Colombia: proceso constituyente

Por Pedro Santana Rodríguez*

En Puerto Resistencia, lugar emblemático del estallido social en la ciudad de Cali, durante las jornadas de movilización en el año 2021, el presidente Gustavo Petro planteo la necesidad de un proceso Constituyente. Fue en cierta forma una respuesta al bloqueo de las reformas sociales que se encuentran estancadas en el Congreso de la República. La reforma laboral se encuentra a consideración de la Comisión Séptima de la Cámara sin ningún avance. Solo han sido aprobados 18 de los 92 artículos que tiene el proyecto. La reforma pensional se encuentra estancada en la plenaria del Senado sin que avance la discusión de las tres ponencias que se han presentado.

En entrevista con el diario El Tiempo Petro preciso los alcances de su propuesta: propongo seis temas que requieren atención urgente

Mientras tanto en la Comisión Séptima del Senado ocho parlamentarios han firmado una ponencia de archivo después de nueve meses de discusión en la Cámara de Representantes y de su aprobación en los dos debates en la Comisión Séptima de la Cámara y en la Plenaria de esa Corporación. El debate no avanza en la Comisión dado que antes de iniciar su discusión la Comisión Séptima deberá resolver los impedimentos y en la Comisión de Ética del Senado deberán resolverse las cinco recusaciones contra senadores por conflicto de intereses dado que estos parlamentarios fueron financiados con dineros provenientes de las EPS una de las cuales Sanitas Keralty es una multinacional extranjera ligada al sector de la Salud que opera en varios países de la región. La Constitución expresamente prohíbe la financiación de las campañas electorales con recursos de empresas extranjeras.

En este enrarecido clima congresional donde las reformas no avanzan y se tramitan en una semana dos mociones de censura contra los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, ambas fueron negadas por amplias mayorías tanto en Cámara como en Senado. Es en este contexto donde el presidente de la República planteo la necesidad de un proceso constituyente que después en entrevista con el director del diario El Tiempo, Andrés Mompotes, trato de precisar los alcances de su propuesta.

El presidente preciso en esa entrevista que lo que busca es que se examinen qué aspectos de la Constitución promulgada hace 33 años no se han desarrollado y al mismo tiempo señaló que una eventual Constituyente no se ocuparía de las reformas que se encuentran estancadas en el Congreso. No obstante, es evidente que fue una respuesta política al Congreso en cierta forma una presión sobre el mismo para que sin más dilaciones se ocupe de las reformas sin que hasta ahora el gobierno haya logrado las mayorías en su estrategia del uno a uno para lograr su aprobación. Por el contrario, la ponencia de archivo firmada por 8 senadores de los 14 que conforman la Comisión Séptima del Senado muestran por ahora que esas mayorías no estarían dispuestas a la aprobación de la reforma a la salud. Pese a que el sector arrastra una profunda crisis manifestada ya desde el año 2008 en que la Corte Constitucional promulgó la Sentencia T760 que reconoció en sede Judicial esa profunda crisis y profirió 16 ordenes que en su gran mayoría no han sido cumplidas pese a los innumerables autos proferidos desde entonces. Luego vino en el año 2009 la declaratoria de la emergencia económica y social por el gobierno de Álvaro Uribe para hacer frente a la crisis del sistema de salud, la cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. En el año 2014 la Contraloría General de la República señaló la profunda crisis financiera del sistema de salud. Desde entonces esta crisis se ha agudizado sin que el Congreso y los sucesivos gobiernos hayan enfrentado de fondo dicha crisis. Lo paradójico de la situación es que en la ponencia de archivo los senadores que la firmaron no se ocupan de la profunda crisis y no proponen nada para salir de ella. De manera irresponsable lo que piden es que el proyecto se archive.

En la entrevista con el diario El Tiempo Petro preciso los alcances de su propuesta: propongo seis temas que requieren atención urgente. En primer lugar, es crucial implementar de manera efectiva el Acuerdo de Paz de 2016, el cual fue desatendido y atacado durante el gobierno anterior. Se robaron los recursos de la paz y la Fiscalía de Barbosa nada investigó. Aspectos fundamentales como la Reforma Agraria y la solución al problema de las drogas ilícitas deben abordarse con premura. Además, proponemos complementar el Acuerdo para hacer frente a los desafíos actuales de la violencia en los territorios.

En segundo lugar, es esencial garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de vida para todos los ciudadanos, que incluyan salud, pensión y acceso al agua. En tercer lugar, se requiere una reforma judicial que acerque el sistema judicial al ciudadano, lo haga más efectivo y tenga una dimensión reparadora en términos de verdad y garantías de no repetición. La verdad como el eje de la justicia. Sin verdad no hay perdón ni reconciliación…

Cuarto, proponemos el reordenamiento territorial, donde se fortalezca la autonomía local siempre y cuando el territorio excluido sea rápidamente incluido y empoderado.

Quinto, también me interesa el cambio climático, tema que no se tocó en la Constitución del 91 por el contexto en que se vivía en ese momento y por último instamos a establecer un diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación.

Estos fueron los temas planteados, aunque menciona la crisis del sistema político no lo incluyó expresamente. Ahora bien, una cosa es plantearse estos temas y otra cosa es la viabilidad de la propuesta. La Constituyente para su convocatoria debe pasar obligatoriamente por el Congreso donde requiere de una mayoría calificada de dos tercios de Cámara y Senado y en las actuales circunstancias políticas y luego del debate suscitado en el Senado de la República la mayoría de los parlamentarios de esta Corporación rechazaron la propuesta de tal forma que no existen condiciones políticas propicias para avanzar en la propuesta presidencial. De tal forma que si hablamos de una Constituyente que sea aprobada por el Congreso no están dadas las condiciones políticas para ello.

Otra cosa es el estímulo como lo manifestó en su discurso en Cali a la organización de comités municipales en donde tengan cabida los diversos sectores sociales y sus organizaciones como también es distinto si se trata de construir un difuso y poco claro poder popular. De tal forma que la propuesta se seguirá debatiendo y podrá ser incluso parte de la confrontación electoral de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales del año 2026, pero su viabilidad inmediata en las actuales circunstancias no es posible.

Todo pareciera indicar que el paquete de reformas sociales deberá ser tramitado en el actual Congreso y si se hunden todas o una parte de las mismas, ellas serán sin dudarlo, el centro del debate electoral en las elecciones de 2026. Por ahora el futuro de las mismas es incierto. El gobierno debe actuar teniendo claro que reformas de fondo no podrán hacerse con el marco legislativo existente, aunque obviamente se podrán implementar algunas políticas públicas para palear temas centrales como la crisis de la salud que amenaza con afectar de manera preocupante la red de prestadores de servicios de salud a la que las EPS les deben 25 billones de pesos que sumado al déficit de las reservas técnicas suman 37.4 billones de pesos. Las medidas que se puedan implementar en el marco de la ley 100 serán insuficientes dada la gravedad de la crisis.

* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos

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