Colombia: ¿Ruptura institucional o pataleos de la oposición?
Por Pedro Santana Rodríguez*
A raíz de la suspensión por tres meses como sanción de la procuraduría General de la Nación al canciller Álvaro Leyva, por la no adjudicación a la firma inglesa Thomas Greg & Sons para la fabricación de los pasaportes, se suma la tardanza en la elección del reemplazo de Francisco Barbosa en la fiscalía General, con el hecho evidente que a partir del 13 de febrero es Martha Mancera quien temporalmente ocupa la dirección general de la fiscalía. El gobierno y el propio presidente de la República han hablado de una ruptura institucional.
La cuestionada Martha Mancera fue confirmada como Fiscal General de Colombia.
Mancera está envuelta en un escándalo mayúsculo por proteger a quién investigadores de la fiscalía señalaron como parte integral de una banda ligada a facilitar el envío de alijos de cocaína desde el Puerto de Buenaventura. Francisco José Martínez Ardila, alias Pacho Malo, sería según la investigación de los agentes encubiertos de la propia fiscalía el sujeto que facilitaba el envío de los cargamentos de cocaína. Este sujeto se desempeñaba como director regional del CTI en el Puerto.
La señora vicefiscal está en medio de la tormenta no solo en este caso sino en el caso de unos fiscales del Valle del Cauca presuntamente ligados a las bandas del narcotráfico a quienes también habría protegido, es decir, es una persona cuestionada e impedida moral y políticamente para ocupar así sea transitoriamente la dirección de la fiscalía General de la Nación. Los impedimentos por ahora son de carácter ético y político, pues debe ser la justicia quién en última instancia investigue estas actuaciones de quien ha estado al frente con Barbosa de una administración de la fiscalía que no dudamos en calificar como pésima en todos los frentes de su misión y de sus funciones.
No se entiende por qué si desde el mes de septiembre el presidente Gustavo Petro presentó la terna definitiva que en el mes de noviembre la propia Corte Suprema, quien debe elegir a la sucesora de Barbosa, califico esta terna como viable, es decir, que reúne los requisitos para que una de ellas sea elegida para que dirija en propiedad a la fiscalía, no se entiende repito, por qué la Corte Suprema no ha hecho la elección. Hoy al momento de escribir este texto la Corte Suprema tampoco eligió, a pesar que era el último plazo antes de la vacancia que deja Barbosa para que ocupe la dirección como encargada la señora Mancera.
La Corte Suprema desoyendo las voces de la calle, de la academia, del periodismo independiente, se negó a cumplir a tiempo con la función legal de elegir en propiedad a la Fiscal que debe salir de la terna independiente que estaba conformada por tres mujeres probas, honradas y con experiencia en materia penal, Angela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo. Cualquiera de ellas podría ser elegida y sin embargo la Corte se obstina en no elegir y de manera poco decorosa citó a una nueva ronda de votaciones para el 22 de febrero. Las presiones de la Corte no provienen solo del gobierno y de la calle, quizás las principales presiones que se hacen en privado, las del gobierno son públicas, provienen del viejo establecimiento al cual pertenece la mayor parte de los magistrados de esta Corte. Hay evidentemente un choque entre el gobierno y la Corte Suprema por la demora en la elección de una nueva fiscal General en propiedad.
A estos dos hechos se suma las innumerables actuaciones y declaraciones de Barbosa en contra del gobierno y del propio presidente de la República, su obstinada y férrea oposición al proceso de negociación con los grupos subversivos y con las bandas ligadas al narcotráfico que he emprendido este gobierno en su denominada política de Paz Total, la acelerada investigación en contra de Nicolas Petro, quien debe responder a la justicia por dineros de los que debe justificar su procedencia, pero a quien debe garantizarse el debido proceso; a lo que se suma las innumerables investigaciones abiertas por la procuradora Margarita Cabello en contra de funcionarios del gobierno y su intromisión abierta y pública en debates de política pública que son del resorte del gobierno y el Congreso. No hay duda que la fiscalía general en manos del duo Barbosa & Mancera y la procuraduría General en manos de Margarita Cabello son organismos puestos al servicio de la oposición sin medida ni recato.
Un hecho adicional lo constituyó el allanamiento por integrantes del CTI a la sede de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, FECODE, para supuestamente recabar pruebas por el aporte que este sindicato hizo al Partido Colombia Humana por una suma de 500 millones de pesos que se destinaron a la organización de la veeduría a las elecciones presidenciales del año 2022. Hay antecedentes que han sido declarados legales por aportes que el Centro Democrático recibió en el año 2018 en la campaña que llevó a la presidencia a Iván Duque. El politiquero Consejo Nacional Electoral, CNE, desde entonces señaló que una cosa son los aportes a las campañas y otra cosa con los aportes a los partidos.
Es evidente que la Procuraduría y la Fiscalía han sido puestas al servicio de la oposición más cerrera y descarada. De eso no nos cabe la menor duda. Aquí desde el uribismo y Cambio Radical se ejerce una oposición sin mayores ideas y propuestas. Su signo más evidente es el obstruccionismo, los ataques personales, la descalificación, en defensa del statu quo. Para la oposición no se requieren reformas, todo está bien en el país. El debate público se ha contaminado de toda suerte de noticias falsas que son reproducidas por los grandes medios corporativos en defensa del estado de cosas injusto, en medio de una realidad en que más del 37% de la población no tiene ingresos mínimos para su subsistencia y en que otro 35% tiene serios riesgos de caer también en la pobreza. En la defensa del statu quo que es la principal bandera de la oposición se recurre a los procedimientos más bajos con lo cual se obstruye el debate sobre las reformas necesarias para construir una sociedad más justa e igualitaria. Es el ejercicio de la oposición por la oposición sin alternativas con lo cual se ha envilecido el debate y se impide la construcción de acuerdos de país, de un Acuerdo Nacional sobre los problemas fundamentales. Ese Acuerdo Nacional debe construirse, pero será sin la oposición. Ella se ha excluido no solo por sus declaraciones sino por sus acciones en contra del gobierno y su paquete de reformas.
Dicho todo lo anterior empero no creo que se haya presentado hasta hoy una ruptura institucional. La Corte Suprema no se ha negado a la elección del fiscal General, esperemos que en un acto de responsabilidad con el país lo haga cuanto antes. Barbosa seguirá gobernando la fiscalía con la anuencia de la Corte Suprema. Un nefasto precedente. Esperemos que entienda que éticamente y políticamente es totalmente impresentable que al frente de la fiscalía quede en encargo una persona profundamente cuestionada como es la señora Martha Mancera. Esperemos que el Congreso de la República mediante el mecanismo de los debates de control político ponga en su sitio a la cuestionada procuradora Margarita Cabello que se limite a cumplir con sus funciones en el marco de la Constitución y la ley y que las Cortes mantengan su independencia obrando en derecho.
Finalmente creo justas las movilizaciones convocadas para este 8 de febrero. El gobierno tiene pleno derecho a convocar a la población en su respaldo. La movilización social, pacífica, es un derecho fundamental como lo establece la Constitución. La única garantía para avanzar por el camino de las reformas que necesita el país es si el gobierno mantiene ese contacto estrecho con el pueblo. Si interpreta bien el reclamo de la población para que profundice el cambio por el que voto la mayoría de la población. Es obvio que las reformas se deben discutir y aprobar en el Congreso quien en nuestro ordenamiento jurídico es quien hace las leyes. Pero la movilización social, la pedagogía y la comunicación son tareas permanentes si se quiere que la población entienda la urgencia de los cambios que deben ser aprobados por el Congreso. Y al gobierno le debe quedar claro que requiere ejecutar su plan nacional de desarrollo que es la carta de navegación para lo que le resta. Ejecutar las políticas ya aprobadas y batallar porque el Congreso apruebe las reformas sin más dilaciones y sin filibusterismo. Son a mi juicio las tareas del momento.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos
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