Democracia económica: ideas para avanzar
Apoyo Mutuo*. LQSomos. Abril 2016
Las líneas principales de un programa de avance a una democracia plena desde el punto de vista económico, desarrollando el programa general de Apoyo Mutuo, deberían ser las siguientes:
1.- Propiedad colectiva de los medios de producción, distribución e inversión, así como de los recursos naturales de los diferentes territorios del país.
– Colectivización de las tierras que no puedan ser trabajadas por la familia propietaria. Estas tierras pasarán a formar la columna vertebral de la propiedad colectiva en el campo, y serán gestionadas por los propios trabajadores y trabajadoras.
-Colectivización de las empresas industriales y de servicios, de las entidades financieras (bancos, cajas), así como de los sectores estratégicos y los relacionados con las necesidades básicas de la población. Socialización de su gestión, con representación directa de los trabajadores y los consumidores, bajo la supervisión de los órganos políticos democráticos. Respeto de las empresas individuales, familiares o cooperativas que quieran mantenerse al margen del trabajo colectivo.
-Socialización de las viviendas de los multipropietarios y el Estado y conformación de un parque colectivo de edificios con ellas bajo alquiler social. El alquiler será sustituido por el usufructo vitalicio y la gestión será entregada a los organismos políticos democráticos, permitiendo la permuta de viviendas temporal o definitiva entre los habitantes.
2.- Planificación económica y reparto del trabajo de manera que se aseguren los derechos de todas las personas.
a) Los principales objetivos de política económica y, por extensión, de la intervención en la planificación económica, serán:
* Reparto del trabajo productivo. Pleno empleo, siendo la comunidad la empleadora de último recurso para quien no tenga empleo con impulso del Empleo Garantizado. Reparto del trabajo reproductivo y de cuidados. Cobertura social del trabajo reproductivo y de cuidados que no asuman las personas y familias.
* Producción y servicios dirigidos a las necesidades sociales y no al beneficio, lucro o usura. Atención prioritaria a las necesidades de la población y prohibición de la usura. Producción socialmente útil eliminando actividades nocivas y despilfarradoras de recursos, en detrimento del consumo antisocial e innecesario de productos contaminantes o que necesitan para su generación insumos provenientes del exterior que hayan sido producidos en condiciones de explotación. Aplicación de criterios ecológicos sobre toda actividad económica, buscando la soberanía alimentaria y energética.
* Distribución de la renta y riqueza generada de forma igualitaria asegurando ingresos mínimos para la cobertura de todas las necesidades básicas a personas y familias. Los ingresos derivados del empleo y los precios formaran parte de los planes de producción y consumo.Se establecerá una ligazón de la moneda a la riqueza producida en la economía.
* Servicios públicos (sanidad, educación, vivienda, transporte colectivo, justicia, pensiones, cuidados y otras ayudas) gestionados colectivamente, gratuitos y de calidad.
*Política de favorecimiento de la industria y los servicios locales, comarcales y de lo cercano y lo sostenible ecológica y socialmente. Controles de capitales y soberanía monetaria, alimentaria, industrial y energética (sobre la base de las energías renovables). Apertura a la creación de zonas económicas transnacionales, en función de que el modelo externo con el que se pacta sea compatible con el paradigma de democracia económica y socialismo autogestionario, así como con la sostenibilidad ambiental global.
* Fomento de las actividades económicas autogestionarias ligadas con los cuidados, lo relacional-afectivo y lo cultural.
b) Constitución de instrumentos y órganos de planificación económica en diferentes niveles:
* Lo esencial de la vida económica se planificará de manera participativa con la intervención de los Consejos de Trabajadores y de los Consejos de Usuarios concernidos. Se crearán también dichos Consejos de las Federaciones Industriales que territorialmente tendrán un control colectivo del comercio exterior. Dicha planificación económica comportará la elaboración participativa de planes de producción y consumo anuales en los diferentes niveles territoriales, y planes económicos plurianuales para la inversión y la planificación del modelo de desarrollo económico a largo plazo. Se permitirán formas de mercado sin uso de trabajo asalariado en el comercio de proximidad, así como la pequeña empresa o la explotación agraria familiar.
* Los organismos políticos democráticos sustituirán al Estado en todos sus niveles y en todas sus competencias, coordinando las funciones de los consejos previamente mencionados. Esto implica lógicamente el abandono de todas las estructuras internacionales no compatibles con este planteamiento e implicación en unas relaciones internacionales multilaterales que apoyen dichos objetivos economicos y sociales.
* Se crearán o adaptarán los organismos estadísticos y de análisis económico existente para los objetivos e instrumentos reseñados, empezando por disponer de un censo económico completo de inventarios, capacidad productiva instalada, situación industrial y comercial de la economía, puesto que las bases de una buena política económica, es la existencia de una buena estadística, hoy principalmente en manos de la clase capitalista.
Cambio de paradigma: transición a la democracia económica
La transformación social necesaria para poner en marcha una economía enteramente volcada en un este paradigma de socialismo y democracia económica precisa de un proceso de afianzamiento y desarrollo que implica varias etapas, temporalmente delimitadas. La construcción de una nueva sociedad y una nueva economía necesita de un desarrollo gradual, y al tiempo afianzado en momentos de ruptura revolucionaria del orden precedente.
Se trata de un proceso de transición que empieza por avances sociales y económicos que empoderen a las fuerzas que los obtienen, y a las clases implicadas en la lucha por su consecución. Estos avances van desplegando sus efectos, variando el status quo anterior, reforzando las posturas democráticas, y acumulando las fuerzas necesarias que deberán expresarse con plena amplitud en los momentos de quiebra revolucionaria abierta, en los que los procesos de avance se acelerarán y el movimiento popular deberá demostrar plena audacia y capacidad de acción, también teórica y analítica.
Esta visión dinámica del proceso de construcción de una sociedad transformada, frente a las conceptualizaciones puramente estáticas que dibujan el escenario deseado, pero se niegan a imaginar y desentrañar como alcanzarlo desde la situación actual, empieza por la delimitación de unas líneas de actuación para el ahora.
A este respecto, es necesario dotarse de análisis y propuestas que en el corto plazo orienten una acción autónoma del poder económico e institucional. Esto pasa por la definición de una agenda de prioridades que trasciendan los ciclos políticos y parlamentarios, así como los fenómenos mediáticos. En el plano económico, es necesario pues un planteamiento de superación de la lógica capitalista neoliberal, pero también de la keynesiana cómo forma de regulación y estabilización capitalista. Para ello es necesario ir construyendo desde abajo la intervención en los principales organismos de la estructura económica, así como en los instrumentos y orientación de las políticas económicas.
Estas reivindicaciones mínimas de avance se delinean entorno a la idea de que puedan, realmente, reforzar la posición de la clase trabajadora y las mayorías sociales, variando el status quo actualmente existente, totalmente desfavorable para ella, y permitiendo y popularizando las experiencias de autogestión y auto-organización factibles en esta primera fase. Algunas de ellas podrían ser las siguientes, indicadas sin pretensiones de exhaustividad:
1.- Vivienda y necesidades básicas.
Es necesaria una política de vivienda enteramente diferente, que pasa por la expropiación sin indemnización de los inmuebles vacíos, su conversión en parque público y su reparto como primera vivienda entre la población comenzando por las familias más golpeadas por la pobreza, en régimen de usufructo, así como el fomento de la vivienda cooperativa (estableciendo mecanismos de control que impidan que constructores pirata se camuflen de supuestas cooperativas para llevar a cabo actividades inmobiliarias). También debe gravarse con impuestos específicos a los multipropietarios. Así mismo, teniendo en cuenta el extraordinario negocio que ha supuesto durante décadas la industria inmobiliaria, es necesario desmercantilizarlo. Para ello, defendemos la cancelación de la deuda hipotecaria a los habitantes de la vivienda cuando haya sido pagado el coste de construcción de la misma. Además, tanto las cuotas hipotecarias como de alquileres no deben superar nunca el 30% de los ingresos de los y las habitantes.
-Los suministros básicos para la habitabilidad (calefacción, luz, agua…) deben ser prestados de manera pública, así como gratuita hasta el nivel mínimo para una vida digna. El acceso a estos suministros debe ser complementado por una renta básica universal, en especie o monetaria, que asegure esa misma vida digna en todos los aspectos.
-Medidas tendentes a la configuración de las bases legales y prácticas para el inicio de la democratización de la propiedad pública, estableciendo mecanismos de participación activa en lo público para los trabajadores de los servicios concernidos, los usuarios y organismos locales comunales de nueva creación, basados en la democracia directa y asamblearia y con competencias en ampliación constante y recursos procedentes de los impuestos progresivos devengados en su territorio , así como de un Fondo Interterritorial de Compensación y Solidaridad que garantice el trasvase de recursos de las zonas y barrios ricos a los espacios obreros y degradados. Esto implica la nacionalización (en cualquier nivel) de los servicios públicos privatizados en las últimas décadas de hegemonía neoliberal, manteniendo el empleo y gestionándolos de la manera ya indicada, así como la de otros servicios que no hayan sido nunca públicos, comenzando por los más estratégicos.
2.- Relaciones laborales y control sindical económico
-Eliminación de las subvenciones a las empresas capitalistas, organizaciones empresariales y sindicales.
-Nuevo modelo de negociación colectiva basado en las asambleas de trabajadores y la presencia de los sindicatos con implantación real en las empresas, en la primacía del convenio de ámbito superior (que sólo podrá ser mejorado por el inferior, pero nunca empeorado), en la legalización de los convenios por lugar de trabajo o cadena de valor (aunque implique a empresas de distintos sectores o ámbitos geográficos) y a nivel de grupo de empresas.
-Promoción de la negociación colectiva de empresa a empresa, de forma que se pueda construir la negociación colectiva sectorial o territorial desde la fuerza de las empresas, incentivando así que las empresas que tengan plantillas organizadas sean las primeras en conquistar mejoras, generando un efecto llamada.
-Legalización de la huelga de solidaridad, intermitente, rotatoria, escalonada y estratégica. Eliminación total de los servicios mínimos que no sean relacionados con la vida (emergencias, urgencias sanitarias, etc.). Prohibición de cualquier estrategia empresarial de vulneración y reducción de los efectos económicos de la huelga. Eliminación del código penal de artículos que criminalizan la huelga y la acción sindical.
-Ampliación de derechos de información, consulta y control sindical económico de las empresas industriales, de servicios y de las entidades financieras (bancos, cajas), mediante el acceso trimestral, con capacidad de inspección directa en cualquier momento, por parte de todas las organizaciones sindicales a la documentación productiva y plan de producción, control administrativo de los ingresos y gastos en efectivo (libro de caja) o por medio de bancos, acceso a los libros contables y documentación que sustenta las partidas contables, así como a toda la demás documentación contractual, económica, fiscal y laboral, de género, ecológica y de salud laboral generada por las empresas.
-Control sindical del fraude económico, fiscal y a la seguridad social en las empresas industriales, de servicios y de las entidades financieras (bancos, cajas). Control sindical de la producción, distribución salarios-beneficios, precios, inversión y cambio tecnológico por acabar determinando estos parámetros el nivel de producción y empleo. La patronal tiene en la propiedad su fuente de legitimación y control legal de los medios de producción, sin embargo esto se concreta además con la apropiación de un conjunto de poderes inmateriales (técnicas, culturas, información, etc.) que no pueden ser socializados mecánicamente y requieren de un proceso social de aprendizaje en las empresas.
-Establecer la contratación indefinida como única. Prohibición de la subcontratación y las ETTs. Control sindical de las contrataciones. Impulso de bolsas de empleo en los sindicatos y apoyo con las asambleas de parados/as.
-Establecimiento de incrementos salariales por encima de la productividad y los precios, para recuperar los salarios perdidos por la crisis. Incrementos de forma lineal con mayor cuantía para los bajos salarios para reducir el abanico salarial hasta la igualación de salarios para todas las categorías. Establecimiento de salarios máximos en relación al salario mínimo para facilitar esa transición y disponer de recursos financieros para el incremento del empleo y la parte salarial de la economía con el subsiguiente reparto de la riqueza.
-Reducción de jornada laboral sin reducción salarial y reparto del empleo, para reducir el desempleo orientándose hacia el pleno empleo. Prohibición de horas extraordinarias. Inclusión del tiempo de transporte desde el hogar al puesto de trabajo dentro de la jornada laboral, y plus por uso de transporte público para todas las plantillas. Eliminación de cargos directivos y de supervisión, repartiendo las funciones para incrementar empleo productivo.
-Permiso laboral retribuido de tres años de duración, a repartir equitativamente entre la unidad familiar, en caso de adopción o nacimiento.
-Imposibilidad de descuelgue de convenio colectivo (reducción de salario, aumento de jornada, etc) sin acuerdo con la parte social, y solamente siempre que exista causa económica y productiva suficiente para ello y no se deba a descapitalización y fraude económico.
-Control sindical con consulta previa a cualquier despido objetivo o disciplinario. El despido declarado improcedente por los tribunales conllevará readmisión obligatoria en el centro de trabajo.
-Prohibición de despidos forzados en procesos de reestructuración empresarial o en las administraciones públicas, siendo solamente posible el ajuste “por arriba” y frente al capital, así como implementando alternativas de menor a mayor impacto -movilidades y recolocaciones, reducción salarial, suspensión de contratos- y centradas en el reparto defensivo del empleo, siempre que exista causa económica y productiva proporcionada para ello y no se deba a descapitalización y fraude económico.
-Impulso de la recuperación y cooperativización autogestionada de empresas en crisis que se insertarán en el tejido de economía social del territorio.
-Fomento del servicio de inspección de trabajo y adopción de la normativa más exigente a nivel global en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales.
3.- Distribución, política monetaria, política fiscal y finanzas.
– Control de precios, productos y servicios. La inflación es provocada siempre por los empresarios que cargan sobre los precios cualquier mejora económica de los trabajadores y trabajadoras o se aprovechan de su posición de poder de capitalismo con tendencia monopolista contra las mayorías sociales. Por lo tanto se proponen dos medidas complementarias al respecto. Por un lado el control directo de los precios vía sindicatos y organizaciones sociales de los productos básicos (cesta básica de alimentación, vivienda, energía y transporte) para que no superen en su conjunto por persona y mes un porcentaje del salario mínimo. Asimismo se establecerá un lábel social o sello de calidad, solo asignable a productos que tengan precios asequibles en esa cesta básica, que no contengan elementos nocivos o de mala calidad para quienes los consuman y que sean elaborados por trabajadoras que disfruten de todos sus derechos laborales para lo habrá contacto con los sindicatos presentes en las empresas. Se promoverá el boicot de aquellos productos o servicios que no tengan ese lábel social.
– Recuperación de la soberanía monetaria y la política monetaria. Salida ordenada del euro en conjunto con otros países impulsando relaciones económicas internacionales multilaterales encaminadas a la democracia económica. Control social de los bancos centrales y de las decisiones de política monetaria dirigidas al desarrollo económico, generación de empleo y bienestar social.
-Control social amplio de las fuentes de ingresos y gastos presupuestarios de las administraciones. Es necesaria la participación social en las decisiones de política presupuestaria. Medidas tendentes a encarar el problema de la deuda, que ha alcanzado a ser central en nuestra sociedad, y a impedir la transformación del capitalismo en un régimen renovado de servidumbre por deudas. Al no reconocer el régimen político español como legítimo, planteamos la auditoria social de todas las deudas y el impago unilateral de intereses y deuda, así como de las cantidades adeudadas por los trabajadores y trabajadoras en relación con el uso de servicios esenciales.
-Ingresos públicos. Eliminación del IRPF en la nueva escala salarial, que elimina la remuneración de la clase coordinadora camuflada como salario: el trabajo, al que ya se le elimina la plusvalía, no debe ser gravado; incremento del IVA para los artículos de lujo y eliminación a los de primera necesidad. Incremento del Impuesto de Sociedades y eliminación de todas las deducciones fiscales. Introducir impuestos a las importaciones. Creación o incremento radical de los impuestos vinculados a la propiedad capitalista, el patrimonio personal y la herencia, aumentando globalmente las tasas impositivas y los ingresos. Control y eliminación de los paraísos fiscales. Ilegalización de las SICAV (sociedades de inversión de capital variable, en las cuales están puestos los grandes capitales españoles) y SCIMI (Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario). El capital invertido en ellas pasaría, sin indemnización alguna para sus antiguos propietarios, a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar los subsidios de desempleo, pensiones y demás políticas sociales. Incremento del control del fraude fiscal con plena información empresarial y de las administraciones públicas a la sociedad. Incremento de recursos para la inspección de hacienda para las grandes empresas.
-Gasto público. Reducir y eliminar los gastos públicos injustificados para las necesidades sociales. Incremento del gasto social en sanidad, educación y políticas sociales a niveles que permitan eliminar las situaciones de pobreza y exclusión. Permitir el acceso social a una plena información de empresas publicas y administraciones, con la documentación de las transacciones y contratos firmados.
4.- Desarrollo económico.
Es necesario un cambio de modelo productivo y de consumo, que por una parte eleve la autonomia y soberania económica, alimentaria, industrial y energética, mientras que permita reequilibrar las estructuras productivas rechazando patrones de especialización impuestos por la Unión Europea. Caminar hacia un control social de las inversiones es una de las claves, para ello, en el corto plazo es preciso:
– Movilización forzosa del capital, obligando a la inversión o reinversión en la creación de
sectores productivos necesarios para la población. Control social de las inversiones para incluir los márgenes ecológicos. Creación de fondos de inversión social controlados por las organizaciones sindicales, sociales y cooperativas depositados en cooperativas de finanzas, para destinar una parte de los excedentes empresariales a la inversión en la comunidad dónde estén establecidas dichas empresas para promover la inversión localizada, con la logica de oponerse a la distribución de beneficios a accionistas capitalistas o al capital financiero por medio de intereses.
– Inversión en agricultura ecológica, ciertos sectores manufactureros y energéticos cómo las energías limpias. Incremento de la inversión en industria y agricultura que estos sectores recuperen peso y se pueda tener una estructura productiva más equilibrada y menos dependiente del exterior. Política de sustitución de importaciones por producción asentada en el territorio. Incremento de la inversión en transporte colectivo, educación, sanidad y protección social. Reducción de los sectores asociados con lo militar.
– Oposición a privatizaciones y externalizaciones. Reabsorción de lo privatizado con una progresiva democratización de la administración de lo público. Implicación del movimiento sindical, colectivos de usuarios de lo público y consejos municipales de la población, en general. Ampliación de los servicios públicos. La ampliación de los servicios debe ir en línea con la construcción de una economía socializada que satisfaga las necesidades básicas de las personas. Además deberán conectar paulatinamente con los proyectos autogestionarios actuales y futuros que intentan cubrir las necesidades básicas sin pasar por los cauces del Estado.
Conclusiones
Todas estas líneas de actuación en lo inmediato se corresponden con reivindicaciones levantadas por los movimientos populares de nuestros días y de nuestro pasado. Sus defensores y defensoras deberán, en todo caso, insertarse en los movimientos y estar atentos a sus necesidades y posibilidades, así como a sus innovaciones y desarrollos teóricos y prácticos, para adoptar y hacer suyas las reivindicaciones populares y de los movimientos sociales que abran espacios para la transición a la democracia económica que estamos propugnando. Eso implica que las reivindicaciones para el ahora deben ser entendidas de una manera dinámica y no dogmática, partiendo de la base que conforman un armazón para el fortalecimiento del poder popular, de manera que este pueda plantearse el avance hacia las posiciones del programa. No se trata de reivindicaciones que puedan ser fácilmente asimilables por el sistema sino precisamente que debiliten su fuerza y lo hagan insostenible, además de otorgar poder a las clases oprimidas para que puedan seguir avanzando. Tampoco se trata, de fines en sí mismos ni de dogmas teóricos, sino de aproximaciones a la necesidad de un proceso de refuerzo del poder popular y la democracia de base que permitan generar la infraestructura (de conocimientos, de militancia, de experiencia, de recursos, etc.) y el proceso pedagógico necesarios para la autoorganización social más allá de la lógica económica capitalista y las estructuras políticas autoritarias.
