Covid, militares, jueces y el profesor Lafuente
Por Domingo Sanz. LQSomos.
Recuerdo aquel Estado de Alarma contra el que el TC dictó la sentencia que el constitucionalista Lafuente acepta, y me vienen a la memoria frases como “la guerra contra el virus”, o también “militares” en la tele junto al doctor Simón, uno de los cuales tuvo, meses después, la desfachatez de saltarse la cola para vacunarse antes
Por curiosidad, ¿ha reparado usted en la cantidad de rondas informativas sobre la pandemia en las que, además de contagiados, hospitalizados, fallecidos, vacunados, olas, omicrones y resto de conceptos inevitables, se cuelan también tribunales, jueces, fiscales, autos, sentencias y demás terminología jurídica?
Estoy seguro que ocurre en más del 60% de los noticieros Covid referidos hoy, en su mayoría, a tribunales que autorizan o deniegan decisiones aprobadas por unos políticos que, además de haberse ganado el puesto compitiendo en las urnas y estar obligados a intentarlo de nuevo cada cuatro años, disponen de toda la información sanitaria, procedente tanto del Sistema Público de Salud como de la OMS y otros organismos internacionales.
En relación con esta judicialización del día a día de la pandemia llaman la atención varias cosas. Entre otras:
· Que se ha incrementado exponencialmente a partir de la sentencia del TC que dio la razón a los neofranquistas de Vox en relación con el primer Estado de Alarma.
· Que, en su mayoría, los tribunales no están atendiendo demandas planteadas por organizaciones o personas contra decisiones de los gobiernos, pues parece que son los gobiernos los que se dirigen a los tribunales para “pedir autorizaciones”.
· Que esta carga de trabajo, extraordinaria y a la que se concede prioridad, enlentece aún más la gestión de los expedientes habituales, lo que convierte a la Justicia española en colaboradora fáctica de los delincuentes poderosos, esos que delinquen teniendo en cuenta que la lentitud judicial favorece su política de hechos consumados, aunque estén pendientes de juicio. Inolvidables los 5 años que se demoró el TC en dictar una sentencia por unanimidad como fue la que declaró inconstitucional la Amnistía Fiscal del gobierno Rajoy-Montoro, toda una estrategia político-judicial para conseguir que los grandes evasores fiscales se salieran con la suya y sin que nadie les tocara un euro.
De los dos primeros puntos podemos deducir que está funcionando una especie de “asesoramiento judicial preventivo” para evitar que la derecha en la oposición presente demandas contra cualquier decisión de cualquier gobierno que no tenga controlado, pues lo cierto es que la izquierda judicializa mucho menos. Aun así, no estoy de acuerdo, pues los jueces deberían archivar por su propia iniciativa las acciones judiciales excesivamente contaminadas de intenciones políticas.
En cambio, comienzo a leer “Vacunación obligatoria”, artículo publicado en “Diario de Mallorca” del 27 de noviembre por el profesor de Derecho Constitucional José María Lafuente, y estoy muy de acuerdo cuando, refiriéndose a los gobiernos, afirma que “cobijarse una y otra vez en los tribunales es lo más alejado del compromiso que les corresponde”. Más adelante, y abundando en la opinión que comparto, reproduce la siguiente advertencia del Tribunal Superior de Aragón: “El gobierno no queda impedido de adoptar las medidas oportunas; y que someterle a su decisión (del Tribunal) la exigencia del certificado COVID va más allá de las funciones que la Constitución prevé para los tribunales de lo contencioso al proponer en estos casos una solución de cogobierno”.
Por eso mismo no me cabe en la cabeza que, en el mismo artículo, Lafuente se manifieste de acuerdo con la sentencia del TC que declaró inconstitucional el Estado de Alarma “por ‘restringir’ y no solamente ‘limitar’ la libertad de circulación”.
Alarmado yo, acudo al diccionario de la RAE por si se me hubiera olvidado mi castellano materno y encuentro que “restringir” es “reducir a menores límites” y “limitar” es “poner límites a algo”, con lo que me quedo tranquilo, pues estoy seguro que no hay ningún artículo en la Constitución que diga que, una vez que se han puesto unos límites en una ley, no se pueda aprobar otra para reducirlos ante una situación que lo requiera en defensa de un bien superior, por ejemplo la vida, o ampliarlos cuando el peligro haya desaparecido.
Hablando de “circulación”, puede que usted esté pensando en los cambiantes límites que los gobiernos establecen contra la libertad de pisar el acelerador por calles y carreteras. Yo también. Y en este ejemplo, también en beneficio de la salud y de la vida. Ya es casualidad.
Recuerdo aquel Estado de Alarma contra el que el TC dictó la sentencia que el constitucionalista Lafuente acepta, y me vienen a la memoria frases como “la guerra contra el virus”, o también “militares” en la tele junto al doctor Simón, uno de los cuales tuvo, meses después, la desfachatez de saltarse la cola para vacunarse antes. Me cuesta imaginar que, en un ambiente “bélico”, las diferencias entre “restringir” y “limitar” sean las que ocupen los debates de los estrategas de un ejército que está siendo acorralado por un enemigo invisible.
Solo desde una confusión sobrevenida puedo comprender que diferencias literales tan ínfimas como las que expone para defender una sentencia del TC que, sobre todo, creaba desconfianza en el gobierno, le parezcan suficientes para sumarse a unos jueces que, aunque ninguno de ellos, que sepamos, es también epidemiólogo, sí se atreven a sentenciar con el escaso aval de la menor de las mayorías en el propio TC, contra las decisiones de un gobierno que se veía obligado a improvisar “limitaciones” y “restricciones” para evitar los muy contagiosos contactos, tantas veces fatales, mientras millones de personas agotaban las existencias de papel higiénico sin que nadie lo hubiera ordenado.
Precisamente sobre las votaciones en el Constitucional abro paréntesis para insistir en la reforma de la LOTC que propuse en julio pasado, cuando se conoció la sentencia sobre el Estado de Alarma contra el Gobierno y contra el Congreso: ante una ley de leyes que en el 99% de su texto es idéntica a la aprobada hace más de 40 años, se debe exigir la unanimidad de sus máximos intérpretes, los miembros del TC, para declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma aprobada por quienes representan la voluntad popular nacida de las urnas.
Releo lo que acabo de escribir, producto del cruce entre los recuerdos de un pasado aún reciente y las noticias de actualidad, pensando siempre en la gestión de la pandemia, y no puedo evitar sorprenderme por el hecho de que una sociedad como la española, tan campeona en solidaridades que es capaz de liderar durante años el ranking de donaciones de órganos y que ahora, ante una pandemia que sufre como el resto de países del mundo, reafirma su generosidad ofreciendo los porcentajes más altos de vacunación sea, en cambio, la misma sociedad que elige en las urnas a unos políticos que, ante una situación de emergencia como la creada por el Covid, lo primero que hacen es amenazar con militares en las ruedas de prensa de cada día, y tras casi dos años, deciden conceder al poder menos democrático, el judicial, el mismo que fracasa un día sí y otro también en Europa en su persecución de diferentes libertades políticas, una capacidad de “cogobierno” tan exagerada que los jueces que solo quieren ser jueces se sienten obligados a denunciar.
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