Criminalización: piden cárcel a miembros de las Marchas de la Dignidad

Redacción/Agencias. LQSomos. septiembre 2016

El Fiscal pide hasta diez años de cárcel para doce acusados por participar en las Marchas de la Dignidad

La Fiscalía pide penas de entre seis y diez años de prisión para doce personas por su presunta participación en los extraños disturbios (¿Montaje?) de las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo de 2014, al considerarles responsables de los delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones.

Fuentes jurídicas informan de que todos ellos se sentarán en el banquillo de los acusados, una vez el Juzgado de Instrucción número 30 ha acordado la apertura de juicio oral. El juez ha dado traslado de la causa a los Juzgados de lo Penal de Madrid, que deberán fijar la fecha de la vista oral contra los doce acusados, cuyos abogados tendrán que presentar los correspondientes escritos de defensa.

La Fiscalía pide seis años de cárcel para nueve de ellos, ocho años para otros dos y hasta diez años para uno de los encausados. Además, el juzgado les obliga a presentar fianzas que van de los 300 hasta los 13.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

La noche del 22 de marzo de 2014 fueron detenidas 29 personas. Antes de que la manifestación terminase, un ejército policial atacó sin miramientos a población civil indefensa. Desde la propia megafonía del acto que se estaba celebrando en Colón, se pidió a los agentes que parasen su ataque, pero persistieron en la agresión. Una acción así no se improvisa, era un plan premeditado para disolver la manifestación y conseguir abrir los noticiarios televisivos con imágenes de violencia.

Hubo un ejercito policial que usó porras, escopetas y gases lacrimógenos para vulnerar el legítimo ejercicio del derecho de reunión. Fue un montaje policial urdido desde el Gobierno que vulneró derechos fundamentales como el de reunión y manifestación.

Las personas detenidas fueron objeto de maltrato. Se les mantuvo ocho horas de pie contra la pared, con las manos en alto, no se les dio agua, no se les dio alimento en 24 horas. A las mujeres ni se les permitió cambiar de tampax. Se les mantuvo 37 horas en dependencias policiales antes de pasar a disposición judicial…

Al margen de esta causa, la Audiencia Provincial de Madrid tiene pendiente resolver el recurso de apelación presentado por los doce colectivos sociales que se querellaron contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, responsables de las brutales cargas policiales que se produjeron en las marchas cuando era delegada del Gobierno y que el juez archivó el pasado 13 de julio.

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