Colombia: termina la primera legislatura, balance agridulce
Por Pedro Santana Rodríguez*.
Este 20 de junio termino la primera legislatura del gobierno de Gustavo Petro, con un balance agridulce. Se aprobaron proyectos importantes de lo que fue el programa de gobierno ofrecido por el hoy presidente durante su campaña electoral
En primer lugar, se aprobó una reforma tributaria progresiva que se ha calculado en unos 20 billones de pesos que indudablemente es un paso muy importante para garantizar los recursos económicos para financiar las ambiciosas propuestas de inversión en materia social. Este logro si bien estuvo por debajo de la propuesta original basada en un riguroso estudio del proyecto de Agenda de Transición Democrática preparado por los economistas Jorge Enrique Espitia (q. e. p. d) y Luis Jorge Garay, se constituye en un logro muy importante máxime que los nuevos gravámenes impactan sobre todo a los superricos, que pocos impuestos pagan en Colombia.
La propuesta original contempla un proceso de reforma de la que el proyecto aprobado sería la primera fase que debería seguir profundizándose en los próximos años, pero para el cual hay pocas condiciones políticas para completarlo. Repito un logro muy importante pues la reforma no grava a los sectores populares y a las clases medias contrario a la tendencia de los últimos treinta años de sucesivas reformas recargadas principalmente en el impuesto a las ventas y a las rentas del trabajo. Queda pendiente el tema de los impuestos a la gran propiedad agraria que esta ligada a que avance el catastro multipropósito que debería ser una tarea prioritaria para el gobierno.
Se aprobó igualmente el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, que será la carta de navegación del gobierno durante los restantes tres años largos que le quedan. Un buen plan de desarrollo alrededor del agua y el medio ambiente con proyectos de desarrollo regional, y metas ambiciosas pero realistas donde se contemplan instrumentos importantes para fortalecer por primera vez las formas y modalidades de la economía popular, se fortalecen los mecanismos para la contratación comunitaria y con recursos y metas para avanzar en la reforma rural integral, así como mecanismos y metas para avanzar en la renta ciudadana dirigida a otorgar recursos condicionados y no condicionados a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Así mismo se aprobó el marco jurídico para la paz que ha permitido con las limitaciones que ha interpuesto el opositor fiscal general de la Nación Francisco Barbosa el inicio de las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y con las Disidencias de las FARC principalmente con el autodenominado Estado Mayor Central, Disidencia hoy comandada por Iván Mordisco.
Igualmente, en la legislatura que recién termina se aprobaron importantes proyectos que hacen justicia a los cerca de 11 millones de campesinos que viven y laboran en nuestro país y que son parte fundamental para nuestra sociedad pues ellos son los que proveen cerca del 70% de los alimentos que consumimos. Se destacan entre otros los proyectos de ley que aprobaron el Acuerdo de Escazú que fue boicoteado en su aprobación por el gobierno de Iván Duque. Este acuerdo es el primer tratado internacional de América Latina y el Caribe relativo al medio ambiente y el primero del mundo que incluye disposiciones sobre los derechos de los defensores del medio ambiente. Se aprobó el acto legislativo que creó la Jurisdicción Nacional Agraria no como originalmente había sido presentado pues no contempla un tribunal agrario de cierre, sino que serán tribunales de cierre el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. El Congreso y el gobierno cedieron a la presión de estos tribunales, pero aún así es muy importante contar con esa jurisdicción agraria para que resuelva los problemas de legalización y tenencia de la tierra en Colombia, así como la protección de las propiedades comunales y de los resguardos indígenas, así como el problema del despojo de que fueron objeto millones de familias que perdieron durante los últimos treinta años más de siete millones de hectáreas. Y finalmente se aprobó el Acto Legislativo que reconoce al campesino como sujeto de derechos tanto individual como colectivamente. En su conjunto es una legislación muy importante para hacer justicia a nuestro campesinado.
En la legislatura que termina igualmente se aprobó la armonización presupuestal al presupuesto en ejecución del año 2022 así como el presupuesto general de la Nación para el año 2023 que se espera culmine con la aprobación en los tres días de sesiones extraordinarias convocadas para que se incorporen al presupuesto del año 2023 las adiciones presupuestales que están destinadas principalmente al fortalecimiento de la inversión social, contrario a las pretensiones del exministro José Antonio Ocampo que quería destinar 18 billones para dirigirlos al fondo de estabilización petrolera.
Finalmente cabe destacar la aprobación del proyecto de matrícula cero para los y las jóvenes que ingresen a las universidades públicas que cumple otra de las promesas de campaña. También se aprobó la reforma al Código electoral en medio de una aguda controversia, sobre su contenido nos proponemos volver más adelante. Este es el balance positivo de esta legislatura; ahora veamos el balance negativo.
Un Congreso sin un verdadero compromiso con las reformas sociales
El balance negativo está relacionado con el hundimiento de la reforma laboral y la dilación en el trámite de las reformas pensional y de salud. Hay que aclarar que estas reformas, son el eje sustancial de la agenda de transición democrática y son necesarias porque los marcos legales existentes impedirán las transformaciones más sustanciales en materia social que propuso el entonces candidato Petro, de ahí su insistencia al Congreso para que sean discutidas ampliamente y sean aprobadas. No se trata de un capricho del presidente o como algunos opinadores señalan que su empecinamiento en que sean debatidas y aprobadas es una equivocación o como dicen otros, sobre todo aquellos que quieren unas reformas cosméticas, que de lo que se trata es que el presidente y su gobierno deben buscar a toda costa que haya un consenso sea cual sea al final el resultado de ese consenso. No. Se trata de un asunto de proyección estratégica de los cambios que requiere el país en materia de desarrollo económico y social.
Las reformas en síntesis lo que buscan es desandar el equivocado camino en que metió al país la reforma neoclásica o neoliberal y sus políticas públicas. Sus políticas llevaron a la precarización del empleo y a la disminución de los salarios que bajaron durante estos años su participación en el Producto Interno Bruto, todo ello con el falaz argumento que si se precarizaba el trabajo se aumentaría el empleo cosa que no ocurrió ni en Colombia ni en el resto del mundo donde se aplicaron tales políticas y como corolario que para aumentar la competitividad de la economía había que garantizar bajos salarios e inestabilidad laboral. Mucho sufrimiento y dolor ocasionaron estas políticas y el ofrecido crecimiento del empleo y crecimiento de nuestra economía nunca se dio. Aumentar los ingresos por la vía de mejorar las condiciones de la contratación laboral, el pago al 100% de los festivos laborados, el pago de horas extras y del recargo nocturno incrementarían el ingreso de los trabajadores y por esta vía su capacidad de compra y la expansión del mercado interno. Es lo que busca la reforma laboral hundida por los partidos tradicionales Liberal, Conservador y de la U y con el aplauso de los partidos Cambio Radical y Centro Democrático declarados en oposición.
La reforma a la Salud busca que el fallido modelo de la ley 100 de 1993 sea modificado en por lo menos cuatro asuntos esenciales de los cuales los dos primeros son los ejes vertebrales y los otros dos son complementos necesarios. Este arreglo institucional entregó el manejo de los recursos públicos de la salud al sector privado, a las EPS, que han sumido el sector de la salud en una profunda crisis financiera. En 1994 habían sido habilitadas 157 Empresas Promotoras de Salud, EPS, de las cuales hoy solo sobreviven 28 de las cuales 14 están intervenidas por no cumplir con los requisitos mínimos en materia financiera. Las actuales EPS deben a los prestadores de los servicios de salud, Clínicas, Hospitales y Centros de Ayudas Diagnósticas, 16,6 billones de pesos, las EPS que están en liquidación deben 5 billones de pesos y las que fueron liquidadas desde el año 2016 dejaron deudas por las que nadie responde por 1,7 billones de pesos. En total son 23,3 billones de pesos las deudas de las EPS con Clínicas, Hospitales y Centros de Ayudas Diagnósticas.
Todo ello se ha traducido en negación de servicios y muerte para los usuarios, que tienen que recurrir a la tutela ante los jueces para atención con especialistas o para la entrega de medicamentos (en 2019 se interpusieron 223 mil tutelas y en el año 2022 se interpusieron 109 mil tutelas). La disminución de las Tutelas no quiere decir que el sistema este mejorando, pues disminuyeron, pero aumentaron las Peticiones, Quejas y Reclamos ante la Superintendencia de Salud que recibió en el año 2022 1’240.000 solicitudes de las cuales 450 mil fueron ruegos de vida o sea donde la vida de los pacientes estaba en riesgo. De acuerdo con el Sistema de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud el 46,6 de las muertes reportadas entre 2005 y 2020, fueron muertes evitables, 1’598,441 personas. En 630 municipios del país no hay puestos de salud en sus zonas rurales y en cerca de 900 municipios los únicos centros de atención son los hospitales públicos que están sumamente atrasados en tecnologías en salud y en infraestructura.
Lo que propone el proyecto de Ley es que los recursos públicos de la salud sean administrados por la Administradora de los Recursos de la Salud, ADRES, que pagaría directamente a clínicas, hospitales y centros de ayudas diagnósticas. El segundo cambio estructural es que la base de todo el sistema sea la atención primaria en salud organizada en todo el país y en dónde los ciudadanos se adscribirían por cercanía a su lugar de vivienda o de trabajo. Equipos de profesionales de la salud atenderían de forma resolutiva a los usuarios que requieran atención médica y si requieren atención especializada serán remitidos desde el CAPs a centros de mediana y alta complejidad. El aseguramiento corre a cargo del Estado. Los complementos necesarios son en primer lugar la construcción de un sistema único de información en línea donde se alojen las historias clínicas electrónicas, se realicen los pagos y se cuelguen los contratos y convenios que se hacen en todo el sistema de salud con los recursos públicos en tiempo real. Este es además un mecanismo de lucha contra la corrupción. Y el cuarto componente es un robusto sistema de participación ciudadana en todos los niveles del sistema comenzando por el Consejo Nacional de Salud que será con el Ministerio de Salud y Protección Social los organismos rectores del sistema. Habrá Comités Territoriales de Salud en departamentos y municipios.
Finalmente, la reforma pensional busca garantizar un ingreso mínimo a nuestros compatriotas de la tercera edad que no alcanzaron a llenar los requisitos en semanas de cotización para su jubilación. Es el llamado pilar o piso solidario. La segunda medida de fondo es que todos los trabajadores coticen en el fondo público de pensiones, Colpensiones, hasta los tres salarios mínimos en un sistema de prima media. A partir de allí cotizarían en el sistema de ahorro individual. La pensión sería el resultado para quienes ganan más de tres salarios mínimos la suma de pensión de Colpensiones y lo que coticen en los fondos privados. Esto último es lo que ha motivado la crítica de la clase media que vería disminuida su mesada pensional si se mantuviera el sistema de prima media como rige actualmente. A mi juicio esto debe ser corregido en su trámite en el Congreso.
En resumen, son estos los ejes estructurales de las propuestas sociales en curso. Como se observa se trata de desmontar las reformas neoliberales que precarizaron los ingresos de los trabajadores y sus pensiones y la salud de todos los colombianos y colombianas. Es avanzar en un nuevo contrato social y es a esto a lo que se niegan los partidos de oposición Cambio Radical con el señor Germán Vargas Lleras a la cabeza y el partido Centro Democrático con el señor Álvaro Uribe Vélez a la cabeza y a ellos se han sumado Dilian Francisca Toro del Partido de la U, Efraín Cepeda del partido Conservador y César Gaviria del partido Liberal. Pero en estos últimos tres partidos hay un importante número de parlamentarios que están decididos a apoyar las reformas, pero se los impiden sus jefes quienes amenazan con sancionarlos si lo hacen. Este es el pulso que no ha terminado por resolverse.
Lo que esta en curso es un debate y una confrontación política sobre dos modelos de sociedad y sí no se puede resolver en este gobierno quedará a decisión de los electores en las elecciones del año 2026. Allí quienes queremos estos cambios deberíamos trabajar por tener las mayorías en el Congreso para que sean viables. Es entonces un juego para cambiar la correlación de fuerzas políticas alrededor de la Agenda de Transición Democrática.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
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