Nación. Todo indica como siempre que terminaran pagando unos cuantos policías de base y ahí se detendrá la investigación. Ese es otro diseño institucional que hay que cambiar. Mientras quien postule la terna para la elección del Fiscal General sea el presidente no hay nada que hacer. Debería por lo menos invertirse el orden y que quien postule la terna sea la Corte Suprema de Justicia y nombre el presidente de la República. Pero esos cambios institucionales solo serán posibles si las fuerzas alternativas ganan la presidencia de la República y si se renueva el Congreso, sino seguiremos en la impunidad, en la represión y en la pobreza.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
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