Colombia: las reformas sociales en el Congreso

Por Pedro Santana Rodríguez*

Dos son los principales frentes de actividad que el gobierno de Gustavo Petro tiene que mantener de forma simultánea. El primero tiene que ver con la puesta en marcha y el avance en los proyectos aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida. Este plan de Desarrollo se discutió como no había ocurrido desde la Constitución de 1991.

Es un buen plan, el reto es reglamentarlo y llevarlo a la práctica.

La realización de los diálogos regionales vinculantes, los debates y aportes desde el Consejo Nacional de Planeación y posteriormente el debate en el Congreso de la República han hecho de este plan la carta de navegación que el gobierno tiene para transformar el país. Es un buen plan, el reto es reglamentarlo y llevarlo a la práctica. El recién salido director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, debe tener y nosotros con él, la satisfacción de haber logrado la aprobación de la Carta de Navegación del gobierno para estos próximos dos años y medio que le restan.

En este tema hay rezagos que deben corregirse, pues más o menos un 70% del mismo aún no han sido reglamentados, tarea que corresponde a los ministerios respectivos. Pero además viene todo el trabajo de abrir las licitaciones para una buena parte de los proyectos de impacto regional aprobados en el Plan de Desarrollo. Junto a esta inaplazable tarea están las tareas correspondientes a cada uno de los Ministerios en sus labores misionales y por supuesto la inversión de los recursos presupuestales pendientes de la vigencia anterior y los de la vigencia correspondiente al año 2024 y que se encuentran en el presupuesto general de la Nación para esta vigencia. Al gobierno no puede pasarle este año que se dejen de ejecutar recursos. El gobierno y el presidente de la República deberían avanzar desde ya en esta actividad al tiempo que se mejora la coordinación interinstitucional donde la figura acéfala de un jefe de gabinete que ayude y se ponga al frente tanto de los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo como de aquellos considerados estratégicos permita acelerar la puesta en marcha como hemos indicado de las políticas públicas. Es una tarea imperiosa que ojalá estuviera dentro de las prioridades del presidente de la República.

El futuro de las reformas en el Congreso

Las tres reformas sociales que se encuentran en el Congreso de la República, esto es, la reforma al sistema de salud, la reforma pensional y la reforma laboral, enfrentan una legislatura definitiva en el Congreso en este período legislativo que arrancó este viernes 16 de febrero como consecuencia de la reforma constitucional que amplio esta legislatura que ahora se instala el 16 de febrero y termina el 20 de junio.

La reforma a la salud se encuentra ya radicada en la Comisión Séptima del Senado de la República a consideración de la Comisión de ponentes que de acuerdo con la decisión de su mesa directiva deberá rendir ponencia la primera semana de marzo para iniciar el debate en la Comisión y de ser aprobada seguiría luego a la plenaria del Senado de la República. Esta reforma es urgente como lo hemos señalado de forma reiterada. En lo que va corrido del gobierno del cambio se han presentado dos millones cien mil peticiones, quejar y reclamos ante la Superintendencia de Salud que resolvió el 97% de las mismas. 510 mil quejas fueron súplicas de vida, es decir, donde la vida de los pacientes estaba en riesgo. Esto es una crisis muy profunda. Agravada porque al año se interponen además ante los jueces de la República un número de más o menos 130 mil tutelas. Hay una profunda crisis de inatención por parte de las EPS a los pacientes pues son ellas las que administran los recursos públicos de la salud y son las que autorizan la atención a los pacientes y en buena medida deciden dentro de las redes que tienen contratadas a dónde envían a los pacientes. Esta profunda crisis ha sido contenida por la actuación eficaz de la Superintendencia de Salud hasta este viernes dirigida por el médico Ulahy Beltrán, quien realizó una eficaz labor al frente de esta entidad que se convirtió en la principal aliada de los pacientes para de manera proba resolver sus solicitudes. El reto para el nuevo superintendente de salud es continuar con esta labor.

Pero la crisis del sistema de salud es sistémica y amenaza seriamente con profundizarse si no se toman medidas de fondo. La reforma al sistema de salud propuesta busca y propone enfrentar de fondo estos problemas estructurales. El reciente informe de la Contraloría General de la República corroboró lo que ya había demostrado el informe de la Superintendencia Nacional de Salud dado a conocer el 23 de octubre pasado. Solo cinco Entidades Promotoras de Salud, EPS, cuentan con reservas técnicas que son los recursos que deben tener todas las EPS para responder por la siniestralidad dentro del sistema. Las otras EPS que operan en Colombia no han aprovisionado los recursos para responder por la salud de sus afiliados. El informe de la Contraloría Señala que el déficit de las EPS activas que son unas 27 que quedan de las 157 que operaban en 1995 es de 12.4 billones de pesos. Con ello se reitera que las EPS ni son aseguradoras como se presentan ni gestionan adecuadamente el riesgo en salud. Esta es la realidad que revela el informe de la Contraloría.

Al mismo tiempo el informe señala que las EPS deben 25 billones de pesos a las clínicas, hospitales, centros de ayudas diagnósticas y a los proveedores de medicamentos. De esos 25 billones las EPS activas deben 18 billones los otros 7 billones los deben las que están en vías de liquidación o ya fueron liquidadas. Al finalizar 2022, las deudas de las EPS activas, era de 16 billones y en un año, esto es, en 2023, la deuda aumento en dos billones de pesos. El informe señala que las EPS activas reconocen que deben a sus redes y proveedores de servicios 11.3 billones de pesos. Es decir, no tienen reservas técnicas para responder por sus deudas, pero además acumulan deudas que están entre los 11 billones y los 25 billones dependiendo de la fuente que se utilice como base de información, porque otro tema es que el sistema de salud carece de un sistema único de información.

Ahora que queda una vez más demostrada la profunda crisis financiera del sistema y su inviabilidad, los defensores del statu quo se refugian en algo que tampoco han podido demostrar. El argumento único que les queda es que la Unidad de Pago por Capitación, UPC, que es la suma que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema es insuficiente. El año pasado desde el mes de octubre y a instancias del Ministerio de Salud se realizaron cinco mesas técnicas con 18 EPS de las activas que concurrieron con su información a 30 de junio del año 2023 y allí no pudieron demostrar que la UPC era insuficiente como consta en el informe final entregado a la opinión pública en rueda de prensa realizada en el mes de noviembre. El Contralor encargado Carlos Mario Zuluaga anuncio que a comienzos del próximo mes de marzo entregara un informe sobre Integración Vertical es decir sobre la contratación y los pagos que las EPS hacen a las clínicas, centros de ayudas diagnósticas y proveedores de medicamentos que son de su propiedad. Este será otro punto crucial para realizar el debate sobre la reforma a la salud para ver la opacidad con la que las EPS han manejado los recursos públicos de la salud. El debate debe darse sin filibusterismo con las cifras que soporten las propuestas. Confiamos que ese sea el tono y también el fondo de la discusión que deberá realizarse en el Senado de la República. La reforma a la salud es inaplazable. Allí están las propuestas para salir de la profunda crisis del sistema.

La reforma pensional no ha tenido avances significativos. Como se sabe se aprobó la propuesta gubernamental en la Comisión Séptima del Senado y aún los ponentes no han presentado ponencia para su discusión en la plenaria del Senado. A mi juicio el proyecto debe enmendarse de manera sustancial toda vez que en la propuesta aprobada en la Comisión Séptima del Senado se perjudica enormemente a la clase media, aproximadamente 1.3 millones de trabajadores si se aprueba el proyecto como va verían sensiblemente disminuidas sus mesadas pensionales.

Y la reforma laboral que inició finalmente su trámite en la pasada legislatura con la aprobación de 15 artículos de los 90 que contiene el proyecto debe seguir el debate y su aprobación en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

El gobierno en su trabajo del uno a uno confía en lograr las mayorías para la aprobación de las reformas. Los recientes cambios burocráticos en el equipo de gobierno caminan en la dirección de garantizar que los proyectos tendrán mayorías tanto en Cámara como en Senado. Un hecho que no pasó desapercibido fue el nombramiento de la nueva ministra del Deporte Luz Cristina López adjudicada a parlamentarios conservadores afectos al gobierno. Esto ha provocado una confrontación interna en el seno del partido Conservador que se seguirá presentado toda vez que hay sectores conservadores que están comprometidos con la agenda reformista del gobierno. Esta será sin duda una prueba de fuego para el gobierno que ya demostró en la Cámara de Representantes que tiene un buen margen de maniobra. Es lo que se pone a prueba en esta legislatura. Ya veremos.

* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos

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