Del tabú del impago a la imposibilidad del pago

Iolanda Fresnillo*. LQSomos. Enero 2016

Alternativas a la deudocracia en un proyecto común para Europa

Las deudas siempre se pagan, pacta sunt servanda, los contratos están para ser cumplidos. El simple planteamiento de romper con los contratos que nos atan a bancos, inversores y mercados financieros, a través de la deuda, pública o privada, es inconcebible para muchos. Los que niegan la posibilidad de un impago, total o parcial, lo hacen argumentando que, por encima de todo, debe prevalecer la seguridad jurídica. La sacrosanta seguridad jurídica. Una prevalencia de lo firmado que no defienden con el mismo entusiasmo cuando se trata de respetar los derechos humanos o los derechos económicos, sociales y culturales.

Ante la simple mención de la posibilidad de un impago promovido por el deudor, los defensores de la prevalencia de la ley, despliegan una serie de amenazas y panoramas catastróficos para aquél que ose desobedecer. El cierre de los mercados financieros (quién prestará a aquél que desafíe a los acreedores), el aislamiento económico y comercial (quién se fiará de aquél que se crea por encima de las leyes de los mercados), y la subsecuente escasez de recursos energéticos u otros suministros estratégicos (quién venderá a aquél que no tenga quien le fíe). Nos llaman irresponsables y demagogas, nos tildan de radicales de extrema izquierda que no saben de lo que hablan.

Pero lo sabemos perfectamente. Sabemos perfectamente que el tabú del impago de la deuda es una cuestión mucho más política que económica o técnica. En el caso de Grecia, el simple planteo de la necesidad de una reestructuración con quita de la deuda desató las iras del eurogrupo, las amenazas de expulsión y ostracismo. Una estrategia política desplegada contra la democracia y para mantener al deudor en vereda -no sólo a Grecia-, no se le ocurra al resto de la periferia Europea votar a la izquierda loca que plantea la imposibilidad de seguir pagando.

Sabemos también que el impago de la deuda, si es ordenado y acompañado de una serie de medidas financieras, fiscales, productivas y políticas, es posible. Lo sabemos por que además la historia es testigo de algunos casos en los que la amenaza no ha pasado de eso, de amenaza. El propio premio Nobel de economía Joseph Stiglitz afirma que “tanto la teoría como la práctica sugieren que la amenaza del cierre del grifo del crédito probablemente haya sido exagerada”. Para Stiglitz, casos como el de Rusia en 1998 o Argentina en los 2000, son la prueba de que una suspensión unilateral del reembolso de la deuda puede ser beneficiosa para los países que la ejecutan, pues los fondos que antes se dedicaban a pagar la deuda se convierten en combustible para la reactivación económica.

Lo cierto es que, a lo largo de la historia, la más lejana y la más reciente, existen múltiples precedentes de impagos, totales o parciales, de cancelación o quitas. Entre 1946 y 2008 se han dado hasta 169 casos de impago o suspensión de pagos de la deuda pública en el mundo. De estos ejemplos, a pesar de que no sean totalmente trasladables a nuestra realidad, podemos aprender mucho, ya que nos desvelarán algunas de las claves que nos pueden llevar a asegurar que los derechos y la vida pasen por delante de la deuda. Pero el principal aprendizaje de la historia debe ser que sí es posible plantear un impago de deuda. Sin embargo, a pesar de las evidencias, la amenaza prevalece, y el impago se torna imposible a ojos de la mayoría, un tabú que convierte en quién lo plantea en populista de forma automática.

La imposibilidad del pago

Ante la aparente imposibilidad del impago de la deuda, especialmente cuando este surge de una decisión soberana y unilateral del deudor, debemos plantear la imposibilidad social, incluso financiera, de seguir pagando. Cuando el pago de la deuda sea insostenible y suponga una amenaza a los derechos económicos, sociales y culturales, incluso a los derechos políticos o los derechos humanos, el plantear no pagar no sólo debería ser una posibilidad, sino una obligación moral, incluso jurídica.

Resulta evidente que en un mundo dominado por el capitalismo financiero no tienen el mismo peso el derecho comercial (y el deber de cumplir con los contratos, y por tanto pagar la deuda) y los derechos humanos. Ante tal asimetría es necesario recordar que la obligación de reembolsar una deuda pública no es absoluta, pues la primera obligación de un Estado es respetar, proteger y promover los derechos humanos. El jurista Robert Howse elaboró en 2007 un informe para la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo) en el que se afirmaba que la obligación de un Estado a reembolsar las deudas no ha sido nunca en la Historia reconocida como incondicional. De hecho los Estados están obligados a respetar y garantizar los Derechos Humanos. Según este principio, los Estados deberían tener la obligación de suspender el pago de la deuda cuando esta pone en peligro la garantía de los derechos humanos de su población.

Ya lo decía Thomas Sankara en 1986 ante la Unión Africana: “La deuda no puede ser reembolsada porque, en primer lugar, si no pagamos, los prestamistas no se van a morir. Estemos seguros de esto. En cambio, si pagamos, somos nosotros los que vamos a morir”. Y es que la prioridad del pago de la deuda se impone a costa de derechos sociales.

Resulta evidente que el pago de la deuda es imposible e irreconciliable con la garantía de los derechos de la población. Además, para muchos, entre ellos numerosos medios financieros ortodoxos como el Finantial Times o el propio FMI, el pago de la deuda en algunos países europeos como Grecia o España es también imposible desde el punto de vista financiero. La estrategia de la refinanciación eterna de la deuda, sea a través del mercado o de mecanismos de “rescate”, a cambio de más austeridad, no sólo supone una flagrante injusticia social, sino que es un camino ilógico desde el punto de vista económico y financiero.

En cualquier caso, un Estado jurídicamente debería poder ser soberano para tomar decisiones unilaterales como el impago de la deuda, más allá de los argumentos en los que base esa decisión. Obviamente deberá atenderse a las consecuencias de dicho impago, sea este parcial o total. Pero no tomar la decisión de no pagar, es tomar la decisión de pagar. Y tomando esa decisión se está decidiendo en contra de los derechos, el bienestar e incluso la supervivencia de la población a la que este Estado debería proteger.

Pero de la teoría de la justicia social y económica a la realidad del ruedo político y financiero europeo hay un trecho. De la misma manera que las razones contra el impago de la deuda son políticas, también lo son las que defienden el derecho soberano a no pagar las deudas ilegítimas. Todo es cuestión, cómo hemos visto en Grecia y en tantos otros países antes, de hacia dónde se inclina la balanza del poder. Es necesario que las izquierdas europeas, actores sociales, movimientos ciudadanos y académicos, profundicen en las estrategias para un proyecto común en Europa que deje atrás la deudocracia y le dé un vuelco a la Europa del capital y la guerra. En ello están un grupo de representantes políticos, académicos y activistas que se han unido alrededor de una serie de conferencias permanentes bajo el título de “Plan B para Europa”. En el marco de esta iniciativa, y con la intención de balancearla hacia posiciones más favorables a la posibilidad del impago de la deuda, se realizaron en Barcelona en Noviembre 2015 las jornadas “Un Proyecto Común de Deuda para Europa”. Se analizaron, de forma rigurosa, sin demagogias ni aspavientos, pero sin arrugarnos ante las amenazas del capital, las posibilidades del impago de la deuda, herramientas como las auditorías ciudadanas o experiencias de gestión alternativa de la deuda en otros países. De ellas esperamos sacar estrategias comunes para avanzar hacia una Europa que se libere del yugo de la deudocracia.

* Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD) @ifresnillo