Culpable y cómplice de corrupción: la mentira del Tribunal de Cuentas
“El Tribunal de Cuentas es un Órgano Constitucional del Estado, previsto en el artículo 136 de la Constitución Española -y también en su artículo 153.d)- que goza de una riquísima historia. El término Contador Mayor de Cuentas, al menos, se venía aplicando de forma común a nuestra Institución desde mediados del siglo XIV y, por extensión, al oficium de los Contadores Mayores se le llamaba Contaduría Mayor de Cuentas. El nombre de Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas se utilizó desde mediados del siglo XVI” Con este ostentoso párrafo se abre la sección de presentación del propio Tribunal de Cuentas, en su página web. Al avanzar en su lectura, el visitante virtual podría llegar a pensar que se encuentra realmente en la sala metafórica de una organización importante, con una misión clara que se justificaría en las líneas con las que continúa la presentación:
“La Carta Magna española y las Leyes Orgánica y de Funcionamiento definen al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del Sector Público, sin perjuicio de su propia jurisdicción, y dejando a salvo las atribuciones fiscalizadoras de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, le sitúan en la órbita del Poder Legislativo con dependencia directa de las Cortes Generales –aunque no sea un órgano propio del Parlamento Nacional-, disponen para sus doce miembros –los Consejeros de Cuentas, designados seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado- las mismas independencia, inamovilidad e incompatibilidades que los jueces, y distinguen con absoluta claridad las dos funciones que se le encomiendan –las que en él son tradicionales-, la fiscalizadora y la jurisdiccional. La primera función, la fiscalizadora -caracterizada por ser externa, permanente y consuntiva-, consiste en comprobar si la actividad económico-financiera del sector público respeta los principios de legalidad, eficiencia y economía y su destinatario natural son las Cortes Generales (o en su ámbito, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas); así, el Tribunal de Cuentas ejerce el control externo en su ámbito como órgano técnico que es, y las Cortes -o, en su caso, los Parlamentos autonómicos-, con apoyo en los resultados que dimanan de dicho control fiscalizador, despliegan el control político o parlamentario. La función jurisdiccional no es sino el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurren los que tienen a su cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos, y tiene por objeto lograr la indemnidad de los fondos públicos perjudicados, por malversación, por incorrecta, incompleta o nula justificación, o por otras causas o conductas”.
Como pueden imaginar el texto es un puro blablablá, lleno de, vamos a decirlo así, inexactitudes. Les hubiese resultado mucho más fácil definirse con una sola frase: el Tribunal de Cuentas es un órgano cómplice del estado, hecho a su medida.
Recordemos que está formado pordoce miembros, asesores, sobre cuya elección únicamente tienen potestad, a partes iguales, el Congreso de los Diputados y el senado. Un ejemplo de “neutralidad” que, en la actualidad queda traducido en que el PP realiza una propuesta de a siete consejeros mientras el PSOE apoya a los cinco restantes. La “neutralidad”, la ausencia de la misma, se hace más patente todavía, cuando echamos una ojeada a la identidad de esta docena de consejeros, la mayoría varones de más de 60 años, que llevan en el cargo mucho más de lo que sería deseable por salud mental y laboral. Si aceptamos que una de las funciones del máximo órgano fiscalizador del Estado es supervisar la gestión económica del sector público, incluyendo información relacionada con las entidades bancarias y los partidos políticos, en lo que respecta a su financiación, deberíamos recordarles que sería un buen momento para que se realizasen una auditoria interna: los pobres miembros del Tribunal cobran, aproximadamente, unos 112.000 euros anuales, sin tener en cuenta la antigüedad; con su cargo, se les provee de coche oficial, los servicios de dos secretarias y una cantidad aproximada de 6.000 euros anuales en concepto de gastos de protocolo.
Estos trabadores incansables, en su mayoría, tienen vínculos con personalidades del ámbito político, hecho que acabará con las dudas acerca de su “objetividad”. Desde el hermano de Aznar, todo un personaje, a un exdiputado de UCD (el presidente del pleno del Tribunal, Ramón Álvarez Miranda), el grupo de los 12 tiene como denominador común la potencia, declarada en amperios, del mecanismo de incorporación al organismo, eufemismo de la palabra “enchufe”: Ramón Álvarez de Miranda (nombrado a propuesta del PP y presidente del Pleno) Diputado de UCD entre 1975 y 1982; Enriqueta Chicano Jávela (a propuesta del PSOE), Ex presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas y ex miembro del comité coordinador federal de la Organización Sectorial de Participación Ciudadana del PSOE; Lluis Armet i Coma (a propuesta del PSOE), Diputado del Parlamento catalán desde 1980 y durante seis legislaturas y senador del PSC entre 1995 y 2001. También fue primer teniente de alcalde de Barcelona; Manuel Aznar López (a propuesta del PP), Hermano del ex presidente del Gobierno José María Aznar; Margarita Mariscal de Gante y Mirón (a propuesta del PP), Ministra de Justicia del primer Gobierno de Aznar (1996 a 2000); María Dolores Genaro Moya (a propuesta del PSOE), Profesora de la Universidad de Granada hija de un antiguo concejal del PSOE en Baza, entre otros “expertos”.
Dichosexpertos forman parte de un tribunal que misteriosamente nada dijo, ni dice, del agujero negro de Bankia y de otros agujeros, por los que ellos, en connivencia con la corrupta clase política, han dejado escapar nuestro dinero. Nada dicen, muy poco, sobre los mecanismos a todas luces mafiosos de financiación de los partidos políticos, los que básicamente son quienes proponen y apoyan a sus integrantes.
Siempre a posteriori, se supone que debido a cierto pudor, que no temor, a las salpicaduras de la corrupción, lo máximo que hacen es quejarse. Y lo hacen, últimamente con mayor frecuencia. Hace apenas un mes, el Tribunal de cuentas avisó a la opinión pública de que había tomado la medida de emplazar al PP a “recortar” en 4.349 euros la subvención del partido ya que había superado el límite fijado para publicidad en la campaña del pasado 2011. Estas observaciones, irónica la cifra con la que se castiga a un partido al que se le supone una contabilidad b de algunos ceros más de los marcados por la sanción que es la base de la reprimenda del Tribunal, no fueron hechas ni en tiempo ni en forma, para variar, ya que el famoso Tribunal va con algunos años de retraso en sus informes y memorias, de hecho el último de los informes sobre la fiscalización a los partidos políticos es de 2007, todo un esfuerzo que sirve para…nada. A estas alturas, las irregularidades económicas del PP y Cia, parece ser que bastante probadas sin necesidad de las arduas pesquisas del Tribunal, que nos venga a descubrir el Tribunal serán anécdotas que ya habrán prescrito o…Como decíamos, la advertencia del Tribunal al PP se recoge en el informe de fiscalización…de las últimas elecciones, pendiente de ser remitido por el Tribunal a las Cortes. Un desfase de tiempo descomunal, un informe absurdo, subjetivo y con certeza INCOMPLETO. El presidente del Tribunal ya se ha molestado en aclarar públicamente que hará saber a la Junta central que hay un conjunto de 27 empresas proveedoras de partidos políticas que se han NEGADO a ofrecer datos económicos por unos servicios que el Tribunal supone de alrededor de unos 1,23 millones de euros. Y no pasa nada. Y no se ponen en marcha ninguno de los mecanismos que se activan con inusitada rapidez cuando, por ejemplo, hay que echar a la calle a una pensionista desahuciada o un trabajador.
Hace escasamente un mes, el actual presidente del Tribunal (los dos anteriores ex presidentes andan reclamando una pensión indemnizatoria de alrededor de 180.000 euros, cada uno) se vio “obligado” a reconocer públicamente que la organización que preside “no cuenta con las herramientas necesarias para actuar como un auténtico cortafuegos contra la corrupción”, cosa que nadie diría si tenemos en cuenta su presupuesto, sus gastos y las teóricas funciones que el órgano en cuestión habría de cumplir. Se supone
que intentan, a estas alturas, cubrirse las espaldas porque observan, no con cierta sorpresa, como Rajoy y los suyos, en una de las pocas maniobras que su escasa creatividad les permite, cacarean constantemente, para que los ciudadanos se traguen que el partido no tiene ninguna contabilidad B y que Bárcenas es un amigo díscolo al que le ha dado un pronto rebelde, que las cuentas de su partido son objeto continuo de la incuestionable fiscalización del profesionalísimo Tribunal de Cuentas. Álvarez de Miranda, el presidente del pleno del Tribunal, ante la que le puede caer, y ante la ligera sospecha de poder perder un sueldo y unos privilegios nada despreciables, se ha apresurado a expresar que “hasta hoy, la labor del Tribunal se ha limitado a examinar la contabilidad enviada por los partidos, pero no ha podido contrastarla ya que la institución que preside no cuenta con mecanismos suficientes”. Asombroso ¿verdad?
La pregunta lógica que podemos hacernos es cuál es el estúpido papel de una institución, también llamada el geriátrico dorado, que cuesta a los ciudadanos una nada despreciable cantidad de dinero y que no puede cumplir los objetivos que se le encomiendan porque no “tienen mecanismos ni recursos”. Puestos por el poder, sustentados por la clase política, a quienes se supone han de fiscalizar y supervisar para que no defrauden y caigan en la corrupción…
Hace una semana, a Álvarez de Miranda, desesperado por las evidencias que prueban la connivencia del Tribunal, por acción u omisión, en la pandemia de corrupción que nos azota, se le “escapó” decir que el tribunal no descartaba fiscalizar a “los familiares próximos de los miembros de los órganos máximos de dirección de los partidos políticos, según consta en el proyecto de Plan de Contabilidad adaptado a las Formaciones políticas que será aprobado por la comisión mixta Congreso-Senado”. Rápidamente cundió la alarma con la que los corruptos, una vez más, se descartan, sin reparo. El Tribunal no tardó ni 24 horas en aclarar la confusión y tranquilizar a los pobres y preocupados políticos: “no existe el deseo o propósito de fiscalizar a familiares de líderes políticos, extremos que aseguramos no es ni siquiera una posibilidad ya que no entra en las competencias del tribunal de Cuentas de fiscalizar a particulares”
Sería un trabajo ingente, esto lo añado yo, y estos señores del Tribunal no podrían afrontar tanto esfuerzo…
* La mosca roja
