Datos biométricos y capitalismo de vigilancia
Silvia Ribeiro*. LQS. Mayo 2021
La extracción y almacenamiento de datos de las personas (además de datos de ciudades, ecosistemas, territorios y más) que son cruzados con otros registros, manejados e interpretados con algoritmos de inteligencia artificial, son una de las principales fuentes de ganancia de las gigantes tecnológicas
La reciente creación de un nuevo Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil que obliga al registro de los datos biométricos de todos los usuarios en México, ha abierto un debate necesario sobre algunos de sus impactos potenciales. No obstante, considero que faltan elementos de contexto fundamentales.
La conversión de nuestras características personales y de identificación a datos digitales, son un componente clave del capitalismo actual, llamado atinadamente “capitalismo de vigilancia” por Shoshana Zuboff. Los datos biométricos, especialmente rasgos faciales e iris, no solo identifican a una persona, también son de enorme relevancia para interpretar emociones, lo cual es esencial para la lucrativa industria de venta de “futuros conductuales”, o sea, la apuesta y manipulación de nuestras conductas para empujarnos a hacer lo que deseen las empresas y gobiernos que lo paguen. Además, son fundamentales para el reconocimiento facial desde cámaras de vigilancia, incluso en aglomeraciones, sea con fines de control, represión o comerciales.
Todo se hace más grave porque el volumen de datos que implica este tipo de registro en poblaciones enteras sólo se puede almacenar y manejar en enormes nubes de computación, un sector altamente concentrado en pocas empresas. Más de la mitad del mercado global lo tienen las estadounidenses Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e IBM, seguidas de la china Alibaba. También Oracle y Dell tienen porcentajes significativos. Las tres primeras, junto a Apple y Facebook, controlan además más de la mitad del mercado global de plataformas electrónicas, y junto a las chinas Alibaba y Tencent, más de dos tercios. Aunque las grandes empresas telefónicas colecten los datos -y los puedan usar para sus negocios – la mayoría, como en el caso de México Telcel y Telmex, (Claro en otros países), contratan servicios de las anteriores.
Peor aún, varios niveles de gobierno, desde el federal a estados y municipios, albergan los datos electrónicos de parte o todas sus actividades -incluso registros de población y sectores de ésta (como estudiantes, pacientes, derechohabientes de diversos sistemas)- en esas mismas nubes, y a menudo conectados a sus plataformas. Dirán que hay regulaciones sobre acceso de éstas a los datos que almacenan, gestionan y/o dan servicio, pero además de extremadamente generales e insuficientes, no pueden controlar realmente lo que hacen estas empresas gigantes. Hay ejemplos de abuso con impactos tremendos, como el de Cambridge Analytica que resultó en la elección de Trump, Macri, Bolsonaro y otras elecciones.
Esta nueva forma de organización capitalista se basa en el avance de la digitalización en todos los rubros industriales, junto a la plataformización electrónica de relaciones sociales, transacciones de comercio, financieras, compras domésticas y otras. También la instalación de mecanismos cada vez más avanzados de vigilancia dentro y fuera de los hogares, para avanzar en la conexión de todos los aparatos, para conocer -y sugerir, persuadir, empujar- nuestras conductas. Todo ello ha causado múltiples impactos sociales, económicos, políticos, ambientales, laborales, en la salud; la mayoría negativos. Con la pandemia, la invasión electrónica de nuestra vida y trabajo se expandió enormemente e incorporó masivamente aspectos esenciales como educación, atención de la salud, reuniones de todo tipo.
Aunque la vigilancia con fines de control y represión por parte de gobiernos y autoridades es un efecto extraordinariamente magnificado y facilitado en esta nueva era capitalista, el interés principal de las empresas es la vigilancia de nuestra vida cotidiana para poder influir y manipular nuestras elecciones de consumo, políticas, sociales, educativas.
La extracción y almacenamiento de datos de las personas (además de datos de ciudades, ecosistemas, territorios y más) que son cruzados con otros registros, manejados e interpretados con algoritmos de inteligencia artificial, son una de las principales fuentes de ganancia de las gigantes tecnológicas. Es tan cuantiosa que 9 de las 10 mayores empresas con más alto valor bursátil son tecnológicas, varias de las nombradas con valores de mercado mayor que todo el PIB de México y de la mayoría de los países de América Latina.
Ese lucro se basó inicialmente en la primera generación de extracción y explotación de nuestros datos. El próximo paso fue no solo vender datos agrupados por segmentos de interés para los anuncios de las empresas, sino vender la predicción y la modificación de las conductas de esos grupos. Para ello, la cantidad y calidad de datos que se puedan agregar y cruzar entre sí -como ubicación geográfica, educación, nivel de ingresos, preferencias de consumo, estado de salud, estados de ánimo ante diferentes fenómenos, etc, son fundamentales. Por ello han crecido vertiginosamente las industrias de biometría y reconocimiento facial, porque permiten vigilar, interpretar y manipular mejor las emociones, un producto de alto valor para las empresas.
Pese a la alta penetración de esta realidad en nuestras sociedades, la discusión social de los impactos del capitalismo de vigilancia es muy limitada, pero hay un debate importante desde organizaciones y activistas de base, como el que se reflejó recientemente en las jornadas “Utopías o distopías. Los pueblos de América Latina y el Caribe ante la era digital”, así como producción de materiales que alimentan la reflexión, por ejemplo, varios números temáticos de la revista América Latina en Movimiento.
No obstante, las regulaciones nacionales e internacionales necesarias para controlar y/o prohibir estas actividades, cuestionar los monopolios, etc, son ridículamente insuficientes o no existen. Refieren además a opciones y derechos individuales, cuando se trata de una explotación global y poblacional a la que necesitamos responder con debates y derechos colectivos. En este difícil contexto, hacer obligatoria la entrega de nuestros datos biométricos -sueño de las gigantes tecnológicas- es una pésima idea.
* Investigadora del Grupo ETC. Publicado en “La Jornada”
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